Un imperativo democrático: la subordinación y no deliberación de las instituciones armadas

CIPER ACADÉMICO / OPINIÓN

24.04.2021

Por Claudio Fuentes S.

TEMAS: CarabinerosCIIRCIPER/AcadémicoConstituciónEjércitoEspionajeFuerzas ArmadasMilicogate

  • ¿Cuán obedientes y no deliberantes son las Fuerzas Armadas y de Carabineros? Este detallado análisis de la Constitución chilena muestra que hay artículos que contradicen esas aspiraciones democráticas; también destaca el poco control que las autoridades civiles tienen sobre las operaciones de inteligencia de esas instituciones y sus programas de formación, entre otros aspectos. La Constitución consagra una “cultura organizacional de autonomía”, donde se considera que las instituciones armadas están sobre la política democrática, “pues defienden ciertos valores aparentemente superiores”, explica el autor.

El autor es cientista político, profesor de la Universidad Diego Portales, y ha desarrollado una larga investigación académica en el área constitucional. Es investigador responsable del proyecto FONDECYT Nº 1170025 sobre ideas y cambio constitucional en Chile e investigador asociado del el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR).


La gran mayoría de las sociedades contemporáneas han establecido instituciones armadas para proteger el territorio respecto de eventuales amenazas externas (fuerzas armadas), y para controlar el orden público interno (policías). El pacto social democrático transfiere el monopolio de la fuerza a un conjunto limitado de instituciones que serán las encargadas de proteger a la ciudadanía.

Pero transferirles el control de las armas a tales instituciones (policías y militares) implica un serio dilema para cualquier sociedad democrática. Y esto por el simple hecho que dicho traspaso de confianza implica una concentración de poder que pone en riesgo a la propia convivencia democrática. Los creadores originales de la Constitución de Estados Unidos tenían conciencia de aquella amenaza por lo que sugieren un modelo mixto de control, entregándole al poder ejecutivo la potestad de la comandancia en jefe de las fuerzas armadas y reservando para el Congreso la declaración de guerra y el control presupuestario.

Esto nos lleva a la ya clásica afirmación que la democracia debe protegerse de sus propios protectores.  “¿Quién vigilará a nuestros vigilantes?” se preguntaba irónicamente el romano Juvenal en sus poemas. Platón, en La República, enfrentado a esta misma pregunta sostenía que sería absurdo establecer algún tipo de control respecto de los guardianes de la ciudad. Los guardianes se protegerán así mismos por aquel sentido de valor y honor que tiene un guerrero.

La historia contemporánea ha demostrado que la democracia requiere controlar a sus guardianes. La tentación de aquellos guardianes de transformarse en gobernantes, el uso de sus poderes para obtener prebendas, y/o el uso político que muchas veces se les da a las instituciones armadas —policías y militares—, llevó a establecer algunos principios que hoy parecen básicos en una democracia: la supremacía civil, la obediencia y la no deliberación.

Las Constituciones democráticas suelen establecer una nítida y explícita superioridad de mando de la máxima autoridad política en tiempos de paz y de guerra. No pueden dejarse espacios de autonomía a las instituciones policiales y militares pues aquello podría eventualmente erosionar a la propia institucionalidad democrática. Particular atención se debe poner a las decisiones de mando en tiempos de paz y de crisis, respecto de los servicios de inteligencia y en relación con el uso de los recursos públicos. Así, en muchas constituciones se establece que el comandante en jefe será la máxima autoridad política. Se establece el poder de remoción de los comandantes en jefe y se establecen mecanismos permanentes de control legislativo sobre los procedimientos castrenses y policiales.

La obediencia es la otra cara de la moneda. Las instituciones armadas deben aceptar y acatar las decisiones emanadas del poder político. En este sentido la jerarquía institucional no alcanza su límite en el comandante en jefe o director de Carabineros sino que se transfiere hasta el poder político representado por el o la presidenta de la República. La democracia debe evitar crear un Estado dentro del Estado, esto es, burocracias que se mandan solas y que funcionan al margen de cualquier control político democrático.

Finalmente, la no deliberación alude a no interferir en asuntos políticos precisamente por el poder que estas instituciones concentran. Si las instituciones armadas entregasen opiniones sobre el curso de los acontecimientos políticos, lo que sucede en los programas de televisión, lo que aprueba o rechaza el Congreso Nacional o el modo en que se conducen las políticas públicas, se vería afectada seriamente la convivencia democrática. Ya dijimos que por el solo hecho de controlar el monopolio de las armas, la opinión de una institución armada es cualitativamente distinta a la de cualquier otra institución del Estado o de la sociedad civil por lo que se establece este requisito democrático.

¿CUMPLE LA CONSTITUCIÓN ACTUAL CON ESTOS PRINCIPIOS?

El actual estándar constitucional en esta materia es claramente insuficiente. Esto se ha venido sosteniendo desde hace ya bastante tiempo (García y Montes 1994, Hunter 1996, Fuentes 1997, Agüero 1998, Fuentes 2000, Weeks 2003, Fuentes 2006) y ha sido reiterado recientemente (Contreras y Salazar 2020, Varas 2021). Analicemos brevemente el modo en que se aborda los principios de la supremacía civil, la obediencia y la no deliberación en la Constitución.

El actual texto establece, efectivamente, que las instituciones armadas y de Carabineros son “esencialmente obedientes y no deliberantes” (artículo 101). Se establece también que el presidente de la República “puede disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas” (art. 32 Nº17) y se define que la máxima autoridad de la República nombra a los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y de Carabineros, así como puede llamarlos a retiro.

Sin embargo, la propia Constitución vigente contiene una serie de artículos que contradicen estos principios de mando, obediencia y no deliberación estableciendo lo que se ha denominado un poder de seguridad (Contreras y Salazar 2020).

En relación con la supremacía civil, en ninguna parte del texto se establece una clara supremacía respecto de las instituciones armadas. Por ejemplo, en el artículo 32 Nº 18 se indica que el presidente tendrá la función de “asumir, en caso de guerra, la jefatura suprema de las fuerzas armadas”. ¿Quiere decir esto que en tiempos de paz tal jefatura suprema no es ejercida por el presidente?

Varias constituciones en el mundo establecen explícitamente que el mando superior de las instituciones armadas—policías y militares—le corresponde al presidente de la República. En Estados Unidos se explicita que el presidente es el comandante en jefe de las fuerzas armadas. Lo mismo ocurre en casos como Finlandia, Francia, Argentina o SudáfricaY este rol lo cumple el presidente en tiempos de paz y de guerra.

Otro aspecto crítico se refiere a los sistemas de inteligencia, en la que un estado democrático debe procurar establecer una línea de responsabilidad y mando sujeto al control civil. La Constitución chilena actual no define las prerrogativas de las autoridades civiles en este ámbito. Por ejemplo, en Alemania la Constitución señala que el Parlamento Federal deberá definir un panel para monitorear las actividades del sistema de inteligencia del país. La Constitución portuguesa le confiere la atribución exclusiva al Parlamento de definir las reglas que regularán los sistemas de inteligencia. La Constitución de Sudáfrica le entrega la potestad a la máxima autoridad civil de organizar el sistema de inteligencia y de designar a quienes la conducirán. Los déficit de control democrático sobre el sistema de inteligencia hacen imperativo abordar el tema en una perspectiva constitucional.

Otra dimensión de supremacía se da con los estados de excepción constitucional, donde el presidente designa a un jefe de la defensa para la zona declarada bajo excepción. Aquí el problema se da entre la superioridad jerárquica y política de un Intendente (o un Gobernador, como será en el futuro), respecto de un oficial castrense que es designado para gobernar un territorio en tiempos de excepción. La Constitución no resuelve este problema y, de hecho, varias catástrofes naturales nos han mostrado las dificultades e incluso tensiones que se producen entre la autoridad civil y militar, enfrentados a este tipo de circunstancias.

En Chile, se les entregan a las fuerzas armadas además, una serie de atribuciones en la ley orgánica que las organiza. Entre otros, los nombramientos, ascensos y retiros dependen de propuestas emanadas por los comandantes en jefe respectivos; las instituciones armadas pueden definir sus propios planes y programas de estudio sin pasar por la aprobación de ninguna institución externa a ellas mismas; dichas ramas pueden otorgar títulos técnicos, profesionales y grados académicos; se establece un régimen especial de previsión y seguridad social del personal de planta y se indica que es autónomo; y se establece un presupuesto militar particular que incluye un fondo plurianual de capacidades estratégicas y un fondo de contingencia estratégico entre otros.

En otras palabras, la autoridad civil ve limitada su acción en áreas relevantes al desarrollo de las instituciones de la Defensa toda vez que o no tiene las atribuciones o son aspectos de la gestión que han sido concebidos como espacios reservados para la acción de las propias instituciones armadas (mando, educación, sistema de seguridad social, financiamiento, justicia militar).

¿…Y LA NO DELIBERACIÓN?

Ya dijimos que la Constitución explicita que ni las fuerzas armadas ni Carabineros pueden deliberar. Sin embargo, el texto vigente deja entreabiertas opciones para que los institutos castrenses deliberen. Por ejemplo, en el artículo 107 se indica que cualquiera de los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional, en el marco de sus sesiones, “podrá expresar su opinión frente a algún hecho, acto o materia que diga relación con las bases de la institucionalidad o la seguridad nacional”.  O sea, si el Presidente decide convocar a dicho Consejo, cualquiera de los comandantes en jefe o el Director de Carabineros podrá aludir a tales materias.

¿A qué materias aluden las “bases de la Institucionalidad”?  Ello nos remite al capítulo Primero de la Constitución que aborda dichas bases. Allí se mencionan temas como la relevancia de la familia, grupos intermedios, el rol del Estado, los emblemas nacionales, la estructura del Estado, la regionalización, el carácter democrático de la república, la soberanía de la nación, el ejercicio de la soberanía por medio de elecciones, la probidad y el terrorismo. Es decir, perfectamente las fuerzas armadas podrían hacerle ver al presidente en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional cualquier preocupación sobre alguno de estos temas. Si eso no es deliberar, ¿de qué estamos hablando?

Otro artículo problemático es el Nº6, que indica que “los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República”.  Como las instituciones armadas y de orden público son órganos del estado, entonces les corresponde también a ellas garantizar el orden institucional de la República. Esto último es altamente problemático por cuanto perfectamente en una situación de crisis estas instituciones podrían señalar que la propia Constitución les indica que deben garantizar el orden institucional. El principio de obediencia y no deliberación perfectamente se podría poner en jaque si se procediera a dar este tipo de argumentación contraria a cualquier sistema democrático en forma.

AUTONOMÍA SIN SUBORDINACIÓN

Luego del golpe de Estado las fuerzas armadas y Carabineros se autoasignaron un rol particular dentro del proceso político chileno. La Constitución original de 1980 cristalizó una autonomía legal pero también una de tipo organizacional y corporativa que se proyecta hasta el día de hoy. No cabe duda de que se han hecho relevantes cambios legales a la Constitución que han reducido significativamente los espacios de autonomía formal. Pero tanto los militares como Carabineros continúan viviendo en una “cultura organizacional de autonomía”.

En años recientes hemos sido testigos de varios episodios de este tipo: generales que se niegan a renunciar; uso de recursos institucionales para cometer ilegalidades bajo la premisa que no serán castigadas; defensas corporativas; intervenciones públicas para pronunciarse sobre la contingencia. Esta cultura organizacional se nutre del autoconvencimiento que sus instituciones están por sobre la política democrática, que defienden ciertos valores aparentemente superiores. Pero además, al existir un blindaje corporativo y legal (justicia propia, mando jerárquico autónomo), se genera un ambiente propicio para actuar autónomamente.

