Representantes de partidos de oposición, diputados y otras personalidades pidieron hoy al presidente de Chile, Sebastián Piñera, la disolución del cuerpo de carabineros y la creación de una nueva institución policial.
Así lo expresan en una carta dirigida al mandatario, entregada en el palacio de La Moneda, a donde acudieron familiares de los presos de la revuelta popular de octubre de 2019, parlamentarios, dirigentes sociales, sindicalistas y otros.
El texto enumera violaciones protagonizadas por efectivos de Carabineros, lo cual, indica, «exige una profunda revisión de las doctrinas que guían el origen y actuar de las instituciones policiales y Fuerzas Armadas, siendo urgente adecuar el ejercicio de sus obligaciones de acuerdo con los estándares internacionales» en democracia.
La carta también se refiere a las personas detenidas tras el 18 de octubre de 2019 que permanecen en prisión preventiva por su participación en las manifestaciones.
Añade que la situación de esos presos «contrasta violentamente» con la forma en que los tribunales han procesado a carabineros por eventos en los cuales hubo decenas de manifestantes muertos y heridos.
Los firmantes presentaron demandas que incluyen además justicia y reparación para las víctimas de la violencia ejercida por agentes del Estado, y garantías de no repetición, así como aplicar urgencia a un proyecto de Ley de Indulto General presentado al Congreso por senadores de oposición, y no vetarlo.
También, reformar la Ley Orgánica de Carabineros, asegurando su subordinación al poder civil, e iniciar la refundación de esa institución, con la participación de órganos especializados en seguridad y derechos humanos, representantes civiles y de organizaciones sociales.
Igualmente reclaman medidas administrativas ejemplares y juicios penales a miembros de las Fuerzas Armadas que violen los protocolos sobre disuasión, contención y detención, y castigar y aclarar las irregularidades en el manejo de fondos institucionales, e informarlo a la ciudadanía con transparencia.
Entre los firmantes aparecen la Agrupación de Familiares y Amigos Asesinados del Estallido, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, organizaciones sindicales y el Colegio de Profesores.
También, numerosos legisladores, incluida la presidenta del Senado, Ariana Muñoz, así como los partidos Humanista, Progresista, Comunista, Convergencia Social e Igualdad.
En las últimas semanas las exigencias en medios políticos y sociales cobraron fuerza luego que un joven artista callejero muriera baleado en la sureña localidad de Panguipulli por un carabinero, que finalmente quedó en libertad al alegar un tribunal que el uniformado había actuado en defensa propia.
Santiago de Chile, 18 de febrero 2021 Crónica Digital
Ante el sensible fallecimiento del Juez Juan Guzmán Tapia, el equipo de producción del documental El Juez y el General expresa toda su solidaridad, aprecio y cariño a su familia.
El Juez Juan Guzmán fue un hombre bueno, valiente, generoso y honesto. A nuestro entender, merece el reconocimiento de toda la nación.
A modo de tributo, ofrecemos el libre acceso al documental, con la esperanza de que su labor se conozca ampliamente, y con el fin de motivar a los medios de comunicación a difundir su trabajo recto y dedicado.
Cuando en 1998 el juez chileno Juan Guzmán fue designado para investigar la primera querella criminal en Chile contra el ex-dictador General Augusto Pinochet, nadie esperaba mucho. Guzmán había apoyado el golpe de Pinochet en 1973 – tildada como una cruzada anticomunista- que dejo al presidente democráticamente electo Salvador Allende, y a miles de chilenos, muertos o “desaparecidos”.
Los realizadores siguieron la huella del juez mientras descendía a lo que él llama “el abismo”, donde devela el pasado y confronta la verdad acerca de su propio rol en la tragedia. El Juez y El General es una historia de redención y transformación, y cuenta una historia conmovedora sobre las violaciones a los derechos humanos en nombre de una guerra basada en el terror.
El capitán retirado o expulsado del Ejército Rafael Harvey, quien denunció irregularidades y corrupción al interior de esa rama de las FFAA, se refirió al caso de escuchas telefónicas que afectó a cuatro miembros de la institución, incluido él.
En 2015, al interior del Regimiento de Artillería N° 1 Tacna en San Bernardo, a Harvey se le acusó de inducir a desertar a 13 soldados, tras denunciar cobros indebidos, malos tratos y amenazas por parte de superiores.
Posteriormente apuntó a una red de protección a la corrupción de militares que habrían ascendido al interior del Ejército.
Tras realizar las denuncias fue condenado por el delito de sedición, sin embargo, la Corte Marcial lo absolvió en junio de este año. El tribunal castrense revocó la sentencia apelada luego de establecer que no existen antecedentes que lo condenen por instigación a la sedición o motín.
Hoy, Rafael Harvey es candidato constituyente por el distrito 10, y en conversación con Cambio21 aseguró que como militar durante años nunca habría pensado algo así, pero siguiendo la petición de mucha gente nació esta idea de postularme a la Convención Constitucional
Va a ser candidato constituyente ¿Cómo nace esta idea?
Nace como debería ser toda elección popular, de la gente. A medida que me empecé a hacer conocido desde el año 2015 por haber hecho estas denuncias de corrupción que fueron creciendo y haciéndose más fuertes y que hoy involucran incluso a los altos mandos del ejército, la gente fue empezando a sintonizar con estas denuncias y comenzó a entregarle su apoyo, mientras este gobierno firma mi retiro, desintonizando completamente.
Frente a esto, la gente empezó a ver si podía ser constituyente, tengo que haber recibido al menos tres mil mensajes por interno en todas mis redes sociales pidiéndome que fuera candidato.
Como militar durante años nunca habría pensado algo así, pero siguiendo la petición de mucha gente nació esta idea de postularme a la Convención Constitucional.
¿De ser elegido como candidato cuál sería su aporte en la nueva constitución?
Hay varios puntos. Lo primero, es que los candidatos deben tener su programa para poder inscribirse, porque el Servel se los pide, y basado en eso la agenda debe estar puesta consolidando lo que la gente pidió al votar por el Apruebo, en que más del 80% pidió educación, salud, pensiones como principal enfoque y eso hay que plasmarlo.
En cuanto a temas castrenses, se debe hacer algo contra la impunidad. En Carabineros y en el Ejército tenemos los fraudes más grandes de la historia, para evitar eso hay cuatro pilares fundamentales que debemos llevar en la nueva Constitución que es la eliminación de la justicia militar, el desarrollo de los derechos humanos, el concepto de seguridad nacional, la
que hasta el día de hoy no existe legislación alguna para eso.
Si hay algo que es uno de los pilares fundamentales contra la impunidad a la corrupción y los derechos humanos es el concepto de la obediencia absoluta. Hoy en día todos deben obedecer las órdenes de los superiores, independiente si está bien o no y eso es lo que debe cambiarse.
¿Qué le parece la diversidad en los candidatos constituyentes dónde también habrá políticos? Lo principal es que es muy bueno que haya diversidad, porque la población también es diversa. Pero que los políticos estén quiere decir que no entendieron bien el mensaje del más del 80% que votó Convención Constitucional. Creo que ellos no debieron presentarse independiente si son buenos o no.
Tanto Carabineros como el Ejército hoy en día tienen una baja aprobación de parte de la ciudadanía ¿Usted cree que estas cifras podrán revertirse en algún momento? Sí, por supuesto. La culpa principal es de los altos mandos que están en estas unidades, vemos que independiente que hayan puntos negativos o que la PDI haya actuado mal en algún momento, ellos son la excepción dentro de lo malo, ellos se destacan por tener buenos procedimientos en general. En cambio, Carabineros y el Ejército tienen los dos más grandes fraudes lo que es impresentable. Defender a sus compatriotas y a la patria no se condice con defraudar el Fisco. Así que los altos mandos son responsables, este país se destaca por tener corrupción y eso a la gente le aburrió.
Usted cuando denunció que había corrupción dijo temer por su vida ¿Ese miedo aún sigue presente? Estoy seguro que siguen haciendo algunas acciones de ese tipo. Hace poco salieron reportajes en que seguían haciendo espionaje los cinco acusados de corrupción, donde no hubo sanción para ellos. La ministra Romy Rutherfordn ha hecho un buen trabajo, pero sola no puede, porque no han hecho más que hostigarla
¿Usted cree que habrá sanción y justicia finalmente? Más de lo que ha hecho la ministra no creo, y como lo dije ella no puede hacerlo sola. Otro ejemplo de esto es lo que ocurrió el 5 de octubre de 2018 en que se presentó el proyecto Capitán Harvey, el que se supone iba a proteger a quienes denunciaban hechos de corrupción, pero eso no llegó a ningún puerto, sigue durmiendo en el Senado ese proyecto. Vamos a cumplir más de dos años en esperar protección para quien denuncia corrupción en el Ejército, más bien lo que hacen es estar firmando por la corrupción.
¿Entonces usted cree que la corrupción debe estar en la Constitución? Ya tenemos leyes de ese tipo, sólo que no han sabido apreciarlas y no han sabido sancionar, aunque en este gobierno no lo van a hacer tampoco. La corrupción no se va a acabar porque no tenemos responsables, no existen.
Piñera y el exdirector general de Carabineros Mario Rozas, ambos investigados por violaciones a los derechos humanos
Lecturas: 3.576
En Chile han sucedido una serie de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, producto de ello ha surgido una querella que busca llevar al presidente Sebastián Piñera a la CPI. Entrevistamos al abogado querellante Mauricio Daza, quien es patrocinado por el Senador Alejandro Navarro desde el momento que el parlamentario presidía la Comisión de Derechos Humanos del órgano legislativo.
En nuestro país han ocurrido una serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, especialmente en el periodo del “despertar social”, también llamado “estallido social”. Explosiones oculares , tortura, muertes, abusos sexuales y otra serie de abusos y duras violaciones que fueron constatadas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, dossier de pruebas para llevar a Sebastián Piñera a la Corte Penal Internacional.
Mauricio Daza, abogado querellante
Para ahondar en el tema en Cable a Tierra, conducido por Bruno Sommer, se entrevistó al abogado querellante Mauricio Daza.
BS: Se habla en círculos del presidente que uno de los temas que más le preocupan a Piñera es el ser juzgado ante un tribunal internacional, a tu parecer crees que lo que le va quedando a Piñera es justamente cuidar su imagen en el exterior dado que su imagen ya está totalmente destruida en Chile. ¿Qué sabes al respecto?
MD: Efectivamente, uno puede concluir a partir de lo que ha sido el discurso oficial de autoridades de Gobierno que el tema vinculado con la persecución penal en contra de Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad es un asunto que preocupa y que está dentro de la definición, a lo menos del discurso público que se levanta por parte de su administración al momento de enfrentar temas relacionados precisamente con lo que ha sido el ataque a la población civil por parte de Carabineros de chile y fuerzas militares en el contexto del Estado de Emergencia que se decretó a partir del estallido social del año 2018.
Advertisement
La verdad es que esto tiene un fundamento, en general Piñera es una persona que ha estado involucrado en muchos procesos judiciales, relacionados más bien con ilícitos del ámbito económico, debemos recordar que él en algún momento estuvo procesado por estafa en lo que fue la famosa causa del Banco de Talca, y esto después se sumó a causas vinculadas a empresas en las cuales él tenía algún cargo de administración, imputaciones relacionadas con infracción a la libre competencia cuando estaba él en la administración o directorio de esta compañía, infracciones vinculadas a la vulneración a leyes de mercado de valores como uso de información privilegiada, entre otros.
Sin embargo, estamos ahora frente a una imputación que es muy distinta y que él no podrá desarticular de la manera como habitualmente lo hace el poder económico en un país como Chile, que es a partir del telefonazo, la red de influencias que se pueda tener por parte del propio imputado o de las personas que lo defienden, o del grupo empresarial o de carácter político en el cual él tenga algún liderazgo.
