Muere uno de los marineros patriotas que en 1973 denunciaron el Golpe de la Armada

por Enrique Villanueva Molina (Chile)

En la  historia siempre se encuentran hechos y  relatos que se perpetúan o que se renuevan a través del tiempo, que mantienen el interés por conocerlos, a pesar de esfuerzos que se hacen para que estos desaparezcan imponiendo la antigua practica romana de “el damnatio memoriae”, significa la  ‘condena de la memoria‘. [1] Que es lo que ha pasado durante todo el proceso de transición a la democracia, interminable por lo demás, cuyo origen es la impunidad, violentando la memoria colectiva, construyendo un discurso histórico que impide la reinterpretación del pasado y deshacer los nudos que son el blindaje de las «verdades históricas» oficiales.

Víctor Alamiro López Zambrano

Uno de estos hechos históricos, que la historia oficial intenta hacer olvidar, es la oposición valiente de un importante número de oficiales y suboficiales que, en el ejército, en la armada, en la fuerza aérea, se opusieron al golpe de estado de 1973, militares que se mantuvieron fieles a su juramento de respetar y defender la constitución, hombres y nombres desconocidos para la mayoría de chilenos y chilenas.

Es el caso de Victor López, recientemente fallecido, un marinero patriota, cuyo reconocimiento fuera de las luces y los escenarios, está en el corazón de un pueblo que se reconoce en su historia, por su aporte en esos momentos decisivos de nuestro pais y luego, con su incorporación a la lucha en contra de la dictadura abrazando la causa del FPMR.

La memoria histórica y su continuidad necesita de hacer inmortales estos ejemplos que son parte de unas futuras FFAA. porque son en primer lugar, la base de una futura doctrina militar, respetuosa de los intereses y la decisión democrática del pueblo y en segundo lugar, porque son la garantía, traspasada a la conciencia de nuevas generaciones de jóvenes militares, de que lo sucedido en 1973 no se repita, alentando el actuar en conciencia para oponerse al egoísmo la corrupción y los intereses que motivaron el origen del terrorismo de estado y sus consecuencias.

Para quienes no vivieron esos años, siempre será necesario recordar que, en el mes de agosto  de 1973, un grupo de marineros denunció que en la armada se estaba preparando el golpe de estado, un acto de valentía y consecuencia, que solo ubicándose en ese momento histórico, en el cual el fanatismo de la derecha ya amenazaba con eliminar a todo aquel que se les opusiera a sus planes golpistas, es posible comprender en su valor y extensión. En esos días previos al golpe de estado este grupo de marineros le hicieron saber al Secretario General del PS. Carlos Altamirano y al Secretario General del MAPU Oscar G. Garreton, la magnitud de la conspiración que se estaba fraguando en la armada, quienes no le dieron credibilidad a la denuncia, es más, pensaron que era una provocación para intensificar la campaña política de la derecha en contra del gobierno, dejando con esto a los marineros denunciantes, totalmente al descubierto.

Conocida la denuncia, la respuesta en la Armada no se hizo esperar y en los días posteriores arrestaron a unos doscientos marineros, de las tripulaciones de distintos buques de guerra, personal de escuelas y civiles asimilados, iniciando una investigación severísima a través de la justicia naval, desarticulando al movimiento de marineros leales a Salvador Allende.

Posteriormente y en pleno gobierno de la Unidad popular los marinos fueron brutalmente torturados y acusados de sedición, sometidos a regímenes de aislamiento e incomunicación, fue la antesala de lo que ocurriría  en los días siguientes, quedando estos, los marineros constitucionalistas, que habían arriesgado sus vidas para denunciar la conspiración en contra del gobierno de Salvador Allende, absolutamente desamparados y en manos de la Armada, institución que, posteriormente se transformó en uno de los centros más crueles tortura [2].

Victor fue uno de esos marineros valientes y consecuentes, a quien conocí, cuyo aporte valioso continuó luego del exilio, con su preparación profesional y revolucionaria en el Instituto Técnico Militar ITM, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, para más tarde incorporarse a la lucha clandestina en el FPMR en tareas que eran de su conocimiento y saber, las comunicaciones estratégicas de la organización. Él se comprometió e hizo parte de las ideas que orientaron la lucha antidictatorial, en los años en que solo la consecuencia y la lealtad con el compromiso adquirido, permitieron construir, en nuestro caso, una organización que de buena manera aportó a la liberación de Chile.

La historia de Victor desconocida seguramente hasta por los propios rodriguistas, es la de un marinero patriota que sufrió las torturas, la cárcel y el exilio junto a sus compañeros por haber sido leal a su pueblo y al gobierno de Salvador Allende. Es la historia de un militar que luego se comprometió en el FPMR a no arriar nunca las banderas de la reserva moral de la cual fuimos parte, la que está en un pueblo y con su historia.