No es casualidad que en los últimos años se hayan demostrado montajes en el sistema de inteligencia de Carabineros, engaños del Ejército respecto del espionaje a periodistas que han investigado casos de corrupción de dicha institución, o la negación de Carabineros a presentar su renuncia ante la petición del mismo Presidente de la República como sucedió en diciembre de 2018 con Hermes Soto. La carta pública de esta semana de las tres ramas de las fuerzas armadas a un canal de Televisión demuestra, una vez más, el dominio de esta cultura organizacional autónoma que permea sus acciones.

El proceso constituyente será una gran oportunidad para revisar el mandato constitucional en relación con las fuerzas armadas y de orden. Esperemos que los principios de supremacía civil, obediencia y no deliberación permeen las discusiones y nos conduzcan hacia una nueva concepción de defensa y orden público que debiese plasmarse en ese texto Constitucional.

NOTAS Y REFERENCIAS

Agüero, Felipe. 1998. «Legacies of Transitions: Institutionalization, the Military, and Democracy in South America». Mershon International Studies Review 42 (2): 383-404

Contreras, Pablo y Sebastián Salazar. 2020. Desconstitucionalizar para democratizar: las fuerzas armadas y las policías en la nueva Constitución. Política. Revista de ciencia política. Vol 58: 1: 11-34.

Fuentes, Claudio. 1997. «Militares en Chile: ni completa autonomía ni total subordinación» En Chile 96: Análisis y Opiniones. Santiago: Nueva Serie Flacso, 165-180.

Fuentes, Claudio. 2000. «After Pinochet: Civilian Policies Toward the Military in the 1990s Chilean Democracy». Journal of Interamerican Studies and World Affairs 42 (3): 111-144.

Fuentes, Claudio. 2006. La Transición de los militares. Santiago: LOM.

García P., Gonzalo y Juan Esteban Montes I. 1994. Subordinación Democrática de los Militares: Éxitos y Fracasos en Chile. Santiago: Centro de Estudios del Desarrollo

Hunter, Wendy. 1997. Eroding Military Influence in Brazil: Politicians Against Soldiers. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Weeks, Gregory. 2003. The Military and Politics in Post-authoritarian Chile. Tuscaloosa: University of Alabama Press.

Varas, Augusto. 2021. Las fuerzas armadas en la nueva Constitución. Minuta experta, plataforma Contexto. Ver el siguiente enlace.

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.

Hasta el momento, CIPER Académico recibe aportes de seis centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el Centro de Investigación en Comunicación, Literatura y Observación Social (CICLOS) de la Universidad Diego Portales, el Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder (NUMAAP), el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería (CRHIAM) y el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP). Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.https://www.ciperchile.cl/2021/04/24/un-imperativo-democratico-la-subordinacion-y-no-deliberacion-de-las-instituciones-armadas/

Declaración de Marinos Antigolpistas por la detención de un joven en Valparaíso por un miembro de la Armada

El Clarín De Chile  19 Abril, 2021  No Comment

La Agrupación de Marinos Antigolpistas, (AMA), manifiesta su mas absoluto rechazo al procedimiento utilizado por un integrante de la marina en contra de un joven, que se encontraba absolutamente reducido e indefenso, tendido en el suelo de boca abajo, así como también la “justificación” que entrega su mando superior Comandante en jefe de la 2ª Zona naval y jefe de las fuerzas militar en estado de emergencia, cuando señala que este joven habría intentado huir.

Al respecto es necesario recordar que ningún ciudadano ni institución puede estar ni actuar al margen de la ley, aun en estado de emergencia por lo que hacemos las siguientes precisiones:

1º.- La grabación en video es absolutamente clara respecto de la acción asumida por el marino, de absoluta superioridad en la aplicación de una fuerza desmedida, con un fusil ametralladora apuntando en la espalda, y con la rodilla en el cuello, a una persona que esta tendida en el suelo, boca abajo, con las manos en la espalda, lo que revela un procedimiento enseñado e instruido por sus superiores jerárquicos.

2º.- El motivo por el cual fue detenida esta persona, habría sido por no obedecer al control de detención, al que fue conminado por el marino, por lo que es necesario preguntarse ¿Cómo es que aparece un marino, solo, realizando control de identidad, sin la presencia de Carabineros?

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3º.- Si la versión de la Marina es verdadera, acaso no se instruye al personal que va ha realizar estos controles, que la ausencia de permiso para circular de cualquier persona, no es un delito sino una falta, por lo que está actuando frente a sus compatriotas, a los cuales se debe respeto, ya que el pueblo no es su enemigo.

4º.- Estas situaciones y procedimientos brutales y abusivos, nos recuerdan la historia reciente vivida, con motivo del golpe de Estado cívico militar del año 1973, en contra del Presidente Constitucional Salvador Allende G, en que la Marina utilizó métodos de tortura, muchos mas crueles y criminales, en contra de nosotros los Marinos Antigolpistas en democracia, y de miles de civiles desarmados, encarcelados en el Buque Escuela Esmeralda, el buque mercante Lebu, La Academia de Guerra Naval, Cuartel Silva Palma, Campos de Concentración y otros lugares en Valparaíso.

5º.- Por todo lo expuesto hacemos un llamado a todas las organizaciones de: DD.HH, sociales, culturales, sindicales, estudiantiles y a los partidos políticos a hacer un rechazo y repudio público a estos procedimientos ilegales, importados una vez mas desde las instrucciones y ejemplos provenientes de EE.UU.

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“Los pueblos que olvidan su historia, están condenados a repetir y sufrir las mismas tragedias”.

-Marinos Antigolpistas (AMA).
-Asoc. Cultural Sitio de Memoria cuartel Silva Palma.

Fallece Pedro Enríquez Barra. Abogado que asumió la defensa de los marinos constitucionalistas en Talcahuano.

Falleció el primer secretario regional de MIR en Concepción: Pedro Enríquez Barra

En Concepción Metropolitano

12 de abr. de 2021

resumen.cl] En horas de la tarde de este lunes, a los 85 años de edad, falleció el destacado abogado Pedro Enríquez Barra. Su deceso ocurrió en su casa de Villa Los Conquistadores en San Pedro de La Paz.

Don Pedro nació en Angol, pero fue criado en Renaico, donde su madre Rosa Barra Villagrán dirigía la escuela de la localidad. Luego de terminar la preparatoria -lo que hoy sería sexto básico- abordó el tren con destino a Concepción para ingresar a los entonces estudios de humanidades en el histórico Liceo de Hombres Enrique Molina Garmendia. Fue ahí, aún muy joven, donde se empapó de las ideas socialistas; durante su época de estudiante secundario, inicia su militancia trostkista a principios de los años 50 insertándose en labores políticas del sindicato de trabajadores de Huachipato en Talcahuano.

Terminada la secundaria, Don Pedro inicia sus estudios de Derecho en la Universidad de Concepción, donde se titulará de abogado, dedicando la mayor parte de su larguísima carrera profesional a la defensa de estudiantes, luchadores, organizaciones sociales y sindicales de la zona.

Tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, diversos sectores de la izquierda en nuestro país, influidos por los procesos políticos en el continente, comienzan una etapa de discusión y confluencia, que concluye con la fundación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Pedro Enríquez Barra, fue parte de ese grupo de penquistas que partió en un bus hasta el Sindicato de Trabajadores del Cuero y el Calzado en Santiago, donde el 15 de agosto de 1965 se fundó el MIR. El congreso fundacional eligió a Pedro Enríquez como primer secretario Regional en Concepción de la naciente organización. Ejerce este cargo hasta fines de 1967, siendo sucedido por Bautista Van Schouwen Vasey.

Pedro Enríquez Barra fue el primer director del sindicato de abogados y procuradores de Concepción, principalmente abocado a derecho laboral. El triunfo del dirigente del MIR Luciano Cruz Aguayo en las elecciones de FEC, lo convierte en abogado de una generación de jóvenes revolucionarios. A partir de entonces protagoniza una serie de juicios de alta resonancia pública, especialmente a partir del allanamiento a la Universidad de Concepción el año 1969 y la persecución a la dirección del MIR por parte del gobierno de Eduardo Frei Montalva.

Hacia finales del gobierno de Salvador Allende, será el abogado de los marinos constitucionalistas que se encontraban en calidad de prisioneros en Talcahuano por intentar impedir la sedición golpista que se gestaba en los buques de la Armada.

El golpe de Estado lo obligó a pasar a la clandestinidad. Su figura era muy conocida en la ciudad, eso llevó a su detención en una casa de seguridad en Chiguayante. Es llevado prisionero por diversos centros de detención hasta concluir en el Campo de Prisioneros de Chacabuco, ubicado a 100 kilómetros al interior de Antofagasta, en pleno desierto de Atacama.

Desde Chacabuco, Don Pedro sale rumbo al exilio en Francia junto a su familia. Terminada la dictadura, volvió a Chile sólo con su esposa. Sus hijos, nietas y bisnietas permanecieron en el exilio.

Hasta el final de sus días, Don Pedro jamás perdió la lucidez, la capacidad de realizar coherentes análisis políticos y la convicción de la necesidad de transformación social en Chile. Fue socio fundador y miembro activo de la Mutual Bautista Van Schouwen donde, además, desempeñaba la labor de abogado.

En este año de pandemia vivió más aislado producto de las exigencias sanitarias. Aún así, quiso participar y se hizo presente en la inauguración del  Memorial en homenaje al militante de MIR de Lota Oscar Arros Yañez, el pasado 27 de diciembre, su última actividad pública.

Ha partido un hombre noble y justo, muy racional, con un gran sentido del humor, reflexivo y estudioso, de una tremenda capacidad intelectual, comprometido y consecuente. Un revolucionario de largas décadas de compromiso con su pueblo.

https://resumen.cl/articulos/fallecio-el-primer-secretario-regional-de-mir-en-concepcion-pedro-enriquez-barra

ALERTA POR TRABAJOS EN TERRENOS ALEDAÑOS AL CUARTEL SILVA PALMA EN VALPARAÍSO

ALERTA POR TRABAJOS EN TERRENOS ALEDAÑOS AL CUARTEL SILVA PALMA EN VALPARAÍSO

Gran inquietud ha provocado en organizaciones de Derechos Humanos de Valparaíso la realización de trabajos en la vecindad del Cuartel Silva Palma, un recinto de la Armada de Chile que fue utilizado como centro de detención y tortura. A este emblemático edificio se le otorgó oficialmente protección patrimonial al declararlo como Monumento Histórico, resolución que fue publicada en el Diario Oficial en Febrero de 2018.

Las aprehensiones se justifican plenamente, ya que en Febrero de 2017, de la noche a la mañana, la Armada  realizó la demolición de la Academia de Guerra Naval, edificio ubicado un poco más arriba del Cuartel Silva Palma, otro siniestro centro de tortura, macabramente denominado como “la casa de la risa”, lo que fue interpretado por ex prisioneros y prisioneras políticas que padecieron horrores en dichos lugares como una forma de borrar la dolorosa Memoria Histórica de nuestra región y nuestro país.

