Según destacó el abogado querellante, Pablo Fuenzalida, esta resolución «sin duda viene a hacer justicia con los familiares de Ernesto Zúñiga 38 años después de cometido el crimen, ya que el fallo de primera instancia permitía cumplir en libertad las penas a los autores ya que habían sido condenados sólo en calidad de cómplices».
La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago aumentó las penas de tres miembros en retiro de la PDI por el homicidio del ex marino constitucionalista y uno de los jefes militares del Movimiento de Izquierda de Revolucionario, MIR, Ernesto Enrique Zúñiga Vergara, ocurrido el 16 de enero de 1982, en la comuna de Pudahuel.
La Sala, integrada por las ministras Adelita Inés Ravanales, Jenny Book y Verónica Cecilia Sabaj, de forma unánime, reconsideró la participación de Martiniano Arias Fernández, Manuel Flores Jorquera y José Hernán Huaiquimil Uribe, desde cómplices a autores del homicidio simple, aumentándoles las penas de 3 años a 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo.
Cabe destacar que el tribunal de alzada desechó la media prescripción de la acción penal considerando que esta institución es inaplicable a los crímenes de lesa humanidad.
Para el abogado querellante, Pablo Fuenzalida, del Estudio Jurídico Caucoto Abogados, esta resolución «sin duda viene a hacer justicia con los familiares de Ernesto Zúñiga 38 años después de cometido el crimen, ya que el fallo de primera instancia permitía cumplir en libertad las penas a los autores ya que habían sido condenados sólo en calidad de cómplices».
Ernesto Zúñiga tenía 29 años, cuando fue interceptado por los tres miembros de la PDI ya indicados, el 16 de enero de 1982. Este crimen se produce con ocasión de la operación retorno del MIR a principios de los ’80.
Según se establece en la investigación, Zúñiga, al percatarse de la presencia de efectivos de investigaciones cuando transitaba por la calle Teniente Cruz, en la comuna de Pudahuel, se sube a un bus del transporte público donde finalmente fue asesinado. Su autopsia arrojó que recibió al menos 24 impactos de bala.
[resumen.cl] La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a tres funcionarios en retiro de la Policía de Investigaciones (PDI) por su responsabilidad en el delito de homicidio simple de Ernesto Enrique Zúñiga Vergara, de 29 años de edad, ex marino constitucionalista, militante del MIR y miembro de la Resistencia contra la dictadura. El crimen fue cometido el 16 de enero de 1982 en la comuna de Pudahuel, en Santiago.
Ernesto Zúñiga, originario de Valparaíso, era uno de los tantos marinos y miembros de las Fuerzas Armadas que se hicieron parte de los objetivos de construir un futuro mejor que animaban al pueblo chileno a comienzos de los años 70.
Durante el gobierno de Allende, los marinos constitucionalistas y antigolpistas fueron un respaldo permanente al gobierno popular. Sin embargo, antes del golpe, en julio y agosto de 1973, la asonada golpista impuso la detención de la mayor parte de ellos, entre los cuales fue apresado Zúñiga Vergara.
Luego de años de presidio arbitrario, Ernesto Zúñiga logra ser liberado en abril de 1978. A poco de recuperar su libertad se integra a la resistencia contra la tiranía, participa de las actividades milicianas y de las primeras acciones de combate urbano de fines de esos años.
Finalmente, fue detectado por unidades represivas que lo emboscaron y asesinaron a comienzos de 1982. Mediante tortura de otros detenidos, se enteran que el marino rebelde debía concurrir a una vivienda en la comuna de Pudahuel (Santiago) y montaron un operativo para concretar su asesinato. Zúñiga Vergara descubre la presencia de agentes represivos en el entorno e intenta escapar del lugar subiendo a un micro de recorrido público.
Las unidades represivas emprenden la persecución, interceptan el bus en la intersección de las calles Teniente Cruz con José Joaquín Pérez, los tres acusados de homicidio suben al bus y proceden a ejecutarlo. La autopsia reveló que Ernesto Zúñiga recibió al menos 24 impactos de proyectil balístico.
En fallo unánime (causa rol 5.702-2018), la Tercera Sala del tribunal de alzada de Santiago integrada por las ministras Adelita Ravanales, Jenny Book y Verónica Sabaj – resolvió condenar a 5 años y un día de presidio a Martiniano Arias Fernández, Manuel Tibaldo Flores Jorquera y José Hernán Huaiquimil Uribe, en calidad de autores del ilícito, al cambiar su participación de cómplices de homicidio calificado a autores de homicidio simple. En el fallo de primera instancia el ministro Mario Carroza sólo había calificado la participación de los únicos inculpados cómo cómplices de un delito sin especificar culpables. La Corte revierte esta sentencia y fundamenta las causales que acreditan la comisión del delito en calidad de autores.