En ese camino recorrido son muchos los chilenos y chilenas consecuentes que dejaron sus vidas en el intento de “tomar el cielo por asalto” para defender los sueños y aspiraciones de los desposeídos de esta patria, de los trabajadores y trabajadoras explotados. Asumiendo este compromiso con la imaginación y el espíritu solidario y asociativo, que potencialmente vive en la conciencia humana y que hoy se opaca con el individualismo neoliberal.

Víctor Alamiro López Zambrano como los demás militares que se mantuvieron al lado del pueblo, cuando hubo que hacerlo, más allá de las consecuencias para su vida e integridad física, con su ejemplo dejaron un legado, que es una base de principios para una nueva  doctrina militar, que oriente unas FFAA. con capacidad de acompañar la construcción de una sociedad democrática, inclusiva, equitativa y respetuosa de los derechos de todas personas.

Las denuncias que los militares que nos opusimos al golpe de Estado en 1973 hicimos, con el fin de parar la posterior ocupación militar del pais, que terminó con la dictadura, cobran vigencia cinco décadas después, ratificando que las FFAA. y las policías, experimentarán cambios si estos se orientan desde la nueva Constitución. Lo que se ha demostrado es que se equivoca el camino, como en 1973, si se piensa que las FFAA. instruidas en una doctrina antidemocrática y foránea, la Doctrina de la Seguridad Nacional, puedan asumir los cambios estructurales que se están proponiendo al pais, sin realizar antes, cambios profundos en su doctrina fines y objetivos.

No es que se repita la historia, pero tal y como se intentó decir en los años 70, cuando el gobierno de Allende diseñó un programa de gobierno para cambiar el pais, para que los chilenos y chilenas fueran los dueños y dueñas de sus recursos y de su destino, la  defensa y la seguridad de la Nación no solo se remite a definiciones puramente militares. La defensa de la soberanía y del pueblo, que es el rol de las FFAA, se sustenta en valores como la paz, la libertad, la justicia, la igualdad, la protección de los derechos humanos y de  la convivencia democrática, valores y conceptos de los cuales los militares, a diferencia el pasado, deben ser partícipes y estar convencidos de ellos.

De no ser así, tal cual como lo vivimos y lo denunciamos hace cincuenta años, el aislamiento de las FFAA. de la realidad de su propio pais, es lo que justifica su rol autoasignado de vigilantes y atentos perseguidores el enemigo interno, imaginando enemigos y terroristas donde no los hay, justificando a cientos de asesinos y torturadores. Los oficiales y suboficiales que flagelaron a miles de chilenos y chilenas, entre ellos a quien recordamos, Victor López y a sus compañeros, se mantienen aún protegidos y bajo la amparo de pactos de silencio entre militares, una realidad que debe ser reconocida valientemente por las instituciones armadas para recuperar su dignidad.

Sin que esto suceda los procesos de formación de los militares en el futuro, continuaran siendo una herramienta de control ideológico, en las que se reproduce la segregación clasista, la discriminación de género, reproduciendo ademas, el negacionismo sobre el pasado. Lo que será un escollo para que estas cumplan a cabalidad los mandatos de la nueva Constitución.

Al final y por todo esto, la muerte de nuestro querido compañero Victor López, un marinero patriota y un Rodriguista destacado, es una gran tristeza, mezclada con la sensación de que aún quedan cosas pendientes, inconclusas, por hacer. Es lo que deja la muerte de estos hombres silenciosos, pero grandes por su espíritu, cuyo ejemplo de vida refuerza, por un lado, las esperanzas de construir un Chile distinto y por otro, remueve las conciencias para sacar estos ejemplos de vida, de la gris soledad y del abandono en que se encuentran.

Pero bueno, querido hermano Victor, tal como alguna vez lo pensamos, seguiremos pensando que este camino no termina aquí, porque todos los días hay que luchar por que ese amor a la vida se transforme en hechos concretos.

Y continuaremos pensando como el Che, temblando de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo y cada vez que en cualquier rincón del mundo se alce una nueva bandera de libertad.

Notas:

[1] Era una práctica de la antigua Roma consistente en, como su propio nombre indica, condenar el recuerdo de un enemigo del Estado tras su muerte oculta

[2] 83 marinos de un grupo de 250 que fueron detenidos fueron condenados  a penas  de prisión y posteriormente en el año 1978 a la mayoría se les cambio las condenas de presidio por el exilio, expulsándolos del pais.

El marino antigolpista Víctor López ya no está con nosotros

By El Clarín De Chile  4 Octubre, 2021 

Con pesar, aplicamos la regla comunicacional que él practicó a menudo: primero la información precisa, esta vez triste: Víctor Alamiro López Zambrano, quien fue presidente de la Agrupación de Marinos Antigolpistas, falleció el primero de octubre en La Habana, después de hospitalizarse a causa de una neumonía pulmonar. Al día siguiente sus cenizas fueron esparcidas en el mar caribe, en presencia de su compañera, Niusha.

