Corte ordena indemnizar a suboficial constitucionalista de la Armada detenido y torturado en 1973

Corte ordena indemnizar a suboficial constitucionalista de la Armada detenido y torturado en 1973

Publicado el 01 Marzo 2019

ESCRITO POR EL CLARÍN DE CHILE

https://www.elclarin.cl/web/noticias/politica/28477-corte-ordena-indemnizar-a-suboficial-constitucionalista-de-la-armada-detenido-y-torturado-en-1973.html

El Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización total de $155.000.000 (ciento cincuenta y cinco millones de pesos) a Teodosio Cifuentes Rebolledo y familia. El suboficial en retiro de la Armada fue víctima de torturas entre 1973 y 1976.

En el fallo, la magistrada Rocío Pérez Gamboa ordenó el pago de la indemnización, tras establecer que el excabo segundo de la Armada fue víctima de crímenes de lesa humanidad en perjuicio, el suboficial formó parte del grupo denominado “Marinos Constitucionalistas”, por lo que fue sometido a vejámenes desde agosto de 1973 a octubre de 1976, en recintos de la Armada.

“Que son hechos establecidos en la causa, al no haber sido controvertidos por las partes y por encontrarse además acreditados con el mérito de la instrumental producida por la demandante, de conformidad a lo prescrito por los artículos 1700, 1702 y 1706 del Código Civil, y la prueba testimonial reseñada en el motivo 10°, que en agosto de 1973, don Teodosio Cifuentes Rebolledo, de 26 años de edad, cabo 2° de la Armada de Chile, casado con doña Rosalía Delgado Naranjo y padre de un hijo Roberto Cifuentes Delgado y de otro por nacer (Claudia Cifuentes Delgado), junto a otro grupo de marinos, tomó conocimiento de los intentos golpistas por parte de oficiales de la Armada de Chile, razón por la cual decidieron informar el hecho a las autoridades políticas y administrativas del país, por lo cual padeció una intensa persecución en su contra por parte de las autoridades militares de la época, siendo detenido por primera vez el 6 de agosto de 1973, por infantes de marina, quienes lo golpearon para llevarlo al cuartel Silva Palma, en Valparaíso”, consigna el fallo.

La resolución agrega: “Que, asimismo, durante este periodo, su cónyuge Sra. Rosalía Delgado, junto a su pequeño hijo, y embarazada de su otra hija, concurrió a la escuela de submarinos, donde supuestamente se encontraba su marido, indicándole que este se encontraba detenido, comenzando también para ella y sus hijos un calvario por la detención de su marido y padre respectivamente”.

“Luego –continúa–, desde el 30 de septiembre de 1973 al 25 de octubre del mismo año, estuvo detenido en la Cárcel Pública de Valparaíso, para ser trasladado a la Isla Melinka durante 1 año, donde fue torturado. Luego, el 25 de junio de 1974 fue llevado a Puchuncavi de la Marina donde estuvo por un mes, para finalmente ser conducido a la Cárcel Pública donde fue torturado y estuvo hasta el 4 de octubre de 1976, fecha en que fue liberado”.

Sobre la excepción de prescripción extintiva, incoada por la demandada, “huelga tener presente que el hecho que motiva esta acción, es de aquellos que la doctrina y tribunales superiores de justicia reconoce como graves crímenes de lesa humanidad, tal y como lo establece los Convenios de Ginebra del año 1949, toda vez que estos hechos y especialmente los descritos en los motivos 12° y 13° ocurrieron en un contexto de excepción a nuestra democracia, período en que se vulneraron de manera grave, sistemática y masivamente los derechos humanos de las personas oponentes al régimen de entonces o a simples civiles que no adherían a ningún movimiento político, con el único fin posible de amedrentar al resto de la población civil, todo ello cometido por agentes del Estado o por civiles amparados por éste”, afirma el fallo.

“(…) dado que los Derechos Humanos reconocidos en la Convención son inherentes al ser humano durante toda la existencia de éste, no es posible sostener a juicio de esta sentenciadora que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria por el mero transcurso de éste, ya que ello significaría desconocimiento del Derecho Humano conculcado”, concluye.

Tres décadas del Informe Rettig

Tres décadas del Informe Rettig: FF.AA. aún no devuelven recintos utilizados en violaciones a los DDHH

Publicado el 17 Enero 2019

ESCRITO POR EL CLARÍN DE CHILE

https://www.elclarin.cl/web/noticias/politica/28220-tres-decadas-del-informe-rettig-ff-aa-aun-no-devuelven-recintos-utilizados-en-violaciones-a-los-ddhh.html

 

La Comisión de Verdad y Reconciliación publicó el Informe Rettig el 8 de febrero de 1991, solicitando al Estado de Chile, entre otras medidas, realizar gestos de reparación simbólica con el objeto de reivindicar a las víctimas, recordar lo sucedido durante la dictadura y evitar que estos hechos volvieran a repetirse.

La Comisión Valech, sobre Prisión Política y Tortura, en noviembre del año 2004, recomendó declarar “los principales sitios de tortura como monumentos nacionales y la creación de memoriales y sitios recordatorios de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y violencia política”.

Desde el primer informe han pasado casi 30 años y la deuda del Estado en esta materia aún está pendiente. El Informe Anual de Derechos Humanos 2018, elaborado por el INDH, en su capítulo sobre “Sitios de Memoria y su contribución a la no repetición”, detalla una serie de dificultades de diversas organizaciones en la recuperación de inmuebles, utilizados en la comisión de violaciones a los derechos humanos entre los años 1973 y 1990, que todavía permanecen en manos de las Fuerzas Armadas y de Orden.

El estudio de carácter exploratorio analizó, entre otras materias, la respuesta del Estado respecto a las políticas públicas sobre Sitios de Memoria a través de una encuesta digital realizada a 21  organizaciones, entrevistas a directivos de instituciones que trabajan en temas de memoria y el cruce de información disponible de diversas entidades públicas como el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Bienes Nacionales.

Los integrantes de diversos sitios de memoria -lugares que recuerdan hechos vinculados a violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos, cuyo presente interpela a la sociedad sobre hechos ocurridos en el pasado-, coinciden en que uno de los aspectos más complejos que han debido enfrentar tiene que ver con la destrucción de los espacios físicos, las dificultades para recuperar los inmuebles y la restricción de acceso que imponen las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden Público.

Miguel Lawner, arquitecto y ex preso político, manifestó en un seminario internacional el año 2017 su inquietud respecto a que la demolición de inmuebles del Ejército no sólo afecta su eventual transferencia, sino también su utilización “como medio de prueba para conocer la verdad”.

La falta de recursos humanos y financieros, coinciden los especialistas entrevistados, ha derivado en una actuación reactiva por parte del Estado y sus órganos técnicos, que se han limitado a tramitar las solicitudes presentadas por organizaciones de derechos humanos ante el Consejo de Monumentos Nacionales impidiendo que muchos sitios no recibieran una protección oportuna. José Piga, experto en conservación y restauración de monumentos, asegura en el informe que algunos casos terminaron en la destrucción de los inmuebles por parte de sus nuevos propietarios  con evidentes “intereses políticos”, como sucedió con la Casa Memoria José Domingo Cañas (Ex cuartel Ollagüe de la DINA), ubicada en la comuna de Ñuñoa.

En la actualidad se ha logrado recuperar el 46% de los inmuebles protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales para sitios de memoria y se ha entregado protección legal a 40 centros de detención y tortura utilizados durante la dictadura, gracias al arduo trabajo de diversas agrupaciones de derechos humanos durante los últimos 22 años.

Los registros más altos de visitas mensuales a sitios de memoria durante el año 2017 lo encabezaron Londres 38 con 2.380 visitantes y Villa Grimaldi con 2.042, relevando la importancia que tienen estos recintos en materia de educación y cultura en derechos humanos. El promedio de visitas a nivel nacional en estos espacios de memoria es de 406 visitantes al mes, mientras aquellos que siguen en manos de las Fuerzas Armadas, y que cuentan con protocolos de acceso durante algunos días, registran apenas 21 visitas en el mismo periodo.

La escasa colaboración de las Fuerzas Armadas, desafiando la jurisprudencia internacional y los marcos que rigen las políticas en materia de verdad, justicia y reparación, es otra de las barreras detectadas en el Informe. También la falta de voluntad política de los gobiernos, asegura Romina Ampuero, integrante de la Red de Sitios de Memoria, “para enfrentar decididamente a quienes buscan que los hechos ocurridos queden en el olvido”.

El diagnóstico realizado en el Informe elaborado por el INDH no sólo concluye  el escaso esfuerzo del Estado en responder a las demandas de las organizaciones respecto a los sitios de memoria, sino también la inexistencia de una política pública de protección para estos recintos y de un órgano competente para coordinar y planificar “las acciones necesarias para ejecutar las propuestas de patrimonialización de inmuebles emanadas de la comisión Rettig y Valech”. La escasez de recursos del Ministerio de Bienes Nacionales para adquirir propiedades es otro factor que ha impedido la recuperación de centros de detención y tortura utilizados en dictadura, encontrándose hoy en manos de personas y entidades de derecho privado.

Recomendaciones

En virtud de los compromisos y obligaciones adquiridos por el Estado de Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos recomienda al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior y Seguridad Pública que soliciten la entrega de los inmuebles fiscales utilizados en la comisión de delitos en contra de los derechos humanos en la dictadura, a las Fuerzas Armadas y de Orden Público y Seguridad. El objetivo es que estos recintos puedan ser habilitados como sitios de memoria para el desarrollo de actividades pedagógicas que contribuyan a la no repetición de hechos de esta naturaleza. Se recomienda, además, que los organismos cumplan con las acciones comprometidas con el Plan Nacional de Derechos Humanos, respecto a la colocación de placas y la creación de protocolos de acceso a los sitios de memoria que se encuentren bajo su jurisdicción.