En lo sustancial el fallo de la Tercera Sala de la Corte de Santiago señala:
«Por ello, aun cuando se estimare que los encartados se hubieren concertado en torno a materializar y hacer efectiva una orden de detención decretada en contra de Ernesto Enrique Zúñiga Vergara, los tres estuvieron en conocimiento que eran portadores de armas de fuego cargadas – y las usaron, proceder que se evidencia del Informe de Autopsia N° 159/82 rolante a fojas 17 y 124, en que se indica que existieron numerosos impactos de bala -al menos veinticuatro-, que provocaron la muerte – ‘politraumatismo esquelético y visceral por balas’ – relacionado con el certificado de defunción que obra a fojas 143. Asimismo, se señala en el Informe Pericial Balístico N° 791/2013, que rola a fojas 404, que es posible por la cantidad de disparos que recibió la víctima, que los tres efectivos policiales los efectuaron de manera conjunta, a pesar de que no es factible determinar cuántos realizaron cada uno de ellos, sin descartar con ello, la presencia de otros tiradores, quienes los hicieron desde el exterior del microbús hacia el interior del mismo«.
«De esta forma -prosigue-, de acuerdo a la dinámica de los hechos, el protocolo de autopsia y el resultado del examen médico policial externo realizado, es dable colegir que Zúñiga Vergara recibió al menos veinticuatro disparos -máximo veintinueve- desde adelante hacia atrás, provenientes de los tres encartados, por cuanto de otra manera, no se entiende lo razonado por el sentenciador en el considerando noveno, a saber: ‘Que el modo en que verosímilmente ocurrieron los hechos, no son concordantes con las versiones entregadas por los procesados Flores Jorquera y Huaiquimil Uribe, ya que uno dice haber disparado solamente en dos oportunidades y el otro, ni siquiera haberlo hecho, pero el cuerpo de la víctima tiene 24 impactos de bala, si a ello le agregamos que Arias Fernández dice que tampoco dispara, significaría que todos los disparos recibidos por Zúñiga Vergara son efectuados por efectivos que se encontraban en el exterior del bus, lo que no es lógico ni racional, acorde con lo señalado en el informe de autopsia.
(…) A su vez, tal como lo hemos señalado en los motivos precedentes, si bien existe un testigo que afirma que Zúñiga Vergara extrae un arma de fuego, no existe la misma certeza que le dispara a los encausados, ya por la inexistencia de cartuchos en el sitio del suceso, de fotografías del cargador del arma y la inexistencia de la granada a la cual alude el Parte de la Brigada Investigadora de Asaltos, y además porque las encontradas en el sitio del suceso no corresponden al arma periciada, lo cual es extraño e inusual, por el contrario al no haber informes periciales de las armas de los funcionarios policiales, se debería estimar que los tres encausados disparan en contra de la víctima, aunque no se puede establecer cuantos disparos llega a realizar cada uno de ellos«.
Más adelante el tribunal de Santiago agrega: «En este orden de ideas, se desestima la calificación de la participación efectuada por el sentenciador -en el considerando undécimo-, por cuanto los encartados no intervinieron dolosamente en un hecho ajeno. Muy por el contrario, concurrieron a la ejecución de la conducta típica -dar muerte a Ernesto Enrique Zúñiga Vergara-, contando con el dominio del hecho, realizando ciertos actos descritos en forma expresa por la ley, que no dicen relación con un carácter preparatorio o de colaboración ulterior a la consumación».
Y continúa: «No obstante, lo expuesto precedentemente, en la descripción de los presupuestos fácticos no se indicaron los actos que los sujetos activos hubieren realizado antes o durante la ejecución del hecho y que el autor considerare necesarias para materializar su cometido, los que habrían permitido estimar la participación de los encartados en calidad de cómplices, en los términos del artículo 16 del Código Penal. Muy por el contrario, según se ha expuesto, se precisaron conductas propias de la autoría, consistentes en ejecutar el hecho delictivo, disparando los tres funcionarios policiales Arias Fernández, Flores Jorquera y Huaiquimil Uribe, causándole la muerte al afectado, contexto que permite aseverar que aquéllos tuvieron dominio o control final del hecho o de su desarrollo, esto es, la capacidad de decidir acerca de la consumación o no de un acto que se supieron que era ilícito, considerándose su participación, en calidad de autores, en los términos del artículo 15 N° 1 del Código Penal«, concluye.