BS: ¿Cómo nace la idea de entablar esta querella, a quién estás patrocinando frente a ella y de qué manera crees que se configura porque la querella es por crímenes de lesa humanidad?
Decenas de muertos y miles de heridos
MD: Así es, es por crímenes de lesa humanidad.
BS: Entiendo que estos crímenes no prescriben. ¿Cuáles son los elementos que nos ayudarían a configurar el ponerlo como crímenes de lesa humanidad?
MD: La verdad es que la idea surge a partir de la constatación de una realidad que se manifestó como evidente durante varios meses a partir del 18 de octubre del año 2018, donde las fuerzas policiales realizaron una represión que claramente configuraba no solamente delitos aislados en contra de la población civil, sino que concretaba un crimen de lesa humanidad, a nuestro juicio, ya que estamos frente a un ataque generalizado, sistemático cometido precisamente por las fuerzas policiales en contra de una población civil, y esto además en un contexto donde la autoridad política a sabiendas de esta circunstancias no ejecutó ninguna acción eficaz para detener esta represión, y en ese contexto nosotros observamos de que estamos frente a una situación que era mucho más grave que los atentados individuales, que había un verdadero patrón de conducta detrás de lo que estaba siendo la acción policial y que obviamente esto generaba una responsabilidad penal no solamente para el policía que estaba detrás del atentado concreto, la persona que disparó o que atacó en el lugar, no, esto involucraba una responsabilidad de mando al interior de Carabineros, pero por sobre todo una responsabilidad criminal para lo que es la autoridad civil.
Advertisement
Esto a partir de los parámetros que se establecieron en el Estatuto de Roma que finalmente lo que hace es establecer un marco de sanciones criminales para estos atentados que van más allá de la afectación de los derechos de las víctimas individuales sino que esto repudia la conciencia de la humanidad, y es eso finalmente lo que se tiene que hacer efectivo a través de una causa criminal.
BS: Tú entiendes cómo funciona la línea de mando dentro del Gobierno, cómo se ejecuta una orden, ¿por qué Piñera finalmente es el responsable de todos estos hechos?
MD: La verdad es que la constatación a partir de los horrores que han ocurrido en la historia de la humanidad en relación a lo que han sido las actuaciones de represión, no solamente de los Estados sino de grupos que en la práctica ejercen el poder en un determinado lugar, ha generado un conjunto de normas, las cuales se sintetizan de muy buena manera en el Estatuto de Roma, y lo que se pretende a través de estas normativas es impedir que haya impunidad, para esto esta normativa establece ciertos elementos que se hacen cargo de las defensas normales que los imputados levantan en relación a estos casos.
¿Qué es lo que se dice habitualmente por parte de la autoridad política? Se dice, mire sabe qué, la verdad es que no hay una orden directa, escrita emanada del presidente, o alguno de sus ministros, o del mando directo militar o de Carabineros, en este caso, en la cual se instruya que el personal policial ejecute acciones que atenten en contra de los derechos humanos de los manifestantes, en este caso. Por lo tanto, nosotros no tenemos responsabilidad.
Ésa es como una primera línea argumental que se ha esgrimido habitualmente por dictadores o grupos que abusan de los derechos humanos en un determinado territorio, la verdad que para enfrentar esto se ha establecido que existe una responsabilidad directa.
Advertisement
El Estatuto de Roma define una responsabilidad directa respecto de lo que es el mando civil, estableciendo entonces que son autores de este tipo de delitos, precisamente lo que es la autoridad civil, los jefes militares, o quienes actúen efectivamente como tales, y esto a partir de que hayan tenido conocimiento de que se estaban cometiendo estos atentados y no hubiesen realizado nada eficaz para poder impedirlo, eso es lo que genera la responsabilidad criminal.
Entonces, fíjate se considera que la situación de un presidente o de un ministro o de un jefe policial, que sabe que están cometiendo estos atentados, pero que no hacen nada eficaz, ojo es algo eficaz, no basta con hacer una declaración pública, un llamamiento general, no, es una actuación eficaz no un saludo a la bandera. Si es que no lo hace, él está en la misma posición que la persona que en el terreno dispara, que ataca, que genera la lesión, esto es una norma especial que está contenida en el Estatuto de Roma, y también está contenida en una ley que consagra estos delitos en nuestra legislación interna, la chilena, que es la Ley 20.357.
Entonces como te digo no es necesario que Piñera haya dictado una orden, emitido un decreto, mandado un correo electrónico, basta con que hubiese sabido y no hubiese hecho nada eficaz, no hubiese ejercido todo su poder para impedir que esto ocurriese, y a nuestro juicio es precisamente lo que ha sucedido.
BS: Es un poco innegable de que él no estuviese al tanto de lo que sucediera, él mismo hizo declaraciones tales como que ‘estamos en una guerra’, su ministro de Justicia, Larraín, dijo en su momento ‘se han producido situaciones que parecen ser violaciones a los derechos humanos’. No lo quería reconocer directamente, pero hay evidencia suficiente de que Piñera estaba al tanto, sus cadenas nacionales.
MD: Es que hay evidencia concreta acerca por lo menos de este punto, ya que el Instituto Nacional de Derechos Humanos se reunió con Piñera en innumerables oportunidades, se le entregaron informes mientras esta situación se estaba desarrollando, además él tuvo en conocimiento informes de organismos como HRW, Amnistía Internacional, hubo también una visita de representantes de la Alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y todo esto estaba en conocimiento del Estado, o sea esto es un punto innegable, él sabía perfectamente que las fuerzas policiales estaban cometiendo estos abusos.
Advertisement
Entonces desde esa perspectiva la legislación vinculada a los crímenes de lesa humanidad castiga, asimila a la autoridad civil y al mando militar que estaba en posición de hacer algo para impedir que esto siguiera produciéndose y no lo hizo, lo asimila como autor directo.
Ahora, hay otros elementos, y la verdad es que ratifico lo que tú has señalado en cuanto a que todo indica que Gobierno y Piñera están preocupados sobre este tema. Y por qué lo señalo, porque normalmente cuando la autoridad hace referencia acerca de estos atentados cometidos en contra de la población civil por personal militar y policial en el contexto del estallido social, ellos insisten muchísimo de que se trata de hechos aislados o que no es un ataque sistemático.
BS: Justamente allí está la discusión, el configurar que estas violaciones de derechos humanos sí fueron sistemáticas para considerarlas crímenes de lesa humanidad. ¿Cuáles son los elementos que nos hacen configurar que las violaciones de los derechos humanos fueron de carácter sistemático?
MD: Lo primero, hay que señalar cuáles son los elementos que se requieren para que estemos frente a estos delitos, que son bastante singulares porque insisto no solamente se considera que atentan en contra de la vida, la integridad física de las víctimas individuales, sino también se considera que atentan en contra de ciertos principios que son universales, que lo que pasa es que finalmente atentan en contra de la conciencia de la humanidad.
Y en este ámbito entonces lo que acá se señala es que estaríamos frente a ataques que son cometidos por parte de lo que es el personal del Estado a una población civil, esta población civil no tiene que estar definida a partir de consideraciones étnicas, por ejemplo, o religiosas, o pertenecer a un partido político, a un determinado grupo, aquí basta por ejemplo y se ha considerado que una población civil puede ser un grupo de manifestantes, que es lo que pasa acá.
Advertisement
Acá lo que une a las personas no son su adscripción a un determinado partido político, de hecho el movimiento social no estuvo articulado por ninguna fuerza organizada y, por lo tanto, acá lo que se hizo fue atacar a una parte de la población civil que son estos manifestantes.
Y esto tiene que ser generalizado o sistemático, generalizado es cuando un ataque afecta a muchas personas, y esto lo hemos podido ver, lo que ocurrió en Plaza Dignidad en muchas ocasiones generó centenares de víctimas en un solo acto, en un solo evento, por lo tanto hay ataque generalizado, pero debe ser generalizado o sistemático, y en esto es donde se hace mucho hincapié por parte del Gobierno porque lo que se señala es que no habría este ataque sistemático porque no habría una decisión, para decirlo de alguna forma, por parte de la autoridad policial ni del Gobierno para realizar este ataque.
Sin embargo, el ataque sistemático se vincula básicamente con que hay un patrón de conducta, y yo creo que aquí claramente lo hay, es cosa de analizar cómo se desarrollaron estos hechos. Acá nos encontramos frente al ataque por parte de personal policial a los manifestantes en el contexto del estallido social, los cuales se concretaron de una manera similar y con resultados equivalentes, y esto a pesar de que esto se desplegó durante varias semanas y en distintos puntos de nuestro país. Tenemos personas que sufrieron mutilaciones oculares a partir del disparo de balines por parte de Carabineros de Chile no solamente un determinado día en la Plaza Dignidad sino estamos hablando de muchas personas en todo Chile, durante varias semanas, en distintos puntos de nuestro país.
BS: Ahí tenemos un proceder sistemático y repetido en distintos días y lugares del país como señalas.
MD: Claro, y acá además esto afectó un número considerable de personas. Hay que recordar de que las lesiones oculares, las mutilaciones oculares, que sufrieron los manifestantes a partir de la conducta de las policías en nuestro país son de un número superior a las 460 personas, estamos hablando de que no existe un registro en la historia moderna de personas que hayan sufrido en tal número mutilaciones oculares en el contexto de cualquier movilización social.
Advertisement
BS: De hecho, en todo el tiempo que va el conflicto y la violación de los derechos humanos por parte del estado de Israel a Palestina no se explotaron tantos globos oculares como en este corto período en Chile. Mencionabas que hay sendos informes de organismos internacionales como HRW, como Amnistía Internacional, como la oficina de la Alta Ccomisionada de los Derechos Humanos, la CIDH. ¿Estos organismos internacionales van a ser invitados a declarar en el marco de este juicio?
MD: Claro, lo que ocurre es que llegar a la Corte Penal Internacional no es un camino tan fácil, pero creo que es muy probable que lleguemos ahí dada cual es la realidad en el funcionamiento del sistema de persecución penal en Chile.
Yo he estado como querellante en muchas causas vinculadas a hechos de corrupción, en el caso Penta, en el caso SQM, en el caso Corpesca que obtuvimos además un fallo histórico hace pocas semanas.
Sin embargo, uno puede constatar que en general existe en Chile una cultura institucional de impunidad en relación a los delitos graves cometidos por altas autoridades y grandes empresarios, y que esto puede aplicarse eventualmente en estos crímenes de lesa humanidad que se están persiguiendo dentro de nuestro país respecto a Piñera.
Y en ese ámbito yo creo que hay señales que son preocupantes, nosotros cuando presentamos nuestra querella se remitieron los antecedentes a la Fiscalía, al Ministerio Público, y en un momento solicitamos, en enero de 2019, yo diría que aproximadamente 100 diligencias concretas para poder tratar de esclarecer y además acreditar esta imputación, que no solamente va en contra de Piñera sino también en contra de sus exministros Gonzalo Blumel, Andrés Chadwick, y en contra del exdirector de Carabinero, el general (Mario) Rozas, entre otros, y la verdad es que nosotros presentamos este escrito en enero de 2019 y no hubo una respuesta, ya sea positiva o negativa en relación a estas diligencias, hasta septiembre de 2019 y solo después de que denunciamos en la prensa el hecho de que esta causa no se estaba investigando, siendo que debiese ser, y creo que lo es, la causa más importante que alguna vez ha tenido a su cargo el Ministerio Público en Chile desde su creación. Estamos hablando de una imputación de crímenes de lesa humanidad en contra de un presidente que además está en ejercicio.
Advertisement
Bueno, el Estatuto de Roma establece un órgano que se llama la Corte Penal Internacional que tiene competencia para los efectos de poder conocer de este tipo de delitos.
Sin embargo, hay un principio que se llama de complementariedad, esto involucra que la Corte no investiga directamente y desde un comienzo este tipo de ilícitos.