Descarga aquí el Informe Situación de los Derechos Humanos e Chile 2018

https://www.indh.cl/destacados-2/informe-anual-2018/

Comandante en jefe de la Armada, Julio Leiva Molina, es acusado de amedrentar a juez de DD.HH., Jaime Arancibia

Comandante en jefe de la Armada, Julio Leiva Molina, es acusado de amedrentar a juez de DD.HH., Jaime Arancibia

https://www.elmostrador.cl/dia/2019/02/15/comandante-en-jefe-de-la-armada-julio-leiva-molina-es-acusado-de-amedrentar-a-juez-de-dd-hh-jaime-arancibia/

 

por El Mostrador 15 febrero, 2019

La acción judicial fue interpuesta en noviembre por la abogada de derechos humanos Mónica Araya, hija de detenidos desaparecidos y madre del frentista Juan Henríquez Araya, muerto a manos de la CNI. Cabe precisar que la querella argumenta que Leiva -al mando de la Marina desde 2017- “planifica, coordina y ejecuta operaciones de inteligencia encubiertas, destinadas a amedrentar y amenazar al ministro Jaime Arancibia Pinto, por parte de la Dirección de Inteligencia de la Armada” [ACTUALIZADA]

El Juzgado de Garantía de Valparaíso declaró admisible una querella presentada contra el comandante en jefe de la Armada, almirante Julio Leiva Molina.

En ella, se lo responsabiliza por una serie de acciones de hostigamiento y amedrentamiento contra el ministro en visita para causas de derechos humanos Jaime Arancibia Pinto.

Artículos Relacionados

15 febrero, 2019

Armada calificó de “falsa” querella contra el comandante en jefe Julio Leiva Molina

por El Mostrador

De acuerdo al medio Interferencia, la acción judicial fue interpuesta en noviembre por la abogada de derechos humanos Mónica Araya, hija de detenidos desaparecidos y madre del frentista Juan Henríquez Araya, muerto a manos de la CNI.

Cabe precisar que la querella argumenta que Leiva -al mando de la Marina desde 2017- “planifica, coordina y ejecuta operaciones de inteligencia encubiertas, destinadas a amedrentar y amenazar al ministro Jaime Arancibia Pinto, por parte de la Dirección de Inteligencia de la Armada”.

Asimismo, el libelo denuncia seguimientos e intercepción de llamadas de los teléfonos personales e institucionales de Arancibia, quien es ex presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y uno de siete ministros en visita para causas de derechos humanos, con cerca de 450 causas, un tercio de las que se encuentran en tramitación a nivel nacional.

“En mayo de 2015 sometió a proceso a los 18 oficiales y suboficiales de la Armada y Carabineros involucrados en el secuestro calificado del sacerdote Miguel Woodward, y como resultado de sus investigaciones, 15 ex agentes de la dictadura cumplen condena actualmente”, consigna Interferencia.

https://www.elmostrador.cl/media/2019/02/querella_en_contra_de_julio_leiva.pdf

Campo de Concentración “RITOQUE”

Ministro Jaime Arancibia realiza inspección ocular en campo de concentración de Ritoque

Publicado el 25 Enero 2019

ESCRITO POR GUILLERMO CORREA CAMIROAGA

El Ministro en Visita exclusivo, Jaime Arancibia, que lleva adelante los casos de violaciones de Derechos Humanos en la V Región, realizó este jueves 24 de enero 2019 una inspección ocular al Campo de Concentración de Ritoque, acompañado de personal de la PDI (Policía de Investigaciones), integrantes de organizaciones de Derechos Humanos y dos ex Prisioneros Políticos que estuvieron detenidos en este recinto: MIGUEL LAWNER STEIMAN, de profesión Arquitecto, que fue Director de la CORMU (corporación de Mejoramiento Urbano) durante el gobierno de la Unidad Popular, y SERGIO VUSKOVIC ROJO, Académico y Escritor, Alcalde de Valparaíso hasta el Golpe de Estado de Estado de 1973.

Esta diligencia realizada por el Ministro Jaime Arancibia tiene un significado muy especial, ya que con ella completa el circuito de inspecciones oculares realizado a los Campos de Prisioneros Políticos emblemáticos de la V Región, que iniciaron con la Academia de Guerra y continuaron con el Cuartel Silva Palma, el Buque Escuela Esmeralda, el  Campo de Concentración de Colliguay, el Campo de Concentración de Puchuncaví ,y culminó ahora con la diligencia en el Campo de Concentración de Ritoque.

Pese a que se han destruido todas las construcciones existentes en este sitio para eliminar cualquier evidencia, lo que ha sido una acción permanente y concertada llevada adelante por parte de las instituciones armadas buscando borrar la memoria, hoy fue todavía posible encontrar algunos elementos y vestigios arquitectónicos como radieres, losas o cementos,  tubos de desagües correspondientes a la zona en donde funcionaban los baños, e incluso restos de un par de pilones de madera en donde estaban asentadas las cabañas.

El Campo de Concentración de Ritoque queda ubicado en la Comuna de Quintero. Funcionó como recinto de prisión y tortura entre los años 1974 y 1975 en el lugar donde se había construido uno de los Balnearios Populares creados por el gobierno del presidente Salvador Allende. Este lugar de prisión y tortura fue administrado por personal de la FACH (Fuerza Aérea de Chile) de la Base Aérea de Quintero, pero  participaron como carceleros personal del Ejército, Carabineros y la Armada, los que se iban rotando en la tarea de la custodia. En este recinto estuvieron detenidos altos personeros del gobierno de la Unidad Popular, muchos de los cuales habían estado previamente prisioneros en Isla Dawson.

Los testimonios entregados por Miguel Lawner y Sergio Vuscovic, pese a sus avanzadas edades, 90 y 88 años respectivamente, fueron de una claridad y precisión contundente, lo que permitió que la diligencia realizada por el Ministro Jaime Arancibia fuera todo un éxito.

Don Sergio Vuscovic, en parte de su testimonio manifestó:

“Por aquel lugar estaban los barracones, unos cinco o seis. Todo el lugar estaba rodeado de un cerco de madera de unos tres metros de alto(…) Nosotros llegamos siete desde Valparaíso, nos trajeron de noche, me recuerdo de Pedro Felipe Ramírez, Luis Vega, que era abogado de la Intendencia, Leopoldo Zulgevic, Superintendente de Aduanas, Maximiliano Marholz, otro compañero de apellido Pinto, de la ENAMI(…)(…) aquí más o menos habíamos unas doscientas personas, estábamos los que habíamos sido funcionarios del gobierno o parlamentarios, y nos tenían separados del resto de los prisioneros con vallas de madera, que eran altas(…) cada 15 o 20 días cambiaban los guardias y se turnaban de cada una de las ramas de las Fuerzas  Armadas y Carabineros(…) Yo saqué la cuenta que aquí en Ritoque estuve 447 días detenido…”

Interviene el otro testigo, Miguel Lawner, para hacerle entrega al Ministro de una carpeta con documentos, registros fotográficos y detallados dibujos elaborados por el mismo, que dan cuenta de las diferentes construcciones existentes en el lugar, como también de la manera en que vivían al interior de las cabañas, incluyendo  numerosos retratos de los prisioneros que estuvieron detenidos en el período en que permaneció allí. Luego comienza a entregar su testimonio, expresando:

 “Este documento lo hicimos cuando todavía estaban las cabañas en pie. Incluimos la nómina de todos los que habíamos estado detenidos aquí, del grupo nuestro digamos. Acá están las fotos en donde se ve cómo estaban las cabañas en pie. En esta otra fotografía hay una vista interesante, porque se ven todas las cabañas (…) Acá se ve el comedor, y esta era la cocina, que es donde estamos parados ahora. Esto fue el 11 de diciembre del 85, con motivo de celebrar el Día de los Derechos Humanos, que es el 10 (…)Acá en este otro documento yo hice un croquis con la posición de las cabañas, los baños y las otras construcciones.

“Ahora le voy a mostrar una foto en donde esta retratado mi ilustre amigo Sergio Vuscovic . Primero, en este retrato de acá está don Orlando Letelier sentado afuera de la cabaña, y  este dibujo lo hice el 03/9/74. En este otro dibujo, al interior de la cabaña, aparece don Sergio Vuscovic. Se puede ver que había dos literas aquí y otras dos al frente. Por acá otro par de literas. En este dibujo están Orlando Cantuarias, Jorge Montes, Aníbal Palma, Fernando Flores, Carlos Matus, Sergio Vuscovic, Hernán Soto, aquí está Luis Corvalán, Daniel Vergara, y aquí estoy yo, se ven solo las rodillas mías y estoy dibujando.”

 

Luego Miguel Lawner  recorrió todo el sector junto al Ministro y las personas presentes en esta diligencia para, con un croquis en la mano confeccionado también por él mismo, ir corroborando los distintos espacios en donde se levantaban las construcciones.  Se detiene cada cierto tiempo para continuar con su testimonio:

 (…) Esa era la entrada principal, acá estaba la Comandancia y a la derecha estaba la primera torreta de vigilancia y la otra estaba por ese otro lugar, por allá al final. Entonces, allá estaba la Comandancia, el Casino y la Cocina, por acá empezaban las cabañas y la nuestra estaba antes de esta lomita, aproximadamente en esta disposición. Esta era la primera cabaña y allí donde se ve un poco levantadito estaba el cuerpo de baños que teníamos, porque las cabañas no tenían baños. Había baños colectivos con lavaderos (…) cada cuerpo de las cabañas tenía 8 unidades de dormitorio, cada dormitorio podía estar equipado para 4 o 6 personas. O sea hasta 48 personas en cada cuerpo de cabañas. Como había unos 8 cuerpos de cabañas, eso da un total de aproximadamente 400 personas, que era la capacidad con la que fueron concebidas para Balneario Popular (…) Nosotros, los que éramos altos funcionarios de la Unidad Popular estábamos en este sector y separados por alambres de púas estaba el otro sector donde estaban los otros compañeros prisioneros (…) Por este otro lado quedaría la cancha deportiva que nosotros hicimos y hacia allá el patio de formación.”

La comitiva continúa avanzando en el terreno, desplazándose hacia unos pilotes de madera ubicados en las cercanías, pero Miguel Lawner dice que son recientes y no corresponden a las cabañas, “ya que están asentados sobre cemento y los pilotes de las cabañas nuestras estaban enterrados solo en la tierra”….