Fotografía principal: Marineros Constitucionalistas presos en la Penitenciaría de Santiago. De pié, de Izq. a Der.: Pedro Blaset, Jaime Salazar, Hugo Maldonado, Pedro Lagos, Juan Cárdenas. De rodillas, Izq. a Der.: Sergio Fuentes, Ernesto Zúñiga, Juan Roldán | Fuente: http://www.marineros-constitucionalistas-chile.com/
El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, condenó a ocho miembros en retiro de la Armada, por su responsabilidad en el delito consumado de secuestro con grave daño de Morelia del Rosario Fernández Montenegro, crímen perpetrado en el cuartel Silva Palma a partir de febrero de 1974, cuando la víctima solo tenía 17 años de edad.
En el fallo el ministro Arancibia Pinto condenó en costas a Ricardo Alejandro Riesco Cornejo, Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, Alejo Esparza Martínez, Eduardo Mauricio Núñez Contreras, Héctor Vicente Santibáñez Obreque, Jaime Segundo Lazo Pérez y Sergio Hevia Febres, a 6 años de presidio efectivo, más accesorias legales, en calidad de autores del delito de secuestro con grave daño.
Con los antecedentes recopilados durante la etapa de investigación de la causa, el ministro en instructor logró establecer los siguientes hechos:
«Morelia del Rosario Fernández Montenegro fue tomada detenida una noche del mes de febrero de 1974 por efectivos de la Armada de Chile, en su domicilio ubicado en el cerro Florida de la comuna de Valparaíso. La víctima, que al momento su detención tenía 17 años de edad, es subida al vehículo en que se movilizaban los efectivos navales y es llevada en primer lugar, a la casa de su primo Patricio Fernández Avilés, quien también fue sacado de su casa y subido a la misma camioneta de la víctima, siendo ambos trasladados al Cuartel Silva Palma, ubicado en la misma ciudad. En dicho recinto permaneció alrededor de 2 semanas detenida, sin alimentación ni medidas de higiene, sometida a interrogatorios, malos tratos físicos como golpes y aplicación de corriente eléctrica, malos tratos psicológicos como privación del sueño y amenazas tanto a su integridad física como a la de su familia, y malos tratos verbales. Luego es trasladada a la cárcel de mujeres ‘Buen Pastor’, lugar en el que permanece recluida por aproximadamente 2 semanas más, siendo dejada en libertad durante la segunda semana de marzo de 1974. Durante el mes de mayo de 1974, fue nuevamente detenida en dos oportunidades por efectivos de la Armada de Chile, quienes la vuelven a conducir al cuartel Silva Palma, siendo sometida a interrogatorios. En dichas oportunidades, las detenciones fueron de aproximadamente dos días cada una».
El marinero constitucionalista Humberto Lagos dedica hace 10 años este tema musical en conmemoración a su fallecimiento. Hoy rescatamos este homenaje musical que permanecía en el baúl de los recuerdos para conmemorar la década del día en que se fué Patricio a su descanso eterno.
En recuerdo a mi compañero de ideales y amigo. Patricio Alejandro Barroilhet Santibañez ! Gracias, por tu ejemplo, entrega y consecuencia !!!
Patricio Barroilhet había desertado en julio de 1973 (del crucero Prat) y es detenido el 4 de septiembre en Valparaíso, por Investigaciones. Lo condenan a tres meses por deserción. Cuando sale, sólo permanece un día en libertad: lo detienen una segunda vez, ahora por la causa 3926. Luego de ser interrogado y torturado durante cinco semanas por los esbirros del teniente Benavides, lo dejan en libertad.
Para esquivar los servicios de la Marina, va a estudiar matemáticas en la Universidad Técnica de Santiago. Pero la mudanza le sirve poco: a principios del año 1974 es detenido por tercera vez, llevado al Silva Palma, interrogado, maltratado y nuevamente dejado en libertad…hasta 1976, cuando comete el error de ir a la Escuela de Ingeniería a pedir un certificado de los ramos aprobados. Allí es detenido por cuarta vez y el ex-comandante Lautaro Sazo lo presiona para que se transforme en indicador (Lautaro Sazo había sido excluído de la Marina en 1971 por sedición, pero después del golpe fue reintegrado y trabaja para los servicios secretos). Cuando es puesto en libertad, Barroilhet parte rápidamente de Chile.
En 2004, 6.070 exmilitares y carabineros solicitaron que se reconociera su despido por motivos políticos; 1.319 lo obtuvieron, lo que representa un 7.2% y un 1.64% del total. Estas cifras muestran que hubo un número significativo de uniformados en desacuerdo con el golpe de Estado y con las atrocidades perpetradas en sus instituciones. Esta visión es presentada en las 55 entrevistas que se incluyen en este volumen. Fueron efectuadas en el marco de una investigación sobre el movimiento de la marinería opuesto al golpe de Estado de 1973, publicada como Los que dijeron «No». Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973 (2008, del mismo autor). Restituye la historia de los militares antigolpistas, particularmente de los marinos, así como de militantes, abogados y oficiales relacionados con ellos, dos de estos últimos favorables al golpe. Estos testimonios, además de reconstituir el movimiento opositor al Golpe, describen la vida en la Marina a principios de la década de 1970, abordando aspectos como la disciplina, castigos, promociones, la memoria de los conflictos anteriores, la repartición de opiniones políticas, e interesantes reflexiones sobre la democratización de la institución, entre otras. Este libro se encuentra disponible para su venta en la librería de la Biblioteca Nacional a $15.000.