Víctor López ingresa a la Armada en 1969, cuando tenía 16 años. Termina la Escuela de Grumetes con notas de excelencia; como recompensa es seleccionado para ser parte de la dotación del buque escuela Esmeralda durante el viaje de instrucción de 1970. En el gobierno de la Unidad Popular es afectado al crucero Prat como marinero primero y adhiere a los grupos de marinos que buscan impedir el golpe de Estado, cuyos preparativos han detectado. Es detenido el 7 de agosto de 1973 y brutalmente torturado en el Fuerte Borgoño, en Talcahuano, junto a decenas de marinos antigolpistas. Después de tres años de cárcel, parte exilado a Noruega y luego a Cuba. Regresa a Chile y participa en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

En 2002 es electo presidente de la Asociación de Marinos Antigolpistas que revindica reparación y derecho a jubilación. Los marinos constitucionalistas, en efecto, estaban privados de este derecho porque fueron detenidos días antes del golpe de Estado y la ley de exonerados sólo se aplica a partir del día.

Pese a que los gobiernos de la Concertación optaron por no responder a esta demanda, la Asociación de marinos consiguió un acuerdo con la Armada: se comprobó que la última cotización previsional databa de octubre 1973, lo que permitía registrar la baja de la Armada después del golpe y obtener así los derechos que tenían los otros exonerados.

Fue entonces cuando Víctor López recibió una llamado de la entonces subsecretaria Marina de Michelle Bachelet, Carolina Echeverría. Esta lo presiona para que, a cambio de la jubilación, los marinos antigolpistas retiren la querella por torturas contra la Armada. La directiva de la Asociación de marinos convoca una conferencia de prensa para denunciar las presiones de la subsecretaria. Clarín fue el único órgano de prensa que cubrió la noticia y publicó la carta firmada por Víctor López (más abajo).

Pese al silenciamiento mediático, esta carta reapareció en 2014 cuando Michelle Bachelet era presidenta electa y había vuelto a designar a Carolina Echeverría como subsecretaria de Defensa. El Mostrador confirmó su contenido pronto apareció que era hija de un torturador impune, capitán del Ejército. Estos dos hechos suscitaron su renuncia a la subsecretaría de Defensa, antes de asumir el cargo. En ese marco, Víctor López concedió una entrevista a CNN el 6 de marzo de 2014, donde presentó el tema brillantemente:

Posteriormente, Víctor López adhirió al colectivo Ciudadanos por la Memoria, cuyo objetivo es retirar de los espacios públicos los signos que exaltan la dictadura y participó en varias ocasiones en las manifestaciones que se efectúan los 11 de cada mes en el paseo 21 de mayo en Valparaíso, para exigir el retiro del monumento a Toribio Merino del recinto naval donde fue instalado.

El legado de este marino antigolpista –o al menos una buena parte– quedó registrado en la entrevista que fue publicada en el libro “Testimonios de militares antigolpistas” donde, entre otros marinos, relata su vida en la Armada y su oposición al golpe. Un extracto:

– ¿Cuáles eran las reivindicaciones más sentidas, lo que se planteaba, aparte de impedir el golpe de Estado? Según ustedes ¿cómo tenía que ser la Marina?

“Mira había cosas muy generales que, en algún momento dado, se discutieron. Dentro de toda esta dinámica que se dio se discutieron cosas más de fondo. Por ejemplo, nosotros expresábamos que por qué tenía que haber una diferenciación entre oficial y tropa, por qué no puede haber una escuela única, donde los más capaces puedan llegar a ser oficiales y puedan llegar a tener el mando de la institución. Por qué nosotros nacimos dentro de la institución limitados. Esa era una de las cosas que a nosotros nos preocupaba. Por otra parte, nosotros veíamos que dentro de los distintos estamentos había discriminación, una discriminación mayor con determinado grupo de gente que con otra, se daba mucho dentro de las especialidades; o sea, no es lo mismo ser electrónico que ser maniobra; no es lo mismo ser maniobra que ser lavandero, o sea, siempre había una disposición a denigrar a aquel que tenía menos capacidad. Entonces nosotros siempre nos consideramos iguales éramos todos tropa, para todos nosotros todo era lo mismo. Y eso era un adoctrinamiento permanente dentro de lo que era la formación, que nos daban los oficiales, de que siempre a alguien tenía uno que cargarle la mata. Bueno, esa era una de las cosas que nos preocupaban. Lo otro era que nosotros siempre aspirábamos a que los títulos nuestros, que podíamos obtener dentro de la institución fueran reconocidos. Porque nosotros cursábamos especialidades dentro de la institución, pero no tenían ninguna validez en la vida civil”.