De repente se detecta en medio de unos matorrales  un resto de un pilote antiguo de madera, distinto a los observados anteriormente. Al despejar la maleza alrededor del mismo se puede ver que está directamente enterrado en la tierra, sin vestigios de cemento, lo que permite pensar que se trate de uno de los pilotes donde se asentaban las cabañas. Más adelante, siguiendo la misma dirección, se encuentra otro trocito de pilote de características similares, ante lo cual Miguel Lawner  expresa que “como dije anteriormente los pilotes nuestros no estaban sobre base de hormigón y este efectivamente no lo tiene, así es que es posible que sea un vestigio antiguo correspondiente a las cabañas existentes acá…”

Miguel Lawner continúa con su relato, agregando:

“Teniendo en cuenta la dirección de la barraca, los baños deberían estar por acá y claro, es muy probable que los baños estuvieran con radier (…)“en este otro sector estaba la reja que nos separaba de los otros compañeros. Este campo estaba bajo la tutela de la FACH, de la Base Aérea de Quintero, porque nuestras compañeras tenían que ir antes por allá para venir después a visitarnos.”

Al final del recorrido se llega a un sitio en donde existe un espacio muy bien delimitado, con una base de cemento en donde se pueden apreciar resto de tubos de desagües y trozos de fierro retorcidos que formaban parte de las divisiones entre los distintos baños, lo cual es corroborado por las declaraciones del testigo.

Se le consulta a Lawner respecto de una fuga que se habría producido desde esta prisión, lo que constituye un hecho relevante y particular ocurrido en un Campo de Concentración de la dictadura en esos años, y responde que: “ Efectivamente fue así, un compañero se fugó desde acá y en abril va a salir un libro donde está muy bien contada esta situación. Es un libro que editó la familia del doctor Hugo Behm, que estuvo detenido con los compañeros acá y él escribió varios cuentos sin que la familia supiera. El doctor se fue exiliado a Costa Rica, allá ayudó mucho en la Salud Pública y falleció el 2011.Después de fallecer, la familia encontró que él había escrito como unas ocho historias  , una de los cuales relata la fuga del compañero que se evadió con todo detalle. Salió vestido de mujer con su compañera que lo había venido a visitar y que le había traído una muda.”

Finalmente, Miguel Lawner  concluye su testimonio manifestando:

“Estamos en un momento significativo para nosotros, reivindicando la historia, con Ministros conscientes de lo que esto significó para nosotros y nuestras familias.”

Guillermo Correa Camiroaga, Valparaíso 24 de enero 2019

https://www.elclarin.cl/web/noticias/politica/28265-ministro-jaime-arancibia-realiza-inspeccion-ocular-en-campo-de-concentracion-de-ritoque.html

Derechos Humanos

DERECHOS HUMANOS NACIONAL

Derechos Humanos, el contenido ausente en la educación chilena

En la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se está discutiendo un proyecto de ley presentado por la diputada Carmen Hertz que busca crear un ramo de derechos humanos en enseñanza básica y media, una idea que a juicio de expertas es correcta y ayudaría a garantizar la no repetición y que existan menos vulneraciones.

Andrea Bustos C.

Domingo 13 de enero 2019 15:19 hrs.

El 11 de octubre del año pasado la diputada Carmen Hertz, en conjunto a otros diputados de oposición, presentó un proyecto de ley que busca crear una asignatura llamada Memoria y Derechos Humanos, con el objetivo de “contribuir a la formación de las nuevas generaciones, para acercarlas al conocimiento de nuestra historia reciente y, en particular, del terrorismo de Estado y las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos ejecutadas por la Dictadura cívico militar”.

A casi tres meses de presentada la iniciativa, esta se está discutiendo en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y durante los últimos días se ha sumado a la contingencia, ya que 56 académicos han firmado una carta de apoyo a la iniciativa, pues aseguran que efectivamente el contenido es necesario en la educación chilena.

El texto fue preparado por la la doctora en Educación y académica de la Universidad de Valparaíso, Graciela Rubio, quien en ocho puntos explicó por qué los derechos humanos sí son necesarios de enseñar en nuestro país.

Entre la información que presenta la carta se indica que en el curriculum escolar desde 1996 se “ha priorizado enfoques universalistas centrados en el conocimiento general de sus principios, aportando a la formación valórica, asociados a temáticas específicos de algunas asignaturas, tales como Historia y Ciencias Sociales”. Se agrega que el contenido “prioriza una aproximación general a éstos que no permite su apropiación como una referencia ética, no aporta a formar para tomar posición sobre la historia (…) limitando las instancias necesarias de reflexión”.

El proyecto fue presentado por la diputada Carmen Hertz.

Por esto, se expone que se hace necesario que la educación en derechos humanos sea “en y para su defensa”, promoviendo espacios de reflexión, habilidades de pensamiento, reflexiones sobre el daño causado y “generar disponibilidades morales y de memoria para la defensa de los derechos humanos en el presente”.

Al respecto la creadora de este texto, la doctora en Educación y académica de la Universidad de Valparaíso, Graciela Rubio, dijo que el trabajo se debe hacer conjugando la historia, los derechos humanos y la memoria, algo que en nuestro país no está ocurriendo.

“Cuando se trabaja memoria se integran los derechos humanos desde una perspectiva más cultural y para eso es fundamental la historia, y ahí es donde se relaciona historia, memoria y derechos humanos con la experiencia que vivió Chile de violación de derechos humanos, y esa relación en el curriculum actual está muy débil, es casi imperceptible”.

Agregó que si en un estudio cuantitativo se le pregunta a los estudiantes si están a favor de los derechos humanos, estos dirán que sí. Sin embargo, al consultar por tomar una posición respecto de la violación de estos, no saben responder, pues no han existido espacios de reflexión.

El proyecto busca crear la asignatura “Memoria y Derechos Humanos”.

La académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso indicó que al no garantizar este tipo de enseñanza en la educación chilena “se reduce la posibilidad de formar ciudadanos y ciudadanas responsables de su historia de sociedad, porque no solo se responsabiliza al ciudadano porque conoce los datos, sino que hay que desarrollar otras competencias más complejas de análisis, desarrollar postulados éticos”.

Por su parte, María de Los Ángeles Villaseca, coordinadora de educación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, dijo que valoran mucho la iniciativa, ya que es necesario crear en Chile una cultura de respeto de derechos humanos para que se dejen de permitir vulneraciones en diversos ámbitos.

“Necesitamos reforzar todo el campo de educación en materia de derecho humanos y no exclusivamente los de memoria, que son relevantes y que es importante que no pierdan visibilidad, pero como el mismo informe Rettig y en las conclusiones de la comisión se señaló, es indispensable que haya una cultura de derechos humanos para poner freno a la vulneración de derechos, por lo tanto es importantísimo avanzar en estos otros campos”, comentó.

Además, Villaseca dijo que para poder implementar en el futuro este proyecto es necesario también trabajar en la formación de los docentes, pues serán ellos los encargados de poner en marcha la educación sobre este tema.

“Hoy no contamos con cuerpos docentes para poder hacer esto, ni en término de derechos humanos en general, ni en temas de memoria en particular, por lo tanto hay que hacer un trabajo con las universidades que están formando los nuevos educadores, con el Ministerio de Educación que tiene la responsabilidad  de actualizar a los docentes que están en desempeño”, expresó.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos se manifestó de acuerdo con la idea.

La directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas, explicó que en el contexto actual en que el pinochetismo ha sido públicamente admirado por diversos actores sociales y que la derecha ha tomado fuerza en la región, es importante educar sobre qué ocurrió, ya que de lo contrario los hechos pueden repetirse en el futuro.

“En las Américas si nosotros no somos capaces de develar aquello que sucedió y decir que nunca la tortura, nunca la ejecución, nunca la desaparición puede ser, uno justificada y dos, el rol que le cabe al Estado y todos aquellos que participan en la justificación, perdemos como sociedad, perdemos para entender lo que nos sucedió”

El proyecto de ley continuará su discusión en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y entre sus objetivos detalla no solo la enseñanza de los hechos ocurridos durante la dictadura cívico militar, sino también fomentar en los estudiantes el reconocimiento y re-dignificación de las víctimas y promover la comprensión de la garantía de no repetición y la injustificabilidad de las violaciones a los derechos humanos.

https://radio.uchile.cl/2019/01/13/derechos-humanos-el-contenido-ausente-en-la-educacion-chilena/

 

