Abogados de la Universidad de Chile denuncian torturas y detenciones ilegales en manifestaciones

Estudiantes y académicos de la Facultad de Derecho, junto con organizaciones sociales, presentaron este jueves una Defensoría Jurídica para ayudar a víctimas de la violencia policial y militar ocurrida durante las manifestaciones.

Diario Uchile

  Jueves 24 de octubre 2019 16:19 hrs. 

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Estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho presentaron este jueves la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, que desde el pasado fin de semana ha trabajado para resguardar los Derechos Humanos de las personas que participan de las manifestaciones ocurridas en distintos lugares de Chile.

La instancia cuenta además con el trabajo de organizaciones como la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), la Corporación 4 de Agosto, Londres 38 y la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

Según explicaron, los integrantes de la Defensoría Jurídica han trabajado desde el pasado sábado en comisarías, hospitales y centros de detención en diferentes zonas de Santiago, donde han constatado torturas, detenciones ilegales y otros atropellos a los DD.HH.

“Creemos importante visibilizar lo que está ocurriendo en el país, en las calles y hospitales. No hemos detenido nuestro trabajo durante estos días y no pretendemos hacerlo”, advirtió Vicente Bustos, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho.

Por su parte, el académico Tomás Ramírez subrayó que han observado “situaciones especialmente graves, que se derivan precisamente del uso no proporcional y progresivo de la fuerza, que va en contra del supuesto objetivo de mantener el orden público”. 

Tomás Ramirez

En ese sentido, detalló que ha habido “un número importante” de detenciones ilegales a personas que no habían cometido delitos, sino que solo se manifestaban. “Tenemos casos especialmente graves, donde se ha detenido personas dentro de sus domicilios o personas que, entrando a sus domicilios, son víctimas de la violencia policial, que es física y sicológica”, especificó.

Asimismo, dijo, la instancia ha detectado vulneraciones al debido proceso, con limitaciones en comisarías y centros de detención al trabajo de abogados y observadores de DD.HH., “con información dada por personal de Carabineros donde se indica que existe una instrucción de no dejar ingresar a los centros de detención”.

Tomás Ramírez dio cuenta además de problemas en centros de salud y de casos que involucran a menores de edad, personas en situación de calle y migrantes. “Tenemos el caso de menores de edad con el cuerpo lleno de perdigones, que han sido disparados de manera indiscriminada. Por lo tanto, también hay vulneraciones específicas a grupos especialmente vulnerables”, afirmó.

“También tenemos casos donde personas no identificadas, vestidas de civil pero con balizas en al auto, han disparado de manera indiscriminada a un grupo de periodistas que se encontraba en la comuna de Ñuñoa”, agregó. 

Foto @Tito Carreño

En esa línea, dijo que han ocurrido casos donde la violencia policial busca castigar a las personas por participar de las manifestaciones: “Esos son casos de torturas. Carabineros y la fuerza militar están autorizados para ejercer de manera progresiva y proporcional la fuerza, a fin de que se resguarde el orden público. Cuando una persona es desnudada en una comisaría, cuando es golpeada a pesar de estar en el piso, sin oponer resistencia, cuando es quemada para castigarla, eso es tortura. Hemos encontrado una serie de casos donde, además de la detención ilegal y las lesiones, se han practicado acciones contra el cuerpo, para que la persona sienta dolor y sea castigado por participar de manifestaciones”, explicó.

Finalmente, la abogada Natalia Bravo dijo que Abofem ha constatado “vulneraciones a las garantías sexuales de las mujeres, humillaciones, vejaciones y desnudamiento forzado de mujeres; hacen que se pongan en cuclillas como si estuviesen buscando drogas, ciudadanas simples y corrientes que están en la calle con una cacerola”.

Bravo dijo que cuentan con al menos 15 denuncias que están siendo procesadas para presentar querellas y alertó que la violencia de Estado ha ido “en alzada” durante las protestas.

“Lo que hacemos es un llamado al Gobierno a entregar información que hasta este minuto se nos niega: listas de detenidos, cómo y dónde están, si recibieron asistencia médica, si recibieron asistencia hospitalaria. Estamos en un Estado de Derecho, no hay guerra. La situación en la que nos encontramos debe acabar y esperamos que haya respuestas claras respecto de las mujeres y la ciudadanía completa”, concluyó.