Otras mujeres y hombres, sin duda, tomarán estas banderas legadas por Víctor López. La entrevista completa se puede leer en el libro “Testimonios de militares antigolpistas”, descargable en:

https://www.centrobarrosarana.gob.cl/622/w3-article-94060.html?_noredirect=1

VÍCTOR LÓPEZ ZAMBRANO (al centro) hablando en una actividad de los Marineros Constitucionalistas del cual fue su presidente. Ciudadanos por la Memoria, colectivo al que perteneció hasta su muerte, le rinde un sentido homenaje. ¡Honor y gloria a este gran luchador social!

Fallece nuestro camarada de armas Víctor Alamiro López Zambrano.

Responso 1° Octubre , Habana-Cuba

Debemos comunicar la triste noticia del fallecimiento inesperado de nuestro camarada de armas Victor Alamiro López Zambrano, ayer 1° de Octubre en la Habana Cuba, afectado por una Neumonía Broncopulmonar. El miércoles pasado fue hospitalizado y conectado a ventiladores no pudiendo sobreponerse a su pesar. Nuestras Condolencias a su familia y esposa Niuscha en estos duros y tristes momentos.

Su cuerpo fue cremado hoy para que sus cenizas en parte sean esparcidas en la ribera del mar de Cuba, Chile y un recuerdo eterno  mantendrá su esposa en la Habana.

Para sus camaradas de armas, esta partida deja un gran vacío. Victor fue un incansable luchador hasta su deceso por la conquista de justicia y reparación integral para la marinería constitucionalista estando a la cabeza de la Agrupación de Marinos Antigolpistas por casi dos décadas golpendo puertas de instituciones estatales y políticas para obtener los derechos reparatorios de prisión política y tortura de las cuales la marinería en sus inicios queda marginada. La batalla de justicia reparación integral aún no está finiquitada y queda en manos de la Comisión Constituyente ponerle punto final a este tema.

Víctor, ha dejado un ejemplo de lucha!!!

Hay otros que seguirán sus huellas…

Vuela Alto Camarada.!!! … Hermano y amigo…

“Marineros Constitucionalistas de Chile”

Víctor López. Buque Escuela Esmeralda 1970

Parque Cultural de Valparaíso y organizaciones de DD.HH. convocan a actividades centradas en la nueva Constitución

El programa de actividades plantea reunir y visibilizar testimonios y deseos en pos de una nueva Carta Fundamental, abordando temáticas no resueltas desde 1973 con el inicio de la dictadura cívico militar, tales como: verdad, justicia y reparación.

Diario Uchile

  Martes 31 de agosto 2021 19:21 hrs. 

El Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel es hoy un sitio de memoria, centro cultural y espacio público
que promueve la participación cultural y los derechos humanos para la construcción y formación de ciudadanías críticas. Con anterioridad fue la Cárcel Pública empleada como un centro de detención política desde la Guerra Civil de 1891. Durante la dictadura cívico-militar se transformó en el principal recinto de detención de la región, motivo por el que su conjunto fue declarado monumento nacional y sitio de memoria en el año 2019.

Para septiembre del año en curso y dentro de su eje editorial Nunca Más, el PCdV-Ex Cárcel, junto a organizaciones ligadas a las Memorias y los Derechos Humanos de la Región de Valparaíso, han desarrollado una programación colaborativa que combina actividades presenciales y virtuales.

El programa de actividades plantea reunir y visibilizar testimonios y deseos en pos de una nueva Constitución, abordando temáticas no resueltas desde 1973 con el inicio de la dictadura cívico militar, tales como: verdad, justicia y reparación.

Esta propuesta ha sido creada en conjunto con las organizaciones Melinka – Corporación Memoria y Cultura de Puchuncaví, Casa-Memoria Valparaíso, Colectivo 19 de noviembre, Colectivo de Ex Presas y Presos Políticos de Valparaíso, Colectiva Bordadoras por la Memoria, Agrupación de Ex Menores Víctimas de Prisión Política y Tortura de Valparaíso, Colectivo El Brasero, Comisión Chilena de Derechos Humanos de Valparaíso, Agrupación Cuartel Silva Palma, Agrupación de Marinos Antigolpistas, PRAIS Taller Memoria Histórica y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valparaíso.

Mariana Lazo, encargada cultural de la Comisión Chilena de Derechos Humanos de Valparaíso, comentó que “con la participación de distintas organizaciones de la zona -que tienen una importante trayectoria caracterizada por la constante difusión, defensa y denuncia en materia de DD.HH.- hemos trabajado colaborativamente en función de una nutrida programación por el NUNCA MÁS, teniendo como objetivos el aportar en la creación de una cultura de respeto a los derechos humanos que se proyecte hacia el futuro, denunciar lo injustificable de las violaciones a los derechos humanos y promover la comprensión de la garantía de no repetición”.