Por una Educación en Memoria y Derechos Humanos

El Proyecto de Ley, orientado a crear una asignatura escolar que aborde los crímenes cometidos durante la dictadura militar desde la perspectiva de la educación en Derechos Humanos y memoria, presentado por la diputada y presidenta de la Comisión Derechos Humanos, Carmen Hertz y nueve parlamentarios, abre una discusión relevante sobre establecimiento de los Derechos Humanos como un estándar ético de la democracia, junto con la necesidad de formar ciudadanías responsables ante la historia, la defensa y promoción de los Derechos Humanos en nuestro país y en el mundo. Ante estos desafíos y considerando la respuesta inicial del Gobierno, que aduce la prescindencia de esta perspectiva educativa, dado que en general, los Derechos Humanos ya forman parte del Curriculum en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales, declaramos lo siguiente:
1. La violación sistemática de los derechos humanos desarrollada por la dictadura cívico militar (1973-1989), a través de las políticas de represión, prisión ilegítima, tortura y exterminio conforman una experiencia en la historia de Chile insoslayable de rechazar por la violencia aplicada a ciudadanos/as y por la ruptura con la tradición de convivencia pública desarrollada no sin tensiones, en nuestro país durante el siglo XX.
2. La responsabilidad asumida por el Estado desde 1990 ha impulsado procesos de establecimiento de la Verdad Histórica de lo acontecido (en los Informes de Verdad, Rettig 1991 y Valech, 2004), de Reparación y de Justicia (incompleta) para las víctimas y la demanda permanente de educar a las nuevas generaciones para evitar la repetición de los hechos, expresado en el Nunca Más. Como parte de estas políticas se han generado, desde 2010, espacios para la activación del recuerdo y la promoción de los Derechos Humanos, funciones que cumplen el Museo de la Memoria y los Sitios Memoria.
3. Los Derechos Humanos han sido incorporados al Curriculum escolar desde 1996 hasta la actualidad1. Sin embargo, su inserción ha priorizado enfoques universalistas centrados en el conocimiento general de sus principios, aportando a la formación valórica, asociados a temáticas específicas de algunas asignaturas, tales como Historia y Ciencias Sociales, siendo abordados en relación con la Primera Guerra Mundial, los Fascismos europeos y la Segunda Guerra Mundial.
1 Planes y programas; 1996-1998; Ajustes curriculares 2005; Ajustes curriculares, 2009 y Bases Curriculares 2012 y 2013. (Educación Media)
1
4. El currículum vigente para la enseñanza de la historia reciente de nuestro país2 (la historia comprendida entre 1965 -1990, que es el marco en el cual se desarrolla la crisis política que conduce a la violación sistemática de los Derechos Humanos), prioriza una aproximación general a éstos que no permite su apropiación como una referencia ética, no aporta a formar para tomar posición sobre la historia y describe en una apretada lista de acontecimientos, la dictadura militar, la violación de derechos humanos como acontecimiento histórico y su resistencia, las transformaciones económicas e institucionales, el plebiscito y el retorno a la democracia en 1990, limitando las instancias necesarias de reflexión.
5. La perspectiva de la memoria histórica es integrada solo como una estrategia metodológica para acceder a la memoria cultural de la década del 60 y a entrevistas a víctimas. Este ordenamiento curricular si bien, constata la violación de Derechos Humanos, no permite integrarlos como una referencia ética para reflexionar sobre los acontecimientos históricos y sustentar su defensa y promoción en el presente. Por su parte, las bases curriculares del año 2013 organizan la historia reciente en el marco de la historia contemporánea occidental, explicando la crisis de la democracia a partir de la Guerra Fría, y reducen la densidad del tratamiento de los contenidos ya señalados, llevando el aprendizaje de los Derechos Humanos a una declaración sin sustento histórico.
6. Diversos estudios han señalado el débil conocimiento de la historia reciente en las nuevas generaciones (Opción, 2013). Si bien se reconocen sus hitos históricos (Carvacho, et al, 2013, Manzi, 2013), no se observan argumentos y explicaciones que establezcan la relación entre los hechos históricos y la posición declarativa de defensa de los derechos humanos. Ello explica en parte, la alta disponibilidad de escolares a apoyar una dictadura (IEA, 2018)3.
7. La responsabilidad de educar a las nuevas generaciones sobre nuestro pasado es concordante con el acuerdo Marco al cual ha adscrito Chile en materia de Educación en y para los derechos humanos, presente en la Declaración de la ONU de Educación y Formación en materia de Derechos Humanos (2011)4. En particular, el art.1,señala los acuerdos sobre las orientaciones educativas y de formación, información, sensibilización y aprendizaje que tienen por objeto promover el respeto universal y efectivo de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, contribuyendo así, entre otras cosas, a la prevención de los abusos y violaciones de los Derechos Humanos, al proporcionar a las
2 ** Ver Ajustes curriculares 2009 y bases curriculares 2013. ww.mineduc.cl
3 Percepciones de los jóvenes acerca del gobierno, la convivencia pacífica y la diversidad en cinco países. Estudio
Internacional sobre educación cívica y ciudadana 2016 de ak IEA, Informe Latinoamericano.2018.
4 Declaración de las Naciones Unidas sobre Educación y Formación en materia de Derechos Humanos,2011. INDH.
2
personas conocimientos, capacidades y comprensión y desarrollar sus actitudes y comportamientos para que puedan contribuir a la creación y promoción de una cultura Universal de Derechos Humanos. Por su parte, el art.8, aborda el compromiso de los estados firmantes de impartir educación y formación en materia de derechos humanos; por ejemplo, integrándolas en los planes de estudios de las escuelas y en los programas de formación.
8. Para resguardar la igualdad de oportunidades de los aprendizajes, la educación sobre los Derechos Humanos debe sustentarse desde un enfoque cultural que consolide efectivamente una educación en y para su defensa, que promueva espacios de reflexión sobre nuestra historia reciente, tomas de posición argumentada sobre las violaciones sistemáticas; generar habilidades del pensamiento histórico tales, como elaborar juicios sobre la historia, comprender y reflexionar sobre el daño generado, sobre las condiciones de producción de estas políticas, argumentar posiciones éticas sobre las acciones humanas y, generar disponibilidades morales y de memoria para la defensa de los derechos humanos en el presente, entre otras.

Adhieren esta solicitud los abajo firmantes:

  1. Rolando Pinto. Académico Universidad de Playa Ancha.
    2. Gabriel Salazar. Historiador. Premio Nacional de Historia
    3. Graciela Rubio. Académica Facultad de Humanidades. Universidad de Valparaíso
    4. AlexisCortés, Académico Sociología Universidad Alberto Hurtado.
    5. Alfonso Henriquez Ramirez, Profesor Asistente, Universidad de Concepción.
    6. Arelis Rozo Álvarez, coordinadora académica, Universidad Alberto Hurtado
    7. Ramiro Paillapan becerra, Académico
    8. Marisol Facuse Muñoz Profesora Asociada Depto Sociología U de Chile
    9. Carolina Stefoni. Académica departamento de sociología UAH
    10. Marcela Ruiz Zúñiga Universidad Alberto Hurtado
    11. Rolando Rebolledo Berroeta, Docteur d’État ès-Sciences, Profesor Titular,
    Universidad de Valparaíso
    12. Carmen Luz Pérez-asistente Social – Universidad de chile
    13. Margarita Pérez Valdés, académica jornada completa, Universidad de los Lagos
    14. Karina Vilches Ponce, Académica, Universidad Católica del Maule.
    15. Consuelo Del Pilar Herrera Carvajal, Profesional de apoyo en proyecto Convenio
    Marco FID, Universidad de Los Lagos
    16. Gianina Dávila Balcarce, Académica Universidad Arturo Prat
    17. Ilich Silva Peña, Investigador. Universidad Católica del Maule
    18. Mónica Ávila Ávila, Jefe Carrera Educación Parvularia. Universidad de Los Lagos
    19. Michelle Alejandra Espinoza Lobos, Académica, UNAP
    20. Andrés Patricio Ibáñez Carrillo. Profesor para la Facultad de Ciencias Humanas en Universidad Arturo Prat, Iquique. Magíster en Literatura Latinoamericana y chilena.
    21. Ruth Lucila Pérez Villegas, Directora Formación Permanente, Universidad de Concepción
    22. Marisol Andrea Salgado Rojas Docente de la Facultad de Ciencias humanas Universidad Arturo Prat”
    23. Alfonso Henríquez Ramírez, Profesor Asistente, Universidad de Concepción.
    24. Camila Pérez Gallo, Académica Universidad Arturo Prat
    25. Natalia Viviana Bastías Vergara, académica y Directora de Vinculación de la
    Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Arturo Prat
    26. Leonel Alberto Abarzúa Ceballos, Profesor Asistente, Universidad Arturo Prat
    27. Bessie Rojas Rodríguez, Académica U. Arturo Prat
    28. Andrés Cruz Carrasco, Abogado, docente derecho procesal Universidad de
    Concepción, docente derecho procesal penal, derecho penal, argumentación jurídica
    y litigación oral Universidad Santo Tomás (Concepción)
    29. M. Moraga Director de Investigación (VRIIP), Universidad Arturo Prat
    30. Debora Waceols, docente Universidad Andrés Bello
    31. Olivia Rayen Carvajal Lorca, Académica Universidad Arturo Prat
    32. Patricia Violeta Gómez Ríos, Docente, Universidad de Chile
    33. Karen Jacob Chung, académica, Universidad Arturo Prat
    34. María Fernanda Stang, Investigadora, Programa Interdisciplinario de Estudios
    Migratorios
    35. María Josefina Palma Lamperein, abogada y educadora en derechos humanos.
    36. Leonora Beniscelli Contreras, estudiante Doctorado en Sociología Universidad
    Alberto Hurtado y docente de interculturalidad, migraciones y antirracismo
    37. Carlos Martínez M. Académico, Universidad de Los Lagos
    38. Daniela Luque, profesora de Historia Colectivo Pedagógico en DDHH Universidad
    Diego Portales
    39. Camila Silva, Colectivo Pedagógico de Educación en Derechos Humanos,
    Universidad Diego Portales
    40. Oriana Bernasconi, profesora asociada, Universidad Alberto Hurtado
    41. Olga Grandon Lagunas académica Universidad de Antofagasta
    42. Eliseo Lara Órdenes Doctor en Estudios Americanos Académico Universidad
    Andrés Bello
    43. Miguel Borgoño, Universidad Católica del Maule
    44. Rodrigo Robert Zepeda, Docente Universidad de Valparaíso
    45. Jorge Montealegre Iturra, profesor e investigador USACH
    46. Karen Esperanza Donoso Quinchavil, Pontificia Universidad Católica de Chile
    47. Sandra González Toro Universidad de Playa Ancha
    48. María Inés Picazo Verdejo. Universidad de Concepción
    4
    49. Andrea Álvarez Díaz, Académica, Universidad de Tarapacá.
    50. Laura cristina Carmona Soto, Docente Universidad de Valparaíso
    51. Manuel Cárdenas Castro, Profesor Titular, Universidad de Valparaíso
    52. Luis Daniel San Martín Vergara, Universidad de Valparaíso
    53. Paulina López Orellana, Profesora Titular, Facultad de Medicina, Doctora en Salud
    Pública. Universidad de Valparaíso
    54. Otto Grawe Poch, Universidad de Valparaíso
    55. María Jesús Riveros Miño, Coordinadora Programa de Nutrición, Escuela de
    Medicina campus San Felipe, Universidad de Valparaíso
    56. María Francisca Cáceres Zúñiga, Universidad Católica del Maule

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8_AE5gk_ddullxp2mMKBjOvN6KHjRtykbU_wibSJr_aTQfQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR2TVFNPIaSaV2A04ti–fF4tCmClbw7AHCXsWPNFUYh9_nHO1KweN4euJw

José Toribio Merino

Latorre (RD) impulsará gestiones en el Senado para remover estatua de José Toribio Merino del Museo Naval

Autor: Alejandra Jara

LUN 7 ENE 2019 |  02:29 PM

JOSE TORIBIO MERINO-ALMIRANTE-ARMADA

En agosto del año pasado, la Cámara de Diputado aprobó un proyecto de acuerdo que buscaba quitar el homenaje al ex comandante en jefe de la Armada.

Tras una reunión con el abogado y activista de Derechos Humanos Luis Mario Rendón, representante de la agrupación “Ciudadanos con Memoria”, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) iniciará gestiones en el Senado para pedir la remoción de la estatua del fallecido Comandante en Jefe del Ejército, José Toribio Merino, ubicada en el Museo Naval y Marítimo de Valparaíso.