Si bien oficialmente el Cuartel Silva Palma ha sido declarado como un Sitio de Conservación Histórica, tanto para las y los integrantes de las diferentes organizaciones de Derechos Humanos de la V Región como asimismo para los ex prisioneros y prisioneras políticas de la dictadura, este lugar es considerado un Sitio de Memoria que debe ser resguardado y entregado a la civilidad. Precisamente eso es lo que busca el Centro Cultural y de Derechos Humanos Cine Fórum de Valparaíso al solicitar a Bienes Nacionales el 10 de Diciembre del 2020 que el Cuartel Silva Palma sea entregado  en Comodato a la ciudadanía, de manera que los porteños y porteñas puedan desarrollar allí un espacio cultural y social que rescate de la Memoria Histórica Regional en materia de Derechos Humanos.

Fueron precisamente integrantes del Cine Fórum quienes dieron la voz de alerta ante esta delicada situación, denunciando públicamente este hecho y exigiendo respuestas a los organismos pertinentes.

En entrevista con Nelson Cabrera, integrante de esta organización, quien estuvo detenido y fue torturado en dicho lugar, manifestó lo siguiente.

Nelson, me podrías dar tu opinión respecto a os trabajos que se están realizando en la vecindad del Cuartel Silva Palma…

“A nosotros, como organización de Derechos Humanos, que llevamos adelante una lucha constante por mantener viva la Memoria Histórica, para que no se olviden los horrores y las brutalidades cometidas por la Armada de Chile en contra de chilenos y chilenas indefensas, nos preocupa de sobremanera que se vayan destruyendo los lugares emblemáticos que representan Sitios de Memoria en Valparaíso y la V Región, donde se violaron los Derechos Humanos y se cometieron crímenes de lesa humanidad. Ya ocurrió con la Academia de Guerra Naval, por eso al ver lo que está pasando ahora alrededor del Silva Palma, tenemos serias sospechas que se pueda dañar este lugar o incluso intentar demoler. Están pasando a llevar aquí la exigencia de conservación histórica de este espacio.”

¿Qué acciones han emprendido como Cine Fórum?

“Hicimos un reclamo formal al Consejo de Monumentos local y nacional, a Bienes Nacionales, a la Secretaría de la Cultura y a la Municipalidad de Valparaíso. Ellos, los marinos, para realizar cualquier trabajo en dicho lugar tienen que pedir permiso al Consejo de Monumentos, por eso enviamos una carta exigiendo respuestas ante esto y que queremos que también lo sepa la opinión pública.”

¿Esta preocupación que tienen ustedes se relaciona con la demolición de la Academia de Guerra?

“Efectivamente, cuando nosotros supimos que estaban demoliendo la Academia de Guerra enviamos una solicitud para detenerla, y cuando iba en trámite esta solicitud la Armada simplemente demolió en dos o tres días y la respuesta  del Consejo de Monumentos, donde hay un representante de la Armada y del Ejército, que dieron después que ya estaba demolido el edificio, fue que había una falla arquitectónica seria que ponía en peligro el edificio, en circunstancias que ese era un edificio prácticamente indestructible, muy bien construido, y está ubicado sobre un peñón de roca, pero así lo justificaron. Por eso nuestra preocupación ahora es que se vaya a intentar hacer algo parecido en el Silva Palma o colateralmente se dañe por los trabajos que están haciendo allí al lado”

Transcribo a continuación la Carta enviada por Nelson Cabrera a Rodrigo Ordenes Alvarez , encargado de la oficina técnica regional del Consejo de Monumentos Nacionales, con copia a Pablo Seguel, encargado de Memoriales y Sitios de Memoria del Consejo Nacional de Monumentos Nacionales, Francia Jamett, encargada de Memoria y Patrimonio del Ministerio de la Cultura y de las Artes, a Rosario Pérez, Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Valparaíso,  y  a María José Larrondo, encargada de Patrimonio de la Municipalidad de Valparaíso. 

“Sr.  Rodrigo Ordenes Alvarez
Consejo de Monumentos Nacional

Eduardo Nelson Cabrera Vásquez, presidente del Colectivo Cine Fórum, peticionario
del cuartel Silva Palma como espacio de Conservación Histórica, hace llegar a Ud. el
reclamo respectivo al no cumplir la Armada de Chile los requisitos que corresponden
a demoliciones o construcciones de espacios históricos que debieran convertirse en Sitios
 de Memoria, de acuerdos convenidos en compromiso de la Memoria de los Derechos Humanos de los hechos acaecidos del 11 de septiembre de 1973 ya que en este cuartel se
cometieron delitos de Lesa Humanidad que son el secuestro y la tortura.

Ya aconteció con la demolición de la Academia de Guerra que fue sorpresiva y definitiva sin derecho a reclamo y que nos parece que se repite esta operación con el cuartel mencionado.

Rogamos a Uds. hacer los trámites respectivos para que paralice la demolición o la explicación de qué es lo que se va a construir o demoler y aplicar los parámetros otorgados en la declaración de Espacio de Conservación Histórico.”

Academia de Guerra antes y después de la demolición el año 2017

Guillermo Correa Camiroaga, Valparaíso 06 de Marzo 2021

Piden en Chile disolución de cuerpo policial

18 febrero, 2021

  Representantes de partidos de oposición, diputados y otras personalidades pidieron hoy al presidente de Chile, Sebastián Piñera, la disolución del cuerpo de carabineros y la creación de una nueva institución policial.

Así lo expresan en una carta dirigida al mandatario, entregada en el palacio de La Moneda, a donde acudieron familiares de los presos de la revuelta popular de octubre de 2019, parlamentarios, dirigentes sociales, sindicalistas y otros.

El texto enumera violaciones protagonizadas por efectivos de Carabineros, lo cual, indica, «exige una profunda revisión de las doctrinas que guían el origen y actuar de las instituciones policiales y Fuerzas Armadas, siendo urgente adecuar el ejercicio de sus obligaciones de acuerdo con los estándares internacionales» en democracia.

La carta también se refiere a las personas detenidas tras el 18 de octubre de 2019 que permanecen en prisión preventiva por su participación en las manifestaciones.

Añade que la situación de esos presos «contrasta violentamente» con la forma en que los tribunales han procesado a carabineros por eventos en los cuales hubo decenas de manifestantes muertos y heridos.

Los firmantes presentaron demandas que incluyen además justicia y reparación para las víctimas de la violencia ejercida por agentes del Estado, y garantías de no repetición, así como aplicar urgencia a un proyecto de Ley de Indulto General presentado al Congreso por senadores de oposición, y no vetarlo.

También, reformar la Ley Orgánica de Carabineros, asegurando su subordinación al poder civil, e iniciar la refundación de esa institución, con la participación de órganos especializados en seguridad y derechos humanos, representantes civiles y de organizaciones sociales.

Igualmente reclaman medidas administrativas ejemplares y juicios penales a miembros de las Fuerzas Armadas que violen los protocolos sobre disuasión, contención y detención, y castigar y aclarar las irregularidades en el manejo de fondos institucionales, e informarlo a la ciudadanía  con transparencia.

Entre los firmantes aparecen la Agrupación de Familiares y Amigos Asesinados del Estallido, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, organizaciones sindicales y el Colegio de Profesores.

También, numerosos legisladores, incluida la presidenta del Senado, Ariana Muñoz, así como los partidos Humanista, Progresista, Comunista, Convergencia Social e Igualdad.

En las últimas semanas las exigencias en medios políticos y sociales cobraron fuerza luego que un joven artista callejero muriera baleado en la sureña localidad de Panguipulli por un carabinero, que finalmente quedó en libertad al alegar un tribunal que el uniformado había actuado en defensa propia.

Santiago de Chile, 18 de febrero 2021
Crónica Digital

El Juez y el General


Redacción piensaChile

Comunicado de Prensa.

Santiago de Chile/ San Francisco EEUU,

29 de Enero 2021

Acceso libre a documental sobre Juez Juan Guzmán,

El Juez y el General

Ante el sensible fallecimiento del Juez Juan Guzmán Tapia, el equipo de producción del documental El Juez y el General expresa toda su solidaridad, aprecio y cariño a su familia.

El Juez Juan Guzmán fue un hombre bueno, valiente, generoso y honesto.  A nuestro entender, merece el reconocimiento de toda la nación.

A modo de tributo, ofrecemos el libre acceso al documental, con la esperanza de que su labor se conozca ampliamente, y con el fin de motivar a los medios de comunicación  a difundir su trabajo recto y dedicado.

Cuando en 1998 el juez chileno Juan Guzmán fue designado para investigar la primera querella criminal en Chile contra el ex-dictador General Augusto Pinochet, nadie esperaba mucho. Guzmán había apoyado el golpe de Pinochet en 1973 – tildada como una cruzada anticomunista- que dejo al presidente democráticamente electo Salvador Allende, y a miles de chilenos, muertos o “desaparecidos”.

Los realizadores siguieron la huella del juez mientras descendía a lo que él llama “el abismo”, donde devela el pasado y confronta la verdad acerca de su propio rol en la tragedia. El Juez y El General es una historia de redención y transformación, y cuenta una historia conmovedora sobre las violaciones a los derechos humanos en nombre de una guerra basada en el terror.

Rafael Harvey capitán de Ejército (R), candidato Constituyente a Cambio21 y la corrupción en las FFAA: «Defender a compatriotas y a la patria no se condice con defraudar al Fisco»

  • Cambio21  20 enero 2021

Por Teresa Frías K.

El capitán retirado o expulsado del Ejército Rafael Harvey, quien denunció irregularidades y corrupción al interior de esa rama de las FFAA, se refirió al caso de escuchas telefónicas que afectó a cuatro miembros de la institución, incluido él.

En 2015, al interior del Regimiento de Artillería N° 1 Tacna en San Bernardo, a Harvey se le acusó de inducir a desertar a 13 soldados, tras denunciar cobros indebidos, malos tratos y amenazas por parte de superiores.

Posteriormente apuntó a una red de protección a la corrupción de militares que habrían ascendido al interior del Ejército.

Tras realizar las denuncias fue condenado por el delito de sedición, sin embargo, la Corte Marcial lo absolvió en junio de este año. El tribunal castrense revocó la sentencia apelada luego de establecer que no existen antecedentes que lo condenen por instigación a la sedición o motín.

Hoy, Rafael Harvey es candidato constituyente por el distrito 10, y en conversación con Cambio21 aseguró que como militar durante años nunca habría pensado algo así, pero siguiendo la petición de mucha gente nació esta idea de postularme a la Convención Constitucional

Va a ser candidato constituyente ¿Cómo nace esta idea?

Nace como debería ser toda elección popular, de la gente. A medida que me empecé a hacer conocido desde el año 2015 por haber hecho estas denuncias de corrupción que fueron creciendo y haciéndose más fuertes y que hoy involucran incluso a los altos mandos del ejército, la gente fue empezando a sintonizar con estas denuncias y comenzó a entregarle su apoyo, mientras este gobierno firma mi retiro, desintonizando completamente.

Frente a esto, la gente empezó a ver si podía ser constituyente, tengo que haber recibido al menos tres mil mensajes por interno en todas mis redes sociales pidiéndome que fuera candidato.

Como militar durante años nunca habría pensado algo así, pero siguiendo la petición de mucha gente nació esta idea de postularme a la Convención Constitucional.

¿De ser elegido como candidato cuál sería su aporte en la nueva constitución?

Hay varios puntos. Lo primero, es que los candidatos deben tener su programa para poder inscribirse, porque el Servel se los pide, y basado en eso la agenda debe estar puesta consolidando lo que la gente pidió al votar por el Apruebo, en que más del 80% pidió educación, salud, pensiones como principal enfoque y eso hay que plasmarlo.