Por su parte, Nélida Pozo, directora ejecutiva del Parque Cultural de Valparaíso, expresó que “quiero valorar este trabajo colaborativo que reúne en una programación y bajo un eje editorial, una propuesta cultural que releva el testimonio de organizaciones y agrupaciones que han dedicado toda una vida a trabajar por la promoción y resguardo de los derechos humanos, como forma de resistencia a una sociedad que de vez en cuando olvida, que tiene la memorial frágil y que construye imaginarios en torno a la vulneración de derechos humanos como hechos del pasado, cuando vemos a diario como estas prácticas continúan afectando a diversas comunidades”.

“Este hito Nunca Más es un llamado a no olvidar, a no repetir y a seguir dialogando de manera crítica en torno a una nuevo contrato social que este país requiere con urgencia, donde se pueda garantizar, a través de la nueva Constitución, derechos fundamentales tales como los  derechos humanos en el amplio sentido, derechos reparatorios a personas que han sido víctimas del Estado de Chile y el reconocimiento del carácter plurinacional del territorio”, agregó.

Desde el Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel invitan a las comunidades a participar en las distintas actividades de esta programación para relevar y reflexionar sobre la historia del país; donde la memoria resulta clave, pues articula el discurso inolvidable: la dialógica entre pasado y presente. En tal sentido, la memoria ciudadana es acción presente, pues da cuenta de lo que se fue y de lo que se quiere ser en sociedad, abriendo la puerta a la resignificación y transformación con la vista puesta en la nueva Constitución.

Actividades

Encuentro por las memorias y los derechos humanos
Sábado 4 y domingo 5 de septiembre, de 12:00 a 18:00 hrs.
Explanada Parque Cultural de Valparaíso.
Distintas organizaciones vinculadas a las memorias y los derechos humanos estarán exhibiendo y dando a
conocer el trabajo que desarrollan en stands ubicado en la explanada cerca del Edificio de Difusión.

Exposición de artes visuales por los derechos humanos y las memorias
Sábado 4 / domingo 5 y sábado 11 / domingo 12 de septiembre, de 10:00 a 19:00 hrs.
La Colectiva Bordadoras por la Memoria y Melinka – Corporación Memoria y Cultura  de
Puchuncaví presentan parte de su trabajo en esta exposición.

Inauguración de la Biblioteca Popular Comandante Joaquín – archivo de Casa de la Memoria
Valparaíso.
Sábado 4 de septiembre, 16:00 hrs.
Casa de la Memoria de Valparaíso Mackenna 602, Cerro Bellavista, Valparaíso.
Colección de libros donada por el Comandante Ramiro y que fueron su lectura en tiempo de reclusión
carcelaria.

Lanzamiento del libro “Que no se lo lleve el viento”  Colectivo Ex Presos Políticos de Valparaíso

Domingo 5 de septiembre, 17:00 hrs.
Plataformas: Facebook Live Colectivo Ex PP + Facebook Live PCdV
La autora Valeria Varas, ex presa política hoy radicada en Costa Rica estará presentando su libro.

Presentación artística Colectivo El Brasero: ”Un tiempo nuevo se inicia”
Domingo 5 de septiembre, 16.00 hrs.
Teatro Parque Cultural de Valparaíso
El Colectivo El Brasero presentará para esta ocasión un programa titulado “Un tiempo nuevo se inicia”,
programa que tiene la particular característica que estará hilado en un relato de décimas. Contará con la
participación de diversos números artísticos ligados a su quehacer cercano ya a las cuatro décadas.
Para ingresar al teatro se requiere pase de movilidad.

Construyendo el Nunca Más: Experiencias de/para las memorias y los derechos Humanos.
*Viernes 10, sábado 11, domingo 12 / *viernes 24, sábado 25 y domingo 26. Sus horarios son: 10:00 – 12:00
– 15:00 y 17:00 hrs. *Los días viernes sólo se realizará en las mañanas.
Es una visita mediada con enfoque de derechos humanos al Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel como
sitio de memoria, considerando estaciones de ruta con activaciones artísticas. Se realizará en la ex Galería
de Reos, con un recorrido de aproximadamente 50 minutos. Para esta actividad se requiere inscripción, para
acceder al formulario visitar sitio web del PCdV y/o a sus redes sociales.

Ruta Recorrido por la Memoria: Campo Prisioneros Políticos Melink Puchuncaví – Ex balneario popular
Miércoles 8 de septiembre de 10:00 a 17:00 hrs.
Av. Presidente Ríos 908 Puchuncaví (al lado de Tenencia de Carabineros).
El recorrido busca interiorizar a visitantes para que conozcan el lugar y sus distintas etapas de ocupación:
balneario popular / cabañas / campo de prisión / celda.

Ciclo de Conversatorios “Construyendo el Nunca Más: Verdad, justicia, reparación y garantías de no
repetición para una nueva Constitución
– 1er Conversatorio: Negacionismo.
– 2do Conversatorio: Prisión Política de Ayer y Hoy.
– 3er Conversatorio: Responsabilidad del Estado en la Reparación.
– 4to Conversatorio: Proceso Constitucional y Derechos Humanos.
*Todos los conversatorios se llevarán a cabo los días jueves del mes de septiembre en la Sala Estudio del
PCdV a las 17:30 hrs.