“Nosotros vamos a insistir en el Senado con algo que ya aprobó en la Cámara de Diputados. Esperamos contar con los votos de, al menos, algunos legisladores de derecha que se desmarquen de figuras del Pinochetismo”, explicó Latorre a la salida del encuentro.

Justamente el 8 de agosto del año pasado, la Cámara de Diputado aprobó un proyecto de acuerdo que buscaba quitar el homenaje al ex comandante en jefe de la Armada. Una iniciativa que el senador espera replicar en el Hemiciclo.

En paralelo, “Ciudadanos con Memoria” solicitó al ministro de Defensa, Alberto Espina, que ordenara retirar del Museo Naval y Marítimo de Valparaíso la estatua del fallecido uniformado, pero la petición fue denegada. En ese entonces, la autoridad respondió a la agrupación de Derechos Humanos citando explicaciones del almirante Julio Leiva Molina, comandante en jefe de la Armada, quien justificó la permanencia del monumento porque “no vulnera disposición legal ni reglamentaria alguna”.

Sobre las nuevas gestiones que impulsará en el Senado, Latorre dijo que “necesitamos una nueva relación entre la Armada y la ciudadanía chilena. La Armada se ha quedado atrás en cuanto a hacer gestos de reparación, justicia, memoria, verdad histórica, y de arrepentimiento respecto de las violaciones a derechos humanos”. Y agregó que espera que el Ministerio de Defensa también se sume a este objetivo, considerando que el tema fue aprobado en la Cámara de Diputados.

Latorre (RD) impulsará gestiones en el Senado para remover estatua de José Toribio Merino del Museo Naval

Las cicatrices de un Puerto Torturado

“VALPARAÍSO: LAS CICATRICES DE UN PUERTO TORTURADO”

13/12/2018

por Joaquín Cáceres González

El 11 de septiembre de 1973 la bahía de Valparaíso amaneció asediada por la Armada de Chile. Cientos de marinos se desplegaron por las calles de la ciudad puerto en búsqueda de artículos y personas que fueran opositoras al régimen. La derecha chilena decía que iba a ocurrir una guerra civil, pero las fuerzas armadas corrían con ventaja, una ventaja muy grande, tenían las armas en su poder. La mañana se volvió oscura, en Santiago, La Moneda era bombardeada con el presidente Salvador Allende y sus colaboradores en el interior. Mientras en Valparaíso y distintas ciudades del país eran detenidos cientos de personas, algunos militantes del Partido Comunista, del Partido Socialista, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, del Movimiento de Acción Popular Unitaria, en fin, todos los adherentes del presidente Allende. Así como también simples campesinos y agricultores que habían sido beneficiados con la reforma agraria y mineros que apoyaron la nacionalización del cobre. Además se apresó a personas pertenecientes a las fuerzas armadas que estaban en contra de la intervención militar.

Valparaíso, como ciudad puerto, fue sitiada por la armada. En este caso, según el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, fue nombrado al mando de la provincia el comandante Guillermo Aldoney, de la Primera Zona Naval, como Jefe de Zona en Estado de Emergencia. Utilizando como recintos de detención y tortura la Academia de Guerra Naval, el Cuartel Silva Palma y algunos buques, como el Maipo, el Lebu y la Esmeralda. En la región las detenciones se concentraron durante los años 1973 a 1974. Además hubo centros manejados por Investigaciones, Carabineros, el Ejército y la Fuerza Aérea. Como el cuartel de investigaciones de Viña del Mar, el regimiento “Coraceros”, la base aeronaval el Belloto, además de la cárcel de Valparaíso y así, otra decena de lugares. La Academia de Guerra Naval junto con el cuartel Almirante Silva Palma, también denominado Fuerte de Bueras Bajo, fueron centros de por donde pasó la mayor cantidad de personas detenidas en la región. En estos lugares los interrogatorios junto con las torturas eran a diario y brutales. El primer centro se encontraba en el cerro Playa Ancha, mientras que el segundo estaba ubicado en el cerro Artillería. La Academia de Guerra Naval era una construcción de acero y concreto, de cuatro pisos. Ricardo Aravena recuerda el lugar y relata que “me llevaron a un tercer piso, que después supimos que era la sala de las banderas en la cual nos tenían en una pieza a treinta o cuarenta compañeros, entre hombres y mujeres, ahí nos sacaban y llevaban a interrogatorios en cualquier horario”. Héctor Cataldo, ex miembro del MAPU, comenta que en la Academia de Guerra “el primer día fueron solo culatazos y ofensas, desde el segundo día fueron interrogatorios con torturas tres veces al día”. El año 2017, en febrero, la Armada decidió demoler parte de la Academia, por lo que aparecieron grupos detractores de esta acción, por considerarlo como “un intento de borrar de la memoria aquel lugar donde se deliberó y se fraguó el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Mismo recinto donde a partir del golpe se asesinó y torturó a miles de porteños”, según queda consignado en el DiarioUdeChile.

En estos lugares las torturas eran tanto psicológicas como físicas. Luis Cáceres relata que pasó por el Silva Palma “pero para un simulacro de fusilamiento”. Los simulacros de fusilamiento eran recurrentes en los centros de detención, esto como una forma de quebrar psicológicamente a las personas. Muchos concuerdan con que el Cuartel Silva Palma era uno de los centros en donde se realizaban las torturas más brutales, llegando al punto de encontrar otros centros de detención como un paraíso, como comentó Aurelio González, ex-marino detenido: “la cárcel para nosotros fue un paraíso, después de estar en el Silva Palma, ya que ahí pasaba de todo”. Luego de pasar por estos dos centros de detención muchos eran trasladados a unos lugares menos conocidos, estos eran el Buque Maipo, el Buque Lebu y la Esmeralda, la mal llamada “Dama Blanca”.

El Buque Maipo era un barco de propiedad de la Compañía Sudamericana de Vapores, el que fue puesto a disposición de la Armada por el mismo dueño, Ricardo Claro, el mismo día 11 de septiembre. Este barco estuvo atracado en el molo de abrigo hasta el 15 de septiembre, día en que zarpó en dirección al campamento de concentración de Pisagua. Héctor Cataldo, detenido que estuvo en el Maipo y el Lebu recuerda que eran embarcaciones gemelas, ambos tenían las mismas características, como las tres bodegas usadas como lugares de detención. Ricardo Aravena recuerda que este barco “salía constantemente hacia Pisagua e iba a tirar cuerpos al mar”, cosa que no está estipulada en ningún documento oficial que lo acredite, pero por deducciones que sacaban los prisioneros podían saber que muchos no llegaban a destino, el mismo Ricardo Aravena dice “salía a dejar prisioneros, en el camino siempre se perdían, se embarcaban 50 y llegaban 40”.

El 15 de septiembre fue entregado a la Armada el Buque Lebu, también de propiedad de la Compañía Sudamericana de Vapores. Este barco permaneció atracado en el molo bastante tiempo, ya que no poseía la maquinaria para poder navegar.

Fue usado como centro de detención y tortura durante un año, por donde pasaron cientos de personas entre hombres y mujeres. Entre los detenidos que pasaron por el Lebu algunos eran menores de edad, como es el caso de Marco Contardo, quien con 15 años de edad fue llevado a la Academia de Guerra Naval y posteriormente al Lebu. Ricardo Aravena, detenido con 17 años, también fue llevado a este buque y recuerda que “estuve detenido como 18 días o un mes, este se encontraba en el molo de abrigo a un lado de La Esmeralda”.

Quienes pasaron por este centro de detención flotante recuerdan que la estadía era difícil “el piso era de fierro, nos hacían dormir en una colchoneta “payasa” que son los forros de los colchones, pero rellenos con paja y nos pasaban una frazada, las necesidades las hacíamos en un tambor de 200 litros cortado por la mitad” recuerda Ricardo Aravena.

Otro de los centros de detención que funcionaron en el mar fue el Buque Escuela Esmeralda. De este lugar se tiene poca información, pero existe un emblemático detenido que por las constantes torturas fue a dar al Hospital Naval, donde falleció. El detenido era el sacerdote Miguel Woodward, militante del MAPU, que fue apresado el 16 de septiembre de 1973 en el cerro Placeres, como queda consignado en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, estuvo detenido en la Universidad Técnica Federico Santa María , en el Buque Lebu y en la Esmeralda.

Ricardo Aravena recuerda que en La Esmeralda se encontraban la mayoría de las mujeres detenidas. Al ser preguntado si en el Lebu habían mujeres, responde que “las mujeres estaban en camarotes, pero la gran mayoría estaba en la Esmeralda”, en este lugar las mujeres sufrían las torturas físicas y psicológicas, junto con vejaciones sexuales.

La tortura sistemática

Las torturas que sufrieron los presos políticos aún dejan secuelas en ellos, como cuenta Ricardo Tobar, marino constitucionalista detenido el 16 de septiembre de 1973 por ir en contra del golpe militar. Ricardo cuenta que “la primera tortura fue cuando llegaron a buscarnos en Quintero a mí y dos compañeros más. Nos sacaron de la casa y lo primero que escuchamos fue que mataron al perro, le dieron un balazo. Nos sacaron al patio y nos pararon en la muralla, a mi compañero Nelson lo apuñalaron con un yatagán, en ese momento el bebé más chico se puso el oficial al mando del pelotón dice que le manden un culatazo a la guagua, en eso yo me tiro sobre el niño para salvarlo. Ahí me cortó la mano con el yatagán, le iba a pegar con la culata y dio vuelta la wea, ahí me cortó. Aún tengo el dedo sensible”. Cuenta también que “me hicieron el teléfono, me dieron culatazos y golpes; además me hicieron un falso fusilamiento, ahí fue donde conocí el miedo”. El teléfono consistía en golpear fuertemente los oídos de los detenidos para generar sangramiento y desestabilizarlos.

También usaban como tortura la electricidad. Para Ricardo Aravena la corriente fue algo muy doloroso “aplicaban corriente en las manos, los testículos, en los pies, cosa que recorriera todo el cuerpo”. En cambio Héctor Cataldo cuenta que “me empezaron a colocar corriente, eso para mí fue un alivio porque desde cabrito me gustaba reparar aparatos eléctrico y yo probaba la corriente con la mano, tenía mucha resistencia. Una de las cosas para evitar los golpes era hablar, pero como yo no iba a hablar prefería la corriente así que gritaba como condenado para que se ensañaran y pensaran que me dolía”, todo esto porque dentro de las torturas que le realizaron en los interrogatorios, le golpeaban el estómago y para enderezarlo le daban latigazos en la espalda, dice también que ya no podía más “en un momento pensé en tirarme de la ventana si me iban a buscar nuevamente para interrogarme”.