En cuanto a temas castrenses, se debe hacer algo contra la impunidad. En Carabineros y en el Ejército tenemos los fraudes más grandes de la historia, para evitar eso hay cuatro pilares fundamentales que debemos llevar en la nueva Constitución que es la eliminación de la justicia militar, el desarrollo de los derechos humanos, el concepto de seguridad nacional, la

que hasta el día de hoy no existe legislación alguna para eso.

Si hay algo que es uno de los pilares fundamentales contra la impunidad a la corrupción y los derechos humanos es el concepto de la obediencia absoluta. Hoy en día todos deben obedecer las órdenes de los superiores, independiente si está bien o no y eso es lo que debe cambiarse.

¿Qué le parece la diversidad en los candidatos constituyentes dónde también habrá políticos?
Lo principal es que es muy bueno que haya diversidad, porque la población también es diversa. Pero que los políticos estén quiere decir que no entendieron bien el mensaje del más del 80% que votó Convención Constitucional. Creo que ellos no debieron presentarse independiente si son buenos o no.

Tanto Carabineros como el Ejército hoy en día tienen una baja aprobación de parte de la ciudadanía ¿Usted cree que estas cifras podrán revertirse en algún momento?
Sí, por supuesto. La culpa principal es de los altos mandos que están en estas unidades, vemos que independiente que hayan puntos negativos o que la PDI haya actuado mal en algún momento, ellos son la excepción dentro de lo malo, ellos se destacan por tener buenos procedimientos en general.
En cambio, Carabineros y el Ejército tienen los dos más grandes fraudes lo que es impresentable. Defender a sus compatriotas y a la patria no se condice con defraudar el Fisco. Así que los altos mandos son responsables, este país se destaca por tener corrupción y eso a la gente le aburrió.

Usted cuando denunció que había corrupción dijo temer por su vida ¿Ese miedo aún sigue presente?
Estoy seguro que siguen haciendo algunas acciones de ese tipo. Hace poco salieron reportajes en que seguían haciendo espionaje los cinco acusados de corrupción, donde no hubo sanción para ellos. La ministra Romy Rutherfordn ha hecho un buen trabajo, pero sola no puede, porque no han hecho más que hostigarla

¿Usted cree que habrá sanción y justicia finalmente?
Más de lo que ha hecho la ministra no creo, y como lo dije ella no puede hacerlo sola. Otro ejemplo de esto es lo que ocurrió el 5 de octubre de 2018 en que se presentó el proyecto Capitán Harvey, el que se supone iba a proteger a quienes denunciaban hechos de corrupción, pero eso no llegó a ningún puerto, sigue durmiendo en el Senado ese proyecto.
Vamos a cumplir más de dos años en esperar protección para quien denuncia corrupción en el Ejército, más bien lo que hacen es estar firmando por la corrupción.

¿Entonces usted cree que la corrupción debe estar en la Constitución?
Ya tenemos leyes de ese tipo, sólo que no han sabido apreciarlas y no han sabido sancionar, aunque en este gobierno no lo van a hacer tampoco. La corrupción no se va a acabar porque no tenemos responsables, no existen.

https://cambio21.cl/politica/rafael-harvey-capitn-de-ejrcito-r-candidato-constituyente-a-cambio21-y-la-corrupcin-en-las-ffaa-defender-a-compatriotas-y-a-la-patria-no-se-condice-con-defraudar-al-fisco-6008aa67cd49b0032a3d48aa

Daza: Piñera rumbo a la Corte Penal Internacional

By Bruno Sommer  19 Enero, 2021  Post A Comment

Piñera y el exdirector general de Carabineros Mario Rozas, ambos investigados por violaciones a los derechos humanos

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En Chile han sucedido una serie de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, producto de ello ha surgido una querella que busca llevar al presidente Sebastián Piñera a la CPI. Entrevistamos al abogado querellante Mauricio Daza, quien es patrocinado por el Senador Alejandro Navarro desde el momento que el parlamentario presidía la Comisión de Derechos Humanos del órgano legislativo.

En nuestro país han ocurrido una serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, especialmente en el periodo del “despertar social”, también llamado “estallido social”. Explosiones oculares , tortura, muertes, abusos sexuales y otra serie de abusos y duras violaciones que fueron constatadas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, dossier de pruebas para llevar a Sebastián Piñera a la Corte Penal Internacional.

Mauricio Daza, abogado querellante

Para ahondar en el tema en Cable a Tierra, conducido por Bruno Sommer, se entrevistó al abogado querellante Mauricio Daza.

BS: Se habla en círculos del presidente que uno de los temas que más le preocupan a Piñera es el ser juzgado ante un tribunal internacional, a tu parecer crees que lo que le va quedando a Piñera es justamente cuidar su imagen en el exterior dado que su imagen ya está totalmente destruida en Chile. ¿Qué sabes al respecto?

MD: Efectivamente, uno puede concluir a partir de lo que ha sido el discurso oficial de autoridades de Gobierno que el tema vinculado con la persecución penal en contra de Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad es un asunto que preocupa y que está dentro de la definición, a lo menos del discurso público que se levanta por parte de su administración al momento de enfrentar temas relacionados precisamente con lo que ha sido el ataque a la población civil por parte de Carabineros de chile y fuerzas militares en el contexto del Estado de Emergencia que se decretó a partir del estallido social del año 2018.

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La verdad es que esto tiene un fundamento, en general Piñera es una persona que ha estado involucrado en muchos procesos judiciales, relacionados más bien con ilícitos del ámbito económico, debemos recordar que él en algún momento estuvo procesado por estafa en lo que fue la famosa causa del Banco de Talca, y esto después se sumó a causas vinculadas a empresas en las cuales él tenía algún cargo de administración, imputaciones relacionadas con infracción a la libre competencia cuando estaba él en la administración o directorio de esta compañía, infracciones vinculadas a la vulneración a leyes de mercado de valores como uso de información privilegiada, entre otros.

Sin embargo, estamos ahora frente a una imputación que es muy distinta y que él no podrá desarticular de la manera como habitualmente lo hace el poder económico en un país como Chile, que es a partir del telefonazo, la red de influencias que se pueda tener por parte del propio imputado o de las personas que lo defienden, o del grupo empresarial o de carácter político en el cual él tenga algún liderazgo.

BS: ¿Cómo nace la idea de entablar esta querella, a quién estás patrocinando frente a ella y de qué manera crees que se configura porque la querella es por crímenes de lesa humanidad?

Decenas de muertos y miles de heridos

MD: Así es, es por crímenes de lesa humanidad.

BS: Entiendo que estos crímenes no prescriben. ¿Cuáles son los elementos que nos ayudarían a configurar el ponerlo como crímenes de lesa humanidad?

MD: La verdad es que la idea surge a partir de la constatación de una realidad que se manifestó como evidente durante varios meses a partir del 18 de octubre del año 2018, donde las fuerzas policiales realizaron una represión que claramente configuraba no solamente delitos aislados en contra de la población civil, sino que concretaba un crimen de lesa humanidad, a nuestro juicio, ya que estamos frente a un ataque generalizado, sistemático cometido precisamente por las fuerzas policiales en contra de una población civil, y esto además en un contexto donde la autoridad política a sabiendas de esta circunstancias no ejecutó ninguna acción eficaz para detener esta represión, y en ese contexto nosotros observamos de que estamos frente a una situación que era mucho más grave que los atentados individuales, que había un verdadero patrón de conducta detrás de lo que estaba siendo la acción policial y que obviamente esto generaba una responsabilidad penal no solamente para el policía que estaba detrás del atentado concreto, la persona que disparó o que atacó en el lugar, no, esto involucraba una responsabilidad de mando al interior de Carabineros, pero por sobre todo una responsabilidad criminal para lo que es la autoridad civil.

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Esto a partir de los parámetros que se establecieron en el Estatuto de Roma que finalmente lo que hace es establecer un marco de sanciones criminales para estos atentados que van más allá de la afectación de los derechos de las víctimas individuales sino que esto repudia la conciencia de la humanidad, y es eso finalmente lo que se tiene que hacer efectivo a través de una causa criminal.

BS: Tú entiendes cómo funciona la línea de mando dentro del Gobierno, cómo se ejecuta una orden, ¿por qué Piñera finalmente es el responsable de todos estos hechos?

MD: La verdad es que la constatación a partir de los horrores que han ocurrido en la historia de la humanidad en relación a lo que han sido las actuaciones de represión, no solamente de los Estados sino de grupos que en la práctica ejercen el poder en un determinado lugar, ha generado un conjunto de normas, las cuales se sintetizan de muy buena manera en el Estatuto de Roma, y lo que se pretende a través de estas normativas es impedir que haya impunidad, para esto esta normativa establece ciertos elementos que se hacen cargo de las defensas normales que los imputados levantan en relación a estos casos.

¿Qué es lo que se dice habitualmente por parte de la autoridad política? Se dice, mire sabe qué, la verdad es que no hay una orden directa, escrita emanada del presidente, o alguno de sus ministros, o del mando directo militar o de Carabineros, en este caso, en la cual se instruya que el personal policial ejecute acciones que atenten en contra de los derechos humanos de los manifestantes, en este caso. Por lo tanto, nosotros no tenemos responsabilidad.

Ésa es como una primera línea argumental que se ha esgrimido habitualmente por dictadores o grupos que abusan de los derechos humanos en un determinado territorio, la verdad que para enfrentar esto se ha establecido que existe una responsabilidad directa.

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El Estatuto de Roma define una responsabilidad directa respecto de lo que es el mando civil, estableciendo entonces que son autores de este tipo de delitos, precisamente lo que es la autoridad civil, los jefes militares, o quienes actúen efectivamente como tales, y esto a partir de que hayan tenido conocimiento de que se estaban cometiendo estos atentados y no hubiesen realizado nada eficaz para poder impedirlo, eso es lo que genera la responsabilidad criminal.

Entonces, fíjate se considera que la situación de un presidente o de un ministro o de un jefe policial, que sabe que están cometiendo estos atentados, pero que no hacen nada eficaz, ojo es algo eficaz, no basta con hacer una declaración pública, un llamamiento general, no, es una actuación eficaz no un saludo a la bandera. Si es que no lo hace, él está en la misma posición que la persona que en el terreno dispara, que ataca, que genera la lesión, esto es una norma especial que está contenida en el Estatuto de Roma, y también está contenida en una ley que consagra estos delitos en nuestra legislación interna, la chilena, que es la Ley 20.357.

Entonces como te digo no es necesario que Piñera haya dictado una orden, emitido un decreto, mandado un correo electrónico, basta con que hubiese sabido y no hubiese hecho nada eficaz, no hubiese ejercido todo su poder para impedir que esto ocurriese, y a nuestro juicio es precisamente lo que ha sucedido.

BS: Es un poco innegable de que él no estuviese al tanto de lo que sucediera, él mismo hizo declaraciones tales como que ‘estamos en una guerra’, su ministro de Justicia, Larraín, dijo en su momento ‘se han producido situaciones que parecen ser violaciones a los derechos humanos’. No lo quería reconocer directamente, pero hay evidencia suficiente de que Piñera estaba al tanto, sus cadenas nacionales.