BS: Hay que agotar instancias en Chile primero…
MD: Exacto, si es que en Chile no hay una persecución penal efectiva, por ejemplo, de estos delitos, entonces uno puede solicitarle a la CPI que se haga cargo de su persecución porque, por ejemplo, no están las condiciones dadas al interior de un determinado país para que estos ilícitos se puedan perseguir de manera real y efectiva.
Yo creo que en Chile resulta muy dudoso, por decirlo suavemente, que podamos investigar de verdad y perseguir criminalmente en términos efectivos a Piñera por crímenes de lesa humanidad y esto básicamente por esta cultura de impunidad.
Advertisement
BS: Que las diligencias no se hayan comenzado en el tiempo prudente, yo no sé si se están ejecutando desde ya las diligencias que ustedes pidieron. Si no se llevasen a cabo de aquí a los próximos meses, ¿ese podría ser un elemento configurativo para decir que en Chile no hay condiciones y poder avanzar hacia la CPI?
MD: Sin ninguna duda, no solamente que no se hagan diligencias, es inverosímil que se demoren casi nueve meses en contestarle a un querellante una diligencia en un caso como este, sino que también no basta con llenar papeles de una manera meramente formal, acá es necesario que haya una investigación real.
A mí me da la impresión que por distintos motivos institucionales que están arraigados en esta cultura de impunidad, que lamentablemente viene desde la dictadura, ese es uno de los legados, el dejar impune a Pinochet marca algo, da cuenta que una persona puede cometer los más atroces crímenes en contra de la población civil y la verdad es que finalmente le sale gratis. Y este círculo vicioso de corrupción e impunidad que se ha instalado durante las últimas décadas en nuestro país hacen muy dudoso que se pueda llegar a una investigación criminal eficaz y efectiva.
Nosotros estamos intentando hacerlo acá, creemos que hay muchos elementos que dan cuenta de que se cometieron crímenes de lesa humanidad, a mi juicio resulta algo evidente, acá no solo hay un ataque generalizado, que con eso ya bastaría, sino que hay un ataque sistemático. Otra defensa que se hace por parte de Piñera y su entorno es que acá no hubo una política de Estado para los efectos de cometer estos delitos y, por lo tanto, no procede que se le impute a Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad, pero tú sabes que la política no es necesario que se encuentre establecida a través de un acto formal, no es necesario un correo electrónico, un acta, nada de eso, esa política puede ser una política que haya operado de facto, en la práctica por parte de las instituciones que estaban a cargo, por ejemplo, del orden público, y acá claro que hubo una política de facto, en la práctica, responder de una manera similar durante varios meses a manifestaciones sociales que se estaban produciendo día a día, en distintos puntos del país, con un sistema de represión que claramente buscaba lesionar, castigar a los manifestantes, reprimir las manifestaciones para impedir en lo posible de que éstas se repitieran a partir del miedo. Ésa es una política que se ejecutó en la práctica, de facto, en los hechos, y a mi juicio resulta bastante claro.
Advertisement
Ahora, este es un camino largo que va a superar la contingencia. Lo que estamos hablando hoy día no es un tema de esta semana o la próxima, este es uno de los temas profundos que se instalaron en nuestra sociedad, en nuestro país, pero no podemos dejar un espacio a la impunidad, si dejamos un espacio a la impunidad entonces la señal para el futuro es muy nefasta, es decirle a las personas que se hagan cargo del Gobierno, de las fuerzas policiales o militares, ‘sabe qué, hagan lo que quieran, al final del día van a quedar impunes’. Y eso es inaceptable.
BS: Los elementos que configuran que hubo una política de terror de parte de Estado hacia la ciudadanía son innumerables. ¿Esta querella en que tribunal fue interpuesta, se notificó ya a los exministros de Piñera, al mismo presidente? ¿Cómo la ciudadanía se puede hacer parte de esta querella?
MD: La verdad es que cualquier persona, sobre todo las víctimas, pueden hacerse parte y pueden presentar esta acción. Nosotros la presentamos ante un tribunal, los tribunales son los que analizan los méritos de las querellas y si los hay lo remiten a un organismo autónomo que se denomina Ministerio Público, cuya única finalidad es investigar delitos y, en su caso, llevar a la justicia a las personas que aparezcan como culpables.
Esta causa está ahora asignada en la Fiscalía, la fiscal regional de Valparíso, y la verdad es que yo no he tenido muy buenas experiencias con la Fiscalía de Valparíso, no con la actual fiscal sino con el antecesor, que se llamaba Pablo Gómez, quien desmanteló el caso SQM en un signo mas de la poca voluntad de poder llevar a la justicia a las personas que forman parte de la élite económica de nuestro país por delitos graves.
Así que bueno estamos intentando llevar adelante esta acción. Sin embargo, si es que no hay avances yo creo que vamos a terminar en la CPI que es a lo que le tiene terror en la práctica Piñera. ¿Por qué? Porque acá obviamente tiene su red, acá yo creo que existe la expectativa de terminar este tipo de causas a la chilena, con el telefonazo, la reunión, la componenda. sin embargo en un tribunal como la CPI esto no es posible, la red de Piñera no llega allí para poder desarticular una investigación afuera del país, y además obviamente puede afectar sus negocios.
Advertisement
BS: ¿Qué plazo se van a dar ustedes para poder configurar y entender de que en Chile no están dadas las condiciones para llevar adelante este juicio y poder avanzar hacia la CPI?
MD: Yo creo que este año, 2021. Mucha gente se pregunta por qué se toman tanto tiempo, lo que pasa es que lamentablemente, este tipo de cosas si uno las quiere hacer en serio hay que hacerla bien. Te insisto, esto va más allá de la contingencia, esto va más allá de la situación puntual del Gobierno de Sebastián Piñera, de qué representa él hoy políticamente en Chile y de todo lo que está haciendo su Gobierno, Esto trasciende mucho más allá, esta causa va a avanzar probablemente a puntos que son muy claves cuando Piñera ya no esté en el poder, sin duda.
Sin embargo, nosotros tenemos que mantener la voluntad, esto no se trata de un ataque al Gobierno de Piñera, esto se trata de un ataque a la impunidad frente a los atentados graves a los derechos humanos de nuestro país. Y esta situación tiene que tener un punto final, lo que ocurrió con Pinochet, con la impunidad de él es algo que no se puede volver a repetir y menos en una situación donde no hay dictadura, por lo menos en términos formales.
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que insistir, somos un grupo de personas, no estoy solo en esto, que estamos decididos a llegar hasta el final sea lo que se demore el poder lograrlo y tenemos la plena convicción de que es el único camino para poder sanar estas heridas, estamos hablando de más de 460 familias.
No solamente son las víctimas de las mutilaciones oculares, a quienes obviamente se les causó un daño por el solo hecho de ejercer un derecho ciudadano que es manifestarse, sino estamos hablando también de familias las cuales han sido afectadas por estas lesiones de su hijo, su hermano, sus familiares, y ojo nosotros no solamente vemos el tema de las mutilaciones oculares, nosotros también tenemos, la defensa, armamos un programa con un conjunto de abogados de representación jurídica de víctimas del estallido social, que lo estamos haciendo en forma gratuita y que ya tenemos mucha gente que estamos representando, entre otros Abel Acuña , un caso emblemático de una persona que estaba en Plaza Dignidad, fíjate muy curiosamente, el día después que se firmó el famoso acuerdo por la paz y la nueva constitución que le salvó el pellejo a Piñera, este acuerdo entre todos los sectores políticos, el día después él (Acuña) fallece en Plaza Dignidad, le dio un ataque al corazón y la policía impidió la asistencia, es impactante, atacaron al personal del SAMU con balines, con chorros de agua la ambulancia del SAMU, no le pudieron hacer una reanimación oportuna y eso determinó que finalmente falleciera, o sea esto es claramente un ataque a la población civil por parte de lo que se ha transformado en los hechos en una policía política, que es Carabineros de Chile, una policía corrupta, 35 mil millones de peso y contando en un fraude de los más importantes de la historia, una policía además asesina porque lo que ha hecho es no intentar proteger los derechos de quienes se manifiestan, tantas personas que pueden estar haciendo desmanes o pueden estar haciendo algún tipo de ilícitos, no, ellos lo que hacen es atacar al bulto con todo y les importa nada.
Advertisement
BS: Lo hacen con una clara alevosía, con una intención de dañar a las personas. Un elemento que a mí me llama la atención es que existe un bajo número de formalizaciones contra los presuntos autores de la violencia a los derechos humanos, pese a la gran cantidad de denuncias que hay, son muy pocos los carabineros procesados. Hay como encubrimiento incluso de parte del Gobierno de quienes cometieron directamente estas violaciones.
MD: La verdad es que eso es un elemento que da cuenta que no existen las condiciones para generar una persecución penal efectiva, real, respecto a estos crímenes que se han cometido en el contexto del estallido social por parte de agentes del Estado.
Hay que recordar que además el Gobierno lo que ha hecho es blindar a Carabineros, tratar permanentemente de garantizarles de que no les va a pasar nada. Acá hubo por ejemplo, un sumario de la Contraloría respecto de los generales del alto mando de Carabineros y lo que hizo el Gobierno rápidamente, sin conocer si quiera los antecedentes, fue decir ‘esto no tiene ningún fundamento, es un ataque ilícito contra Carabineros’ y empezó a atacar a la Contraloría.
Ahora eso también tiene su lógica porque Piñera sabe que si finalmente se establece una responsabilidad criminal en relación a la actuación del alto mando de Carabineros, entonces obviamente la situación de él se complica mucho para los efectos de que también pueda ser imputado y eventualmente condenado por crímenes de lesa humanidad, entonces él ha desplegado con todo, él contrató como abogado no a alguien que sea de la UDI o de la derecha, él contrata como abogado a Samuel Donoso, que fue miembro de la directiva del Partido por la Democracia, que fue y es abogado del gerente general de SQM en las causas vinculadas a la corrupción, es del PPD, muy amigo de Guido Girardi, de todo el PPD hasta el día de hoy, es el abogado de Sebastián Piñera. Entonces, esto de qué te habla, te habla de que finalmente aquí hay una red, esta distinción entre derecha e izquierda en nuestro país es muy falsa, es una fachada porque acá se protege el poder entre el poder, y por eso yo veo muy difícil que en Chile exista una persecución penal efectiva de este tipo de delito, y en ese contexto la preocupación es que no van a poder terminar esta causa a la chilena con el telefonazo, porque si lo hacen corren el riesgo de terminar en una corte donde ellos no tienen ninguna influencia, no tienen ninguna posibilidad de hacer el telefonazo, de tratar de alguna manera de desarticularla, una corte donde le va a importar absolutamente un carajo los 2.800 millones de dólares en la cuenta corriente de Sebastián Piñera, muchos de los cuales habrían sido obtenidos además de una manera bastante cuestionable por decirlo suave.
Entonces un especulador financiero que fue presidente en un país sudamericano a la CPI no le va a causar nada y allí sí que se puede obtener una condena ejemplar y ese es el miedo que tiene Sebastián Piñera, que es lo que ocurre con esta causa, por eso se está tratando de blindar de todas las maneras posibles.
Advertisement
Pero bueno nosotros vamos a insistir en navegar contra la corriente, no es llegar e ir a la CPI, tenemos claro eso, pero también tenemos claro el camino para llegar ahí y lo vamos a recorrer.
BS: La gente sigue preguntando cómo ellos pueden hacer parte de la querella…
MD: Esto está en la Fiscalía Regional de Valparaíso.
BS: Y qué puede hacer una persona, un ciudadano corriente para sumarse a esta querella.
MD: Hay dos categorías de ciudadanas y ciudadanos que pueden ayudar, la categoría más importante son quienes han sido víctimas de atentados ejecutados por las fuerzas policiales en el contexto del estallido social, personas que tienen lesiones, que han sufrido alguna mutilación, alguna lesión, algún familiar que haya fallecido, ellos tienen la posibilidad de presentar una querella criminal en contra de Sebastián Piñera y del mando de Carabineros por crímenes de lesa humanidad. Esa es una posibilidad, o hacer una denuncia que se puede hacer efectivamente en las oficinas del Ministerio Público, en cualquier oficina del Ministerio Público se relata esto, lo otro tiene que ver con las personas que no están en esa situación pero que también tienen un compromiso muy profundo, que es gran parte del país, con quienes han sufrido como víctimas, yo creo que allí el mayor apoyo es poder difundir este trabajo que, insisto, no es un proyecto personal mío, somos muchos los que estamos en esto.
Hay distintas organizaciones, está la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la ANEF también presentó una querella, el senador Alejandro Navarro está también detrás de esto, presidía la Comisión de Derechos Humanos cuando ocurrió el estallido social, entonces también se pueden contactar con él. De hecho yo estoy trabajando con él esta causa y con un grupo de abogados, muchos abogados jóvenes, todos estamos comprometidos dando nuestro tiempo, esto no es digamos algo que nosotros estemos cobrando nada porque esto deriva de una convicción de justicia mínima, de tener un país decente y un país sin impunidad.
Advertisement
Entonces, yo les recomiendo a las personas que han sido víctimas que pongan una denuncia a la fiscalía o se contacten con el senador Navarro, conmigo también, los correos electrónicos los pueden encontrar por internet, para poder presentar querellas y sumarse a esto y las personas que afortunadamente no han sido víctimas apoyarnos, porque es muy importante, aquí hay un bloqueo comunicacional de los grupos económicos que manejan los principales medios en Chile, los medios escritos, de televisión, esto no va a aparecer en Canal 13, en Mega, ni en televisión nacional. Ni hablar La Tercera y El Mercurio, esto solamente aparece en medios que tratamos de alguna manera de acceder a ellos y agradecemos obviamente a El Ciudadano para poder contar esta parte de una realidad brutal que se quiere ocultar por intereses mezquinos, así que difundir también es muy importante y apoyarnos en lo que estamos haciendo.
BS: ¿Qué es lo que va a pasar con los presos políticos, cuál es tu pronóstico?
MD: Mi pronóstico es que muchos de ellos van a quedar absueltos, pero después de largos períodos en que van a estar en prisión preventiva, ese es el problema, acá se ha generado por parte del Gobierno de Piñera un conjunto de iniciativas que de una manera que de verdad nadie se puede explicar de una forma racional y decente, han sido acogidos por parte de un Parlamento donde se supone la oposición es mayoría y esto es realmente escandaloso. Todos estos esfuerzos buscan entregarle más atribuciones a las policías y el Gobierno para reprimir sin mayor control, porque finalmente lo que se busca, a mi juicio, es tratar de aguantar el Gobierno de Piñera hasta marzo del 2022, como sea, a punta de represión, y también buscar impunidad, porque se sabe perfectamente que acá se han cometido delitos graves y que esto en algún momento puede terminar con una responsabilidad criminal en estas altas esferas.
En ese contexto, lo que se busca no es justicia, lo que se busca es reprimir, y qué forma tienes para reprimir, primero atacar a la población civil que se manifiesta para que tenga miedo, para que no vuelva al otro día a manifestarse, la mejor forma es dispararle a los ojos a las personas, que queden mutilados de por vida, dar una señal, un escarmiento, para que el resto de la gente diga ‘sabes qué, estoy muy en contra de Piñera pero no me voy a ir a arriesgar a que me lesionen o me mutilen’. Ese es un objetivo político y otro es el tratar de bajar la vara para los efectos de poder detener personas y poder en ese instante decretar medidas cautelares de alta intensidad como prisiones preventivas, independiente de que es un proceso que puede durar más de un año (para que) después estas personas queden en libertad, porque las tienes presas y no pueden salir a protestar. Y ese es el problema.
Mucho se ha dicho que en Chile no hay presos políticos. ¿Tú sabes qué es lo que hace que la prisión sea política? La prisión se hace política no por el delito o el hecho en virtud del cual se le está imputando a una persona, lo que hace que ese presidio sea político es por la desproporcionalidad, éste es el elemento político.
Advertisement
No es un delito político el destruir un semáforo en una plaza pública, pero lo que lo hace político es que a partir de ese hecho dejan a estas personas un año en prisión preventiva, eso es desproporcionado. Yo estuve en el caso Penta, los dueños de Penta generaron un fraude al fisco, más bien delitos tributarios reiterados, generaron una red de corrupción a partir de financiamiento ilegal de la política, estuvieron 40 días presos. Finalmente fueron condenados a clases de ética y después se les descuenta de sus impuestos 1.400 millones de pesos por la defensa judicial, que terminó en una condena en contra de ellos.
Para qué te habló Julio Ponce Lerou, que se hizo de SQM durante la dictadura de su suegro, Augusto Pinochet, pero ojo que se hizo multimillonario con los Gobiernos de la Concertación, que le entregaron en bandeja el Salar de Atacama, que es básicamente del Estado una de las pertenencias mineras más importantes a nivel mundial. Entonces, eso es lo que hace política esa prisión, la desproporcionalidad entre lo imputado y la medida cautelar.
Muchos de estos casos cuando vayan a juicio, la gran mayoría van a terminar absueltos, van a salir a la calle, pero se les tuve presos un año o más, eso es inaceptable en una democracia de forma, es algo engañoso, es algo hipócrita lo que se está haciendo y esto hay que enfrentarlo de esa forma. No hay que seguirle el juego a estos señores que dicen ‘no, es que esto técnicamente no es presidio político’, no, insisto lo que hace que esto sea político es la desproporcionalidad de las medidas cautelares y hay que tratar de enfrentarlo. Lamentablemente este sistema de alguna forma esta coludido para que eso no ocurra.
BS: ¿No has sentido temor, de dónde te nace ese coraje para llevar adelante y enfrentar estos juicios?
MD: Lo que me mueve es el cansancio de ver una impunidad tan descarada, yo me he dedicado a litigar materias penales, he estado en todos lo ámbitos, he sido defensor, querellantes, he estado en todos lados, pero en un determinado momento de mi vida profesional empecé a constatar algo que escuchaba, pero que no había visto, no había vivido, que tiene que ver con esta justicia de primera y segunda clase, y la forma como además se garantiza impunidad, jueces muertos de la risa, te miran en la cara y se ríen cuando dictan un fallo aberrante, y lo hacen porque lo saben, porque yo también lo sé, porque yo he litigado otras causas con ellos, y tú sabes que el parámetro es distinto, que están haciendo algo burdo, la impunidad de quienes cometen estos delitos, la impunidad de quienes les garantizan impunidad.
Advertisement
Entonces, eso en un punto cansa, y muchos estamos cansados de esto, yo no soy un caso especial. Gran parte de los chilenos y chilenas estamos cansados de esto y cada uno, desde los distintos ámbitos que tenemos, en un punto determinado de nuestra vida profesional dijimos sabe qué, basta, hagamos algo, y en eso estamos.
Con las causas vinculadas al financiamiento ilegal de la política el tema empezó primero con varias amenazas, a mi persona, a mi familia, después ofertones, obviamente los mandé a buena parte, y acto seguido, ataques insidiosos, tendenciosos, ataques a partir de muchas mentiras.
He aguantado porque a mí me da lo mismo, la posibilidad de poder hablar de esto en los medios también es una suerte de protección que yo me trato de dar, personal, siento que si estoy un poquito más expuesto hay menos probabilidad de que me pase algo a mi o a mi familia, pero de verdad que a mí no mueve el miedo, a nosotros, a muchos.
Vamos a seguir hasta el final, insisto, esta no es una cosa puntual, no es algo que sea funcional a un determinado proyecto que yo tenga ahora o esté desarrollando, no, yo tengo claro que en esta causa todos, las muchas personas que estamos involucrados en seguir esto adelante, vamos a pasar los próximos ocho años, o diez años en esto, es un camino largo pero lo tenemos que hacer porque si no, insisto, vamos a dejar un precedente de impunidad, que para el Chile que queremos es inaceptable.
Advertisement
BS: ¿Cómo debiese ser reformado el Poder Judicial?
MD: Hay que desvincular la designación de los jueces del poder político de turno, hay otros países donde existen ciertas entidades colegiadas que son elegidas a partir de consideraciones de mérito, que son integrantes cuya duración en los cargos son más largos que un ciclo político, y que están a cargo de hacer las designaciones de jueces y también de perseguir las irregularidades que se dan, un organismo que sea autónomo y que no forme parte del grupo de jueces que se dedican a conocer casos y fallarlos, creo que ese es un avance que hay que hacer hoy día, los miembros de la Corte Suprema, son elegidos entre otros, por el presidente de la República y una mayoría en el Congreso y eso politiza directamente estas designaciones.
Los jueces son finalmente designados a partir de una terna que genera el Poder Judicial, de esos tres nombres tiene que elegir uno el Gobierno de turno, es ridículo.
En las cortes, las salas que tienen que conocer, que son de tres miembros en la Corte de Apelaciones y cinco miembros la Corte Suprema, pueden estar integradas por personas que no son jueces, pueden estar decidiendo personas que son denominados abogados integrantes que son abogados designados por el Gobierno de turno y que se sientan ahí a votar como si fuesen jueces.
O sea es un sistema arcaico, es del siglo XIX, pero que existe hoy día en el siglo XXI y ha sido instrumentalizado sistemáticamente para afectar la independencia judicial. Necesitamos también jueces de calidad, y necesitamos un sistema que de verdad investigue y sancione lo que son denuncias que se pueden dar vinculadas a hechos de corrupción, y también yo conozco muchas personas que son jueces, que son honestos, pero que para poder avanzar en la carrera judicial tienen que estar con un padrino al interior del poder judicial.
Advertisement
Eso hay que erradicarlo, acá se necesita un mecanismo de asignación autónomo pero que además se funde en consideraciones de mérito y que sea transparente, y espero que en eso podamos avanzar en lo que va a ser la redacción de una nueva Constitución.
BS: Has tomado la decisión de ser candidato a la convención constitucional por Magallanes. ¿Qué te gustaría que quede manifiesto en esta nueva Constitución, por ejemplo para un sistema judicial más ideal? ¿Cómo estás viviendo este proceso de llevar adelante esta candidatura?
MD: Creo que es muy importante el entrar a hacer algo concreto para cambiar las reglas de juego, entre comillas es una forma de decirlo, que rigen nuestra sociedad y para eso el proceso constituyente es muy importante. Ahora, este proceso tienes desafíos, acá no se ha ganado nada, absolutamente nada. Hemos podido ver, por ejemplo, a partir del 25 de octubre el plebiscito, ese 80/20 al Gobierno de Piñera y al Congreso le ha importado un carajo, de hecho ahora están tratando de aprobar el TTP-11 para los efectos de poder sabotear el proceso constituyente e impedir que la Convención Constitucional pueda afectar los intereses de las multinacionales, porque además estas personas establecieron que la convención tiene que respetar los tratados internacionales, no solo en materia de derechos humanos sino también en matera económica.
Bueno, es una oportunidad de jugarse por algo, es algo puntual, dura un año y creo que es importante estar ahí y tratar de levantar una voz desde el mundo independiente.
Yo me he enfrentado a estas personas, yo sé dónde les duele, yo sé perfectamente los cambios que hay que hacer, yo se la manera en que se ha garantizado impunidad a partir de las normas constitucionales, así que pretendo ser un aporte a partir de un trabajo colectivo obviamente.
Advertisement
Sí creo que podemos empezar a articular trabajos colectivos para mejorar esta situación, pero el proceso constituyente no es un proceso ganado y hay que lucharlo y también estoy en esa lucha, y es muy importante, y que se vincula con otras peleas que trascienden a cosas como estas como lo que estamos hablando hoy día que es el juicio a Sebastián Piñera, que vamos a estar los próximos diez años probablemente en este esfuerzo.
La verdad es que ha sido una buena experiencia, yo creo que hay mucho ánimo, ilusión, también hay escepticismo, y yo lo entiendo, no soy digamos una persona ingenua, pero sé que si bien hay un espacio muy acortado para lograr esos cambios, el espacio existe y no se lo podemos regalar a los mismos de siempre, hay que pelearlo y eso es lo que estoy tratando de hacer.
Pregunta el público: ¿Cómo podemos parar el TPP-11?
MD: Todo lo que se ha logrado hasta el momento son caminos que se abren, nada todavía concreto, pero por lo menos caminos que se abren, como el proceso constituyente, se ha logrado con la movilización ciudadana. Acá no hubo un grupo de iluminados que un día dijeron ‘sabe qué, finalmente le vamos a dar a las personas la posibilidad para que puedan elegir a miembros de una convención constitucional y redacte una nueva Constitución’.
Lo hicieron un día 15 de noviembre de 2019, muertos de miedo, por ellos y por Sebastián Piñera, de hecho lo salvaron, en una operación para salvar a Piñera, y ahí estuvo todo el espectro político, desde el Frente Amplio hasta la UDI.
Advertisement
El tema es que uno de los asuntos se vincula con el establecer límites para lo que es la Convención Constitucional, y uno de los límites fue precisamente definir que esta convención, eso es lo que hicieron este grupo de personas de los partidos, no puede afectar lo establecido en tratado internacionales suscritos por Chile, no solo los de Derechos humanos sino los económicos. Ahora, esto en principio no generaba mayor problema porque los tratados, en general, económicos suscritos por Chile establecen cuestiones arancelarias, pero hay un solo tratado que es distinto, que es el TPP-11, este tratado establece límites a los Estados para poder hacer su regulación interna en términos tales de afectar la situación de multinacionales que operen en los países. Usted dirá, ¿cuál es la gravedad de eso? Multinacionales que operan en nuestro país AFP, Isapres, concesionarias de obras públicas, entre otras, entonces porqué se quiere aprobar el TPP-11 a la rápida, se quiere aprobar para establecer de que el TPP-11 es un tratado ratificado por Chile antes de que comience la Convención Constitucional, porque asi se va a impedir que ésta pueda afectar el negocio de estas multinacionales, se pretende establecer una suerte de sabotaje al proceso constituyente.
¿Qué es lo que podemos hacer? Presionar a través de las redes sociales, levantando la voz fuerte, de manera pacífica, democrática, pero fuerte y decidida, movilizándose es la única forma que estas personas escuchan, porque fíjate se supone que en el senado hay oposición, que tenía la mayoría, pero el Gobierno está calculando que tiene los votos de todo el bloque de derecha más los de, entre otros, Carolina Goic, ex candidata presidencial de la Democracia Cristiana, el de Felipe Harboe, que se supone que ahora se quiere ir de constituyente, el voto favorable de Jorge Pizarro, expresidente de la Democracia Cristiana que alguna vez apareció mencionado en el caso SQM, del excanciller José Miguel Insulza, senador socialista, estaría votando a favor de esto Lagos Weber, en un momento Alejandro Guillier lo votó a favor, pero ahora se dio un poco vuelta a la chaqueta y dijo que lo votará en contra.
BS: Puedes aclarar que el que se abstenga está votando a favor…
MD: Esto es muy clave, porque estos hipócritas cuando quieren ayudar a Piñera y no pagar costo, lo hacen de una forma engañosa, se abstienen. El problema es que en ciertas votaciones, la abstención se suma al apruebo y esto es lo que va a ocurrir ahora, por ejemplo Goic se abstuvo del proyecto del segundo retiro del proyecto de Piñera, pero ella sabía perfectamente que con esa abstención iba a sumarse al aprubeo y finalmente allí se generó el segundo proyecto de Piñera que terminó, además, haciendo caer el proyecto de los parlamentarios en el Tribunal Constitucional.
Entonces lo saben, y acá le digo a las personas que me escuchen atentamente: aquellos senadores y senadoras que cuando se ponga en votación el TPP-11 lo aprueben o se abstengan, lo que están haciendo es apoyar el TPP-11, la abstención es igual a aprobarlo. De hecho yo diría que es peor, porque es hipócrita, entonces mucho ojo con esta gente. Yo lo que llamo a las personas www.senado.cl, pongan ahí donde dice senadores, cliqueen donde dice Carolina Goic, Lagos Weber, Jorge Pizarro, Felipe Harboe, José Miguel Insulza, ahí aparecen sus correos electrónicos, tapicémoslos de correos electrónicos para que sepan lo que la gente quiere, para que sepan que nosotros tenemos que defender y vamos a defender el proceso constituyente.
Advertisement
Nos tratan de poner una cortina de humo, pero esto es lo importante, si esto se aprueba se va a ver saboteado el proceso constituyente, que tiene el apoyo de un 80 % de los ciudadanos, y lo va a hacer además este Congreso, un Congreso que fue repudiado por el 80 % de las personas cuando se les preguntó si es que querían que ellos participaran en la redacción de una nueva Constitución y se les dijo que no, que acá se quería una Convención Constitucional. La única forma de tratar de impedir esto es la movilización activa, no hay otra forma para intentar hacerlo.
BS: Entiendo que un presidente tiene un fuero, no se le puede juzgar y todo eso, pero ¿eso se le acaba una vez que termina su período a Sebastián Piñera?
MD: Se le acaba y además estos crímenes de lesa humanidad no están sometidos a este fuero, la verdad es que a Piñera se le puede investigar hoy día, de hecho lo estamos haciendo, lo que no se puede hacer es acusarlo, llevarlo a un juicio en Chile si es que tiene el caro de presidente de la República, una vez que lo pierde, pierde esa ventaja, ese fuero y lo podríamos llevar a juicio en Chile.
Pero yo insisto, yo creo que de alguna manera se va armar, van a intentar construir un escenario para que estas causas queden en nada y en este evento nosotros vamos a ir a la CPI, nosotros no nos vamos a dejar ganar por la fórmula típica en la que acá en Chile se pone termino a las causas graves que afectan a altas autoridades y al gran empresariado.
Es un camino bien difícil, no somos ingenuos, lo tenemos claro desde el punto de vista material y jurídico también, pero hemos trabajado en este escenario y lo estamos desarrollando y lo vamos a ejecutar si es necesario,
Advertisement
Yo tengo la lamentable convicción de que en nuestro país no existen las condiciones para llevar a Piñera a un juicio penal, para que se pueda conocer las imputaciones graves por crímenes de lesa humanidad que existen en forma justificada en su contra y esto nos permite ir a esta instancia internacional.
BS: ¿Qué pasa si Piñera, terminado su mandato, decide fugarse del país?
MD: Recuérdate que Julio Ponce Lerou no es ni ha sido presidente de la República, no ha tenido ningún cargo, y lo que lo protege en Chile es su enorme billetera y la red que ha creado. Yo creo que es al revés, que el peligro de Piñera es salir fuera de Chile, de hecho el no sale mucho, salvo algunas visitas que están muy custodiadas, porque puede ser que le pase lo que le ocurrió a Pinochet. Hay que recordar que se ha establecido, que hay una suerte de jurisdicción internacional, que cualquier tribunal es competente para conocer de estos crímenes de lesa humanidad, que no es cualquier delito, son delitos que repugnan la conciencia de la humanidad y por eso tienen este régimen especial.
Yo creo que se va a parapetar en algún lugar en Chile, él tiene mucho dinero, el ha vendido un perfil ambientalista entre comillas en su grupito ABC-1, lo que también es una gran hipocresía si uno analiza los proyectos que se han incentivado y se han aprobado durante su Gobierno que depredan el medio ambiente y las comunidades aledañas, pero bueno.
Nosotros lo vamos a perseguir donde esté y si se va fuera también tenemos los medios, sobre todo si es que logramos hacer escalar esta causa a nivel internacional. Por eso yo creo que a Piñera este es un asunto que le preocupa y mucho y con justificada razón, nosotros somos muchos abogados, muchas personas, muchas víctimas que vamos a seguir hasta el final para que se haga algo de justicia en este caso.
Este primer volumen de la Historia de la Unidad Popular, presenta los orígenes del proyecto que llega al gobierno en 1970.
Con posibilidades de gobernar desde 1958, la izquierda chilena emerge en la historia con dos partidos influyentes desde su nacimiento. En 1939 llegan al gobierno con el Frente Popular, una coalición con hegemonía radical. Después de la ilegalización del PC y la división del PS, la izquierda vive un proceso de recomposición con el nacimiento de la CUT, la formación del FRAP, la reunificación socialista, la derogación de la «ley maldita», y la redacción de un programa que, en líneas generales, será similar en 1958, 1964 y 1970, alimentado por los aportes de la Teoría de la Dependencia y de la Revolución Cubana.
Pero, ¿admitirán los detentores del poder un gobierno de izquierda? No se conocen entonces ejemplos de revoluciones pacíficas, pero sí hay, en cambio, muchos procesos sociales ahogados en la sangre. En Chile, sin embargo, las luchas sociales han conseguido ampliar las instituciones democráticas, endebles sin duda, pero que podrían constituir una excepción.
En 1969 se concreta la Unidad Popular, coalición entre socialistas, comunistas, radicales y cristianos de izquierda, que surge como la coronación de un pujante movimiento social que incluye nuevos actores, como los pobladores, campesinos, algunos sectores medios, y una entusiasta corriente artística que creará una estética propia al período.
No obstante, el desarrollo de la izquierda interactúa con dos procesos sociales paralelos, cuyo estudio es crucial para comprender el período. La Democracia Cristiana emerge también los años 1950 como alternativa a la izquierda y a la derecha, con un programa bien cavilado. Su Revolución en libertad será el laboratorio de un proyecto innovador. Lo apoya, con fuerza, la administración estadounidense de John Kennedy, la DC italiana y buena parte de la Iglesia, que buscan hacer de Chile una vitrina de desarrollo alternativo al comunismo. Inspirados por los análisis del jesuita belga Roger Vekemans, muchos dirigentes DC consideran que las reformas son, sobre todo, necesarias para evitar que los desheredados se hagan comunistas. Los tres primeros años habrá reformas considerables, como la agraria, pero los tres siguientes las detiene atemorizado por los crecientes “ruidos de sables” y por a la desventajosa “chilenización” del cobre, que priva al país de recursos fundamentales. La DC y la izquierda serán rara vez aliados y a menudo contrincantes, con ferocidad.
El segundo proceso son las mutaciones de la derecha, marcada por su miedo a un gobierno “marxista” y a la Revolución Cubana. Después de un derrumbe electoral entre 1960 y 1965, se reorganiza en el Partido Nacional, reconvertido al nacionalismo. A diferencia de los viejos liberales y conservadores, los “nacionalistas” miran con creciente insistencia hacia los cuarteles y empalman con corrientes militares, también nacionalistas.
Este segundo volumen de la Historia de la Unidad Popular, describe con minucia los 60 días que transcurren entre la elección del 4 de septiembre de 1970 y la toma de posesión de Salvador Allende, el 3 de noviembre. Se trata de uno de los períodos más álgidos de la historia de la República, cuyo hito principal es el voto del Congreso Pleno el 24 de octubre, entre Allende y Alessandri.
A la actuación de los tres grandes bloques –la UP, la DC, y la derecha– marcada por el transcendental debate sobre las “garantías constitucionales”, se agrega una intensa injerencia practicada por varias instituciones estadounidenses –con diferencias entre ellas– conocida gracias a los documentos desclasificados.
Influenciado por los informes de Eduardo Frei y de Agustín Edwards indicando que el país será comunista en poco tiempo, el Presidente Richard Nixon dicta, el 15 de septiembre, las célebres ordenes de organizar un golpe de Estado en Chile. En el país, el embajador Edward Korry dirige un centro coordinador para impedir la asunción de Allende, en el que participan dirigentes de derecha y de la derecha de la DC. Habrá tres intentos.
Los “60 días” se inician con escenas de pánico de derechistas que retiran masivamente sus capitales y varios de ellos huyen despavoridos antes que el país “caiga en manos del comunismo”. Luego se lanza la maniobra conocida como “gambito” (la DC vota por Alessandri en la “segunda vuelta” en el Parlamento, este renuncia y Frei se presenta a la nueva elección), que incluye ministros militares y detención de izquierdistas, pero fracasa por falta de apoyo en la DC.
El segundo intento es planificado por el embajador Edward Korry: un discurso del ministro de Hacienda dando “detalles horrendos” sobre la situación económica provocaría el remplazo de varios ministros por militares y la suspensión del voto en el Congreso. E informa al ministro de Defensa que Washington hará “todo lo que esté a nuestro alcance para condenar a Chile y a los chilenos a la mayor privación y pobreza” y recomienda “neutralizar” al general Schneider, quien resiste a las presiones golpistas. El ministro Zaldívar pronuncia el discurso alarmista, pero los ministros, sin perspectivas claras, no renuncian.
El tercer intento debuta con 26 atentados dinamiteros destinados a crear un clima que justifique la intervención militar, perpetrados por grupos “nacionalistas” organizados en torno al general (R) Viaux. Los firman como “Brigada Obrero Campesina” para atribuirlos a la izquierda. En octubre habrá un intento de asesinato de Salvador Allende, denunciado por un capitán de la Fach. En el intento de golpe acribillan al comandante en Jefe del Ejército, René Schneider. El repudio al atentado es tal que los golpistas quedan paralizados. Aunque están al mando de las tropas no osan pasar al acto, ya que las reacciones habrían sido masivas y profundas.
Los tres intentos fracasan y el “Gobierno Popular” asume en 3 de noviembre de 1970. Pero la historia de los 60 días pone de relieve la disposición de un sector de evitar el gobierno de la Unidad Popular por cualquier medio, incluso los peores.
Biografía del AUTOR (A): Información relevante para señalar en el libro. Información profesional y académica (Profesión y/o grados académicos)
Jorge Magasich Airola es doctor en historia por la Universidad Libre de Bruselas y profesor en el Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales de Bruselas.
Es autor de:
Testimonios de militares antigolpistas (presentación y entrevistas), 2020, Centro Barros Arana;
Datos históricos sobre la Democracia Cristiana, 2018, Ed. Aún creemos en los sueños;
Allende La UP Y El Golpe, 2013, Ed. Aún creemos en los sueños;
Fuerzas armadas, legalismo y democracia en América latina, (coordinador) 2010, cuaderno N°5 cercal-ulb;
Los que dijeron “No” Historia del movimiento de los marinos opuestos al golpe de Estado de 1973, dos volúmenes, Ed LOM, Santiago, 2008.
Chili pays laboratoire, (sous la direction de) Ed. Maison de l’Amérique latine, 1998.
América Mágica,Mitos y creencias en tiempos del descubrimiento del nuevo mundo, (con Jean-Marc de Beer), 2001, LOM. Traducido al portugués, francés e inglés.
Es un debate de vieja data, que antes tuvo capítulos bastante bullados, como cuando en el Gobierno de Ricardo Lagos se instaló la estatua del Presidente Salvador Allende –realizada por el escultor de derecha Arturo Hevia– a un costado de la Plaza de la Constitución, frente al Ministerio de Justicia. O también, no hace mucho, con la estatua del almirante José Toribio Merino en un recinto de la Armada; los múltiples ataques que ha sufrido la imagen del senador Jaime Guzmán (UDI) en Las Condes; o el abandono en que se encuentra la que recuerda al general René Schneider, en la misma comuna.
Desde el estallido social y los mil colores con los que se ha pintado cientos de veces la estatua del general Manuel Baquedano en Plaza Italia, se instaló un debate no menor sobre la ubicación y conveniencia de estas figuras que, en distintas ciudades, buscan homenajear, recordar y enaltecer a alguna figura histórica.
Es un debate de vieja data, que antes tuvo capítulos bastante bullados, como cuando en el Gobierno de Ricardo Lagos se instaló la estatua del Presidente Salvador Allende –realizada por el escultor de derecha Arturo Hevia– a un costado de la Plaza de la Constitución, frente al Ministerio de Justicia. O también, no hace mucho, con la estatua del almirante José Toribio Merino, en un recinto de la Armada; los múltiples ataques que ha sufrido la imagen del senador Jaime Guzmán (UDI) en Las Condes; o el abandono en que se encuentra la que recuerda al general René Schneider, en la misma comuna.
“Si uno revisa la historia de la propia monumentalidad urbana en Chile, nos podemos encontrar con importantes casos de instalación, desinstalación, robos, desapariciones, etc., de esculturas que han pasado desapercibidas”, explicó el educador y museólogo Leonardo Mellado, exasesor del Museo Histórico Nacional.
Para el director del Museo de Santiago es difícil establecer qué decisión tomará la autoridad al respecto, ya que, pasado un año del estallido, “al parecer la estatua de Baquedano se ha convertido en un trofeo en disputa, delimitado por un lado por el valor representativo de la estatua en cuanto monumento que unos defienden y, para otros, como el espacio simbólico en que se resume el movimiento social y ciudadano (…). De hecho, no es gratuito que el Presidente Piñera fuera a tomarse una foto a los pies de la estatua en pleno periodo de pandemia y cuando ya había sido limpiado y pintado el monumento. Eso denota el valor simbólico de un espacio en disputa”.
En el marco del estallido social del 2019, varias estatuas fueron derribadas o vandalizadas a lo largo del país. En la Plaza de la Independencia en Concepción, fue derribado un monumento al conquistador español Pedro de Valdivia; en Arica sucedió algo similar con la estatua de Cristóbal Colón; mientras en Temuco fue el turno de Arturo Prat; y en Punta Arenas, la figura de José Menéndez, principal responsable del genocidio selknam.
Según el historiador y cronista urbano Volker Gutiérrez, estos hechos responden a una lucha cultural: “Uno siempre quisiera que todo cambio –y la historia humana es de cambio permanente– se desarrolle de manera pacífica. Pero la resistencia obstinada, violenta a esos cambios, provoca que tales transiciones también tengan episodios de violencia”.
Lo sucedido el último año con ciertas estatuas no es un proceso exclusivo de Chile, sino que también ha sucedido en países como EE.UU., Bélgica e Inglaterra. “Esto no es solo un fenómeno del Chile actual, ha ocurrido en Estados Unidos después de la muerte de George Floyd con toda la monumentalidad asociada al supremacismo y la esclavitud; ocurrió con los monumentos a los personalismos del régimen soviético luego de la caída del muro; los símbolos del nazismo posterior a la Segunda Guerra Mundial; también fueron removidos los símbolos imperiales luego de la Primera Guerra Mundial y los símbolos monárquicos con las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX”, destacó el historiador y director del Museo de Santiago, Andrés Mosqueira.
Para Mellado, en tanto, la remoción de estatuas durante el estallido da cuenta de un proceso de resignificación simbólica, que proyecta también una necesidad de representar a otros sujetos, otros actores. “Proyectan también la rabia y el descontento contenido sobre discursos hegemónicos que en su momento contaban con otra valoración, especialmente desde el Estado. La resignificación también representa el que algunas comunidades locales han tomado conciencia de su rol social, de su representación, o más bien la invisibilización, de sus identidades, historias y memorias”, explicó.
En esa línea, Mosqueira agregó que “lo vivido con el estallido social no es una sola demanda, sino muchas demandas simbolizadas en un acto de irrupción de descontento. Es por ello que, al interior del estallido, encontramos la demanda por el sistema previsional, el tema de género, la demanda de los pueblos originarios, el Tag, entre otras tantas. Por ello, no podemos reducir la remoción de estatuas a una sola demanda, pero sí al mismo fenómeno: la falta de sentido que para una sociedad en ebullición tiene toda esta monumentalidad. Como ejemplo podemos evidenciar que, en términos de representación simbólica del momento, eran más relevantes los dibujos, pinturas y collages que estaban en la Alameda que lo que representan las figuras de Baquedano, las iglesias o los símbolos institucionales”.
¿Qué hacer con Baquedano?
La propia estatua de Baquedano, obra del escultor Virginio Arias, fue instalada en su emplazamiento actual en 1928. La plaza, erigida en época de Benjamín Vicuña Mackenna, antes se denominó Plaza La Serena, Plaza Colón y Plaza Italia. Este último nombre se debe a la estatua que regaló la colonia italiana a Chile en el marco del primer centenario de la República y sigue en un lugar adyacente.
En vista del carácter de la plaza como lugar usual de manifestaciones políticas o deportivas, la Plaza Italia fue uno de los epicentros del estallido de 2019, con manifestaciones y barricadas a partir del mismo 18 de octubre, un lugar donde, producto de la represión de Carabineros, murieron los trabajadores Mauricio Fredes, Cristian Valdebenito, donde fue baleado el estudiante Gustavo Gatica y, hace no mucho, un joven de 16 años fue empujado al lecho del río Mapocho.
En la misma plaza fue derribada una estatua menor, la del Soldado Desconocido, que estaba ubicada al costado de la del general Baquedano. Por eso, en octubre el Ejército planteó trasladar el monumento hacia su sede institucional cerca del Parque O’Higgins, ya que Baquedano (1823-1897) fue un militar que actuó en zona mapuche, lideró al Ejército en la Guerra del Pacífico y fue senador tras la Guerra Civil de 1891.
“Sinceramente no sabría decir si el monumento al general Baquedano permanecerá o será removido, puesto que esta decisión recae en quienes están llamados a hacer cumplir la ley”, opinó Mellado en referencia a la norma 17.288 que regula los monumentos nacionales.
El tema, a su juicio, es que ese la figura de Baquedano –con sus valores históricos y ciertos principios– quedó descontextualizada de lo que hoy representa la Plaza Italia: “Esto nos debiese llevar a reflexionar acerca de si los monumentos deben ser concebidos ad eternum en un lugar”.
En ese sentido, Mellado dijo que el ideal es que existan procesos democráticos y participativos que permitan socializar esta toma de decisiones. Algo en lo que coincide Gutiérrez, para quien desde hace ya un tiempo la Plaza Baquedano se ha transformado en el principal hito público de Santiago y del país, por tanto, de haber una estatua en ese espacio, debiera ser la que la ciudadanía elija, democrática y participativamente.
“En ese sentido, al calor no solo del estallido social, sino de las ideas que expresan los valores que hoy por hoy se hacen sentir con fuerza en Chile, creo que la estatua a Baquedano debiera ser removida e, incluso, el nombre de la plaza misma cambiarse por el de Dignidad, algo que no es extraño a nuestra historia, si recordamos que desde la época del intendente Vicuña Mackenna la plaza ha cambiado de nombre y la estatua que la corona también”, recalcó Gutiérrez.
Para el director del Museo de Santiago es difícil establecer qué decisión tomará la autoridad al respecto, ya que, pasado un año del estallido, “al parecer la estatua de Baquedano se ha convertido en un trofeo en disputa, delimitado por un lado por el valor representativo de la estatua en cuanto monumento que unos defienden y, para otros, como el espacio simbólico en que se resume el movimiento social y ciudadano (…). De hecho, no es gratuito que el Presidente Piñera fuera a tomarse una foto a los pies de la estatua en pleno periodo de pandemia y cuando ya había sido limpiado y pintado el monumento. Eso denota el valor simbólico de un espacio en disputa”.
Cambia, todo cambia
En síntesis, cada estatua es hija de su tiempo. Las formas y emplazamientos de las ciudades se deben también a decisiones tomadas en contextos específicos y que no son los mismos. Así como la ciudad cambia, los usos y valores de los espacios también y de la misma manera ocurre con los monumentos, dijo Mellado. “Estos monumentos, verdaderos cenotafios, a mi juicio, representan elementos que una sociedad en un tiempo determinado consideró dignos de recordar, pero como la cultura es dinámica, la relación que las comunidades y el propio Estado construyen con su patrimonio cambia”, agregó.
Para Mellado, el patrimonio es en sí mismo un campo en disputa, un territorio simbólico lleno de tensiones ideológicas y visiones políticas, por tanto, no es posible descartar que sobre estas materias exista una discusión política: “De hecho, tiene que haberla y debiesen primar sobre ello principios democráticos representativos y participativos de cara a la ciudadanía, dado que el patrimonio es patrimonio porque en él subyacen elementos de identidad, valoraciones simbólicas, estéticas, históricas, formales, etc., y una serie de otras cualidades”.
Gutiérrez coincidió en que los monumentos públicos son una representación simbólica de ideas y acontecimientos que se valoran en determinado momento. Por lo mismo –a su juicio–, son parte de la discusión política, cultural e ideológica que se esté desarrollando. “No se trata de una discusión aséptica, sin contexto y sin actualidad. En cada cambio de época es natural que los símbolos que han predominado en determinada sociedad sean cuestionados. Así ocurrió, por ejemplo, durante la Revolución Francesa o durante la caída de los regímenes socialistas a fines del siglo pasado en Europa. Y así está ocurriendo hoy en Chile y en distintas partes del mundo, cuando una gran mayoría desea vivir en sociedades más justas y, por lo mismo, rechaza que en el espacio público haya homenajes a personajes que fueron esclavistas o participaron en verdaderos genocidios, como ocurrió con el pueblo mapuche, por ejemplo”, destacó.
Para Mosqueira, quizás más que afectar la discusión política, la afectación a los monumentos es parte de las características o manifestación que esa discusión política adquiere: “Aunque estatuas y monumentos definen o representan un momento específico, su permanencia en términos estrictos da cuenta del proceso de acumulación histórica que tiene una sociedad en el tiempo largo, como diría Braudel. Esto no obsta en todo caso a que esos símbolos o ese patrimonio no entre en una verdadera crisis representativa del momento actual y, por tanto, todo aquello que no es capaz de simbolizar o representar el aquí y el ahora pierde valor y significación”.
Añadió que “particularmente en el caso del Chile actual, estamos en un momento interesante de tensión política entre el poder ciudadano representado por el estallido social, y el poder oligárquico representado por el mundo político, que no ha logrado sintonizar en lo profundo con la demanda social y, mucho menos, darle conducción al proceso. Por ello, todos los símbolos que refrendan ese ‘viejo orden’ se descapitalizan desde el punto de vista de la representación social y política”.
Estatuas presentes y olvidadas
“Cuando fallece un pariente cercano ocurre que su tumba es visitada constantemente por sus deudos. Pero, con el correr del tiempo, nos parece natural que las visitas sean más esporádicas, salvo cuando el personaje dejó una estela muy marcada y que trasciende generaciones. Lo mismo ocurre a nivel de sociedad o de país”, reflexiona Gutiérrez sobre lo que sucede con algunas estatuas que están bastante abandonadas.
“En el Cementerio General de Santiago, por ejemplo, uno va a encontrar que la tumba de Violeta Parra siempre está con flores y homenajes recientes. Y ello sin duda obedece a que el legado de la folclorista es de talla mayor y trasciende a su época. A nivel mundial pasa lo mismo en otras latitudes. No es casual lo que ocurre con el Presidente Allende, si recordamos que en un programa de televisión fue elegido como el personaje más importante de la historia chilena. Y por algo tiene plazas, calles y placas dispuestas en varias ciudades del mundo. No se puede decir lo mismo de quien encabezó el golpe de Estado que acabó con su Gobierno”, precisó.
En efecto, ello da cuenta de la vigencia, sentido de representación y visión política que se tiene de tales o cuales monumentos. Habla de las memorias activas y de aquellas que han perdido fuerza o que, simplemente, dejaron de ser memoria y pasaron al olvido, comentó Mellado: “Eso no es solo de Chile, sino que ocurre también desde tiempos ‘inmemoriales’. Se expresa, por ejemplo, en los yacimientos arqueológicos y ciudades olvidadas que, pese a existir en las fuentes de la historia, tuvieron que estar sujetas a la imaginación y búsqueda de exploradores y arqueólogos para volver a ser significadas, pero ahora con otros valores y sentidos”.
Según Mellado, la figura de Salvador Allende está vigente en la memoria sociopolítica nacional, lo que explica su vigencia, pero “basta con recorrer el bandejón central de la Alameda en Santiago y contemplar muchos bustos y esculturas de personajes, que parece ser más un mausoleo que un espacio urbano de carácter público”.
“Yo diría que acá se revelan dos cosas interesantes: por un lado, el ejercicio historiográfico materializado en obras monumentales como parte de la conservación de la historia, aunque esta pueda ser debatida permanentemente y actualizada a la luz de nuevas miradas y cruce de fuentes y, por otro lado, la pulsión permanente de la memoria histórica, que –como dice Pierre Nora– lucha por permanecer y persistir a pesar de los embates del olvido”, reflexionó Mosqueira.
En ese contexto, algunas figuras representativas van adquiriendo preeminencia sobre otras, erigiéndose de manera casi icónica y despercudida de cualquier falla o defecto. Esa pulsión de memoria, busca también canales o figuras a través de los cuales también reconfigurar el presente y, en ese sentido, la figura de Allende ha emergido entre las generaciones más jóvenes como símbolo de una búsqueda de cambio del modelo social o paradigma, comentó.
“Quizás uno de nuestros grandes problemas como país, es no habernos hecho cargo durante muchos años de nuestra historia, y no porque esto no fuese un ejercicio importante o porque fuera un acto intelectual reservado solo para los historiadores, sino porque existe, creo yo, un cierto temor de mirarnos tal cual somos como país o como sociedad y por eso en cierto modo, durante mucho tiempo, vivimos sobre la base de un espejismo que de vez en cuando comienza a desvanecerse”, advirtió.
Guzmán y Schneider
Las estatuas de Jaime Guzmán y del general Scheider comparten el no representar gráficamente la figura que destacan. Un ejemplo de que algunas estatuas tienen una figura literal y otras una más abstracta.
Gutiérrez rememora que, con la instalación de la estatua a Diego Portales, en 1860, frente a La Moneda, se inauguró recién en el país aquello de homenajear a individuos específicos. De ahí en adelante, las ciudades de Chile vieron aparecer en metal o piedra las figuras de distintos personajes destacados en la historia oficial: la mayoría militares, sacerdotes o intelectuales, escasas mujeres, obreros o indígenas.
“Sin ser experto en este tema, estimo que el propósito de rendir homenaje a una persona, no a través de una escultura al individuo, sino a una idea más abstracta, busca precisamente idealizar la imagen del personaje. En el caso del homenaje a Guzmán, uno de los ideólogos de la Constitución del 80, a la luz de lo que acontece hoy en el país, me parece significativo destacar que se ubica en el límite de las comunas de Las Condes y Vitacura, pues los ciudadanos rechazaron la prevista locación original, frente a la plaza Baquedano. O sea, es una obra dedicada al 20% de los chilenos que hoy no desea cambiar hacia un país más justo y democrático”, destacó.
Dentro del ámbito de la monumentalidad y combinado con el ejercicio escultórico, las obras pueden ser figurativas o abstractas. Es por ello que se encuentran monumentos o estatuas con representaciones reales y a escala humana de aquellos sujetos a quienes se quiere relevar u homenajear u, otras, en donde al artista más bien da rienda suelta a una interpretación subjetiva del sujeto o acontecimiento. Ambas igualmente válidas, según Mosqueira.
Pero, junto con el aspecto estilístico, está también inserta en dicha monumentalidad la carga simbólica que estos connotan, enmarcados ciertamente dentro de un tiempo y un espacio que los define. En ese aspecto, el monumento del general Schneider aparece desprovisto de cualquier carga representativa o simbólica. El ejercicio escultórico y monumental busca instalar una cierta asepsia respecto del nombre y lo que él representaba en su momento, más allá incluso de la intención del artista, cuya finalidad era realzar las características del asesinado general.
“La verdad es que, a pesar de la altura y magnitud de la obra, hoy es un monumento al olvido. Pocos santiaguinos saben o pueden reconocer en él a la figura del militar que hizo del respeto a la Constitución e institucionalidad una doctrina y, mucho menos, permite conocer los detalles de la escabrosa muerte a manos de un grupo armado de ultraderecha”, lamentó Mosqueira.
Lo mismo ocurre, dijo, con la monumental obra que conmemora a Jaime Guzmán: está desprovista, en sus palabras, de la referencia real al personaje y constituye más bien un ornamento urbano que dice poco de la figura, el rol y trascendencia de la persona.
“Para el caso de las estatuas y monumentos, me aventuro a generar un juicio, respecto a la forma eufemística en que hemos asumido nuestra narración histórica, donde buscamos ciertas formas retóricas para adornar no solo nuestras calles, plazas y parques, sino también aquello que nos podría dar cabal conocimiento de nuestro pasado para leer el presente y proyectar el futuro”, analizó.
Mellado explicó que la representación figurativa, naturalista o no, pasa por varias decisiones y factores, sean estéticos, de requerimientos de quienes pretenden conmemorar, decisión del artista, de emplazamiento y también consideraciones políticas. “Hablamos de personajes políticos, que además sufrieron atentados políticos, por lo que a mi juicio la decisión es principalmente política, que conmemora y a su vez intenta hacer menos visible y menos notoria la figura física del conmemorado y, quizás, acentuar los principios y valores que se pretende de ellos destacar desde una versión más abstracta y simbólica”, concluyó.
En el libro, que consta de cinco capítulos, se criticaban las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar, y se fijaban pautas para que los servicios de inteligencia los respetaran. A Palamara, un ingeniero naval mecánico que formó parte de los servicios de inteligencia de la Marina, lo detuvieron y le impidieron hablar con la prensa sobre el caso, por lo que recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en noviembre del año pasado, falló en su favor. Y además dictaminó que el Estado de Chile debe modificar, “en un plazo razonable”, las actuales normas con las que se rige la justicia militar.
Para el próximo 10 de diciembre se ha levantado una convocatoria para un gran paro nacional por la libertad de los miles de presos y presas políticas de la revuelta popular, muchas de ellas más de un año privadas y privados de libertad. La convocatoria, difundida a partir de esta semana, está firmadas por más de un centenar de organizaciones nacional y territoriales.
CONVOCATORIA Las organizaciones abajo firmantes, convocamos al Pueblo de Chile y a la solidaridad internacional a protestar el próximo 10 de diciembre, día internacional de los Derechos Humanos, por la libertad de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a) de la Revuelta y la exigencia de la materialización de una solución política para su liberación:
1.- A más de un año de configurada la realidad de Prisión Política en el contexto de la Revuelta Popular de Chile iniciada el 18 de octubre de 2019, la posibilidad de concretar la libertad de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a) se ha ido acrecentando, siendo este el instante actual oportuno para que los esfuerzos de movilización se dobleguen para apurar la concreción de esta exigencia tan extendida y sentida en el Movimiento Popular a lo largo y ancho del país. La posibilidad de una solución política es cierta, sectores de la clase política han señalado públicamente que en los próximos días se debiese presentar una iniciativa legislativa al respecto, pero para su realización tiene que existir una presión efectiva que opere en el escenario nacional, de allí la importancia de la protesta del próximo 10 de diciembre.
Advertisement
2.- El Gobierno de Sebastián Piñera ha retomado las peores prácticas de la Dictadura de Pinochet, encarcelando bajo montajes y falsas acusaciones a miles de jóvenes, muchos ellos incluso menores de edad, en cárceles de todo el país. Con un uso exagerado y no pertinente de la prisión preventiva, se mantiene a estos compañeros secuestrados por el Estado de Chile en prisiones comunes, sin visitas de familiares y bajo el riesgo de contraer el COVID-19 y otras enfermedades por hacinamiento.
3.- El llamado a protesta popular para el próximo 10 de diciembre opera como presión concreta, instante al cual nos hemos propuesto y llamamos llegar con una movilización ascendente desde las semanas previas en todos los territorios y de todas las maneras posibles. Convocamos a las diversas organizaciones del Pueblo de Chile y de la comunidad internacional, a iniciar en lo inmediato un conjunto de acciones y movilizaciones que apunten a llegar a la protesta de diciembre con una presión contundente que apresure la tramitación de un proyecto de ley.
3.- El llamado si bien es en general al Pueblo y la solidaridad internacional, queremos hacer un énfasis específico hacia los sindicatos de nuestro país para que aquel día de protesta convocada puedan paralizar la faena, ya sea parcial o totalmente. Invitamos a que las diversas instancias de trabajadores(a) existentes en Chile, como sus centrales y federaciones, puedan discutir en sus asambleas de bases la exigencia de libertad de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a) de la Revuelta y así puedan acordar una estrategia de movilización para que los(a) nuestros(a), la gente de nuestro Pueblo, salga en la brevedad de las prisiones del poder.
5.- Sin desconocer que la Prisión Política es una realidad operante en el país desde antes del 18-O, hoy la posibilidad cierta de una solución política está en el marco del Estallido Social. Entendemos que la liberación de más de 2500 prisioneros(a) Políticos(a) – exigencia a lo cual nadie debiese negarse- sin duda que se instala como un precedente contundente y opera como piso mínimo para el bregar por la libertad del resto de Prisioneros(a) Políticos(a) tanto del Pueblo de Chile como del Pueblo Mapuche. La libertad de los(a) Prisioneros de la Revuelta es del todo justa, urgente y necesaria.
Advertisement
6.- Hoy es el momento de aunar las voluntades sin perder la rica diversidad existente en el Pueblo de Chile. La bandera de lucha es pasar de la consigna general de Libertad a la materialización de la libertad, la cual –insistimos– hoy es posible concretar. Llamamos a desarrollar las más diversas iniciativas, de forma creativa, osada e irreverente.
¡¡¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS(A) PRISIONEROS(A) POLÍTICOS(A) DE LA REVUELTA: 10 DE DICIEMBRE, JORNADA DE PROTESTA, PARO NACIONAL Y DE MOVILIZACIÓN INTERNACIONAL!!
Noviembre de 2020 Agrupación de Familiares de Prisioneros Políticos de La Granja Agrupación de Familiares de Prisioneros Políticos Santiago 1 Agrupación de Familiares y Amigos de Prisioneros Políticos Guacoldas Agrupación Memoria Histórica Providencia -Antofagasta Colectivo Internacional de Apadrinamiento de Prisioneros Políticos de la Revuelta Social de Chile Coordinadora anticarcelaria Pampa Libre –Antofagasta Coordinadora por la Libertad de lxs Prisionerxs Políticxs 18 de Octubre Organización de Familiares y Amigos de Prisioneros/as Políticos/as (OFAPP)
Agrupación Anticapitalista Vencer Agrupación Nacional de Ex presos políticos Asamblea 18 de octubre de Rancagua Asamblea Agua y Soberanía Asamblea Bío Bío Se Levanta Asamblea Chiguayante Organizado Asamblea Popular Metro La Granja Asamblea Popular PAC En Lucha (APPEL) Asamblea Popular Pudahuel Norte Asamblea San Borja-San Isidro Asamblea Territorial Barrancas Cerro Navia Asamblea Territorial Población Dávila Asamblea Territorial San Miguel Banda Dignidad Centro de Estudio y Defensa La Frontera de Los Ángeles CINTRAS, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos Colectivo Libertario y Subversivo Enrico Malatesta Comisión de Derechos Humanos Colegio de Trabajadores Sociales Provincial Concepción Comité de DDHH de Coordinadora 8M Comité de Servicio Chileno, COSECH Comité de Unidad Revolucionaria (CUR) Comunidad Santa Isabel, Santiago CONFUSAM Cooperativa Mujeres Manos Libres Coordinadora Asambleas de Puente Alto Corporación de Derechos Humanos Pilmaiquén de Osorno Diario Digital Werken Rojo Escuela Permanente PRAIS Ex menores víctimas de prisión política y tortura ExilChile Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Área Social- FENTTAS Inquietando Desde el Margen La Izquierda Diario Chile La Trinchera de Barrancas Movimiento auto convocado de Santa Bárbara (VIII Región) Movimiento de Trabajadores Clotario Blest Movimiento Pobladores La Florida Mujeres Sin Miedo ONG We Kimum Partido de Trabajadores Revolucionarios – PTR Periódico El Irreverente Red de Sitios de Memoria Red para la Libertad y Dignidad Semillas de Lirken de Rucalhue Somos Bio Bio de Santa Bárbara
Advertisement
Agrupación de Expresos políticos residentes en Estocolmo -Suecia Asamblea Chile Despertó Barcelona Asamblea Chile Despertó Base Chiapas, México Asamblea de Chilenxs en Buenos Aires Asamblea de chilenxs movilizadxs, Ciudad de México Asamblea feminista chilenas en México Cabildo Abierto Bremen Cabildo Chile Ruhr Cabildo de Chilenes Buenos Aires Cabildo Sttutgart ChiBasa Asamblea de Baja Sajonia Alemania Chile Despertó Gotemburgo Chile Despertó Norrköping Chile Despertó Södertälje Comisión Nacional de Derechos Humanos, Chile Despertó Suecia Comité por la Solidaridad Internacional Suecia DÖTTRAR för internationell solidaritet Latinamerican Solidarity Network (LASNET-Australia) Programa de radio EN LOS CAMINOS DE LA NOTICIA-Radio Antawara Red Chile Despertó Internacional Red feminista chilenxs migrantes Wallmapu Support Committee (California, EE.UU)
El Ciudadano tuvo acceso a la lista de más de 300 trabajadores, profesores y alumnos de la Universidad de Chile, de la sede de Valparaíso, que fueron víctimas de la represión de la dictadura de Augusto Pinochet, al ser expulsados en 1974 de esta casa de estudios.
Una de las consecuencias inmediatas del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 fue la ocupación, reorganización e intervención universitaria, que incluyó la expulsión de miles de funcionarios, profesores y estudiantes.
La dictadura de Pinochet emprendió como una de sus principales tareas el “saneamiento” de la Universidad de Chile, una política de “depuración” y “disciplinamiento”, cuyo fin era establecer los límites de lo permitido o no en la casa de estudio.
Los argumentos utilizados por el régimen se basaron en “la necesidad de ordenar y restructurar las actividades académicas, administrativas y estudiantiles, dentro de las Universidades, a fin de impedir de que se repitan las prácticas y hechos atentatorios al cumplimiento de los fines de toda Universidad”.
Augusto Pinochet nombró aCésar Ruiz Danyau rector de la Universidad de Chile en 1973.
Para ejecutar las acciones de represión, Augusto Pinochet nombró aCésar Ruiz Danyau rector de la Universidad de Chile.
Este militar ejerció durante el gobierno de Salvador Allende como Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea y también fue nombrado ministro de Obras Públicas y Transportes, un cargo en el que duró apenas 9 días, tras presentar su renuncia por ser incapaz de solucionar el paro patronal y de camioneros de 1972.
El presidente Allende le indicó que si renunciaba al Ministerio debía renunciar también a la Comandancia en jefe, por lo que decidió renunciar a ambos cargos.
Al servicio de la dictadura, el 8 de octubre de 1973 Ruiz Danyau promulgó el decreto Nº 8.731, mediante el cual se establecieron las normas para la realización de los sumarios administrativos, que sirvieron como herramienta para llevar a cabo la depuración, justificada en “la existencia de problemas de convivencia dentro de la Comunidad Universitaria derivados del sectarismo político, de la prédica del odio y la violencia y de la propia situación política que imperaba en el resto del país”.
En dicho decreto se estableció que “los problemas de convivencia, el no cumplimiento de las funciones para las que se fue contratado, el adoctrinamiento político y la actitud proselitista” serían motivo de sanciones para el personal.
El objetivo era, según la autoridad universitaria, “la necesidad de ordenar y restructurar las actividades académicas, administrativas y estudiantiles, dentro de las Universidades, a fin de impedir de que se repitan las prácticas y hechos atentatorios al cumplimiento de los fines de toda Universidad”.
De hecho, en la mayoría de los sumarios en que se expulsaba a los académicos, se establecían como motivo de la sanción:
“La necesidad de garantizar una armónica convivencia universitaria que permita el libre e íntegro desarrollo de las distintas funciones universitarias a nivel académico, no académico y estudiantil”, y “El imperativo de lograr una docencia objetiva y pluralista ; evitar el uso de la función universitaria con fines proselitistas y sectarios ; exigir el cumplimiento efectivo de los planes y programas propios de la función universitaria ; e imponer el cabal cumplimiento de las obligaciones y deberes que conlleva la calidad funcionaria de la Universidad de Chile”.
“El problema era que no se definía claramente qué era la armónica convivencia, con lo cual se dio espacio a que las diferencias personales o egos profesionales terminaran en sumarios administrativos Por lo demás, no todo el adoctrinamiento político o proselitismo fue castigado, sino solamente el que provenía de la izquierda, dejando así al estudiantado libremente expuesto al proselitismo de los valores nacionalistas que emanaba desde el régimen, explicó la licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Javiera Errázuriz Tagle, en su libro “Intervención y Depuración en la Universidad de Chile, 1973-1976. Un cambio radical en el concepto de universidad ”.
La investigadora indicó que la política de represión de la dictadura, a través de la “depuración” en la Universidad de Chile, dejó como consecuencias “no sólo la expulsión de miles de académicos, funcionarios y estudiantes, sino también la imposición de severos límites y controles a la vida universitaria, junto con un ambiente de temor y desconfianza”, que fracturaron profundamente a la comunidad de la casa de estudios.
Expulsión de 300 funcionarios en Valparaíso
En junio de 1974, César Ruiz Danyau, firmó el decreto 2.765 con el que expulsó a más de 300 funcionarios de la Universidad de Chile, de la sede de Valparaíso.
El histórico documento, al que tuvo acceso El Ciudadano, muestra los nombres de los 302 hombres y mujeres, a los que de una forma abrupta se les informó que dejaban de formar parte de las filas de la universidad o no se les había renovado el contrato por “motivos de interés universitario”.
El grueso de los expulsados pertenecían a las facultades de Arte y Tecnología, Ciencias Sociales y Educación y Letras.
Lo más lamentable de esta medida represiva fue que los nombres de los integrantes de las listas de los expulsados no fueron producto únicamente de las labores de inteligencia del régimen de Pinochet.
Las listas también fueron realizadas por profesores y alumnos simpatizantes del golpe militar que no tuvieron escrúpulos a la hora delatar a sus propios compañeros.
Lo más grave es que muchos de estos delatores no han sido desenmascarados públicamente y entre los que han sido identificados, algunos de ellos han hecho carrera y siguen incrustados en las universidades y centros de estudios encargados de formar a los jóvenes del país.
El caso más reciente es el de Cristina Orrego Salow, quien el pasado 23 de octubre se vio forzada a renunciar a la Junta Directiva de la Universidad de Playa Ancha (UPLA).
11 ex alumnos y alumnas que formaron parte de la carrera de Pedagogía en Filosofía en el Instituto Pedagógico de Valparaíso de la Universidad de Chile, durante el golpe militar, denunciaron a Orrego de ser informante, en complicidad con la Armada de Chile. La entonces estudiante ayudaba a decidir qué compañeros/as podían continuar en la carrera.
La confección de estas lista negras que recopilaban nombres de estudiantes y profesores simpatizantes de la Unidad Popular dieron como resultado la expulsión, secuestro, tortura y prisión política de una importante parte de la comunidad estudiantil y académica de esa sede del Pedagógico. El mismo tipo de práctica que se repitió a lo largo de la mayoría de los centros de educación superior del país durante la dictadura.