La revista Apsi fue uno de los medios de comunicación que estuvo en contra de la dictadura. En la edición del 7 al 20 de febrero de 1984 evidenció que se realizaban torturas en los centros de detención. Las declaraciones de los entrevistados constatan que se aplicaba corriente en las zonas sensibles del cuerpo, se realizaban colgamientos durante tiempos prolongados, además de torturas psicológicas como mantener en silencio a los detenidos para que perdieran el sentido del tiempo, mantenerlos despiertos durante días y mantenerlo solos con los ojos vendados.

La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura ratificó e incluyó nuevos método, como son las humillaciones, en donde hacían ingerir desechos orgánicos, besar las botas de un agente militar o policial y arrastrarse por el suelo. Además, se realizaban juegos en donde la vida del detenido corría riesgo como es la ruleta rusa.

Muchos de los torturadores más brutales fueron entrenados en la Escuela de las Américas, ubicada en Centroamérica. En este lugar se hacían cursos para aprender a torturar y a reprimir. Entre los enviados se encontraba Álvaro Corbalán, quien está condenado por decena de causas.

La luz entre tanta oscuridad

Entre todos los interrogatorios y torturas los detenidos buscaban formas de distraerse y tratar de dejar de lado, por un momento, todo el sufrimiento que los habían hecho pasar los llamados garantes de la seguridad nacional. Ricardo Tobar recuerda “los que teníamos mayores estudios nos poniamos a hacer clases a los demás, a veces jugábamos fútbol o nos poniamos a arreglar la cárcel porque estaba todo malo y sucio”. Aurelio González también recuerda que la cárcel estaba en malas condiciones “la Cruz Roja Internacional nos regaló pintura y pintamos toda la cárcel”.

Ricardo Aravena también recuerda los momentos de distracción que podían tener a pesar de no poseer mucho tiempo “nos dábamos ánimo entre nosotros, en un momento hicimos un show. Unos compañeros contaban chistes, otros cantaban; no podíamos hacer nada más porque teníamos muy restringido el tiempo”. En todos los centros de detención a lo largo del país los presos intentaban hacer cosas para distraerse. En el libro “Tejas Verdes: Diario de un campo de concentración en Chile”, de Hernán Valdés, se cuenta que los presos juntaban cualquier cosa para entretenerse en algo, aunque fuera algo inservible.

Para muchos lo único importante era en salir vivos de todo ese calvario. Ricardo Aravena recuerda “quería sobrevivir, yo tenía 17 años. Había que tratar de llevar lo más placentero el encierro y las torturas, dentro de lo que se podía, porque o sino uno se volvía loco”. También reflexiona que su detención y las constantes torturas “me cambiaron todo el panorama, los sueños y aspiraciones que tenía uno a los 17 años”.

Durante las torturas los detenidos buscaban formas para que el dolor no fuera tan fuerte y trataban de pensar en otras cosas. “Yo pensaba en no hablar ni caerme, esas cosas marcan psicológicamente. Uno se vuelve inestable, si hay algún problema me retraigo” cuenta Héctor Cataldo. Ricardo Tobar también recuerda que intentaba resistir de alguna manera los golpes y torturas “lo que me ayudó a sentir menos dolores fue que en la escuela nos enseñaban judo. Ahí el profesor nos enseñó el por qué gritan tanto, que es para mitigar el dolor”

La vida después de la dictadura

Pasaron los años, la dictadura cayó o pacto su salida, Pinochet murió impune y con honores, por parte del ejército, se realizó su funeral. Muchos de los detenidos y torturados, además de los familiares de desaparecidos, aún siguen sufriendo las consecuencias físicas, psicológicas y sociales que llevarán en su espalda por el resto de su vida. La sociedad chilena o el Estado de Chile están en deuda con todas estas personas, pero para algunos un simple bono es un pago por todo el sufrimiento que les fue causado.

Las pensiones por ser exonerado y preso político son incompatibles entre ellas, personas que tienen las dos condiciones deben elegir entre una u otra. “El estado neoliberal pero de la Concertación, decidieron que esas dos pensiones no son compatibles” comenta Héctor Cataldo. En algún momento a algunos ex-presos políticos les ofrecieron un bono de tres millones. Ricardo Tobar critica esta acción “me torturaron, me echaron de la pega, estuve vagando 15 años para encontrar un trabajo y nos quieren dar un bono de tres millones; eso fue una burla”. El Estado se debe hacer cargo y reparar de alguna forma el sufrimiento, quizás es muy difícil remediar el daño, pero algo se debe hacer. También es necesario que la justicia haga su trabajo y se condenen a cientos de torturadores y asesinos que transitan libremente por la calle como si nada hubieran hecho.

Los ex presos políticos le perdieron el temor a la muerte. Héctor Cataldo relata que “yo sé que estoy viviendo gratis así que no le tengo miedo a la muerte”. Ricardo Aravena también comenta que “no le tengo miedo a la muerte, ya tengo 62 años. La espero tranquilo, me regalaron varios años más de vida” Luego de haber sido privados de libertad durante meses e incluso años y de haber sido torturados, muchos valoran la libertad que se tiene hoy. Héctor Cataldo alude a este término diciendo que “lo que valoro es la característica de la naturaleza humana de decidir qué hacer o no hacer”. Ricardo Aravena también se refiere a esto y comenta “estando detenido uno veía la muralla y pensaba que pasándola estaríamos libres, pero no se podía. Hay que cuidar la libertad. Lo que más aprecio hoy es la libertad, de todo tipo”.

Es necesario como sociedad chilena y como humanos cuidar la libertad que se ha ido ganando con los años. No podemos ceder a las nuevas oleadas ultraderechistas que se van dando en el mundo y que buscan quitar algunos derechos básicos que tenemos. Para eso hay que ir aprendiendo de los errores e ir recordando los sucesos que se han dado, como la dictadura chilena. Para eso era y es necesario recuperar las memorias de diferentes actores sociales que sufrieron el calvario de haber sido detenidos y torturados por personas que debieran cuidar de la ciudadanía, pero que volcaron sus armas para asesinar despiadadamente a sus connacionales.

También es necesario que se deje de enaltecer a asesinos y violadores de derechos humanos. Es incomprensible que hasta el día de hoy se tenga una estatua y se venere a un golpista, como es José Toribio Merino. En el Museo Naval aún se conserva una imagen, lugar hasta donde llegan, cada mes, decenas de personas a protestar en contra de la permanencia de la figura de Merino.

“Valparaíso: las cicatrices de un puerto torturado”

 

 

Se cae otro montaje de la dictadura

Se cae otro montaje de la dictadura: Capitán que defendió presos políticos fue asesinado

  • 08 diciembre 2018

 

Por Mario López M.

Copia del expediente tenido a la vista en exclusiva por Cambio21, da cuenta de que la mentira de años no tenía ningún asidero. El entonces capitán Osvaldo Heyder no se suicidó, tampoco sustrajo fondos y terminó siendo ascendido.

Una lucha por años silenciada de su hija, Cecilia, pareciera llegae a su fin. A pesar de que casi la mitad del expediente está censurado o tarjado, lo que no permite conocer detalles del crimen, en el Ejército se reconoce la intervención de terceros.

Por años, en dictadura e incluso en democracia, se mantuvo una mentira que escondía un asesinato. Se aseguró por décadas que un capitán de Ejército destinado a Talca, el 5 de junio de 1975, se habría suicidado. La razón, esgrimieron en aquel entonces, sería que el oficial tenía serios problemas de faldas y líos económicos, pues se habría apropiado- o desviado-,de fondos institucionales.

Ante la inconsistencia de las aseveraciones oficiales, contradictorias entre otros con los dichos de los dos uniformados que lo encontraron al interior de su vehículo particular esa fatídica mañana a las 11:10 horas, salió la segunda versión: lo mató un comando marxista. Incluso se acompañó al proceso un panfleto mimeografiado de un presunto grupo extremista, denominado “Los que jamás olvidan”, que se habría atribuido el crimen.

Jamás  investigaron

Pero la verdad era otra, y siempre lo supieron. Un informe de fecha 31 de julio de 1975, emanado del coronel (J) Gonzalo Urrejola y dirigido al comandante en jefe de la Tercera División del Ejército, sostenía: “… debo expresar a US., que la investigación ha sido bastante incompleta, máxime si se considera la gravedad y trascendencia del hecho”.

Y era cierto, nadie quiso -o nadie se preocupó-, de recabar las más mínimas pruebas: “se omitieron varias diligencias importantes, que ya no es posible realizar con éxito. Desde luego un peritaje inmediato del arma hallada en poder de Heyder habría podido determinar el momento en que fue disparada, pues los residuos y el olor de la pólvora persisten por un periodo aproximado a las 24 horas. Ello es especialmente relevante si se tiene en cuenta que el informe de autopsia expresa que el hígado del occiso estaba ‘tibio’, lo que prueba una muerte reciente. El indicado peritaje habría incluido también el examen de las huellas dactilares”, asegura el mentado oficio.

“Se echa de menos también una inspección ocular al sitio del suceso y al vehículo en que fue hallado Heyder para determinar con la máxima precisión si hubo algún forcejeo o agresión; impactos de bala, vainillas halladas, etc., levantando el acta respectiva”, consigna el coronel Urrejola. También critica el primitivo informe del legista que dijo que era suicidio, por ser “somera”.

Lo mataron en acto de servicio

El entonces comandante en jefe de la Tercera División del Ejército era el general Nilo Floody. Este, al conocer los antecedentes, no solo compartió las apreciaciones del fiscal, en el sentido que debió haberse hecho más para aclarar el crimen, y pasó los antecedentes al entonces comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet, el que por muchos años los sumió en el más absoluto olvido.

Tiempo más tarde la Corporación Nacional de Verdad y Reconciliación –continuadora de la labor iniciada por la Comisión Rettig-, le concedió al capitán Heyder la condición de víctima de violencia política.

Para su hija, quien por años se ha jugado por que se devele la verdad y se limpie el nombre de su padre, no ha sido fácil entrar al mundo de los DDHH.