Gracias a la gran solidaridad hacia los perseguidos políticos se convierte Suecia con el tiempo en el país de Europa con la diáspora chilena más numerosa fuera de América por razones políticas. El compromiso del Gobierno de Olof Palme y la ardua labor desplegada por su embajador en Santiago de Chile Gustaf Harald Edelstam logran rescatar y salvar muchas vidas de perseguidos, desterrados y condenados que después de cumplir sus penas en cárceles y campos de concentración encuentran refugio en este país. Suecia organiza centros de acopio para refugiados en diferentes regiones como Alvesta, Moheda por el Sur, en la región de Kronobergs y en Estocolmo por el Norte.
Es así que en este contexto logran encontrar refugio un
grupo de marineros que se opusiera al golpe de estado en 1973 después de haber
cumplido penas entre 3 y 5 años en diferentes centros de reclusión.
“Las primeras victimas de la junta militar chilena”
titula el vespertino de mayor circulación en Suecia “Dagens Nyheter” en
Septiembre de 1977.
En la foto un registro de una parte de estos marineros.
Sr. Julio Leiva Molina
Comandante en Jefe de la Armada de Chile
Como representantes de diversas agrupaciones que se preocupan de la defensa y
promoción de los DDHH en Valparaíso y de la mantención de la memoria histórica
en relación a las atrocidades cometidas en la dictadura cívico militar, de la
cual lamentablemente vuestra institución jugó un rol preponderante desde un
primer momento, nos permitimos dirigirnos a usted a fin de exponer lo
siguiente.
Ante el comunicado emitido por vuestra institución en relación al intento de
vandalización del Monumento a los Héroes de Iquique en Plaza Sotomayor,
quisiéramos emitir algunas apreciaciones. Entendemos su pesar ante tal suceso
por tratarse de un monumento que recuerda a personas que conforman parte de la
construcción de la memoria histórica del país y de la Armada de Chile. Pese a
no compartir las motivaciones de esa acción, que según registros de videos que
circulan en redes sociales fue cometida por un grupo minoritario de
manifestantes, y que incluso motivó en una primera instancia a un sector de
ellos denominados como primera línea a proteger a los dos uniformados que
custodiaban el monumento ante un posible daño físico de estos, entendemos esta
acción dentro del marco de un estallido social que ha convulsionado a nuestro
país desde octubre de 2019 y que interpela a toda la sociedad en conjunto y que
nos habla de un malestar creciente, si no rabia, de sectores de nuestro pueblo
ante la acumulación de injusticias durante décadas.
Y ante la indignación que usted a nombre de su
institución manifiesta, nos nace la pregunta. ¿Alguna vez se ha puesto en el
lugar de nosotros, las víctimas de la dictadura, personas de carne y hueso, que
sufrieron todo el rigor de aquel nefasto régimen con persecución, cárcel,
tortura y que dejó una secuela de muertes?
Sabemos que, a pesar de ser la mayoría del alto mando una nueva generación a la
que no le cupo participación en esos hechos, no le es fácil reconocer el papel
que le cupo a la Armada. Y de ahí nuestro pesar. Sí, pues encontramos
lamentable que el alto mando que usted representa se mantenga aferrado a un
pasado ignominioso que ensucia a la institución a la que pertenecen. Bien sabe
usted a lo que nos referimos, pues si hablamos de monumentos, la mantención
dentro de los jardines del Museo Naval de una estatua a José Toribio Merino, y
no solo eso, que una sala del mismo museo lleve su nombre, constituye una
afrenta permanente a las víctimas de la represión que la dictadura militar
ejerció en Valparaíso, y en la cual a Merino le cupo la principal
responsabilidad.
La Historia es clara, y el seguir ensalzando la
figura del principal instigador del Golpe de Estado, y lo más grave, de un
oficial que rompió la cadena de mando, pasando a llevar al Almirante Raúl
Montero Cornejo, a la fecha Comandante en Jefe, autoproclamándose él como
Comandante en
Jefe de la Armada en 1973, constituye un pésimo precedente para quienes
pertenecen o se integran a la institución, toda vez que se está fomentando como
un valor el proceder de Toribio Merino en cuanto a la desobediencia militar. Y
no solo eso, indirectamente se está avalando la represión a quien piensa
diferente en cuanto a la construcción de la sociedad, tomando en cuenta los
métodos utilizados por José Toribio Merino y la Armada en aquel triste periodo
de nuestra historia.