MD: Es que hay evidencia concreta acerca por lo menos de este punto, ya que el Instituto Nacional de Derechos Humanos se reunió con Piñera en innumerables oportunidades, se le entregaron informes mientras esta situación se estaba desarrollando, además él tuvo en conocimiento informes de organismos como HRW, Amnistía Internacional, hubo también una visita de representantes de la Alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y todo esto estaba en conocimiento del Estado, o sea esto es un punto innegable, él sabía perfectamente que las fuerzas policiales estaban cometiendo estos abusos.

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Entonces desde esa perspectiva la legislación vinculada a los crímenes de lesa humanidad castiga, asimila a la autoridad civil y al mando militar que estaba en posición de hacer algo para impedir que esto siguiera produciéndose y no lo hizo, lo asimila como autor directo.

Ahora, hay otros elementos, y la verdad es que ratifico lo que tú has señalado en cuanto a que todo indica que Gobierno y Piñera están preocupados sobre este tema. Y por qué lo señalo, porque normalmente cuando la autoridad hace referencia acerca de estos atentados cometidos en contra de la población civil por personal militar y policial en el contexto del estallido social, ellos insisten muchísimo de que se trata de hechos aislados o que no es un ataque sistemático.

BS: Justamente allí está la discusión, el configurar que estas violaciones de derechos humanos sí fueron sistemáticas para considerarlas crímenes de lesa humanidad. ¿Cuáles son los elementos que nos hacen configurar que las violaciones de los derechos humanos fueron de carácter sistemático?

MD: Lo primero, hay que señalar cuáles son los elementos que se requieren para que estemos frente a estos delitos, que son bastante singulares porque insisto no solamente se considera que atentan en contra de la vida, la integridad física de las víctimas individuales, sino también se considera que atentan en contra de ciertos principios que son universales, que lo que pasa es que finalmente atentan en contra de la conciencia de la humanidad.

Y en este ámbito entonces lo que acá se señala es que estaríamos frente a ataques que son cometidos por parte de lo que es el personal del Estado a una población civil, esta población civil no tiene que estar definida a partir de consideraciones étnicas, por ejemplo, o religiosas, o pertenecer a un partido político, a un determinado grupo, aquí basta por ejemplo  y se ha considerado que una población civil puede ser un grupo de manifestantes, que es lo que pasa acá.

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Acá lo que une a las personas no son su adscripción a un determinado partido político, de hecho el movimiento social no estuvo articulado por ninguna fuerza organizada y, por lo tanto, acá lo que se hizo fue atacar a una parte de la población civil que son estos manifestantes.

Y esto tiene que ser generalizado o sistemático, generalizado es cuando un ataque afecta a muchas personas, y esto lo hemos podido ver, lo que ocurrió en Plaza Dignidad en muchas ocasiones generó centenares de víctimas en un solo acto, en un solo evento, por lo tanto hay ataque generalizado, pero debe ser generalizado o sistemático, y en esto es donde se hace mucho hincapié por parte del Gobierno porque lo que se señala es que no habría este ataque sistemático porque no habría una decisión, para decirlo de alguna forma, por parte de la autoridad policial ni del Gobierno para realizar  este ataque.

Sin embargo, el ataque sistemático se vincula básicamente con que hay un patrón de conducta, y yo creo que aquí claramente lo hay, es cosa de analizar cómo se desarrollaron estos hechos. Acá nos encontramos frente al ataque por parte de personal policial a los manifestantes en el contexto del estallido social, los cuales se concretaron de una manera similar y con resultados equivalentes, y esto a pesar de que esto se desplegó durante varias semanas y en distintos puntos de nuestro país. Tenemos personas que sufrieron mutilaciones oculares a partir del disparo de balines por parte de Carabineros de Chile no solamente un determinado día en la Plaza Dignidad sino estamos hablando de muchas personas en todo Chile, durante varias semanas, en distintos puntos de nuestro país.

BS: Ahí tenemos un proceder sistemático y repetido en distintos días y lugares del país como señalas.

MD: Claro, y acá además esto afectó un número considerable de personas. Hay que recordar de que las lesiones oculares, las mutilaciones oculares, que sufrieron los manifestantes a partir de la conducta de las policías en nuestro país son de un número superior a las 460 personas, estamos hablando de que no existe un registro en la historia moderna de personas que hayan sufrido en tal número mutilaciones oculares en el contexto de cualquier movilización social.

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BS: De hecho, en todo el tiempo que va el conflicto y la violación de los derechos humanos por parte del estado de Israel a Palestina no se explotaron tantos globos oculares como en este corto período en Chile. Mencionabas que hay sendos informes de organismos internacionales como HRW, como Amnistía Internacional, como la oficina de la Alta Ccomisionada de los Derechos Humanos, la CIDH. ¿Estos organismos internacionales van a ser invitados a declarar en el marco de este juicio?

MD: Claro, lo que ocurre es que llegar a la Corte Penal Internacional no es un camino tan fácil, pero creo que es muy probable que lleguemos ahí dada cual es la realidad en el funcionamiento del sistema de persecución penal en Chile.

Yo he estado como querellante en muchas causas vinculadas a hechos de corrupción, en el caso Penta, en el caso SQM, en el caso Corpesca que obtuvimos además un fallo histórico hace pocas semanas.

Sin embargo, uno puede constatar que en general existe en Chile una cultura institucional de impunidad en relación a los delitos graves cometidos por altas autoridades y grandes empresarios, y que esto puede aplicarse eventualmente en estos crímenes de lesa humanidad que se están persiguiendo dentro de nuestro país respecto a Piñera.

Y en ese ámbito yo creo que hay señales que son preocupantes, nosotros cuando presentamos nuestra querella se remitieron los antecedentes a la Fiscalía, al Ministerio Público, y en un momento solicitamos, en enero de 2019, yo diría que aproximadamente 100 diligencias concretas para poder tratar de esclarecer y además acreditar esta imputación, que no solamente va en contra de Piñera sino también en contra de sus exministros Gonzalo Blumel, Andrés Chadwick, y en contra del exdirector de Carabinero, el general (Mario) Rozas, entre otros, y la verdad es que nosotros presentamos este escrito en enero de 2019 y no hubo una respuesta, ya sea positiva o negativa en relación a estas diligencias, hasta septiembre de 2019 y solo después de que denunciamos en la prensa el hecho de que esta causa no se estaba investigando, siendo que debiese ser, y creo que lo es, la causa más importante que alguna vez ha tenido a su cargo el Ministerio Público en Chile desde su creación. Estamos hablando de una imputación de crímenes de lesa humanidad en contra de un presidente que además está en ejercicio.

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Bueno, el Estatuto de Roma establece un órgano que se llama la Corte Penal Internacional que tiene competencia para los efectos de poder conocer de este tipo de delitos.

Sin embargo, hay un principio que se llama de complementariedad, esto involucra que la Corte no investiga directamente y desde un comienzo este tipo de ilícitos.

BS: Hay que agotar instancias en Chile primero…

MD: Exacto, si es que en Chile no hay una persecución penal efectiva, por ejemplo, de estos delitos, entonces uno puede solicitarle a la CPI que se haga cargo de su persecución porque, por ejemplo, no están las condiciones dadas al interior de un determinado país para que estos ilícitos se puedan perseguir de manera real y efectiva.

Yo creo que en Chile resulta muy dudoso, por decirlo suavemente, que podamos investigar de verdad y perseguir criminalmente en términos efectivos a Piñera por crímenes de lesa humanidad y esto básicamente por esta cultura de impunidad.

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BS: Que las diligencias no se hayan comenzado en el tiempo prudente, yo no sé si se están ejecutando desde ya las diligencias que ustedes pidieron. Si no se llevasen a cabo de aquí a los próximos meses, ¿ese podría ser un elemento configurativo para decir que en Chile no hay condiciones y poder avanzar hacia la CPI?

MD: Sin ninguna duda, no solamente que no se hagan diligencias, es inverosímil que se demoren casi nueve meses en contestarle a un querellante una diligencia en un caso como este, sino que también no basta con llenar papeles de una manera meramente formal, acá es necesario que haya una investigación real.

A mí me da la impresión que por distintos motivos institucionales que están arraigados en esta cultura de impunidad, que lamentablemente viene desde la dictadura, ese es uno de los legados, el dejar impune a Pinochet marca algo, da cuenta que una persona puede cometer los más atroces crímenes en contra de la población civil y la verdad es que finalmente le sale gratis. Y este círculo vicioso de corrupción e impunidad que se ha instalado durante las últimas décadas en nuestro país hacen muy dudoso que se pueda llegar a una investigación criminal eficaz y efectiva.

Nosotros estamos intentando hacerlo acá, creemos que hay muchos elementos que dan cuenta de que se cometieron crímenes de lesa humanidad, a mi juicio resulta algo evidente, acá no solo hay un ataque generalizado, que con eso ya bastaría, sino  que hay un ataque sistemático. Otra defensa que se hace por parte de Piñera y su entorno es que acá no hubo una política de Estado para los efectos de cometer estos delitos y, por lo tanto, no procede que se le impute a Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad, pero tú sabes que la política no es necesario que se encuentre establecida a través de un acto formal, no es necesario un correo electrónico, un acta, nada de eso, esa política puede ser una política que haya operado de facto, en la práctica por parte de las instituciones que estaban a cargo, por ejemplo, del orden público, y acá claro que hubo una política de facto, en la práctica, responder de una manera similar durante varios meses a manifestaciones sociales que se estaban produciendo día a día, en distintos puntos del país, con un sistema de represión que claramente buscaba lesionar, castigar a los manifestantes, reprimir las manifestaciones para impedir en lo posible de que éstas se repitieran a partir del miedo. Ésa es una política que se ejecutó en la práctica, de facto, en los hechos, y a mi juicio resulta bastante claro.

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Ahora, este es un camino largo que va a superar la contingencia. Lo que estamos hablando hoy día no es un tema de esta semana o la próxima, este es uno de los temas profundos que se instalaron en nuestra sociedad, en nuestro país, pero no podemos dejar un espacio a la impunidad, si dejamos un espacio a la impunidad entonces la señal para el futuro es muy nefasta, es decirle a las personas que se hagan cargo del Gobierno, de las fuerzas policiales o militares, ‘sabe qué, hagan lo que quieran, al final del día van a quedar impunes’. Y eso es inaceptable.

BS: Los elementos que configuran que hubo una política de terror de parte de Estado hacia la ciudadanía son innumerables. ¿Esta querella en que tribunal fue interpuesta, se notificó ya a los exministros de Piñera, al mismo presidente? ¿Cómo la ciudadanía se puede hacer parte de esta querella?

MD: La verdad es que cualquier persona, sobre todo las víctimas, pueden hacerse parte y pueden presentar esta acción. Nosotros la presentamos ante un tribunal, los tribunales son los que analizan los méritos de las querellas y si los hay lo remiten a un organismo autónomo que se denomina Ministerio Público, cuya única finalidad es investigar delitos y, en su caso, llevar a la justicia a las personas que aparezcan como culpables.

Esta causa está ahora asignada en la Fiscalía, la fiscal regional de Valparíso, y la verdad es que yo no he tenido muy buenas experiencias con la Fiscalía de Valparíso, no con la actual fiscal sino con el antecesor, que se llamaba Pablo Gómez, quien desmanteló el caso SQM en un signo mas de la poca voluntad de poder llevar a la justicia a las personas que forman parte de la élite económica de nuestro país por delitos graves.