Han dicho que Heyder era de la DINA, lo que no es efectivo; sí es verdad que desde antes del golpe formaba parte del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) y que tras el 11 de septiembre le ordenaron seguir en esa área, por lo cual debió coordinar con la DINA. También se afirma que cuando dirigía la Sección de Inteligencia del Ejército en su unidad, el Regimiento Maipo de Valparaíso, fue bondadoso en su trato hacia a los prisioneros, y que por ello habría entrado en conflicto con la gente de Manuel Contreras.

Lo asesinaron: ¿Quién y por qué?

Si bien quedó establecido que fue asesinado y que no cometió los ilícitos que le imputaron para justificar el presunto suicidio, no se ha determinado quiénes lo ultimaron y cuál fue el motivo de ello. La historia contada a este medio por personas que lo conocieron en la Quinta región, da cuenta que ayudó siempre a quienes estaban presos por sus ideas tras el golpe de Estado. Gran parte de aquellos con los que Cambio21 se contactó, dan fe que varios salvaron de morir o estar desaparecidos gracias a sus gestiones.

Corría 1974, apenas había pasado un año del golpe y en el país campeaban los abusos de la dictadura. La DINA, organizada en “Brigadas” y estas en “agrupaciones”, devastaba los aparatos políticos de los partidos opositores que trataban de vivir en clandestinidad. Una de esas agrupaciones, denominada “Vampiro”, integrante de la Brigada “Caupolicán” de la DINA, recaló en Valparaíso. Objetivo: exterminar a la dirigencia regional del MIR.

No les fue difícil capturar a sus más importantes líderes en el puerto. El jefe de aquella operación fue el otrora teniente Fernando Lauriani, alias “El teniente Pablito”. Los presos fueron trasladados al regimiento Maipo, donde fueron brutalmente torturados. Presos -entre ellos el entonces líder del MIR en la zona, Erick Zott-, recuerdan que Heyder se opuso a esa brutalidad y se mostró contrario a Lauriani, lo que terminaría costándole caro.

El SIM del Regimiento Maipo, encabezado por el capitán Heyder, ayudó en las capturas, no en los interrogatorios.

El enfrentamiento con la DINA

El testimonio judicial de la “flaca Alejandra” confirma los dichos de los presos de Valparaíso: En 2003 la Brigada de DDHH de la PDI la interrogó. En esa oportunidad reconoció que después de estar en Valparaíso “me enteré que Fernando Lauriani había tenido problemas con un oficial importante del regimiento Maipo, quien no estuvo de acuerdo con los métodos utilizados por el encargado de los interrogatorios (Lauriani); es decir, con la aplicación de torturas en los interrogatorios (…) Esta situación la recuerdo muy bien, por cuanto fue la primera vez que escuchaba que algún militar estuviera totalmente en contra de los métodos de la DINA y les encarara los interrogatorios o la aplicación de torturas”.

No fue lo único. Una fuerte discusión entre Lauriani y Heyder se originó porque este último protegió a una mujer que estaba presa y embarazada y que, de hecho, dio a luz en el mismo regimiento, un par de gemelas. Se trataba de Liliana Castillo Rojas, esposa de Neftalí Carabantes Olivares, quien hasta hoy se encuentra desaparecido. “Osvaldo (Heyder) dispuso todos los recursos a disposición para que el parto y la convalecencia fueran satisfactorios, a pesar de que Lauriani se opuso a los ‘tratos especiales’ aplicados”, relató Zott a PDI.

También recuerda otro hecho ocurrido a fines de 1974, oportunidad en que se le acercó Heyder “preguntándome qué podía hacer por nosotros, haciendo presente que por mí no estaba en condiciones de intervenir. Yo le solicité que, bajo el pretexto de diligencias pendientes, solicitara que las mujeres permanecieran en el regimiento”. Pocos días después 15 de los prisioneros fueron trasladados a Santiago. Un grupo de ellas logró quedarse allá, gracias a las gestiones de Heyder.

Fernando Lauriani se encuentra condenado por estos hechos y la desaparición de ocho de los que fueron trasladados. Un mes más tarde Heyder sería trasladado a Talca, donde fue asesinado.

Un hecho revelador. El arma con que habría sido asesinado el capitán, habría provenido de la Colonia Dignidad, lugar donde se encontraron tres fichas asignadas a él. Una declaración del ex guardaespaldas de Paul Schäfer, Kurt Schnellenkamp, reconoció conocer el nombre de un tal “Heide” o “Heiden”, respecto del cual –dijo- “no puedo decir si este corresponde a Osvaldo Heyder. Sobre este ‘Heiden’ se discutía bastante en la colonia, aunque de forma reservada”.

Un dato no puede pasar inadvertido: Lauriani y Moren Brito, en declaraciones judiciales, reconocieron haber estado en Talca en junio de 1975, enviados por Manuel Contreras.

“Se ha limpiado el nombre de mi padre”

Cecilia Heyder, hija del asesinado capitán de Ejército, es clara: “Mi objetivo era limpiar el nombre de mi padre, demostrar que no se suicidó y que no se apropió de dineros, como se dijo en su oportunidad para justificar el presunto suicidio”, dijo a Cambio21.

Hoy los restos del militar descansan en el panteón de los altos mandos del Ejército. El hecho es indiciario. “Si hubiera tenido mal comportamiento o hubiera hecho aquello de que se le acusaba, no estaría allí”, dice su hija.

No se crea que todo ha sido fácil para Cecilia Heyder: “Pasé 5 meses tratando de visitar a mi papá en el mausoleo militar, donde siempre la puerta estaba cerrada. Después de muchas visitas y peleas, tuve una entrevista con el director del cementerio, quien me explicó que él no tenía atribuciones para facilitarme el acceso, ya que es un mausoleo institucional y del Ejército”.

“Llegue a la dirección del Ejército con el dolor de mi alma, mientras recorría los pasillos quería llorar no se imagina la angustia, hablé con el coronel a cargo y le dije de todo, ‘no les basto que me arrebataron la posibilidad de crecer junto a mi padre, me perdí su cumpleaños y aniversario por esa maldita puerta cerrada. Uds. ¡SI! Uds. lo asesinaran ahora lo secuestran’, les dije. No se puede imaginar la impotencia que sentía mientras hablaba, me corrían las lágrimas, le pregunté si tenía que hacer una acción legal o pagar por visitar que me lo dijera”

“Después de muchas disculpas y más disculpas, para que me quedara tranquila, me entregaron una copia de la llave”, relata Cecilia Heyder.

Está cansada, enferma –reconoce-, duda que pueda resistir en un juicio tratando de buscar quién lo mató y por qué, aunque dice tenerlo claro. No solo por su estado de salud, sino porque no cree en la justicia en Chile y porque no le interesa recibir dinero “a cambio de la vida de mi padre. Ni todo el oro del mundo me lo devolverá, ninguna suma me devolverá a mi familia que se desintegró desde el mismo momento de la muerte de mi padre”.

“Me queda que es inocente, que lo ‘castigaron’ por dar un trato humanitario a personas que estaban presas por la DINA, que lo mandaron a Talca y en ese lugar le pasaron la cuenta”, reflexiona. En la medida de sus medios, dice que seguirá investigando quién lo mató y por qué.

Tampoco cree que el Ejército coopere para saber aquello, a pesar que asegura que esa información existe y los militares la conocen. Incluso confidencia que un criminal, cuyo nombre prefiere mantener en reserva y que está encarcelado en Punta Peuco, se contactó con ella para “hablar sobre su padre”. Se negó a ir, sería mal interpretado, asegura. “¿Cómo les voy a creer a aquellos que aseguraron que era natural que mi padre fuera a hacer guardia solo y en su vehículo particular, a una torre de Entel, donde lo mataron?

“El Ejército me masca, pero no me traga”, reconoce, agregando que “siento impotencia que la causa esté sobreseída y no se haya seguido investigando para conocer a los autores del crimen. Lo de mi padre fue otro montaje. En el Ejército ya no se enseña el honor militar, salvo unos pocos que he conocido últimamente, nobles y con honor. En el resto hay una cofradía donde se protegen unos a otros”.

Heyder pasa a formar parte de los héroes olvidados

Los testimonios de personas que fueron presos políticos y que reconocen en Heyder a alguien distinto y que incluso se jugó por ellos -sumado a los propios dichos de agentes del Estado de aquella época que participaron de la violación de los DDHH y que confiesan que el capitán se rebeló ante el poder y atrocidades de la DINA-, unido a este expediente en su parte sumario, que muestra y acredita que no se suicidó ni que cometió los ilícitos con que buscaron denigrar su nombre, lo hacen merecedor de formar parte de aquellos militares que en silencio se opusieron a crímenes de la dictadura.

Quizás aún falte precisar más algunos detalles de su paso por Valparaíso, pero al menos aquellos que lo conocen dan fe de que sí se jugó en contra de la banda de Manuel Contreras.

La lista de los verdaderos héroes del Ejército y el resto de las FFAA tienen otro nombre: el del capitán Osvaldo Federico Heyder Goycolea, asesinado en 1975 por la DINA. Este se suma a los Luis Iván Lavanderos Lastate, mayor asesinado en octubre de 1973, en Santiago, por auxiliar a prisioneros del Estadio Nacional. Al cabo 2° Manuel Nemesio Valdez, apresado el 18 de noviembre de 1974 en Escuela de Caballería de Quillota, hoy detenido desaparecido. A Juan Calderón Villalón, oficial de Marina, asesinado el 29 de septiembre de 1973 en Pisagua. ​

Allí también otro marino, Juan Jiménez Vidal, fue asesinado el 29 de septiembre de 1973. Alberto Salazar Briceño, oficial (r) de la Armada, fue asesinado el 23 de junio de 1979 en Concepción. ​Juan Cárdenas, sargento, fue torturado y exiliado. ​Rodolfo Alfaro Repfening, suboficial, torturado, dado de baja y también exiliado. El nombre del general Alberto Bachelet, padre de la Presidenta Michelle Bachelet, asesinado durante el periodo de privación de libertad. A él se suman el general Jorge Poblete. El coronel Carlos Ominami Daza, padre del ex senador Carlos Ominami. El coronel Rolando Miranda, los capitanes Jorge Silva y Ernesto Galaz y tantos otros detenidos, torturados, exiliados, ejecutados o hechos desaparecer.