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Como víctimas de la represión, tal como a usted le
duele los hechos acaecidos en el Monumento a los Héroes de Iquique, a nosotros
nos duele la soberbia de la institución que usted representa en cuanto al no
reconocimiento de la responsabilidad que le compete a la Armada en las torturas
y desaparición de personas en cuarteles y barcos, entre ellos, La Esmeralda, y,
en contraposición, el que rindan pleitesía de ese otro monumento financiado por
un selecto grupo de empresarios, cuyo accionar forma parte de las causales del
actual estallido social y que solo mantiene abierta una herida que no puede
cerrar mientras no se haga justicia, y que más encima, está erigida en un
espacio público que no pertenece a la Armada, sino a todos los chilenos.
En base a eso, con alturas de miras de vuestra
parte, una vez más le pedimos encarecidamente que dé el primer paso en el
camino de puntos de encuentro en esta sociedad dividida, y proceda a ordenar el
retiro de esa estatua que tanto dolor y malos recuerdos nos provoca, en un
gesto de conciliación con la historia y la memoria a la que usted alude en la
declaración que da origen a esta petición, en el entendido además, aunque
parezca un eufemismo, que vuestra institución le pertenece y representa a todos
los chilenos, y no tan solo a un sector de la sociedad.
Atentamente Nelson Cabrera Vásquez, Colectivo Cine Fórum, Valparaíso Eduardo Morris, Agrupación Familiares de Ejecutados Políticos, V Región (AFEP) Astrid Oyarzún, Brigada de la Memoria y los Derechos Humanos, Valparaíso Nelson Aramburú, Agrupación de Ex Presos Políticos, V Región Javier Rodríguez, Agrupación Amigos Miguel Woodward Alicia Zuñiga, Comisión Chilena de Derechos Humanos de Valparaíso Jaime Garnham, Colectivo 19 de Noviembre Mariano Ramírez, Comisión de Memoria Historica y Difusion de Marinos Antigolpista Coordinadora Feminista 5 Región Colectiva de Expresas Políticas del Buen Pastor Valparaíso Coordinadora de Mujeres Valparaíso Arturo Prez Colectivo a Babor Santiago Aguilar Corporación Mil Tambores
El documental, del realizador Gabriel Huracán, fue estrenado poco antes del estallido del 18 de octubre y adquiere renovada actualidad a la luz de los abusos policiales de los últimos tiempos. «Ha existido desde siempre en nuestro país y, así como había antes de la dictadura, persiste también en nuestros días», subraya el director, para quien en las entidades responsables, como Carabineros, PDI y Gendarmería, «existe una educación en el trato de personas detenidas».
Fue estrenado poco antes del
estallido, pero es de gran actualidad en vista de los abusos policiales
denunciados tras el 18 de octubre de 2019. La piedra en el agua, de Gabriel Huracán, revela que la tortura ha sido
una práctica habitual y sistemática en Chile, que continuó tras la democracia.
«Tal como se deja claro en el documental, el tema de la tortura
tiene una vigencia y una actualidad evidentes en el Chile de hoy», señaló
Santos en una entrevista realizada con este medio en septiembre.
«Esto no solo se ha puesto en evidencia con los informes de
especialistas que alertan al respecto, sino que también con las declaraciones
de los organismos de Derechos Humanos que advierten que la tortura se sigue practicando
en nuestro país. Tenemos múltiples denuncias todos los días en tribunales y eso
es solo considerando los casos en que se llega a denunciar», recalcó.
Chile modificó su Código Penal para tipificar el delito de tortura
recién en noviembre del año 2016, un cuarto de siglo tras el fin de la
dictadura. Según un informe de un organismo de Derechos Humanos, la Casa
Memoria José Domingo Cañas, hay un caso de tortura cada seis horas, y solo el
2% de los casos investigados concluye favorablemente para la víctima.
Tema no erradicado
Piedra en el agua:
Tortura en Chile es un cortometraje documental que, mediante entrevistas a expertas
y expertos sobre el tema, busca preguntarse cómo definir el fenómeno de la
tortura y sus límites.
«Esta búsqueda nos hace notar que la tortura en Chile trasciende a
la dictadura militar y nos ha acompañado en toda nuestra historia hasta hoy. Es
un mecanismo que como sociedad no hemos podido erradicar del todo y ha formado
nuestra identidad por medio de su pedagogía del dolor y el miedo»,
destacan sus realizadores.
Su título alude a que la tortura es como lanzar una piedra al agua y no
saber qué tan profundo cae la ni que tan lejos llegan las ondas que produce.
Realizado con el apoyo de distintas entidades de DDHH, el documental busca
aportar a una mirada crítica de la cotidianidad chilena de la posdictadura.
Preguntas abiertas
Su director explica que el objetivo del documental fue abrir el concepto
de tortura para poder entenderlo más allá de la dictadura, «comprender que
ha existido desde siempre en nuestro país y, así como había antes de la
dictadura, persiste también en nuestros días».
Uno de los testimonios que recoge el filme es de una víctima reciente,
en democracia, que presenta su caso de forma anónima, junto a otros entrevistados
que son activistas de la defensa de los Derechos Humanos, como Juana Aguilera
(Comisión Ética contra la Tortura) y Marta Cisternas (Casa Memoria José Domingo
Cañas), además del propio académico Santos.
¿En qué medida las acciones que hacemos están marcadas por un trauma
colectivo como la tortura? ¿Acaso la naturalización de la violencia o el miedo
a cambios sociales son algunos de esos efectos? Estas son algunas de las
preguntas que plantea el documental.
Un caso cada seis horas
Según el informe «Impunidad, Derecho a la Protesta, Violencia
Policial, Pueblos Indígenas y Políticas de Memoria» (2018) de la Casa
Memoria, existe un promedio de 1.530 casos de torturas, tratos crueles,
inhumanos o degradantes denunciados al año por responsabilidad de Carabineros,
PDI y Gendarmería, de los cuales más del 99% queda en la impunidad. Es decir,
un caso de tortura cada seis horas.
En este informe, las víctimas suelen ser mayormente las comunidades
mapuches y el movimiento secundario.
En cuanto a los primeros, las torturas incluyen «desnudez forzada,
amenaza de muerte con armas blancas y armas de fuego, amenaza de muerte a
parientes cercanos, amago de quemar ‘a lo bonzo’, posiciones forzadas por
periodos prolongados, amenaza y simulación de violación, amordazamiento,
cautiverio en celda con excremento, cautiverio en celda sin cobijas, traslado
de detenidos boca abajo sobre superficies con excremento animal, golpes de
puños y golpes de pies estando las personas tendidas y amarradas en el
suelo», entre otras.
En cuanto a los estudiantes, «niños, niñas y adolescentes (de
12 a 17 años) denuncian diversas formas de violencia sexual, así como
desnudez forzada, golpes en genitales, ahorcamiento, asfixia con bolsas
plásticas, amenazas de muerte, posiciones forzadas y trato vejatorio y
denigrante, entre otros».
El informe también constata que la fuerza policial ingresa a colegios y
liceos, aduciendo flagrancia, cometiendo múltiples vulneraciones de derechos
con niños y niñas al interior de los establecimientos.
«En el último año, bajo la nueva ley que tipifica la tortura, se
presentaron 1.940 denuncias en el Poder Judicial, de ellas, solo 26 casos (2%)
tuvieron alguna salida judicial favorable a la víctima», agrega el
informe.
Víctimas y victimarios
Santos destaca que las víctimas de la tortura hoy son sujetos
pertenecientes a colectivos marginales o no hegemónicos: mujeres, indígenas
(mapuches), quienes pertenecen a grupos sexualmente diversos, jóvenes, etc.
«La tortura se aplica preferentemente en nuestro país contra aquellos
que son más vulnerables. Esto la transforma en una práctica doblemente
repugnante: se trata de un grosero abuso de poder», enfatiza.
En cuanto a los victimarios son, en nuestro país, aquello que tienen el
poder y abusan de él, agrega el académico.
«Quienes ejercen la tortura son, como lo ha sido siempre en Chile,
los organismos del Estado. Como se ha mostrado insistentemente en los informes,
son hoy las policías las que torturan sistemáticamente en nuestro país»,
advierte.
«En estas ramas existe una educación en el trato de personas
detenidas», complementa Huracán, quien incluye entre los victimarios a los
agentes que «hacen vista gorda y que permiten que se perpetúe».
«Más allá de eso creo que cualquier persona puede convertirse en un
torturador si es entrenado para ello. No se debiera hablar de los torturadores
como monstruos, sino como personas que quisieron educarse en el tema, que
banalizan la tortura. Pensarlo así lo hace más real y más peligroso»,
indica.
Avances
Él rescata que se haya tipificado la tortura como delito, así como un
avance en las tecnologías que permiten descubrir quién cometió un crimen,
versus el método de confesión de épocas anteriores. También que el Instituto
Nacional de Derechos Humanos (INDH) realice clases a las diferente ramas de las
Fuerzas Armadas para prevenir el uso de tortura.
«Pero, sin duda, creo que para terminar con la tortura se tiene que
partir por hablar de ella. Manuel Guerrero, en el lanzamiento del documental,
planteaba esto: que luego de la dictadura mucha gente no quiso testificar sus
casos de torturas porque pensaban que no eran tan graves en comparación con la
persona de al lado que estuvo en la parrilla», dice.
«Creo que al ampliar el concepto y abordarlo como una acción
transversal en la historia podemos comprender que siempre ha existido y que no
desapareció de la nada en 1990. Al hablarlo se puede denunciar, exigir
justicia y reeducarnos», señala.
Para Santos no es un asunto de fácil solución, pues se trata de una
práctica profundamente arraigada en nuestra sociedad.
«Hay estudios que sitúan la tortura ya en tiempos de la Colonia y, como se ha dicho, continúa sin interrupción hasta hoy. Es por ello que no se trata de un problema que simplemente se solucione tomando algunas medidas. Habría que trabajar sistemática y profundamente en varios niveles para lograr algunos avances en esta materia: nivel político, nivel cultural, nivel educacional, nivel profesional», concluye.
Señor presidente , ministros, generales y cardenales de mi país
en nombre de los trabajadores del campo y la ciudad os pido:
¡dejad de ser violentos! o acaso no es violencia infectar a nuestra madre tierra engordando el tributo del erario
mientras sus soldados iracundos disparan sin piedad ráfagas de fuego
Acaso no es un crimen truncar la infancia de miles asesinar sueños:
Acaso no es un crimen pagarle una miseria a los trabajadores del campo y la ciudad.
a los jubilados que nos le permite comprar sus medicinas salvar sus vidas
Acaso no es violencia una educación y, una salud clasista . Acaso no es ser agresivo privatizar , vender el agua, el mar y todas nuestras riquezas
Acaso no es violencia, la diferencia abismal de sueldo entre ustedes y los trabajadores del campo y la ciudad
Acaso no es violencia utilizar los carabineros y fuerzas armadas para reprimir las manifestaciones por los derechos a mejor vida; como si ellos no fueran ciudadanos.
acaso no es un crimen declarar la guerra y adueñarse de nuestra geografía
Señor presidente ministros generales y cardenales vuestro gobierno y su política han parido la pobreza y sus secuelas
Señor Presidente Ministros generales y cardenales en nombre de los pobres del campo y la ciudad os pido ¡¡ DEJAD DE SER VIOLENTOS; DEJAD DE SER AGRESIVOS, DEJAD DE SER CRIMINALES!!
Ustedes deben reflexionar y entender que ustedes han parido JUSTAS REBELIONES
MINISTRO MARIO GÓMEZ MONTOYA PROCESA A OFICIAL (R) DE LA ARMADA POR SECUESTROS Y APLICACIÓN DE TORMENTOS
11/02/2020
MINISTRO MARIO GÓMEZ MONTOYA PROCESA
A OFICIAL (R) DE LA ARMADA POR SECUESTROS Y APLICACIÓN DE TORMENTOS
El
ministro en visita extraordinaria (s) para causas por violaciones a los
derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Mario Gómez Montoya,
sometió a proceso al contralmirante en retiro de la Armada Erwin Hugo Andrés
Conn Tesche, por su responsabilidad en dos delitos de secuestro y aplicación de
tormentos. Ilícitos perpetrados en diciembre de 1973, en la ciudad puerto.
En
la primera resolución (causa rol 970-2007), el ministro Gómez Montoya encausó
al exoficial de la Armada como autor mediato de los delitos de secuestro calificado
y aplicación de tormentos al profesor universitario Félix Francisco Figueras
Ubach.
En
esta etapa procesal, el ministro en visita estableció los siguientes hechos:
«(…)
a partir del 11 de septiembre de 1973, personal de las Fuerzas Armadas, de Carabineros
y de la Policía de Investigaciones conformaron grupos operativos encargados de
perseguir a las personas contrarias al régimen militar imperante en la época,
contando para ello con recursos materiales y humanos, lugares de detención,
vehículos, armas, entre otros, dentro de organizaciones jerarquizadas y de
mando, dedicadas a las actividades que permitieron la ocurrencia de los delitos
que se han denunciado precedentemente.
La
autoridad encargada de la Seguridad Interior, CAJSI (Comandancia de Área
Jurisdiccional de Seguridad Interior), crea su propio Servicio de inteligencia,
denominado con la sigla SICAJSI, el que ya se encontraba en funcionamiento en
época en que ocurren los hechos. Este organismo estructurado, jerarquizado, y
con reglas de funcionamiento definidas por la autoridad central, tenía como
misión cumplir las órdenes que emanaban del CAJSI relacionadas con la Seguridad
interior, dirigidas a la eliminación, investigación y paralización de cualquier
acción delictual contra la seguridad del Estado.
Para
el cumplimiento de estas directrices, la jefatura del SICAJSI emitía órdenes de
investigar, allanar y detener, las que eran llevadas a efecto por personal que
integraba los Comandos de Operaciones Contrainsurgencia (COC), que correspondía
a funcionarios de distintas ramas de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de
Chile y funcionarios de la Policía de Investigaciones, quienes dependían
jerárquicamente del Jefe del Departamento de Operaciones del mismo organismo,
el que a su vez rendía cuenta directa de los resultados de las operaciones al
Jefe del SICAJSI, que a la época en que ocurrieron los hechos correspondía al
Capitán de Navío Sergio Barra Von Kretschmann, actualmente fallecido.
A
este respecto, ha quedado establecido que el Jefe del SICAJSI contaba con Jefes
de Servicio, Oficiales alumnos del Curso de Estado Mayor, quienes supervisaban
y daban las órdenes necesarias para el funcionamiento del Servicio, al actuar
como subrogantes del Jefe del SICAJSI cuando éste no se encontraba en funciones,
teniendo facultades incluso para firmar órdenes de detención y de investigar, y
para determinar el destino de los detenidos.
Estas
órdenes eran ejecutadas al margen de la legalidad, para justificar o sustentar
la comisión de ilícitos, como detenciones ilegales, allanamientos de morada,
aplicación de rigor innecesario, privaciones de libertad de personas por largos
periodos de tiempo en lugares no autorizados, y la aplicación de tormentos
físicos y psicológicos.
Que,
en dicho contexto, conforme a los antecedentes pormenorizados precedentemente,
se ha podido establecer que el día 11 de diciembre de 1973, en horas de la
noche, Félix
Francisco Figueras Ubach, de nacionalidad
chilena y padres españoles, quien se desempeñaba como profesor adjunto en el
Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile en esta ciudad, es secuestrado
desde el interior de su domicilio particular en Viña del Mar, ante la presencia
de sus padres, por efectivos militares del Regimiento Coraceros de esa misma
ciudad, quienes lo conducen al mismo recinto. El día 13 de diciembre de 1973,
sus familiares recibieron la noticia que había sido trasladado a la Academia de
Guerra Naval, ubicada el cerro Playa Ancha de Valparaíso, lugar donde les fue
negada su presencia, por lo que desde ese momento comenzaron su búsqueda por
diversos lugares de la ciudad, no logrando dar con su paradero. Pasados unos
días, la familia se informó que un médico amigo pudo reconocer el cadáver de
Félix Figueras Ubach en el Hospital Naval de Playa Ancha.
También
se encuentra establecido que, luego de estar secuestrado en el recinto de la
Academia de Guerra Naval de Valparaíso, en donde debió permanecer encerrado
junto a otros detenidos, fue sometido a diversos interrogatorios con aplicación
de tormentos en una sala habilitada para ello, ubicada en el cuarto piso del
edificio, por el grupo de Infantes de Marina que estaba designado para cumplir
el rol de interrogador. Los tormentos recibidos durante el interrogatorio
fueron de tal magnitud, que tanto la víctima como los demás detenidos que eran
sometidos a ellos, salían en muy malas condiciones físicas, incluso, algunos
debían ser sacados en frazadas por no poder salir por sus propios medios. Es el
caso que, Félix Figueras Ubach, luego de terminar un interrogatorio, fue conducido
al baño del mismo piso para asearse y reponerse del maltrato, junto con otros
detenidos, lugar desde donde se lanza la vacío por una ventana sin protecciones
que estaba al interior de éste y que daba al frontis del recinto naval, para
caer en el sector en donde se estacionaban los vehículos, lo que resulta en la
muerte de la víctima de autos».
Violación de detenida
En
la segunda resolución, el ministro Gómez Montoya atribuye responsabilidad a
Conn Tesche en los delitos de secuestro y apremios ilegítimos en contra de
S.P.V., causa en la cual se resguarda la identidad de la víctima.
Respecto
de este caso, se logró acreditar que «(…) S.P.V. es detenida en el mes de
diciembre de 1973 por Carabineros de la Tenencia de Carreteras de Valparaíso,
en circunstancias en que ella junto a su primo y unos amigos se dirigían a la
localidad de Tunquén. Lo anterior ocurre en la garita de Control carretero
ubicada en el sector de Peñuelas, luego son trasladados a la Tenencia de
Carreteras de Valparaíso, permaneciendo allí un par de horas. Y de ese lugar,
son llevados por funcionarios de la misma unidad policial a la Academia de
Guerra Naval de Valparaíso, todo ello en el marco de la investigación que
efectuaba el CAJSI de Valparaíso en relación a su primo».
«En ese lugar permanece detenida por un día, siendo sometida a interrogatorio en el Cuartel Silva Palma por personal que cumplía las funciones de interrogar a los detenidos que permanecían en ese cuartel privados de libertad. En este interrogatorio, tres de ellos procedieron a efectuar tocaciones deshonestas en contra de la víctima, para posteriormente ser violada por los mismos».