Cápsulas audiovisuales Memorias y Derechos Humanos
Desde el 3 de septiembre.
En Canal de YouTube del Parque Cultural de Valparaíso.
Videos testimoniales del trabajo desarrollado por organizaciones de memoria y derechos humanos de la
Región de Valparaíso.

Para Mayor información visite: www.parquecultural.cl y las redes sociales del PCdV.

Negacionismo constituye expresión de crueldad y odio

Negacionismo constituye expresión de crueldad y odio

Felipe Portales | Miércoles 25 de agosto 2021 12:24 hrs.

Ha hecho bien la comisión de ética de la Convención Constitucional en estipular el negacionismo como una expresión de crueldad y odio hacia las víctimas de los crímenes contra la humanidad y a sus familiares. Al igual que en varios países europeos que sufrieron políticas de exterminio de categorías de personas, debiese análogamente tipificarse como delito en Chile el negar la existencia de los crímenes contra la humanidad cometidos bajo la dictadura de Pinochet.

Se ha dicho de modo efectista, pero sin fundamento sólido, que una legislación de este tipo violaría el derecho a la libertad de expresión. No parecen darse cuenta quienes sostienen ello que a través de un ejercicio abusivo de la libertad de expresión pueden también verse afectados derechos fundamentales de otras personas, particularmente el derecho al honor. De aquí el fundamento de la tipificación de los delitos de injurias y de calumnias en todas las legislaciones del mundo. Y por cierto que lesiona gravemente el honor de los familiares de las personas detenidas-desaparecidas y ejecutadas; de sus abogados; y de los militantes de las ONG de derechos humanos que han luchado por años en las denuncias y en los juicios contra los autores de esos crímenes atroces, sostener públicamente que todo ello ha sido falso. Además, que lo anterior se ha complementado muy frecuentemente -casi siempre en privado- con la atribución de que los familiares y los abogados de aquellos han buscado fundamentalmente hacerse un “negocio” con ello.

Por otro lado, con esas difamaciones se ven afectadas la fe pública en documentos de alta trascendencia como el Informe de la Comisión de la Verdad que se hizo en Chile (Informe Rettig); y la propia labor subsiguiente de los tribunales de justicia que ha logrado juzgar y condenar a varios de los peores criminales contra la humanidad de aquella época. Y más aún, se imposibilita todo basamento ético futuro consensual en el respeto de los derechos humanos fundamentales.

Además, con estas tipificaciones no se está afectando en absoluto la posibilidad de tener un juicio político favorable respecto de la dictadura. Es casi increíble la confusión generada al respecto. ¡Si hasta el liderazgo de la Concertación de Partidos por la Democracia (coalición, nominalmente de centro-izquierda, que ha gobernado en casi toda la post-dictadura; y que experimentó un giro copernicano hacia la derecha desde fines de los 80) ha tenido un juicio positivo respecto del modelo económico-social legado por la dictadura!; legitimándolo, consolidándolo y perfeccionándolo en sus 20 años de gobierno; y, por supuesto, nadie podría legítimamente insinuar sancionarlos por ello.

De este modo, incluso líderes de aquel conglomerado se han expresado muy positivamente de la obra económica, social y cultural de la dictadura y de Pinochet mismo, pese a que esa obra fue construida con un “costo” de centenares de miles personas asesinadas, torturadas, detenidas, exiliadas, exoneradas o desempleadas. Así, por ejemplo, el ministro de Hacienda de Patricio Aylwin (1990-1994) y luego senador y presidente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y más tarde canciller de Michelle Bachelet (2006-2009), Alejandro Foxley, ha señalado que “Pinochet (…) realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después (…) Hay que reconocer su capacidad visionaria (…) de que había que abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etc. Esa es una contribución histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile (…) Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar” (Cosas; 5-5-2000).

A su vez, el destacado intelectual del Partido Por la Democracia (PPD), Eugenio Tironi, ha dicho que “la sociedad de individuos, donde las personas entienden que el interés colectivo no es más que la resultante de la maximización de los intereses individuales, ya ha tomado cuerpo en las conductas cotidianas de los chilenos de todas las clases sociales y de todas las ideologías. Nada de esto lo va a revertir en el corto plazo ningún gobierno, líder o partido (…) Las transformaciones que han tenido lugar en la sociedad chilena de los 90 no podrían explicarse sin las reformas de corte liberalizador de los años 70 y 80 (…) Chile aprendió hace pocas décadas que no podía seguir intentando remedar un modelo económico que lo dejaba al margen de las tendencias mundiales. El cambio fue doloroso, pero era inevitable. Quienes lo diseñaron y emprendieron mostraron visión y liderazgo” (La irrupción de las masas y el malestar de las elites. Chile en el cambio de siglo; Grijalbo, 1999; pp. 36, 62 y 162).