Tantos más prefirieron sufrir la bestialidad de la dictadura antes de renunciar a sus principios.

https://cambio21.cl/cambio21/se-cae-otro-montaje-de-la-dictadura-capitn-que-defendi-presos-polticos-fue-asesinado-5c090d26cd49b033950b68f7

Nota: Alberto Salazar Briceño no era oficial  (r), sino Cabo artillero detenido el 6 de agosto de 1973 a bordo del Blanco Encalada y condenado por sus posiciones constitucionalistas en la Causa Rol Nr. 3926/73.

Alberto Salazar Briceño Q.E.P.D

 

 

Campo de Concentración Melinka Puchuncaví

El 1° de diciembre se llevó a cabo la inauguración del séptimo memorial de la “Ruta de la Memoria” de la región de Valparaíso. Ceremonia anunciada en nuestro portal en la inauguración del Sitio de Memoria y Monumento Nacional con categoría de Histórico. En estos “Campos”, tanto en el de “Melinka” (denominado también Isla Riesco y Operativo X)  en Colliguay, como el campo de prisioneros de  Puchuncaví ( “Balneario Puchuncaví” )  lo habilitaron los marineros constitucionalistas. El Balneario de Puchuncaví fué habilitado como campo de concentración con el trabajo forzado a que se sometió a la marinería constitucionalista a inicios de 1974.

 

Antonio Rey quien también estuvo preso y de profesión arquitecto. Quién construyo una maqueta del campo de concentración Isla Riesco, que fue publicada en la revista Siete +7 edición 45 del día viernes 17 de enero del año 2003.

Registro, Extracto sobre “Melinka”,  del Libro Auto Biográfico que escribiera el marinero Jaime Espinoza,    ”  El Deseo de Vivir “, año 2003

Campo de Concentración Melinka

 

 

Reflexión y Propuesta de la Marinería Constitucionalista

Escuela Militar: ¿orgullo de Chile?

  

 

Osvaldo Torres

Fuente: EL MOSTRADOR, 20 marzo 2017

Quizás lo más preocupante de la columna en comento es que deja instalada las bases ideológicas de nuevos golpes de Estado, cuando afirman, los cuatro ex ministros, citando a O’Higgins, que en la formación de los futuros oficiales debe tenerse la certeza de que en ellos está “el porvenir del Ejército y sobre este Ejército la grandeza de Chile”, pues esto se parece demasiado al rol de “garantes de la institucionalidad” que le asignara la Constitución de 1980.

Recientemente se ha publicado una columna de opinión de cuatro ex ministros de Defensa: Allamand, Burgos, Ravinet y Vidal. La columna es importante, porque refleja un consenso político tanto sobre el papel del Ejército en la forja del “carácter de la patria”, de “su estabilidad política, desarrollo económico y solidez democrática” (¡sic!), como en su contribución a la formación de sus oficiales, “herederos de una formación sólida en valores y contenidos”.

Aún recuerdo, en los años de la persecución cruenta luego del golpe cívico-militar, que a mis amigos Juan Carlos Rodríguez y Cecilia Castro los detuvieron, torturaron e hicieron desaparecer. Los padres de ella dieron bajo presión la dirección donde vivía su hija a sus persecutores, porque estos les dijeron que los “oficiales del Ejército de Chile no mienten” y les prometieron que “la regresarían sana y salva”.

Sabido es, también, que la DINA y la CNI fueron dirigidas por generales formados en la Escuela Militar; que los asesinatos de los comandantes en Jefe R. Schneider y C. Prats fueron ideados y ejecutados por oficiales del propio Ejército y el personal que organizó, operó –usando instalaciones del Ejército– en las torturas, secuestros, asesinatos y atentados internacionales, salieron de esa casa matriz, en que son “herederos de una formación sólida en valores y contenido”. Nada de eso se señala en la columna, ni menos en un sentido autocrítico.

Es más, al relevar el juramento de los oficiales, se afirma que su diferencia con otras autoridades es que “solo los militares juran poniendo sus vidas por delante. La disciplina es la médula de la vida militar, la que enseña a mandar y a obedecer”. La evidencia histórica dice que los oficiales del Ejército que cazaban opositores entre 1973 y 1989, luego de detenerlos, una vez indefensos, los torturaban y muchos fueron ejecutados, sin riesgo para la vida del militar. Debo recordar que fue la principal autoridad civil de la República, la que juró y pagó con su vida la defensa de la Constitución.

Luego del bombardeo a la sede de Gobierno, fue asaltada por el general de Ejército Javier Palacios. Es “extraño” que tres de los columnistas, proviniendo de la Concertación, no mencionen estos hechos históricos conocidos y reconocidos en los Informes Rettig y Valech.

Pero donde sí tienen razón es que allí se les “enseña a mandar y obedecer”. ¿A mandar para ejecutar crímenes y aplastar la Constitución? ¿Para legitimar la obediencia debida, cualquiera sea la orden? De esto nuestros ex ministros de Defensa no dicen nada, como si no fueran preguntas que nos hacemos los chilenos en este período en que democráticamente se busca tener una Nueva Constitución que definitivamente subordine a las FF.AA. al poder civil. ¿Los textos de estudio de esa Academia problematizan estos temas sobre la experiencia nacional e internacional reciente en derechos humanos y el “mandar y obedecer” tan neutral de esta columna?

La afirmación relativa a su contribución al desarrollo económico es generalista y legitimadora del papel del Ejército. ¿Se refiere al Cuerpo Militar del Trabajo, que construye carreteras en lugares inhóspitos o a su papel en imponer a sangre y fuego el modelo neoliberal, que privatizó el sistema de pensiones, la salud y la educación y entregó a precio vil las empresas del Estado? ¿Su aporte a la estabilidad política y solidez democrática se refiere al período de la dictadura que, según el relato derechista, proveyó de estabilidad y disciplinó a los chilenos? ¿Y con lo de la “solidez democrática” se refiere por la Constitución ilegítima en origen y resultado? Solo es posible responder afirmativamente si se pretende borrar la experiencia histórica.

Quizás lo más preocupante de la columna en comento es que deja instalada las bases ideológicas de nuevos golpes de Estado, cuando afirman los cuatro ex ministros, citando a O’Higgins, que en la formación de los futuros oficiales debe tenerse la certeza de que en ellos está “el porvenir del Ejército y sobre este Ejército la grandeza de Chile”, pues esto se parece demasiado al rol de “garantes de la institucionalidad” que le asignara la Constitución de 1980, argumento defendido, ya que la identidad de la patria se habría forjado en las guerras contra los españoles, los mapuches y la Confederación, colocando así a las FF.AA. como la expresión verdadera del interés de la nación, por sobre la soberanía popular, los civiles y los intereses particulares de grupos.

No se trata de afirmar que las Fuerzas Armadas no son parte del país, ni que toda su trayectoria es un mar de sangre y represión, pero lo que uno debiera esperar de ministros de Defensa, depositarios de la soberanía popular, es que resguarden el lugar que les corresponde a las FF.AA. en el sistema democrático y no borren de la historia los crímenes cometidos, incluso contra sus propios camaradas.

No se trata de afirmar que las Fuerzas Armadas no son parte del país, ni que toda su trayectoria es un mar de sangre y represión, pero lo que uno debiera esperar de ministros de Defensa, depositarios de la soberanía popular, es que resguarden el lugar que les corresponde a las FF.AA. en el sistema democrático y no borren de la historia los crímenes cometidos, incluso contra sus propios camaradas. En este sentido, me resuenan las palabras de T. Adorno, cuando señaló: “Solo se habrá elaborado el pasado cuando las causas de lo ocurrido hayan sido eliminadas. Solo porque las causas subsisten, hasta el día de hoy no se ha roto su hechizo”.

Finalmente, el que la columna la escriban personeros de los dos bloques que pactaron la transición, expresa el grado de acuerdo que existió no solo en el plano del modelo económico, sino también en la posición de relativización de la subordinación del poder militar al civil, con todo lo que ello ha significado para la democracia.

 

J.A. 20 MAR 2017

Con tanta solidez como exactitud, Osvaldo Torres, en su muy pertinente comentario sobre el panegírico dedicado a la Escuela Militar que un cuarteto de ex ministros de Defensa –perfecta representación del duopolio neoliberal– recientemente publicó, aclara de manera irrefutable lo esencial de las actuales Fuerzas Armadas, a niveles doctrinales, institucionales e históricos, subrayando que lo más preocupante de esa columna es dejar “instalada las bases ideológicas de nuevos golpes de Estado, cuando los cuatro ex ministros afirman, citando a O’Higgins, que en la formación de los futuros oficiales debe tenerse la certeza de que en ellos está ‘el porvenir del Ejército y sobre este Ejército la grandeza de Chile’, pues esto se parece demasiado al rol de ‘garantes de la institucionalidad’ […] colocando, así, a las FF.AA. como la expresión verdadera del interés de la Nación, por sobre la soberanía popular, los civiles y los intereses particulares de grupos”. Aunque –como escribe Torres, no siendo verdad “que toda su trayectoria es un mar de sangre y represión”– constituye deber insoslayable reconocer los enormes crímenes cometidos, contra nuestros pueblos originarios, al menos en 23 grandes masacres y durante toda la vil Dictadura, asesinando también a militares –incluyendo dos comandantes en jefe del Ejército– además de torturar, violar, saquear, robar, desfalcar… También, es absolutamente inaceptable que continúen a enviar miembros suyos a la Escuela de las Américas –ahora llamada Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental– formadora de implacables sicarios al servicio del Imperio y contra sus compatriotas, ni que en sus cuarteles hayan estatuas, pinturas, fotografías y otros ‘reconocimientos’ a los cobardes traidores golpistas que se ensañaron contra la mayoría de la población chilena, durante 17 horrendos años de impune brutalidad. En los archivos anexos –a pesar de que son una muy pequeña selección de artículos– hay datos de sobra para mejor saber que han sido, realmente, las Fuerzas Armadas y ‘de Orden’ en este maltratado Chile. Por eso, la muy responsable y patriótica propuesta de marinos constitucionalista, publicada en febrero 2015, Democratización-Integración FF.AA. Chilenas. Reflexión y Propuesta de la Marinería Constitucionalista y Antigolpista merece ser divulgada y estudiada, luchando por su plena implementación en el Ejército, Marina, Aviación y militarizados Carabineros, mínimo.

A continuación la propuesta: