Categoría: Actualidad

Negacionismo constituye expresión de crueldad y odio

Felipe Portales | Miércoles 25 de agosto 2021 12:24 hrs.

Ha hecho bien la comisión de ética de la Convención Constitucional en estipular el negacionismo como una expresión de crueldad y odio hacia las víctimas de los crímenes contra la humanidad y a sus familiares. Al igual que en varios países europeos que sufrieron políticas de exterminio de categorías de personas, debiese análogamente tipificarse como delito en Chile el negar la existencia de los crímenes contra la humanidad cometidos bajo la dictadura de Pinochet.

Se ha dicho de modo efectista, pero sin fundamento sólido, que una legislación de este tipo violaría el derecho a la libertad de expresión. No parecen darse cuenta quienes sostienen ello que a través de un ejercicio abusivo de la libertad de expresión pueden también verse afectados derechos fundamentales de otras personas, particularmente el derecho al honor. De aquí el fundamento de la tipificación de los delitos de injurias y de calumnias en todas las legislaciones del mundo. Y por cierto que lesiona gravemente el honor de los familiares de las personas detenidas-desaparecidas y ejecutadas; de sus abogados; y de los militantes de las ONG de derechos humanos que han luchado por años en las denuncias y en los juicios contra los autores de esos crímenes atroces, sostener públicamente que todo ello ha sido falso. Además, que lo anterior se ha complementado muy frecuentemente -casi siempre en privado- con la atribución de que los familiares y los abogados de aquellos han buscado fundamentalmente hacerse un “negocio” con ello.

Por otro lado, con esas difamaciones se ven afectadas la fe pública en documentos de alta trascendencia como el Informe de la Comisión de la Verdad que se hizo en Chile (Informe Rettig); y la propia labor subsiguiente de los tribunales de justicia que ha logrado juzgar y condenar a varios de los peores criminales contra la humanidad de aquella época. Y más aún, se imposibilita todo basamento ético futuro consensual en el respeto de los derechos humanos fundamentales.

Además, con estas tipificaciones no se está afectando en absoluto la posibilidad de tener un juicio político favorable respecto de la dictadura. Es casi increíble la confusión generada al respecto. ¡Si hasta el liderazgo de la Concertación de Partidos por la Democracia (coalición, nominalmente de centro-izquierda, que ha gobernado en casi toda la post-dictadura; y que experimentó un giro copernicano hacia la derecha desde fines de los 80) ha tenido un juicio positivo respecto del modelo económico-social legado por la dictadura!; legitimándolo, consolidándolo y perfeccionándolo en sus 20 años de gobierno; y, por supuesto, nadie podría legítimamente insinuar sancionarlos por ello.

De este modo, incluso líderes de aquel conglomerado se han expresado muy positivamente de la obra económica, social y cultural de la dictadura y de Pinochet mismo, pese a que esa obra fue construida con un “costo” de centenares de miles personas asesinadas, torturadas, detenidas, exiliadas, exoneradas o desempleadas. Así, por ejemplo, el ministro de Hacienda de Patricio Aylwin (1990-1994) y luego senador y presidente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y más tarde canciller de Michelle Bachelet (2006-2009), Alejandro Foxley, ha señalado que “Pinochet (…) realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después (…) Hay que reconocer su capacidad visionaria (…) de que había que abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etc. Esa es una contribución histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile (…) Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar” (Cosas; 5-5-2000).

A su vez, el destacado intelectual del Partido Por la Democracia (PPD), Eugenio Tironi, ha dicho que “la sociedad de individuos, donde las personas entienden que el interés colectivo no es más que la resultante de la maximización de los intereses individuales, ya ha tomado cuerpo en las conductas cotidianas de los chilenos de todas las clases sociales y de todas las ideologías. Nada de esto lo va a revertir en el corto plazo ningún gobierno, líder o partido (…) Las transformaciones que han tenido lugar en la sociedad chilena de los 90 no podrían explicarse sin las reformas de corte liberalizador de los años 70 y 80 (…) Chile aprendió hace pocas décadas que no podía seguir intentando remedar un modelo económico que lo dejaba al margen de las tendencias mundiales. El cambio fue doloroso, pero era inevitable. Quienes lo diseñaron y emprendieron mostraron visión y liderazgo” (La irrupción de las masas y el malestar de las elites. Chile en el cambio de siglo; Grijalbo, 1999; pp. 36, 62 y 162).

Además, algunos han dicho que solo tiene sentido tipificar y condenar incitaciones a la crueldad o al odio, pero no negar la existencia de realidades evidentes. Por supuesto que, por ejemplo, negar públicamente que la tierra sea redonda, o que se han extinguido los dinosaurios, o que Carlos Ibáñez fue presidente de Chile entre 1952 y 1958; o que el ser humano no ha llegado a la Luna; no podría ser tipificado y sancionado… No perjudica el honor de nadie; solo la credibilidad de quien efectúa tales afirmaciones disparatadas. Muy distinto es negar la existencia del atroz método de la DINA-CNI (policía secreta de Pinochet) de hacer desaparecer personas para siempre. En este caso, la negación del acto criminal ha constituido uno de los mayores agravantes de dichas atrocidades. Se le buscó agregar -¡para toda su vida!- a los familiares el calvario de ni siquiera saber con certeza de si sus familiares han muerto y cómo; y donde están sus restos para, al menos, poder honrarlos. En verdad, debe ser muy difícil generar crímenes más odiosos que la desaparición forzada de personas.

Por ello, el continuar negando hasta hoy dicha realidad, en que aquello se ha confirmado plenamente por el Estado chileno, significa avalar la crueldad y odiosidad pretendida por quienes diseñaron tales crímenes, y continuar contribuyendo a la efectividad de aquellos y al daño causado en los familiares. Y, por supuesto, no tiene ni la más mínima incidencia en la posibilidad de ejercer el derecho de seguir expresando opiniones positivas sobre el legado económico-social de la dictadura, como lo han hecho hasta el día de hoy connotados líderes de la derecha y de la “centro-izquierda” chilenas.

Por todo esto, la sanción del negacionismo constituye un paso muy positivo efectuado por la comisión de ética de la Convención. Paso que más adelante debiese complementarse con la tipificación penal del negacionismo, como lo han hecho varios países europeos respecto de sus víctimas del nazismo. En nuestro caso, sería respecto de los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura de Pinochet.

El contenido vertido en esta Columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Diario y Radio Universidad de Chile.

https://radio.uchile.cl/2021/08/25/negacionismo-constituye-expresion-de-crueldad-y-odio/

Colectivo Cine Fórum solicitó formalmente al comandante en jefe de la Armada entrega de administración del Cuartel Silva Palma para transformarlo en un centro cultural y de memoria

El 10 de diciembre del 2020 este Colectivo porteño había ya hecho entrega en la Oficina de Partes del Seremi de Bienes Nacionales de otro Documento en donde se solicitó en aquella ocasión el Comodato del Cuartel Silva Palma, para que dicho espacio sea utilizado por la ciudadanía como un centro cultural y social, en donde se desarrollen actividades relacionadas con el rescate de la Memoria Histórica y los Derechos Humanos

Por El Ciudadano

Hace 21 horas

Publicado en

Chile / Historia / Portada / Regiones

Por: Guillermo Correa Camiroaga

El Colectivo Cine Fórum de Valparaíso, organización  cultural y de Derechos Humanos, continuando con su campaña para lograr que el Cuartel Silva Palma (lugar de detención y tortura de la Armada de Chile durante la dictadura) se transforme en un Centro Cultural y de Memoria, hizo entrega ayer lunes 12 de julio de un documento dirigido al Comandante en Jefe de Armada Juan Andrés de la Maza Larraín como un nuevo paso para lograr el objetivo propuesto.