Así que bueno estamos intentando llevar adelante esta acción. Sin embargo, si es que no hay avances yo creo que vamos a terminar en la CPI que es a lo que le tiene terror en la práctica Piñera. ¿Por qué? Porque acá obviamente tiene su red, acá yo creo que existe la expectativa de terminar este tipo de causas a la chilena, con el telefonazo, la reunión, la componenda. sin embargo en un tribunal como la CPI esto no es posible, la red de Piñera no llega allí para poder desarticular una investigación afuera del país, y además obviamente puede afectar sus negocios.

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BS: ¿Qué plazo se van a dar ustedes para poder configurar y entender de que en Chile no están dadas las condiciones para llevar adelante este juicio y poder avanzar hacia la CPI?

MD: Yo creo que este año, 2021. Mucha gente se pregunta por qué se toman tanto tiempo, lo que pasa es que lamentablemente, este tipo de cosas si uno las quiere hacer en serio hay que hacerla bien. Te insisto, esto va más allá de la contingencia, esto va más allá de la situación puntual del Gobierno de Sebastián Piñera, de qué representa él hoy políticamente en Chile y de todo lo que está haciendo su Gobierno, Esto trasciende mucho más allá, esta causa va a avanzar probablemente a puntos que son muy claves cuando Piñera ya no esté en el poder, sin duda.

Sin embargo, nosotros tenemos que mantener la voluntad, esto no se trata de un ataque al Gobierno de Piñera, esto se trata de un ataque a la impunidad frente a los atentados graves a los derechos humanos de nuestro país. Y esta situación tiene que tener un punto final, lo que ocurrió con Pinochet, con la impunidad de él es algo que no se puede volver a repetir y menos en una situación donde no hay dictadura, por lo menos en términos formales.

Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que insistir, somos un grupo de personas, no estoy solo en esto, que estamos decididos a llegar hasta el final sea lo que se demore el poder lograrlo y tenemos la plena convicción de que es el único camino para poder sanar estas heridas, estamos hablando de más de 460 familias.

No solamente son las víctimas de las mutilaciones oculares, a quienes obviamente se les causó un daño por el solo hecho de ejercer un derecho ciudadano que es manifestarse, sino estamos hablando también de familias las cuales han sido afectadas por estas lesiones de su hijo, su hermano, sus familiares, y ojo nosotros no solamente vemos el tema de las mutilaciones oculares, nosotros también tenemos, la defensa, armamos un programa con un conjunto de abogados de representación jurídica de víctimas del estallido social, que lo estamos haciendo en forma gratuita y que ya tenemos mucha gente que estamos representando, entre otros Abel Acuña , un caso emblemático de una persona que estaba en Plaza Dignidad, fíjate muy curiosamente, el día después que se firmó el famoso acuerdo por la paz y la nueva constitución que le salvó el pellejo a Piñera, este acuerdo entre todos los sectores políticos, el día después él (Acuña) fallece en Plaza Dignidad, le dio un ataque al corazón y la policía impidió la asistencia, es impactante, atacaron al personal del SAMU con balines, con chorros de agua la ambulancia del SAMU, no le pudieron hacer una reanimación oportuna y eso determinó que finalmente falleciera, o sea esto es claramente un ataque a la población civil por parte de lo que se ha transformado en los hechos en una policía política, que es Carabineros de Chile, una policía corrupta, 35 mil millones de peso y contando en un fraude de los más importantes de la historia, una policía además asesina porque lo que ha hecho es no intentar proteger los derechos de quienes se manifiestan, tantas personas que pueden estar haciendo desmanes o pueden estar haciendo algún tipo de ilícitos, no, ellos lo que hacen es atacar al bulto con todo y les importa nada.

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BS: Lo hacen con una clara alevosía, con una intención de dañar a las personas. Un elemento que a mí me llama la atención es que existe un bajo número de formalizaciones contra los presuntos autores de la violencia a los derechos humanos, pese a la gran cantidad de denuncias que hay, son muy pocos los carabineros procesados. Hay como encubrimiento incluso de parte del Gobierno de quienes cometieron directamente estas violaciones.

MD: La verdad es que eso es un elemento que da cuenta que no existen las condiciones para generar una persecución penal efectiva, real, respecto a estos crímenes que se han cometido en el contexto del estallido social por parte de agentes del Estado.

Hay que recordar que además el Gobierno lo que ha hecho es blindar a Carabineros, tratar permanentemente de garantizarles de que no les va a pasar nada. Acá hubo por ejemplo, un sumario de la Contraloría respecto de los generales del alto mando de Carabineros y lo que hizo el Gobierno rápidamente, sin conocer si quiera los antecedentes, fue decir ‘esto no tiene ningún fundamento, es un ataque ilícito contra Carabineros’ y empezó a atacar a la Contraloría.

Ahora eso también tiene su lógica porque Piñera sabe que si finalmente se establece una responsabilidad criminal en relación a la actuación del alto mando de Carabineros, entonces obviamente la situación de él se complica mucho para los efectos de que también pueda ser imputado y eventualmente condenado por crímenes de lesa humanidad, entonces él ha desplegado con todo, él contrató como abogado no a alguien que sea de la UDI o de la derecha, él contrata como abogado a Samuel Donoso, que fue miembro de la directiva del Partido por la Democracia, que fue y es abogado del gerente general de SQM en las causas vinculadas a la corrupción, es del PPD, muy amigo de Guido Girardi, de todo el PPD hasta el día de hoy, es el abogado de Sebastián Piñera. Entonces, esto de qué te habla, te habla de que finalmente aquí hay una red, esta distinción entre derecha e izquierda en nuestro país es muy falsa, es una fachada porque acá se protege el poder entre el poder, y por eso yo veo muy difícil que en Chile exista una persecución penal efectiva de este tipo de delito, y en ese contexto la preocupación es que no van a poder terminar esta causa a la chilena con el telefonazo, porque si lo hacen corren el riesgo de terminar en una corte donde ellos no tienen ninguna influencia, no tienen ninguna posibilidad de hacer el telefonazo, de tratar de alguna manera de desarticularla, una corte donde le va a importar absolutamente un carajo los 2.800 millones de dólares en la cuenta corriente de Sebastián Piñera, muchos de los cuales  habrían sido obtenidos además de una manera bastante cuestionable por decirlo suave.

Entonces un especulador financiero que fue presidente en un país sudamericano a la CPI no le va a causar nada y allí sí que se puede obtener una condena ejemplar y ese es el miedo que tiene Sebastián Piñera, que es lo que ocurre con esta causa, por eso se está tratando de blindar de todas las maneras posibles.

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Pero bueno nosotros vamos a insistir en navegar contra la corriente, no es llegar e ir a la CPI, tenemos claro eso, pero también tenemos claro el camino para llegar ahí y lo vamos a recorrer.

BS: La gente sigue preguntando cómo ellos pueden hacer parte de la querella…

MD: Esto está en la Fiscalía Regional de Valparaíso.

BS: Y qué puede hacer una persona, un ciudadano corriente para sumarse a esta querella.

MD: Hay dos categorías de ciudadanas y ciudadanos que pueden ayudar, la categoría más importante son quienes han sido víctimas de atentados ejecutados por las fuerzas policiales en el contexto del estallido social, personas que tienen lesiones, que han sufrido alguna mutilación, alguna lesión, algún familiar que haya fallecido, ellos tienen la posibilidad de presentar una querella criminal en contra de Sebastián Piñera y del mando de Carabineros por crímenes de lesa humanidad. Esa es una posibilidad, o hacer una denuncia que se puede hacer efectivamente en las oficinas del Ministerio Público, en cualquier oficina del Ministerio Público se relata esto, lo otro tiene que ver con las personas que no están en esa situación pero que también tienen un compromiso muy profundo, que es gran parte del país, con quienes han sufrido como víctimas, yo creo que allí el mayor apoyo es poder difundir este trabajo que, insisto, no es un proyecto personal mío, somos muchos los que estamos en esto.

Hay distintas organizaciones, está la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la ANEF también presentó una querella, el senador Alejandro Navarro está también detrás de esto, presidía la Comisión de Derechos Humanos cuando ocurrió el estallido social, entonces también se pueden contactar con él. De hecho yo estoy trabajando con él esta causa y con un grupo de abogados, muchos abogados jóvenes, todos estamos comprometidos dando nuestro tiempo, esto no es digamos algo que nosotros estemos cobrando nada porque esto deriva de una convicción de justicia mínima, de tener un país decente y un país sin impunidad.

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Entonces, yo les recomiendo a las personas que han sido víctimas que pongan una denuncia a la fiscalía o se contacten con el senador Navarro, conmigo también, los correos electrónicos los pueden encontrar por internet, para poder presentar querellas y sumarse a esto y las personas que afortunadamente no han sido víctimas apoyarnos, porque es muy importante, aquí hay un bloqueo comunicacional de los grupos económicos que manejan los principales medios en Chile, los medios escritos, de televisión, esto no va a aparecer en Canal 13, en Mega, ni en televisión nacional. Ni hablar La Tercera y El Mercurio, esto solamente aparece en medios que tratamos de alguna manera de acceder a ellos y agradecemos obviamente a El Ciudadano para poder contar esta parte de una realidad brutal que se quiere ocultar por intereses mezquinos, así que difundir también es muy importante y apoyarnos en lo que estamos haciendo.

BS: ¿Qué es lo que va a pasar con los presos políticos, cuál es tu pronóstico?

MD: Mi pronóstico es que muchos de ellos van a quedar absueltos, pero después de largos períodos en que van a estar en prisión preventiva, ese es el problema, acá se ha generado por parte del Gobierno de Piñera un conjunto de iniciativas que de una manera que de verdad nadie se puede explicar de una forma racional y decente, han sido acogidos por parte de un Parlamento donde se supone la oposición es mayoría y esto es realmente escandaloso. Todos estos esfuerzos buscan entregarle más atribuciones a las policías y el Gobierno para reprimir sin mayor control, porque finalmente lo que se busca, a mi juicio, es tratar de aguantar el Gobierno de Piñera hasta marzo del 2022, como sea, a punta de represión, y también buscar impunidad, porque se sabe perfectamente que acá se han cometido delitos graves y que esto en algún momento puede terminar con una responsabilidad criminal en estas altas esferas.

En ese contexto, lo que se busca no es justicia, lo que se busca es reprimir, y qué forma tienes para reprimir, primero atacar a la población civil que se manifiesta para que tenga miedo, para que no vuelva al otro día a manifestarse, la mejor forma es dispararle a los ojos a las personas, que queden mutilados de por vida, dar una señal, un escarmiento, para que el resto de la gente diga ‘sabes qué, estoy muy en contra de Piñera pero no me voy a ir a arriesgar a que me lesionen o me mutilen’. Ese es un objetivo político y otro es el tratar de bajar la vara para los efectos de poder detener personas y poder en ese instante decretar medidas cautelares de alta intensidad como prisiones preventivas, independiente de que es un proceso que puede durar más de un año (para que) después estas personas queden en libertad, porque las tienes presas y no pueden salir a protestar. Y ese es el problema.

Mucho se ha dicho que en Chile no hay presos políticos. ¿Tú sabes qué es lo que hace que la prisión sea política? La prisión se hace política no por el delito o el hecho en virtud del cual se le está imputando a una persona, lo que hace que ese presidio sea político es por la desproporcionalidad, éste es el elemento político.

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No es un delito político el destruir un semáforo en una plaza pública, pero lo que lo hace político es que a partir de ese hecho dejan a estas personas un año en prisión preventiva, eso es desproporcionado. Yo estuve en el caso Penta, los dueños de Penta generaron un fraude al fisco, más bien delitos tributarios reiterados, generaron una red de corrupción a partir de financiamiento ilegal de la política, estuvieron 40 días presos. Finalmente fueron condenados a clases de ética y después se les descuenta de sus impuestos 1.400 millones de pesos por la defensa judicial, que terminó en una condena en contra de ellos.

Para qué te habló Julio Ponce Lerou, que se hizo de SQM durante la dictadura de su suegro, Augusto Pinochet, pero ojo que se hizo multimillonario con los Gobiernos de la Concertación, que le entregaron en bandeja el Salar de Atacama, que es básicamente del Estado una de las pertenencias mineras más importantes a nivel mundial. Entonces, eso es lo que hace política esa prisión, la desproporcionalidad entre lo imputado y la medida cautelar.

Muchos de estos casos cuando vayan a juicio, la gran mayoría van a terminar absueltos, van a salir a la calle, pero se les tuve presos un año o más, eso es inaceptable en una democracia de forma, es algo engañoso, es algo hipócrita lo que se está haciendo y esto hay que enfrentarlo de esa forma. No hay que seguirle el juego a estos señores que dicen ‘no, es que esto técnicamente no es presidio político’, no, insisto lo que hace que esto sea político es la desproporcionalidad de las medidas cautelares y hay que tratar de enfrentarlo. Lamentablemente este sistema de alguna forma esta coludido para que eso no ocurra.

BS: ¿No has sentido temor, de dónde te nace ese coraje para llevar adelante y enfrentar estos juicios?

MD: Lo que me mueve es el cansancio de ver una impunidad tan descarada, yo me he dedicado a litigar materias penales, he estado en todos lo ámbitos, he sido defensor, querellantes, he estado en todos lados, pero en un determinado momento de mi vida profesional empecé a constatar algo que escuchaba, pero que no había visto, no había vivido, que tiene que ver con esta justicia de primera y segunda clase, y la forma como además se garantiza impunidad, jueces muertos de la risa, te miran en la cara y se ríen cuando dictan un fallo aberrante, y lo hacen porque lo saben, porque yo también lo sé, porque yo he litigado otras causas con ellos, y tú sabes que el parámetro es distinto, que están haciendo algo burdo, la impunidad de quienes cometen estos delitos, la impunidad de quienes les garantizan impunidad.

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Entonces, eso en un punto cansa, y muchos estamos cansados de esto, yo no soy un caso especial. Gran parte de los chilenos y chilenas estamos cansados de esto y cada uno, desde los distintos ámbitos que tenemos, en un punto determinado de nuestra vida profesional dijimos sabe qué, basta, hagamos algo, y en eso estamos.

Con las causas vinculadas al financiamiento ilegal de la política el tema empezó primero con varias amenazas, a mi persona, a mi familia, después ofertones, obviamente los mandé a buena parte, y acto seguido, ataques insidiosos, tendenciosos, ataques a partir de muchas mentiras.

He aguantado porque a mí me da lo mismo, la posibilidad de poder hablar de esto en los medios también es una suerte de protección que yo me trato de dar, personal, siento que si estoy un poquito más expuesto hay menos probabilidad de que me pase algo a mi o a mi familia, pero de verdad que a mí no mueve el miedo, a nosotros, a muchos.

Vamos a seguir hasta el final, insisto, esta no es una cosa puntual, no es algo que sea funcional a un determinado proyecto que yo tenga ahora o esté desarrollando, no, yo tengo claro que en esta causa todos, las muchas personas que estamos involucrados en seguir esto adelante, vamos a pasar los próximos ocho años, o diez años en esto, es un camino largo pero lo tenemos que hacer porque si no, insisto, vamos a dejar un precedente de impunidad, que para el Chile que queremos es inaceptable.

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BS: ¿Cómo debiese ser reformado el Poder Judicial?

MD: Hay que desvincular la designación de los jueces del poder político de turno, hay otros países donde existen ciertas entidades colegiadas que son elegidas a partir de consideraciones de mérito, que son integrantes cuya duración en los cargos son más largos que un ciclo político, y que están a cargo de hacer las designaciones de jueces y también de perseguir las irregularidades que se dan, un organismo que sea autónomo y que no forme parte del grupo de jueces que se dedican a conocer casos y fallarlos, creo que ese es un avance que hay que hacer hoy día, los miembros de la Corte Suprema, son elegidos entre otros, por el presidente de la República y una mayoría en el Congreso y eso politiza directamente estas designaciones.

Los jueces son finalmente designados a partir de una terna que genera el Poder Judicial, de esos tres nombres tiene que elegir uno el Gobierno de turno, es ridículo.

En las cortes, las salas que tienen que conocer, que son de tres miembros en la Corte de Apelaciones y cinco miembros la Corte Suprema, pueden estar integradas por personas que no son jueces, pueden estar decidiendo personas que son denominados abogados integrantes que son abogados designados por el Gobierno de turno y que se sientan ahí a votar como si fuesen jueces.

O sea es un sistema arcaico, es del siglo XIX, pero que existe hoy día en el siglo XXI y ha sido instrumentalizado sistemáticamente para afectar la independencia judicial. Necesitamos también jueces de calidad, y necesitamos un sistema que de verdad investigue y sancione lo que son denuncias que se pueden dar vinculadas a hechos de corrupción, y también yo conozco muchas personas que son jueces, que son honestos, pero que para poder avanzar en la carrera judicial tienen que estar con un padrino al interior del poder judicial.

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Eso hay que erradicarlo, acá se necesita un mecanismo de asignación autónomo pero que además se funde en consideraciones de mérito y que sea transparente, y espero que en eso podamos avanzar en lo que va a ser la redacción de una nueva Constitución.

BS: Has tomado la decisión de ser candidato a la convención constitucional por Magallanes. ¿Qué te gustaría que quede manifiesto en esta nueva Constitución, por ejemplo para un sistema judicial más ideal? ¿Cómo estás viviendo este proceso de llevar adelante esta candidatura?

MD: Creo que es muy importante el entrar a hacer algo concreto para cambiar las reglas de juego, entre comillas es una forma de decirlo, que rigen nuestra sociedad y para eso el proceso constituyente es muy importante. Ahora, este proceso tienes desafíos, acá no se ha ganado nada, absolutamente nada. Hemos podido ver, por ejemplo, a partir del 25 de octubre el plebiscito, ese 80/20 al Gobierno de Piñera y al Congreso le ha importado un carajo, de hecho ahora están tratando de aprobar el TTP-11 para los efectos de poder sabotear el proceso constituyente e impedir que la Convención Constitucional pueda afectar los intereses de las multinacionales, porque además estas personas establecieron que la convención tiene que respetar los tratados internacionales, no solo en materia de derechos humanos sino también en matera económica.

Bueno, es una oportunidad de jugarse por algo, es algo puntual, dura un año y creo que es importante estar ahí y tratar de levantar una voz desde el mundo independiente.

Yo me he enfrentado a estas personas, yo sé dónde les duele, yo sé perfectamente los cambios que hay que hacer, yo se la manera en que se ha garantizado impunidad a partir de las normas constitucionales, así que pretendo ser un aporte a partir de un trabajo colectivo obviamente.

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Sí creo que podemos empezar a articular trabajos colectivos para mejorar esta situación, pero el proceso constituyente no es un proceso ganado y hay que lucharlo y también estoy en esa lucha, y es muy importante, y que se vincula con otras peleas que trascienden a cosas como estas como lo que estamos hablando hoy día que es el juicio a Sebastián Piñera, que vamos a estar los próximos diez años probablemente en este esfuerzo.

La verdad es que ha sido una buena experiencia, yo creo que hay mucho ánimo, ilusión, también hay escepticismo, y yo lo entiendo, no soy digamos una persona ingenua, pero sé que si bien hay un espacio muy acortado para lograr esos cambios, el espacio existe y no se lo podemos regalar a los mismos de siempre, hay que pelearlo y eso es lo que estoy tratando de hacer.

Pregunta el público: ¿Cómo podemos parar el TPP-11?

MD: Todo lo que se ha logrado hasta el momento son caminos que se abren, nada todavía concreto, pero por lo menos caminos que se abren, como el proceso constituyente, se ha logrado con la movilización ciudadana. Acá no hubo un grupo de iluminados que un día dijeron ‘sabe qué, finalmente le vamos a dar a las personas la posibilidad para que puedan elegir a miembros de una convención constitucional y redacte una nueva Constitución’.

Lo hicieron un día 15 de noviembre de 2019, muertos de miedo, por ellos y por Sebastián Piñera, de hecho lo salvaron, en una operación para salvar a Piñera, y ahí estuvo todo el espectro político, desde el Frente Amplio hasta la UDI.

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El tema es que uno de los asuntos se vincula con el establecer límites para lo que es la Convención Constitucional, y uno de los límites fue precisamente definir que esta convención, eso es lo que hicieron este grupo de personas de los partidos, no puede afectar lo establecido en tratado internacionales suscritos por Chile, no solo los de Derechos humanos sino los económicos. Ahora, esto en principio no generaba mayor problema porque los tratados, en general, económicos suscritos por Chile establecen cuestiones arancelarias, pero hay un solo tratado que es distinto, que es el TPP-11, este tratado establece límites a los Estados para poder hacer su regulación interna en términos tales de afectar la situación de multinacionales que operen en los países. Usted dirá, ¿cuál es la gravedad de eso? Multinacionales que operan en nuestro país AFP, Isapres, concesionarias de obras públicas, entre otras, entonces porqué se quiere aprobar el TPP-11 a la rápida, se quiere aprobar para establecer de que el TPP-11 es un tratado ratificado por Chile antes de que comience la Convención Constitucional, porque asi se va a impedir que ésta pueda afectar el negocio de estas multinacionales, se pretende establecer una suerte de sabotaje al proceso constituyente.

¿Qué es lo que podemos hacer? Presionar a través de las redes sociales,  levantando la voz fuerte, de manera pacífica, democrática, pero fuerte y decidida, movilizándose es la única forma que estas personas escuchan, porque fíjate se supone que en el senado hay oposición, que tenía la mayoría, pero el Gobierno está calculando que tiene los votos de todo el bloque de derecha más los de, entre otros, Carolina Goic, ex candidata presidencial de la Democracia Cristiana, el de Felipe Harboe, que se supone que ahora se quiere ir de constituyente, el voto favorable de Jorge Pizarro, expresidente de la Democracia Cristiana que alguna vez apareció mencionado en el caso SQM, del excanciller José Miguel Insulza, senador socialista, estaría votando a favor de esto Lagos Weber, en un momento Alejandro Guillier lo votó a favor, pero ahora se dio un poco vuelta a la chaqueta y dijo que lo votará en contra.

BS: Puedes aclarar que el que se abstenga está votando a favor…

MD: Esto es muy clave, porque estos hipócritas cuando quieren ayudar a Piñera y no pagar costo, lo hacen de una forma engañosa, se abstienen. El problema es que en ciertas votaciones, la abstención se suma al apruebo y esto es lo que va a ocurrir ahora, por ejemplo Goic se abstuvo del proyecto del segundo retiro del proyecto de Piñera, pero ella sabía perfectamente que con esa abstención iba a sumarse al aprubeo y finalmente allí se generó el segundo proyecto de Piñera que terminó, además, haciendo caer el proyecto de los parlamentarios en el Tribunal Constitucional.

Entonces lo saben, y acá le digo a las personas que me escuchen atentamente: aquellos senadores y senadoras que cuando se ponga en votación el TPP-11 lo aprueben o se abstengan, lo que están haciendo es apoyar el TPP-11, la abstención es igual a aprobarlo. De hecho yo diría que es peor, porque es hipócrita, entonces mucho ojo con esta gente. Yo lo que llamo a las personas www.senado.cl, pongan ahí donde dice senadores, cliqueen donde dice Carolina Goic, Lagos Weber, Jorge Pizarro, Felipe Harboe, José Miguel Insulza, ahí aparecen sus correos electrónicos, tapicémoslos de correos electrónicos para que sepan lo que la gente quiere, para que sepan que nosotros tenemos que defender y vamos a defender el proceso constituyente.

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Nos tratan de poner una cortina de humo, pero esto es lo importante, si esto se aprueba se va a ver saboteado el proceso constituyente, que tiene el apoyo de un 80 % de los ciudadanos, y lo va a hacer además este Congreso, un Congreso que fue repudiado por el 80 % de las personas cuando se les preguntó si es que querían que ellos participaran en la redacción de una nueva Constitución y se les dijo que no, que acá se quería una Convención Constitucional. La única forma de tratar de impedir esto es la movilización activa, no hay otra forma para intentar hacerlo.

BS: Entiendo que un presidente tiene un fuero, no se le puede juzgar y todo eso, pero ¿eso se le acaba una vez que termina su período a Sebastián Piñera?

MD: Se le acaba y además estos crímenes de lesa humanidad no están sometidos a este fuero, la verdad es que a Piñera se le puede investigar hoy día, de hecho lo estamos haciendo, lo que no se puede hacer es acusarlo, llevarlo a un juicio en Chile si es que tiene el caro de presidente de la República, una vez que lo pierde, pierde esa ventaja, ese fuero y lo podríamos llevar a juicio en Chile.

Pero yo insisto, yo creo que de alguna manera se va armar, van a intentar construir un escenario para que estas causas queden en nada y en este evento nosotros vamos a ir a la CPI, nosotros no nos vamos a dejar ganar por la fórmula típica en la que acá en Chile se pone termino a las causas graves que afectan a altas autoridades y al gran empresariado.

Es un camino bien difícil, no somos ingenuos, lo tenemos claro desde el punto de vista material y jurídico también, pero hemos trabajado en este escenario y lo estamos desarrollando y lo vamos a ejecutar si es necesario,

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Yo tengo la lamentable convicción de que en nuestro país no existen las condiciones para llevar a Piñera a un juicio penal, para que se pueda conocer las imputaciones graves por crímenes de lesa humanidad que existen en forma justificada en su contra y esto nos permite ir a esta instancia internacional.

BS: ¿Qué pasa si Piñera, terminado su mandato, decide fugarse del país?

MD: Recuérdate que Julio Ponce Lerou no es ni ha sido presidente de la República, no ha tenido ningún cargo, y lo que lo protege en Chile es su enorme billetera y la red que ha creado. Yo creo que es al revés, que el peligro de Piñera es salir fuera de Chile, de hecho el no sale mucho, salvo algunas visitas que están muy custodiadas, porque puede ser que le pase lo que le ocurrió a Pinochet. Hay que recordar que se ha establecido, que hay una suerte de  jurisdicción internacional, que cualquier tribunal es competente para conocer de estos crímenes de lesa humanidad, que no es cualquier delito, son delitos que repugnan la conciencia de la humanidad y por eso tienen este régimen especial.

Yo creo que se va a parapetar en algún lugar en Chile, él tiene mucho dinero, el ha vendido un perfil ambientalista entre comillas en su grupito ABC-1, lo que también es una gran hipocresía si uno analiza los proyectos que se han incentivado y se han aprobado durante su Gobierno que depredan el medio ambiente y las comunidades aledañas, pero bueno.

Nosotros lo vamos a perseguir donde esté y si se va fuera también tenemos los medios, sobre todo si es que logramos hacer escalar esta causa a nivel internacional. Por eso yo creo que a Piñera este es un asunto que le preocupa y mucho y con justificada razón, nosotros somos muchos abogados, muchas personas, muchas víctimas que vamos a seguir hasta el final para que se haga algo de justicia en este caso.

LOM publica los dos primeros volúmenes de la historia de la Unidad Popular de Jorge Magasich

 El Clarín De Chile  31 Diciembre, 2020

Historia de la Unidad Popular. Volumen 1

Tiempos de preparación: de los orígenes al 3 de septiembre de 1970

Este primer volumen de la Historia de la Unidad Popular, presenta los orígenes del proyecto que llega al gobierno en 1970.

Con posibilidades de gobernar desde 1958, la izquierda chilena emerge en la historia con dos partidos influyentes desde su nacimiento. En 1939 llegan al gobierno con el Frente Popular, una coalición con hegemonía radical. Después de la ilegalización del PC y la división del PS, la izquierda vive un proceso de recomposición con el nacimiento de la CUT, la formación del FRAP, la reunificación socialista, la derogación de la «ley maldita», y la redacción de un programa que, en líneas generales, será similar en 1958, 1964 y 1970, alimentado por los aportes de la Teoría de la Dependencia y de la Revolución Cubana.

Pero, ¿admitirán los detentores del poder un gobierno de izquierda? No se conocen entonces ejemplos de revoluciones pacíficas, pero sí hay, en cambio, muchos procesos sociales ahogados en la sangre. En Chile, sin embargo, las luchas sociales han conseguido ampliar las instituciones democráticas, endebles sin duda, pero que podrían constituir una excepción.

En 1969 se concreta la Unidad Popular, coalición entre socialistas, comunistas, radicales y cristianos de izquierda, que surge como la coronación de un pujante movimiento social que incluye nuevos actores, como los pobladores, campesinos, algunos sectores medios, y una entusiasta corriente artística que creará una estética propia al período.

No obstante, el desarrollo de la izquierda interactúa con dos procesos sociales paralelos, cuyo estudio es crucial para comprender el período. La Democracia Cristiana emerge también los años 1950 como alternativa a la izquierda y a la derecha, con un programa bien cavilado. Su Revolución en libertad será el laboratorio de un proyecto innovador. Lo apoya, con fuerza, la administración estadounidense de John Kennedy, la DC italiana y buena parte de la Iglesia, que buscan hacer de Chile una vitrina de desarrollo alternativo al comunismo. Inspirados por los análisis del jesuita belga Roger Vekemans, muchos dirigentes DC consideran que las reformas son, sobre todo, necesarias para evitar que los desheredados se hagan comunistas. Los tres primeros años habrá reformas considerables, como la agraria, pero los tres siguientes las detiene atemorizado por los crecientes “ruidos de sables” y por a la desventajosa “chilenización” del cobre, que priva al país de recursos fundamentales. La DC y la izquierda serán rara vez aliados y a menudo contrincantes, con ferocidad.

El segundo proceso son las mutaciones de la derecha, marcada por su miedo a un gobierno “marxista” y a la Revolución Cubana. Después de un derrumbe electoral entre 1960 y 1965, se reorganiza en el Partido Nacional, reconvertido al nacionalismo. A diferencia de los viejos liberales y conservadores, los “nacionalistas” miran con creciente insistencia hacia los cuarteles y empalman con corrientes militares, también nacionalistas. 

Historia de la Unidad Popular. Volumen 2

De la elección a la asunción: los álgidos 60 días del 4 de septiembre al 3 de noviembre de 1970

Este segundo volumen de la Historia de la Unidad Popular, describe con minucia los 60 días que transcurren entre la elección del 4 de septiembre de 1970 y la toma de posesión de Salvador Allende, el 3 de noviembre. Se trata de uno de los períodos más álgidos de la historia de la República, cuyo hito principal es el voto del Congreso Pleno el 24 de octubre, entre Allende y Alessandri.

A la actuación de los tres grandes bloques –la UP, la DC, y la derecha– marcada por el transcendental debate sobre las “garantías constitucionales”, se agrega una intensa injerencia practicada por varias instituciones estadounidenses –con diferencias entre ellas– conocida gracias a los documentos desclasificados.

Influenciado por los informes de Eduardo Frei y de Agustín Edwards indicando que el país será comunista en poco tiempo, el Presidente Richard Nixon dicta, el 15 de septiembre, las célebres ordenes de organizar un golpe de Estado en Chile. En el país, el embajador Edward Korry dirige un centro coordinador para impedir la asunción de Allende, en el que participan dirigentes de derecha y de la derecha de la DC. Habrá tres intentos.

Los “60 días” se inician con escenas de pánico de derechistas que retiran masivamente sus capitales y varios de ellos huyen despavoridos antes que el país “caiga en manos del comunismo”. Luego se lanza la maniobra conocida como “gambito” (la DC vota por Alessandri en la “segunda vuelta” en el Parlamento, este renuncia y Frei se presenta a la nueva elección), que incluye ministros militares y detención de izquierdistas, pero fracasa por falta de apoyo en la DC.

El segundo intento es planificado por el embajador Edward Korry: un discurso del ministro de Hacienda dando “detalles horrendos” sobre la situación económica provocaría el remplazo de varios ministros por militares y la suspensión del voto en el Congreso. E informa al ministro de Defensa que Washington hará “todo lo que esté a nuestro alcance para condenar a Chile y a los chilenos a la mayor privación y pobreza” y recomienda “neutralizar” al general Schneider, quien resiste a las presiones golpistas. El ministro Zaldívar pronuncia el discurso alarmista, pero los ministros, sin perspectivas claras, no renuncian.

El tercer intento debuta con 26 atentados dinamiteros destinados a crear un clima que justifique la intervención militar, perpetrados por grupos “nacionalistas” organizados en torno al general (R) Viaux. Los firman como “Brigada Obrero Campesina” para atribuirlos a la izquierda. En octubre habrá un intento de asesinato de Salvador Allende, denunciado por un capitán de la Fach. En el intento de golpe acribillan al comandante en Jefe del Ejército, René Schneider. El repudio al atentado es tal que los golpistas quedan paralizados. Aunque están al mando de las tropas no osan pasar al acto, ya que las reacciones habrían sido masivas y profundas.

Los tres intentos fracasan y el “Gobierno Popular” asume en 3 de noviembre de 1970. Pero la historia de los 60 días pone de relieve la disposición de un sector de evitar el gobierno de la Unidad Popular por cualquier medio, incluso los peores. 

Biografía del AUTOR (A): Información relevante para señalar en el libro. Información profesional y académica (Profesión y/o grados académicos)

Jorge Magasich Airola es doctor en historia por la Universidad Libre de Bruselas y profesor en el Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales de Bruselas.

Es autor de:

Testimonios de militares antigolpistas (presentación y entrevistas), 2020, Centro Barros Arana;

Datos históricos sobre la Democracia Cristiana, 2018, Ed. Aún creemos en los sueños;

Allende La UP Y El Golpe, 2013, Ed. Aún creemos en los sueños;

Fuerzas armadas, legalismo y democracia en América latina, (coordinador) 2010, cuaderno N°5 cercal-ulb;

Los que dijeron “No” Historia del movimiento de los marinos opuestos al golpe de Estado de 1973, dos volúmenes, Ed LOM, Santiago, 2008.

Chili pays laboratoire, (sous la direction de) Ed. Maison de l’Amérique latine, 1998.

América Mágica, Mitos y creencias en tiempos del descubrimiento del nuevo mundo, (con Jean-Marc de Beer), 2001, LOM. Traducido al portugués, francés e inglés.