El 10 de diciembre del 2020 este Colectivo porteño había ya hecho entrega en la Oficina de Partes del Seremi de Bienes Nacionales de otro Documento en donde se solicitó en aquella ocasión el Comodato del Cuartel Silva Palma, para que dicho espacio sea utilizado por la ciudadanía como un centro cultural y social, en donde se desarrollen actividades relacionadas con el rescate de la Memoria Histórica y los Derechos Humanos.

Me comuniqué con Nelson Cabrera, Presidente del Centro Cultural Colectivo Cine Fórum, quien hizo entrega de este nuevo Documento el día de ayer en la Comandancia de la Primera Zona Naval, para conocer más de esta nueva acción.

¿Compañero Neco, me podría decir cuál fue el objetivo de entregar este nuevo Documento al Comandante en Jefe de la Armada Juan Andrés de la Maza?

“Dado a que se realizó hace muy poco su nombramiento como Comandante en Jefe y él pasa a comandar una institución que en este período histórico de Chile, con una nueva Constitución, sin lugar a dudas que se va a analizar lo que es el rol de las Fuerzas Armadas, de las cuales lo antecede lo sucedido hace treinta años con esta dictadura salvaje de Pinochet y la represión, donde el secuestro, la tortura y la desaparición fueron el elemento clave represivo en Chile. El hecho de estar solicitando que entregue a Bienes Nacionales este espacio posibilita un gesto interesante a analizar, porque no es posible que este tipo de instituciones se mantengan inamovibles ideológicamente, estas deben cambiarse de acuerdo a los momentos  históricos que vive la nación. Por tanto, sería un gesto interesante que entregue este espacio a Bienes Nacionales, y se posibilite nuestra consigna que es “Comodato Silva Palma a Cine Fórum”.

Conseguimos que el Consejo de Monumentos, que forma parte del Estado chileno, que este sitio del Cuartel Silva Palma tuviera el rango de Monumento Nacional en categoría de Monumento Histórico, entonces ahora falta  recibirlo, implementarlo, y la idea de nosotros es que sea un centro de eventos culturales, artísticos, donde se puedan lanzar libros, conmemorar fechas, situaciones, exposiciones, dentro de un ámbito cultural donde la Memoria Histórica debe ser conocida por cualquier generación, con mayor razón cuando se han conculcado los Derechos Humanos.”

¿Ustedes el año pasado, el 10 de diciembre del 2020 para ser más exacto, solicitaron el Comodato de este Sitio a Bienes Nacionales, por qué tienen que hacer una solicitud ahora a la Armada?

“Oficialmente Bienes Nacionales es el Ministerio que está a cargo de todos los espacios sociales que le corresponden al Estado y ellos son los que le entregan a las Fuerzas Armadas, Ministerios o reparticiones de la sociedad en Comodato, entonces por eso hicimos esa petición formal y se supone que a través de la Secretaria Ministerial llegaría al Ministerio, pero es la Armada la que debe definir el uso de ese espacio.”

¿Es decir que la Armada tiene la potestad sobre ese Sitio?

“Si ellos dicen que lo van a ocupar no da  a lugar la petición, pero en este caso, como es un Sitio de Memoria Histórica, que está abandonado, nosotros tenemos la capacidad de gestionar recursos nacionales e internacionales que permitan remozar el espacio dentro de los cánones exigibles de patrimonio, dado a que esto tiene más de cien años, fue construido por Fermín Vivaceta, un arquitecto progresista en su época, que nunca se imaginó que esto iba a ser un centro de represión. Esa es la razón de esta petición, para convidar al Comandante en Jefe de la Armada a generar un gesto en este período histórico, como sería entregar este espacio.”

Es decir y resumiendo, como ya se solicitó su Comodato a Bienes Nacionales, esta nueva solicitud es para que la Armada de su anuencia para entregar este Sitio a Bienes Nacionales, y a través devienes Nacionales que llegue a la sociedad civil, en este caso al Colectivo Cine Fórum.

“Claro, exactamente, tal cual como lo resumes”.

¿Cuáles son los siguientes pasos en esta campaña?

“Apuntamos en primer lugar a solicitar una entrevista con el nuevo Gobernador de Valparaíso democráticamente elegido, Rodrigo Mundaca, para solicitarle su apoyo en esta gestión. Junto con eso nos acercaremos a las organizaciones civiles que están afectas a la Memoria Histórica, como es el caso de los profesores, el SUTE, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, fue descabezado para el golpe y muchos profesores pasaron detenidos por ese Cuartel; lo mismo ocurre con la gente de la FENAT, los trabajadores de la salud; los trabajadores que estuvieron en el Comercio y fueron detenidos; naturalmente que nos contactaremos también con las organizaciones de Derechos Humanos de la Región, considerando a los Ex Menores detenidos en recintos navales, la organización de compañeros y compañeras Ejecutadas, los ex Presos y Presas Políticas, también la gente de Puchuncaví que pasaron detenidos por el Silva Palma, junto con el resto de la sociedad civil, para que junto con el Gobernador se solicite una entrevista con el Comandante en Jefe de la Armada para que haga sesión de este Sitio para este Centro Cultural, territorial y de Valparaíso.”

¿Juega algún rol la Municipalidad, la Alcaldía, en esto?

“ El Departamento Patrimonial de la Municipalidad siempre ha estado apoyándonos, desde el inicio de lo que fue la petición a Monumentos Nacionales y por lo tanto también vamos a convidar al Alcalde, vía este Departamento de Patrimonio, para que aunando fuerzas esta gestión pueda tener el éxito que esperamos.”

En parte del Documento que fue entregado ayer lunes en la Comandancia en Jefe de la Primera Zona Naval se expresa: “ La presente tiene por objeto de hacerle llegar nuestra solicitud relativa al Monumento Histórico, Sitio de Memoria Cuartel Silva Palma, en cuanto a delegar en Cine Fórum la administración del recinto a fin de consolidar un nuevo espacio cultural para la ciudad, que convoque e interactúe con la comunidad, en una retroalimentación en torno a la cultura con énfasis en la condición de Sitio de Memoria.” Más adelante agregan respecto de esta solicitud:      “Creemos que, de ser aceptada la petición de su parte, allanaría el camino en el fin de potenciar la existencia de Sitio de Memoria Cuartel Silva Palma, en una sinergia con otras organizaciones culturales territoriales, además de universidades de la zona.”

En la parte final del Documento puntualizan que: “Estamos ciertos que, en esta tercera década del siglo XXI, son otros los aires que circulan, y una respuesta positiva de su parte sería un gesto inmensamente valorado por la comunidad porteña y en todo el país, señalando un nuevo camino en la relación de vuestra institución con la civilidad.”

Guillermo Correa Camiroaga, Valparaíso 13 de julio 2021.

¿Quién tiene la preminencia, la orden de un superior o la ley? Reflexión sobre las Fuerzas Armadas en la nueva Constitución

By Jorge Magasich  4 Julio, 2021

Esta pregunta fundamental planteada hace casi 50 años por los militares que, de diferentes maneras, se negaron a participar en el golpe de Estado, sigue pendiente. Por una parte, muchos de ellos fueron condenados por haber vulnerado la disciplina militar que postula la ejecución irreflexiva de toda orden; y por otra, explican su comportamiento señalando que acataron les leyes vigentes. Este conflicto pendiente entre la obediencia a la orden o la ley, podría ser resuelto en el marco de la nueva Constitución.

El alcance de la disciplina militar ha variado a lo largo de la historia, en función de las hipótesis de conflicto y del posible enemigo. Antes de la guerra fría la disciplina militar otorga importancia al respeto de la ley, en cambio durante ella prevalecen “las ordenes de mis superiores”. Esta diferencia se ve claramente simbolizada en los textos del juramento que debe pronunciar todo militar.

En 1939 –bajo el Gobierno de Pedro Aguirre Cerda– el juramento incluía la fidelidad a la Constitución, leyes y autoridades; la bandera es considerada expresión de libertad, justicia y democracia:

“Orgulloso de ser chileno, prometo por mi honor de (soldado, marino, aviador) acatar la Constitución, las leyes y las autoridades de la República; juro además amar y defender con mi vida la Bandera de mi patria, símbolo de esta tierra nuestra y expresión de libertad, justicia y democracia”.

En cambio, con la guerra fría y el advenimiento de las doctrinas que preparan a los militares a combatir una parte de la población de su país etiquetada de “enemigo interno”, en 1952 –bajo González Videla–, se impone otro juramento:

“Yo juro por Dios y por esta Bandera servir fielmente a mi Patria ya sea en mar, en tierra o en cualquier lugar hasta rendir la vida si fuese necesario. Cumplir con mis deberes y obligaciones militares conforme a las leyes y reglamentos vigentes. Obedecer con prontitud y puntualidad las órdenes de mis superiores y poner todo empeño en ser un soldado valiente, honrado y amante de mi patria”.

Así, con el texto de guerra fría –aún vigente– se jura obligatoriamente “por Dios” (el “prometo” laico desaparece); también desaparece la referencia a la “libertad, justicia y democracia”, y la noción de sumisión a la ley es disminuida para destacar la de “obedecer con prontitud y puntualidad las órdenes de mis superiores”.

Esto no es casual. El acatamiento ciego forma parte de la doctrina militar para combatir al “enemigo interno”. Va mucho más allá de la disciplina necesaria para defender al país contra una agresión externa. La ideología que otorga supremacía a “la orden” busca fabricar, en efecto, el reflejo de obedecerla con “prontitud y puntualidad” en cualquier circunstancia, aunque sean las peores, como disparar contra civiles, maltratar ciudadanos, tomar por asalto las instituciones de la República, o mentir para encubrir.

En una entrevista concedida en 2002, el cabo José Jara recuerda cómo se introdujo en la Armada la instrucción “antidisturbios” y, más grave, cómo les enseñan a montar ametralladoras y apuntar a la gente que estaba en las playas viñamarinas. Los instructores vociferan: “Si yo te digo que tienes que matar a aquella vieja que va pasando allí, tú le disparas”. Los estudiantes-marinos protestan, pero los instructores insisten: “¿Ves aquella vieja que viene ahí? Si yo te digo ¡dispárale! tú tienes que dispararle”. “¿Pero cómo si no me está haciendo nada…?”. “Yo soy el que ordeno aquí”.

Sin embargo, el poder omnímodo de “la orden” se vio contradicho por los militares que, con ética y valentía, permanecieron fieles a la Constitución en 1973. Por ese motivo casi una centena de aviadores fueron condenados por un consejo de guerra, y una cantidad similar de marinos fueron condenados en las causas 3941 y 3926, por citar los casos más conocidos.

 Un debate notable

Uno de los 10 volúmenes de la causa 3926 de la Armada titulada “contra el sargento Juan Cárdenas y otros” contiene un esclarecedor debate jurídico efectuado en 1975 y 1976, donde se discutió si un militar debe obedecer toda orden o, al contrario, regirse por las leyes vigentes.

Los marinos antigolpistas, detenidos poco antes del golpe y acusados de “sedición y motín”, fueron defendidos los últimos días de democracia por abogados militantes de izquierda, como Pedro Enríquez, Olga Morris y Emilio Contardo. Después del “pronunciamiento” el Servicio de Asistencia Judicial les asigna abogados que tenían, quizá, buenas intenciones, y sin duda bastante miedo. No osan contradecir la acusación y se limitan a pedir reducciones penas. Raúl Barraza, por ejemplo, lanza una aberración jurídica: “Mis defendidos, aprensivamente o equivocadamente, creyeron que como miembros de las FFAA tenían que estar al lado del gobierno constituido” y pide circunstancias atenuantes. Eugenio Neira afirma que sus 21 marinos defendidos cometieron sólo sedición, pero no motín, ya que fueron seducidos por personas que no pudieron ser habidas…

Con una excepción notable: Lidia Hogtert, abogada del sargento Juan Cárdenas y del cabo Teodosio Cifuentes, fue la única que osa plantear –brillantemente– los elementos fundamentales del caso: la invalidez de las “confesiones” arrancadas bajo tortura y la legalidad de la actuación de los marinos que se proponían evitar un levantamiento ya que “el deber de todo militar es defender al gobierno legítimo”.

Se trata de una jurista de cierta edad, reconocida en Valparaíso por la calidad de sus escritos; no tenía ideas políticas de izquierda, era muy católica, con vocación de defender a los sin defensa, y tía de Emilio Contardo, el primer abogado de los marinos. Y también era valiente, porque defender la legalidad del gesto de los marinos antigolpistas en 1975 podía tener consecuencias.

Argumentos de Lidia Hogtert y de Iris González

Comienza argumentando que hubo tortura y pide a la corte marcial naval que se añada al proceso un ejemplar de la revista “Chile Hoy” N°62, de agosto 1973, que describe las torturas y flagelaciones de los marinos detenidos.

Luego analiza el fondo del caso. Sus defendidos, dice, “Han entendido que el deber de ‘obediencia’, ‘respeto’, ‘disciplina’, acatamiento a la autoridad legítimamente constituida, y al orden establecido, les obliga a defender su permanencia, considerando que, desde el momento en que tales autoridades habían llegado al gobierno por vías constitucionales y legales, era esa autoridad la que debían defender y a la cual estaban obligados a servir”. Concluye que “Es deber de todo miembro de un cuerpo armado defender en primer término al Gobierno legalmente constituido”.

Sin sorpresa, la corte marcial rechaza sus argumentos arguyendo que es “temerario y aventurado” afirmar que hubo tortura. Y en el proceso se lee un gran “no ha lugar” al pedido de anexar la revista Chile Hoy.

La abogada apela. La jueza Iris González redacta el fallo de respuesta, fechado el 16 de septiembre de 1976. Apoyándose en varios autores y en el Código de justicia militar de la España franquista, afirma que “no puede aceptarse como excusa absolutoria o como causal de justificación el subterfugio más que disculpa de defender al Estado Político ante otras posibles agrupaciones militares símiles, pues se arribaría a un total caos en la disciplina y orden militar”. En resumen, los subordinados están para obedecer y siempre que intenten oponerse a una acción de sus superiores, aunque ésta sea ilegal, están infringiendo el orden y merecen castigos.

Lidia Hogtert replica con un recurso de casación: el sargento Cárdenas –dice– no ha tenido otro propósito que el de tratar de mantener el orden establecido, prestar su cooperación al Gobierno constituido y fomentar entre sus compañeros iguales propósitos. La finalidad no es promover desórdenes, insubordinación, sublevación de la tropa, sino que, por la inversa, ha tenido la finalidad exclusiva de mantener el orden, que es la finalidad de toda institución armada.

El sargento –continua la abogada– buscaba evitar que se produjera un levantamiento armado, “que se cometiera delito de sedición”; el objeto de las reuniones de los marinos antigolpistas era estudiar “qué conducta debía adoptarse en caso de que la oficialidad la cometiera”. Y concluye que los temores de Cárdenas no eran ilusorios ni imaginarios. El golpe fue el resultado de un prolijo estudio de quienes lo realizaron. Y no es delito celebrar reuniones para mantener la legalidad. La reacción de Juan Cárdenas fue por lo tanto enteramente lícita, concluye Lidia Hogtert. El recurso de casación fue declarado inadmisible en una hoja manuscrita casi ilegible, con cuatro firmas y la mención “Preveído por la Iltma Corte Marcial”.

 Los subordinados tienen derechos

Allí se detuvo aquel debate, poco conocido, pero quedó pendiente su interrogante esencial: ¿quién tiene la preminencia en las instituciones armadas, la orden de un superior o las leyes de la República? Dicho de otra manera: ¿un militar debe someterse a toda orden, aunque esta implique violar los derechos humanos o asaltar la sede de las autoridades legítimas?

La Historia del siglo XX, particularmente la de Chile y América Latina, registra numerosos ejemplos donde la obediencia ciega, sin límites, ha sido parte del engranaje que permitió perpetrar crímenes gravísimos. Más que contribuir a la eficacia de una operación militar, es una pieza clave del dispositivo que hizo posible la perpetración de las peores atrocidades que registra la historia de Chile.

La Historia indica también que el indispensable sometimiento de los militares a las autoridades del país no puede depender solamente de la fidelidad y del buen criterio de los mandos. Hay demasiados ejemplos de traiciones y de abuso de poder de quienes detentan el monopolio del uso de las armas. Se requieren mecanismos que aseguren el sometimiento de los cuerpos armados a la ley.

Una sociedad democrática, donde las Fuerzas Armadas estén al servicio de todos, necesita dotarse de dispositivos explícitos que impidan dar –y obedecer– órdenes que transgredan la ley o los derechos humanos. Por eso resulta necesario que los subordinados dispongan de derechos. Primero, la consagración constitucional de preminencia de la ley sobre la orden. Luego, el derecho de los militares de recibir una explicación sobre el objetivo de la orden, sobre todo cuando esta concierne operaciones militares dentro del país, afectando a una parte de la ciudadanía. Y finalmente el derecho a incumplirla si implica crímenes o golpes de Estado. Para eso es necesario una ley que consigne estos derechos de los militares y precise procedimientos expeditos que permitan denunciar eficazmente órdenes ilegales.

La enunciación de estos principios en la nueva Constitución, contribuirá a alejar la amenaza de golpes o matanzas perpetradas por militares sometidos a la obediencia ciega. Lo que hará de Chile un país más democrático.

Por Jorge Magasich

(Las informaciones han sido tomadas del libro “Los que dijeron ‘No’”, 2008, LOM)

¿Quién tiene la preminencia, la orden de un superior o la ley? Reflexión sobre las Fuerzas Armadas en la nueva Constitución

https://www.lemondediplomatique.cl/quien-tiene-la-preminencia-la-orden-de-un-superior-o-la-ley-por-jorge-magasich.html

El legado de los militares constitucionalistas podría ser considerado en la nueva Constitución

By Jorge Magasich  11 Junio, 2021

El legado de los militares que se negaron a participar en el golpe de Estado de 1973 en nombre de la legalidad, no ha sido, hasta hoy, suficientemente reconocido. Y su visión de las Fuerzas Armadas aún no se ha incorporado a las instituciones del país. Sin embargo, muchos de ellos, cuya postura constitucionalista –o antigolpista–, implicó arriesgar mucho más que una situación y una carrera, tienen propuestas sobre la necesaria democratización de las Fuerzas Armadas, que podrían concretarse en la nueva Constitución.

La historia oficial del golpe de Estado cultiva el mito que fue perpetrado por la “unanimidad” de las Fuerzas Armadas. El Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile, por ejemplo, publicado por la Secretaría General de Gobierno en octubre 1973, afirma que “Las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de la República de Chile –cumpliendo una decisión previa y absolutamente unánime– depusieron al Presidente Salvador Allende.

La realidad es diferente. Cuando Gonzalo Vial Correa redactó esas líneas ya se sabía que, si bien muchos militares adhirieron al “pronunciamiento” y otros se plegaron a él por una mezcla de inercia y miedo, hubo una cantidad significativa de militares que se negaron a participar en el asalto armado a las instituciones republicanas. Medio siglo después, el comportamiento de los militares constitucionalistas se ha hecho un lugar en la historia, pero aún existen zonas obscuras en este episodio.

Los militares constitucionalistas

En el Ejército hubo, al menos, 36 oficiales exonerados. El día del golpe renuncia el coronel José Ramos, jefe del Estado Mayor de Inteligencia y el mayor Osvaldo Zavala, edecán del general Prats y luego de Pinochet. En Talca, el capitán Jaque se niega a participar en el golpe. Años más tarde, en 2001, varios de ellos iniciaron acciones jurídicas contra los golpistas, por secuestro, asociación ilícita y torturas. Entre otros, los coroneles Efraín Jaña comandante del regimiento de montaña, y Fernando Reveco comandante del regimiento de Calama; el capitán Carlos Vergara, detenido el día del Golpe en el regimiento Rancagua en Arica; los oficiales Florencio Fuentealba, Héctor González, Rudy Alvarado, Jaime Mires (representado por su hijo), Patricio Carmona y Manuel Fernández. Tampoco debe olvidarse que el Ejército excluyó a varios oficiales por negarse a ejecutar prisioneros, como es el caso del general Joaquín Lagos, comandante de la primera división, y del mayor Iván Lavanderos, cuyo cuerpo fue encontrado asesinado.

En la Armada, el comandante en Jefe, almirante Raúl Montero, opuesto al putsch, fue secuestrado en su domicilio. Los almirantes Daniel Arellano, Hugo Poblete Mery y el capitán René Durandot, fueron excluidos, igual que el teniente Horacio Larraín. El capitán Gerardo Hiriart, quien se encontraba en el extranjero, envía su dimisión lo cual le vale una condena en ausencia. Los días anteriores y posteriores al golpe, la Armada arresta unos 250 marinos –tal vez más– quienes serán los primeros torturados en ese período; 92 de ellos serán condenados a diferentes penas.

En la FACH, un consejo de guerra condenó a penas diversas, por “traición”, a 16 oficiales, entre ellos al general Sergio Poblete, 18 suboficiales y sargentos; 36 cabos (dos de ellos fueron asesinados en prisión); dos conscriptos y 13 civiles. El general Alberto Bachelet fue acusado de “traición” pero murió a causa de las torturas antes que fuera dictada la sentencia.

El director general de Carabineros José María Sepúlveda acompañó al Presidente en el palacio asediado; el subdirector, Jorge Urrutia, acompañado por los generales Rubén Álvarez y Orestes Salinas, intenta imponer la lealtad al gobierno. Horas antes los generales Alfonso Yáñez y Martín Cádiz se habían negado a adherir al golpe. Se conoce el caso del carabinero Guillermo Schmidt quien, en Antofagasta, tornó su arma contra los jefes que le ordenaron matar a tres trabajadores detenidos.

Estos son algunos de los casos conocidos de militares que asumieron un comportamiento democrático y humanista; hay sin duda otros que desconocemos. Y hay también otros que soportaron en silencio, seguramente paralizados por el miedo, intentando evitar misiones inhumanas y ayudando a las víctimas, cuando les era posible.

Una idea de la importancia de las diferentes formas de oposición al golpe en las Fuerzas Armadas la proporciona la cantidad de demandas introducidas por militares en el marco del “Programa de reconocimiento de la exoneración política”, entre 1998 y 2004. Hay 6.070 pedidos y 1.319 casos calificados, lo que representa respectivamente 7,52% y 1,64% de los militares.

Todo esto confirma la existencia irrefutable de un número significativo de militares opuestos al golpe de Estado. Y permite concluir que éste no fue perpetrado por las Fuerzas Armadas, sino por una fracción de ellas.

Un legado democrático

Si existe una diversidad de motivaciones y comportamientos entre los militares antigolpistas, no hay duda que en 1973 tuvieron la ley de su parte. El punto de encuentro entre ellos es la defensa de la legalidad violada por la fracción golpista. Los militares constitucionalistas tuvieron –y tienen– un profundo conocimiento de las instituciones militares, particularmente de lo que en ellas falló, y probablemente estén en posición, mejor que otros, de inspirar la renovación de las Fuerzas Armadas.

Sería sin duda benéfico para el futuro democrático del país, que la Convención Constitucional recoja la visión y el legado ético de los militares que respetaron la Constitución en 1973. Existen organizaciones de militares constitucionalistas. La de los marinos ha difundido un documento con propuestas para las Fuerzas Armadas, y muchos de ellos tienen una visión de las características democráticas que deben tener las futuras Fuerzas Armadas.

Existen también libros que registran su enfoque, incluyendo a los que ya no están entre nosotros, como las “Memorias” del general Carlos Prats; “Las cartas del coronel” del coronel José Ramos; “La desconocida batalla de los oficiales constitucionalistas de las FFAA. 1973” de Miguel Prieto y “Testimonios de militares antigolpistas” que ofrece varias decenas de entrevistas, principalmente a marinos, realizadas por el autor de este artículo.

Sus propuestas contienen tal vez la fórmula para avanzar hacia las Fuerzas Armadas efectivamente democráticas que el país necesita. Merecen ser escuchados.

(Las informaciones han sido tomadas del libro “Los que dijeron ‘No’”, 2008, LOM)

Por Jorge Magasich

El legado de los militares constitucionalistas podría ser considerado en la nueva Constitución

CIPER ACADÉMICO / OPINIÓN

24.04.2021

Por Claudio Fuentes S.

TEMAS: Carabineros, CIIR, CIPER/Académico, Constitución, Ejército, Espionaje, Fuerzas Armadas, Milicogate

• ¿Cuán obedientes y no deliberantes son las Fuerzas Armadas y de Carabineros? Este detallado análisis de la Constitución chilena muestra que hay artículos que contradicen esas aspiraciones democráticas; también destaca el poco control que las autoridades civiles tienen sobre las operaciones de inteligencia de esas instituciones y sus programas de formación, entre otros aspectos. La Constitución consagra una “cultura organizacional de autonomía”, donde se considera que las instituciones armadas están sobre la política democrática, “pues defienden ciertos valores aparentemente superiores”, explica el autor.

El autor es cientista político, profesor de la Universidad Diego Portales, y ha desarrollado una larga investigación académica en el área constitucional. Es investigador responsable del proyecto FONDECYT Nº 1170025 sobre ideas y cambio constitucional en Chile e investigador asociado del el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR).

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La gran mayoría de las sociedades contemporáneas han establecido instituciones armadas para proteger el territorio respecto de eventuales amenazas externas (fuerzas armadas), y para controlar el orden público interno (policías). El pacto social democrático transfiere el monopolio de la fuerza a un conjunto limitado de instituciones que serán las encargadas de proteger a la ciudadanía.

Pero transferirles el control de las armas a tales instituciones (policías y militares) implica un serio dilema para cualquier sociedad democrática. Y esto por el simple hecho que dicho traspaso de confianza implica una concentración de poder que pone en riesgo a la propia convivencia democrática. Los creadores originales de la Constitución de Estados Unidos tenían conciencia de aquella amenaza por lo que sugieren un modelo mixto de control, entregándole al poder ejecutivo la potestad de la comandancia en jefe de las fuerzas armadas y reservando para el Congreso la declaración de guerra y el control presupuestario.

Esto nos lleva a la ya clásica afirmación que la democracia debe protegerse de sus propios protectores.  “¿Quién vigilará a nuestros vigilantes?” se preguntaba irónicamente el romano Juvenal en sus poemas. Platón, en La República, enfrentado a esta misma pregunta sostenía que sería absurdo establecer algún tipo de control respecto de los guardianes de la ciudad. Los guardianes se protegerán así mismos por aquel sentido de valor y honor que tiene un guerrero.

La historia contemporánea ha demostrado que la democracia requiere controlar a sus guardianes. La tentación de aquellos guardianes de transformarse en gobernantes, el uso de sus poderes para obtener prebendas, y/o el uso político que muchas veces se les da a las instituciones armadas —policías y militares—, llevó a establecer algunos principios que hoy parecen básicos en una democracia: la supremacía civil, la obediencia y la no deliberación.

Las Constituciones democráticas suelen establecer una nítida y explícita superioridad de mando de la máxima autoridad política en tiempos de paz y de guerra. No pueden dejarse espacios de autonomía a las instituciones policiales y militares pues aquello podría eventualmente erosionar a la propia institucionalidad democrática. Particular atención se debe poner a las decisiones de mando en tiempos de paz y de crisis, respecto de los servicios de inteligencia y en relación con el uso de los recursos públicos. Así, en muchas constituciones se establece que el comandante en jefe será la máxima autoridad política. Se establece el poder de remoción de los comandantes en jefe y se establecen mecanismos permanentes de control legislativo sobre los procedimientos castrenses y policiales.

La obediencia es la otra cara de la moneda. Las instituciones armadas deben aceptar y acatar las decisiones emanadas del poder político. En este sentido la jerarquía institucional no alcanza su límite en el comandante en jefe o director de Carabineros sino que se transfiere hasta el poder político representado por el o la presidenta de la República. La democracia debe evitar crear un Estado dentro del Estado, esto es, burocracias que se mandan solas y que funcionan al margen de cualquier control político democrático.

Finalmente, la no deliberación alude a no interferir en asuntos políticos precisamente por el poder que estas instituciones concentran. Si las instituciones armadas entregasen opiniones sobre el curso de los acontecimientos políticos, lo que sucede en los programas de televisión, lo que aprueba o rechaza el Congreso Nacional o el modo en que se conducen las políticas públicas, se vería afectada seriamente la convivencia democrática. Ya dijimos que por el solo hecho de controlar el monopolio de las armas, la opinión de una institución armada es cualitativamente distinta a la de cualquier otra institución del Estado o de la sociedad civil por lo que se establece este requisito democrático.

¿CUMPLE LA CONSTITUCIÓN ACTUAL CON ESTOS PRINCIPIOS?

El actual estándar constitucional en esta materia es claramente insuficiente. Esto se ha venido sosteniendo desde hace ya bastante tiempo (García y Montes 1994, Hunter 1996, Fuentes 1997, Agüero 1998, Fuentes 2000, Weeks 2003, Fuentes 2006) y ha sido reiterado recientemente (Contreras y Salazar 2020, Varas 2021). Analicemos brevemente el modo en que se aborda los principios de la supremacía civil, la obediencia y la no deliberación en la Constitución.

El actual texto establece, efectivamente, que las instituciones armadas y de Carabineros son “esencialmente obedientes y no deliberantes” (artículo 101). Se establece también que el presidente de la República “puede disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas” (art. 32 Nº17) y se define que la máxima autoridad de la República nombra a los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y de Carabineros, así como puede llamarlos a retiro.

Sin embargo, la propia Constitución vigente contiene una serie de artículos que contradicen estos principios de mando, obediencia y no deliberación estableciendo lo que se ha denominado un poder de seguridad (Contreras y Salazar 2020).

En relación con la supremacía civil, en ninguna parte del texto se establece una clara supremacía respecto de las instituciones armadas. Por ejemplo, en el artículo 32 Nº 18 se indica que el presidente tendrá la función de “asumir, en caso de guerra, la jefatura suprema de las fuerzas armadas”. ¿Quiere decir esto que en tiempos de paz tal jefatura suprema no es ejercida por el presidente?

Varias constituciones en el mundo establecen explícitamente que el mando superior de las instituciones armadas—policías y militares—le corresponde al presidente de la República. En Estados Unidos se explicita que el presidente es el comandante en jefe de las fuerzas armadas. Lo mismo ocurre en casos como Finlandia, Francia, Argentina o Sudáfrica. Y este rol lo cumple el presidente en tiempos de paz y de guerra.

Otro aspecto crítico se refiere a los sistemas de inteligencia, en la que un estado democrático debe procurar establecer una línea de responsabilidad y mando sujeto al control civil. La Constitución chilena actual no define las prerrogativas de las autoridades civiles en este ámbito. Por ejemplo, en Alemania la Constitución señala que el Parlamento Federal deberá definir un panel para monitorear las actividades del sistema de inteligencia del país. La Constitución portuguesa le confiere la atribución exclusiva al Parlamento de definir las reglas que regularán los sistemas de inteligencia. La Constitución de Sudáfrica le entrega la potestad a la máxima autoridad civil de organizar el sistema de inteligencia y de designar a quienes la conducirán. Los déficit de control democrático sobre el sistema de inteligencia hacen imperativo abordar el tema en una perspectiva constitucional.

Otra dimensión de supremacía se da con los estados de excepción constitucional, donde el presidente designa a un jefe de la defensa para la zona declarada bajo excepción. Aquí el problema se da entre la superioridad jerárquica y política de un Intendente (o un Gobernador, como será en el futuro), respecto de un oficial castrense que es designado para gobernar un territorio en tiempos de excepción. La Constitución no resuelve este problema y, de hecho, varias catástrofes naturales nos han mostrado las dificultades e incluso tensiones que se producen entre la autoridad civil y militar, enfrentados a este tipo de circunstancias.

En Chile, se les entregan a las fuerzas armadas además, una serie de atribuciones en la ley orgánica que las organiza. Entre otros, los nombramientos, ascensos y retiros dependen de propuestas emanadas por los comandantes en jefe respectivos; las instituciones armadas pueden definir sus propios planes y programas de estudio sin pasar por la aprobación de ninguna institución externa a ellas mismas; dichas ramas pueden otorgar títulos técnicos, profesionales y grados académicos; se establece un régimen especial de previsión y seguridad social del personal de planta y se indica que es autónomo; y se establece un presupuesto militar particular que incluye un fondo plurianual de capacidades estratégicas y un fondo de contingencia estratégico entre otros.

En otras palabras, la autoridad civil ve limitada su acción en áreas relevantes al desarrollo de las instituciones de la Defensa toda vez que o no tiene las atribuciones o son aspectos de la gestión que han sido concebidos como espacios reservados para la acción de las propias instituciones armadas (mando, educación, sistema de seguridad social, financiamiento, justicia militar).

¿…Y LA NO DELIBERACIÓN?

Ya dijimos que la Constitución explicita que ni las fuerzas armadas ni Carabineros pueden deliberar. Sin embargo, el texto vigente deja entreabiertas opciones para que los institutos castrenses deliberen. Por ejemplo, en el artículo 107 se indica que cualquiera de los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional, en el marco de sus sesiones, “podrá expresar su opinión frente a algún hecho, acto o materia que diga relación con las bases de la institucionalidad o la seguridad nacional”.  O sea, si el Presidente decide convocar a dicho Consejo, cualquiera de los comandantes en jefe o el Director de Carabineros podrá aludir a tales materias.

¿A qué materias aluden las “bases de la Institucionalidad”?  Ello nos remite al capítulo Primero de la Constitución que aborda dichas bases. Allí se mencionan temas como la relevancia de la familia, grupos intermedios, el rol del Estado, los emblemas nacionales, la estructura del Estado, la regionalización, el carácter democrático de la república, la soberanía de la nación, el ejercicio de la soberanía por medio de elecciones, la probidad y el terrorismo. Es decir, perfectamente las fuerzas armadas podrían hacerle ver al presidente en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional cualquier preocupación sobre alguno de estos temas. Si eso no es deliberar, ¿de qué estamos hablando?

Otro artículo problemático es el Nº6, que indica que “los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República”.  Como las instituciones armadas y de orden público son órganos del estado, entonces les corresponde también a ellas garantizar el orden institucional de la República. Esto último es altamente problemático por cuanto perfectamente en una situación de crisis estas instituciones podrían señalar que la propia Constitución les indica que deben garantizar el orden institucional. El principio de obediencia y no deliberación perfectamente se podría poner en jaque si se procediera a dar este tipo de argumentación contraria a cualquier sistema democrático en forma.

AUTONOMÍA SIN SUBORDINACIÓN

Luego del golpe de Estado las fuerzas armadas y Carabineros se autoasignaron un rol particular dentro del proceso político chileno. La Constitución original de 1980 cristalizó una autonomía legal pero también una de tipo organizacional y corporativa que se proyecta hasta el día de hoy. No cabe duda de que se han hecho relevantes cambios legales a la Constitución que han reducido significativamente los espacios de autonomía formal. Pero tanto los militares como Carabineros continúan viviendo en una “cultura organizacional de autonomía”.

En años recientes hemos sido testigos de varios episodios de este tipo: generales que se niegan a renunciar; uso de recursos institucionales para cometer ilegalidades bajo la premisa que no serán castigadas; defensas corporativas; intervenciones públicas para pronunciarse sobre la contingencia. Esta cultura organizacional se nutre del autoconvencimiento que sus instituciones están por sobre la política democrática, que defienden ciertos valores aparentemente superiores. Pero además, al existir un blindaje corporativo y legal (justicia propia, mando jerárquico autónomo), se genera un ambiente propicio para actuar autónomamente.

No es casualidad que en los últimos años se hayan demostrado montajes en el sistema de inteligencia de Carabineros, engaños del Ejército respecto del espionaje a periodistas que han investigado casos de corrupción de dicha institución, o la negación de Carabineros a presentar su renuncia ante la petición del mismo Presidente de la República como sucedió en diciembre de 2018 con Hermes Soto. La carta pública de esta semana de las tres ramas de las fuerzas armadas a un canal de Televisión demuestra, una vez más, el dominio de esta cultura organizacional autónoma que permea sus acciones.

El proceso constituyente será una gran oportunidad para revisar el mandato constitucional en relación con las fuerzas armadas y de orden. Esperemos que los principios de supremacía civil, obediencia y no deliberación permeen las discusiones y nos conduzcan hacia una nueva concepción de defensa y orden público que debiese plasmarse en ese texto Constitucional.

NOTAS Y REFERENCIAS

Agüero, Felipe. 1998. «Legacies of Transitions: Institutionalization, the Military, and Democracy in South America». Mershon International Studies Review 42 (2): 383-404

Contreras, Pablo y Sebastián Salazar. 2020. Desconstitucionalizar para democratizar: las fuerzas armadas y las policías en la nueva Constitución. Política. Revista de ciencia política. Vol 58: 1: 11-34.

Fuentes, Claudio. 1997. «Militares en Chile: ni completa autonomía ni total subordinación» En Chile 96: Análisis y Opiniones. Santiago: Nueva Serie Flacso, 165-180.

Fuentes, Claudio. 2000. «After Pinochet: Civilian Policies Toward the Military in the 1990s Chilean Democracy». Journal of Interamerican Studies and World Affairs 42 (3): 111-144.

Fuentes, Claudio. 2006. La Transición de los militares. Santiago: LOM.

García P., Gonzalo y Juan Esteban Montes I. 1994. Subordinación Democrática de los Militares: Éxitos y Fracasos en Chile. Santiago: Centro de Estudios del Desarrollo

Hunter, Wendy. 1997. Eroding Military Influence in Brazil: Politicians Against Soldiers. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Weeks, Gregory. 2003. The Military and Politics in Post-authoritarian Chile. Tuscaloosa: University of Alabama Press.

Varas, Augusto. 2021. Las fuerzas armadas en la nueva Constitución. Minuta experta, plataforma Contexto. Ver el siguiente enlace.

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.

Hasta el momento, CIPER Académico recibe aportes de seis centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el Centro de Investigación en Comunicación, Literatura y Observación Social (CICLOS) de la Universidad Diego Portales, el Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder (NUMAAP), el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería (CRHIAM) y el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP). Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.https://www.ciperchile.cl/2021/04/24/un-imperativo-democratico-la-subordinacion-y-no-deliberacion-de-las-instituciones-armadas/

El Clarín De Chile  19 Abril, 2021  No Comment

Declaración de Marinos Antigolpistas por la detención de un joven en Valparaíso por un miembro de la Armada

La Agrupación de Marinos Antigolpistas, (AMA), manifiesta su mas absoluto rechazo al procedimiento utilizado por un integrante de la marina en contra de un joven, que se encontraba absolutamente reducido e indefenso, tendido en el suelo de boca abajo, así como también la “justificación” que entrega su mando superior Comandante en jefe de la 2ª Zona naval y jefe de las fuerzas militar en estado de emergencia, cuando señala que este joven habría intentado huir.

Al respecto es necesario recordar que ningún ciudadano ni institución puede estar ni actuar al margen de la ley, aun en estado de emergencia por lo que hacemos las siguientes precisiones:

1º.- La grabación en video es absolutamente clara respecto de la acción asumida por el marino, de absoluta superioridad en la aplicación de una fuerza desmedida, con un fusil ametralladora apuntando en la espalda, y con la rodilla en el cuello, a una persona que esta tendida en el suelo, boca abajo, con las manos en la espalda, lo que revela un procedimiento enseñado e instruido por sus superiores jerárquicos.

2º.- El motivo por el cual fue detenida esta persona, habría sido por no obedecer al control de detención, al que fue conminado por el marino, por lo que es necesario preguntarse ¿Cómo es que aparece un marino, solo, realizando control de identidad, sin la presencia de Carabineros?

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3º.- Si la versión de la Marina es verdadera, acaso no se instruye al personal que va ha realizar estos controles, que la ausencia de permiso para circular de cualquier persona, no es un delito sino una falta, por lo que está actuando frente a sus compatriotas, a los cuales se debe respeto, ya que el pueblo no es su enemigo.

4º.- Estas situaciones y procedimientos brutales y abusivos, nos recuerdan la historia reciente vivida, con motivo del golpe de Estado cívico militar del año 1973, en contra del Presidente Constitucional Salvador Allende G, en que la Marina utilizó métodos de tortura, muchos mas crueles y criminales, en contra de nosotros los Marinos Antigolpistas en democracia, y de miles de civiles desarmados, encarcelados en el Buque Escuela Esmeralda, el buque mercante Lebu, La Academia de Guerra Naval, Cuartel Silva Palma, Campos de Concentración y otros lugares en Valparaíso.

5º.- Por todo lo expuesto hacemos un llamado a todas las organizaciones de: DD.HH, sociales, culturales, sindicales, estudiantiles y a los partidos políticos a hacer un rechazo y repudio público a estos procedimientos ilegales, importados una vez mas desde las instrucciones y ejemplos provenientes de EE.UU.

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“Los pueblos que olvidan su historia, están condenados a repetir y sufrir las mismas tragedias”.

-Marinos Antigolpistas (AMA).
-Asoc. Cultural Sitio de Memoria cuartel Silva Palma.

Falleció el primer secretario regional de MIR en Concepción: Pedro Enríquez Barra

En Concepción Metropolitano

12 de abr. de 2021

resumen.cl] En horas de la tarde de este lunes, a los 85 años de edad, falleció el destacado abogado Pedro Enríquez Barra. Su deceso ocurrió en su casa de Villa Los Conquistadores en San Pedro de La Paz.

Don Pedro nació en Angol, pero fue criado en Renaico, donde su madre Rosa Barra Villagrán dirigía la escuela de la localidad. Luego de terminar la preparatoria -lo que hoy sería sexto básico- abordó el tren con destino a Concepción para ingresar a los entonces estudios de humanidades en el histórico Liceo de Hombres Enrique Molina Garmendia. Fue ahí, aún muy joven, donde se empapó de las ideas socialistas; durante su época de estudiante secundario, inicia su militancia trostkista a principios de los años 50 insertándose en labores políticas del sindicato de trabajadores de Huachipato en Talcahuano.

Terminada la secundaria, Don Pedro inicia sus estudios de Derecho en la Universidad de Concepción, donde se titulará de abogado, dedicando la mayor parte de su larguísima carrera profesional a la defensa de estudiantes, luchadores, organizaciones sociales y sindicales de la zona.

Tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, diversos sectores de la izquierda en nuestro país, influidos por los procesos políticos en el continente, comienzan una etapa de discusión y confluencia, que concluye con la fundación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Pedro Enríquez Barra, fue parte de ese grupo de penquistas que partió en un bus hasta el Sindicato de Trabajadores del Cuero y el Calzado en Santiago, donde el 15 de agosto de 1965 se fundó el MIR. El congreso fundacional eligió a Pedro Enríquez como primer secretario Regional en Concepción de la naciente organización. Ejerce este cargo hasta fines de 1967, siendo sucedido por Bautista Van Schouwen Vasey.

Pedro Enríquez Barra fue el primer director del sindicato de abogados y procuradores de Concepción, principalmente abocado a derecho laboral. El triunfo del dirigente del MIR Luciano Cruz Aguayo en las elecciones de FEC, lo convierte en abogado de una generación de jóvenes revolucionarios. A partir de entonces protagoniza una serie de juicios de alta resonancia pública, especialmente a partir del allanamiento a la Universidad de Concepción el año 1969 y la persecución a la dirección del MIR por parte del gobierno de Eduardo Frei Montalva.

Hacia finales del gobierno de Salvador Allende, será el abogado de los marinos constitucionalistas que se encontraban en calidad de prisioneros en Talcahuano por intentar impedir la sedición golpista que se gestaba en los buques de la Armada.

El golpe de Estado lo obligó a pasar a la clandestinidad. Su figura era muy conocida en la ciudad, eso llevó a su detención en una casa de seguridad en Chiguayante. Es llevado prisionero por diversos centros de detención hasta concluir en el Campo de Prisioneros de Chacabuco, ubicado a 100 kilómetros al interior de Antofagasta, en pleno desierto de Atacama.

Desde Chacabuco, Don Pedro sale rumbo al exilio en Francia junto a su familia. Terminada la dictadura, volvió a Chile sólo con su esposa. Sus hijos, nietas y bisnietas permanecieron en el exilio.

Hasta el final de sus días, Don Pedro jamás perdió la lucidez, la capacidad de realizar coherentes análisis políticos y la convicción de la necesidad de transformación social en Chile. Fue socio fundador y miembro activo de la Mutual Bautista Van Schouwen donde, además, desempeñaba la labor de abogado.

En este año de pandemia vivió más aislado producto de las exigencias sanitarias. Aún así, quiso participar y se hizo presente en la inauguración del  Memorial en homenaje al militante de MIR de Lota Oscar Arros Yañez, el pasado 27 de diciembre, su última actividad pública.

Ha partido un hombre noble y justo, muy racional, con un gran sentido del humor, reflexivo y estudioso, de una tremenda capacidad intelectual, comprometido y consecuente. Un revolucionario de largas décadas de compromiso con su pueblo.

https://resumen.cl/articulos/fallecio-el-primer-secretario-regional-de-mir-en-concepcion-pedro-enriquez-barra

ALERTA POR TRABAJOS EN TERRENOS ALEDAÑOS AL CUARTEL SILVA PALMA EN VALPARAÍSO

Gran inquietud ha provocado en organizaciones de Derechos Humanos de Valparaíso la realización de trabajos en la vecindad del Cuartel Silva Palma, un recinto de la Armada de Chile que fue utilizado como centro de detención y tortura. A este emblemático edificio se le otorgó oficialmente protección patrimonial al declararlo como Monumento Histórico, resolución que fue publicada en el Diario Oficial en Febrero de 2018.

Las aprehensiones se justifican plenamente, ya que en Febrero de 2017, de la noche a la mañana, la Armada  realizó la demolición de la Academia de Guerra Naval, edificio ubicado un poco más arriba del Cuartel Silva Palma, otro siniestro centro de tortura, macabramente denominado como “la casa de la risa”, lo que fue interpretado por ex prisioneros y prisioneras políticas que padecieron horrores en dichos lugares como una forma de borrar la dolorosa Memoria Histórica de nuestra región y nuestro país.

Si bien oficialmente el Cuartel Silva Palma ha sido declarado como un Sitio de Conservación Histórica, tanto para las y los integrantes de las diferentes organizaciones de Derechos Humanos de la V Región como asimismo para los ex prisioneros y prisioneras políticas de la dictadura, este lugar es considerado un Sitio de Memoria que debe ser resguardado y entregado a la civilidad. Precisamente eso es lo que busca el Centro Cultural y de Derechos Humanos Cine Fórum de Valparaíso al solicitar a Bienes Nacionales el 10 de Diciembre del 2020 que el Cuartel Silva Palma sea entregado  en Comodato a la ciudadanía, de manera que los porteños y porteñas puedan desarrollar allí un espacio cultural y social que rescate de la Memoria Histórica Regional en materia de Derechos Humanos.

Fueron precisamente integrantes del Cine Fórum quienes dieron la voz de alerta ante esta delicada situación, denunciando públicamente este hecho y exigiendo respuestas a los organismos pertinentes.

En entrevista con Nelson Cabrera, integrante de esta organización, quien estuvo detenido y fue torturado en dicho lugar, manifestó lo siguiente.

Nelson, me podrías dar tu opinión respecto a os trabajos que se están realizando en la vecindad del Cuartel Silva Palma…

“A nosotros, como organización de Derechos Humanos, que llevamos adelante una lucha constante por mantener viva la Memoria Histórica, para que no se olviden los horrores y las brutalidades cometidas por la Armada de Chile en contra de chilenos y chilenas indefensas, nos preocupa de sobremanera que se vayan destruyendo los lugares emblemáticos que representan Sitios de Memoria en Valparaíso y la V Región, donde se violaron los Derechos Humanos y se cometieron crímenes de lesa humanidad. Ya ocurrió con la Academia de Guerra Naval, por eso al ver lo que está pasando ahora alrededor del Silva Palma, tenemos serias sospechas que se pueda dañar este lugar o incluso intentar demoler. Están pasando a llevar aquí la exigencia de conservación histórica de este espacio.”

¿Qué acciones han emprendido como Cine Fórum?

“Hicimos un reclamo formal al Consejo de Monumentos local y nacional, a Bienes Nacionales, a la Secretaría de la Cultura y a la Municipalidad de Valparaíso. Ellos, los marinos, para realizar cualquier trabajo en dicho lugar tienen que pedir permiso al Consejo de Monumentos, por eso enviamos una carta exigiendo respuestas ante esto y que queremos que también lo sepa la opinión pública.”

¿Esta preocupación que tienen ustedes se relaciona con la demolición de la Academia de Guerra?

“Efectivamente, cuando nosotros supimos que estaban demoliendo la Academia de Guerra enviamos una solicitud para detenerla, y cuando iba en trámite esta solicitud la Armada simplemente demolió en dos o tres días y la respuesta  del Consejo de Monumentos, donde hay un representante de la Armada y del Ejército, que dieron después que ya estaba demolido el edificio, fue que había una falla arquitectónica seria que ponía en peligro el edificio, en circunstancias que ese era un edificio prácticamente indestructible, muy bien construido, y está ubicado sobre un peñón de roca, pero así lo justificaron. Por eso nuestra preocupación ahora es que se vaya a intentar hacer algo parecido en el Silva Palma o colateralmente se dañe por los trabajos que están haciendo allí al lado”

Transcribo a continuación la Carta enviada por Nelson Cabrera a Rodrigo Ordenes Alvarez , encargado de la oficina técnica regional del Consejo de Monumentos Nacionales, con copia a Pablo Seguel, encargado de Memoriales y Sitios de Memoria del Consejo Nacional de Monumentos Nacionales, Francia Jamett, encargada de Memoria y Patrimonio del Ministerio de la Cultura y de las Artes, a Rosario Pérez, Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Valparaíso,  y  a María José Larrondo, encargada de Patrimonio de la Municipalidad de Valparaíso. 

“Sr.  Rodrigo Ordenes Alvarez
Consejo de Monumentos Nacional

Eduardo Nelson Cabrera Vásquez, presidente del Colectivo Cine Fórum, peticionario
del cuartel Silva Palma como espacio de Conservación Histórica, hace llegar a Ud. el
reclamo respectivo al no cumplir la Armada de Chile los requisitos que corresponden
a demoliciones o construcciones de espacios históricos que debieran convertirse en Sitios
 de Memoria, de acuerdos convenidos en compromiso de la Memoria de los Derechos Humanos de los hechos acaecidos del 11 de septiembre de 1973 ya que en este cuartel se
cometieron delitos de Lesa Humanidad que son el secuestro y la tortura.

Ya aconteció con la demolición de la Academia de Guerra que fue sorpresiva y definitiva sin derecho a reclamo y que nos parece que se repite esta operación con el cuartel mencionado.

Rogamos a Uds. hacer los trámites respectivos para que paralice la demolición o la explicación de qué es lo que se va a construir o demoler y aplicar los parámetros otorgados en la declaración de Espacio de Conservación Histórico.”

Academia de Guerra antes y después de la demolición el año 2017

Guillermo Correa Camiroaga, Valparaíso 06 de Marzo 2021