Además, algunos han dicho que solo tiene sentido tipificar y condenar incitaciones a la crueldad o al odio, pero no negar la existencia de realidades evidentes. Por supuesto que, por ejemplo, negar públicamente que la tierra sea redonda, o que se han extinguido los dinosaurios, o que Carlos Ibáñez fue presidente de Chile entre 1952 y 1958; o que el ser humano no ha llegado a la Luna; no podría ser tipificado y sancionado… No perjudica el honor de nadie; solo la credibilidad de quien efectúa tales afirmaciones disparatadas. Muy distinto es negar la existencia del atroz método de la DINA-CNI (policía secreta de Pinochet) de hacer desaparecer personas para siempre. En este caso, la negación del acto criminal ha constituido uno de los mayores agravantes de dichas atrocidades. Se le buscó agregar -¡para toda su vida!- a los familiares el calvario de ni siquiera saber con certeza de si sus familiares han muerto y cómo; y donde están sus restos para, al menos, poder honrarlos. En verdad, debe ser muy difícil generar crímenes más odiosos que la desaparición forzada de personas.

Por ello, el continuar negando hasta hoy dicha realidad, en que aquello se ha confirmado plenamente por el Estado chileno, significa avalar la crueldad y odiosidad pretendida por quienes diseñaron tales crímenes, y continuar contribuyendo a la efectividad de aquellos y al daño causado en los familiares. Y, por supuesto, no tiene ni la más mínima incidencia en la posibilidad de ejercer el derecho de seguir expresando opiniones positivas sobre el legado económico-social de la dictadura, como lo han hecho hasta el día de hoy connotados líderes de la derecha y de la “centro-izquierda” chilenas.

Por todo esto, la sanción del negacionismo constituye un paso muy positivo efectuado por la comisión de ética de la Convención. Paso que más adelante debiese complementarse con la tipificación penal del negacionismo, como lo han hecho varios países europeos respecto de sus víctimas del nazismo. En nuestro caso, sería respecto de los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura de Pinochet.

El contenido vertido en esta Columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Diario y Radio Universidad de Chile.

Colectivo Cine Fórum solicitó formalmente al comandante en jefe de la Armada entrega de administración del Cuartel Silva Palma para transformarlo en un centro cultural y de memoria

Colectivo Cine Fórum solicitó formalmente al comandante en jefe de la Armada entrega de administración del Cuartel Silva Palma para transformarlo en un centro cultural y de memoria

El 10 de diciembre del 2020 este Colectivo porteño había ya hecho entrega en la Oficina de Partes del Seremi de Bienes Nacionales de otro Documento en donde se solicitó en aquella ocasión el Comodato del Cuartel Silva Palma, para que dicho espacio sea utilizado por la ciudadanía como un centro cultural y social, en donde se desarrollen actividades relacionadas con el rescate de la Memoria Histórica y los Derechos Humanos

Por El Ciudadano

Hace 21 horas

Publicado en

Chile / Historia / Portada / Regiones

Por: Guillermo Correa Camiroaga

El Colectivo Cine Fórum de Valparaíso, organización  cultural y de Derechos Humanos, continuando con su campaña para lograr que el Cuartel Silva Palma (lugar de detención y tortura de la Armada de Chile durante la dictadura) se transforme en un Centro Cultural y de Memoria, hizo entrega ayer lunes 12 de julio de un documento dirigido al Comandante en Jefe de Armada Juan Andrés de la Maza Larraín como un nuevo paso para lograr el objetivo propuesto.

El 10 de diciembre del 2020 este Colectivo porteño había ya hecho entrega en la Oficina de Partes del Seremi de Bienes Nacionales de otro Documento en donde se solicitó en aquella ocasión el Comodato del Cuartel Silva Palma, para que dicho espacio sea utilizado por la ciudadanía como un centro cultural y social, en donde se desarrollen actividades relacionadas con el rescate de la Memoria Histórica y los Derechos Humanos.

Me comuniqué con Nelson Cabrera, Presidente del Centro Cultural Colectivo Cine Fórum, quien hizo entrega de este nuevo Documento el día de ayer en la Comandancia de la Primera Zona Naval, para conocer más de esta nueva acción.

¿Compañero Neco, me podría decir cuál fue el objetivo de entregar este nuevo Documento al Comandante en Jefe de la Armada Juan Andrés de la Maza?

“Dado a que se realizó hace muy poco su nombramiento como Comandante en Jefe y él pasa a comandar una institución que en este período histórico de Chile, con una nueva Constitución, sin lugar a dudas que se va a analizar lo que es el rol de las Fuerzas Armadas, de las cuales lo antecede lo sucedido hace treinta años con esta dictadura salvaje de Pinochet y la represión, donde el secuestro, la tortura y la desaparición fueron el elemento clave represivo en Chile. El hecho de estar solicitando que entregue a Bienes Nacionales este espacio posibilita un gesto interesante a analizar, porque no es posible que este tipo de instituciones se mantengan inamovibles ideológicamente, estas deben cambiarse de acuerdo a los momentos  históricos que vive la nación. Por tanto, sería un gesto interesante que entregue este espacio a Bienes Nacionales, y se posibilite nuestra consigna que es “Comodato Silva Palma a Cine Fórum”.

Conseguimos que el Consejo de Monumentos, que forma parte del Estado chileno, que este sitio del Cuartel Silva Palma tuviera el rango de Monumento Nacional en categoría de Monumento Histórico, entonces ahora falta  recibirlo, implementarlo, y la idea de nosotros es que sea un centro de eventos culturales, artísticos, donde se puedan lanzar libros, conmemorar fechas, situaciones, exposiciones, dentro de un ámbito cultural donde la Memoria Histórica debe ser conocida por cualquier generación, con mayor razón cuando se han conculcado los Derechos Humanos.”

¿Ustedes el año pasado, el 10 de diciembre del 2020 para ser más exacto, solicitaron el Comodato de este Sitio a Bienes Nacionales, por qué tienen que hacer una solicitud ahora a la Armada?

“Oficialmente Bienes Nacionales es el Ministerio que está a cargo de todos los espacios sociales que le corresponden al Estado y ellos son los que le entregan a las Fuerzas Armadas, Ministerios o reparticiones de la sociedad en Comodato, entonces por eso hicimos esa petición formal y se supone que a través de la Secretaria Ministerial llegaría al Ministerio, pero es la Armada la que debe definir el uso de ese espacio.”

¿Es decir que la Armada tiene la potestad sobre ese Sitio?

“Si ellos dicen que lo van a ocupar no da  a lugar la petición, pero en este caso, como es un Sitio de Memoria Histórica, que está abandonado, nosotros tenemos la capacidad de gestionar recursos nacionales e internacionales que permitan remozar el espacio dentro de los cánones exigibles de patrimonio, dado a que esto tiene más de cien años, fue construido por Fermín Vivaceta, un arquitecto progresista en su época, que nunca se imaginó que esto iba a ser un centro de represión. Esa es la razón de esta petición, para convidar al Comandante en Jefe de la Armada a generar un gesto en este período histórico, como sería entregar este espacio.”

Es decir y resumiendo, como ya se solicitó su Comodato a Bienes Nacionales, esta nueva solicitud es para que la Armada de su anuencia para entregar este Sitio a Bienes Nacionales, y a través devienes Nacionales que llegue a la sociedad civil, en este caso al Colectivo Cine Fórum.

“Claro, exactamente, tal cual como lo resumes”.

¿Cuáles son los siguientes pasos en esta campaña?

“Apuntamos en primer lugar a solicitar una entrevista con el nuevo Gobernador de Valparaíso democráticamente elegido, Rodrigo Mundaca, para solicitarle su apoyo en esta gestión. Junto con eso nos acercaremos a las organizaciones civiles que están afectas a la Memoria Histórica, como es el caso de los profesores, el SUTE, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, fue descabezado para el golpe y muchos profesores pasaron detenidos por ese Cuartel; lo mismo ocurre con la gente de la FENAT, los trabajadores de la salud; los trabajadores que estuvieron en el Comercio y fueron detenidos; naturalmente que nos contactaremos también con las organizaciones de Derechos Humanos de la Región, considerando a los Ex Menores detenidos en recintos navales, la organización de compañeros y compañeras Ejecutadas, los ex Presos y Presas Políticas, también la gente de Puchuncaví que pasaron detenidos por el Silva Palma, junto con el resto de la sociedad civil, para que junto con el Gobernador se solicite una entrevista con el Comandante en Jefe de la Armada para que haga sesión de este Sitio para este Centro Cultural, territorial y de Valparaíso.”

¿Juega algún rol la Municipalidad, la Alcaldía, en esto?

“ El Departamento Patrimonial de la Municipalidad siempre ha estado apoyándonos, desde el inicio de lo que fue la petición a Monumentos Nacionales y por lo tanto también vamos a convidar al Alcalde, vía este Departamento de Patrimonio, para que aunando fuerzas esta gestión pueda tener el éxito que esperamos.”

En parte del Documento que fue entregado ayer lunes en la Comandancia en Jefe de la Primera Zona Naval se expresa: “ La presente tiene por objeto de hacerle llegar nuestra solicitud relativa al Monumento Histórico, Sitio de Memoria Cuartel Silva Palma, en cuanto a delegar en Cine Fórum la administración del recinto a fin de consolidar un nuevo espacio cultural para la ciudad, que convoque e interactúe con la comunidad, en una retroalimentación en torno a la cultura con énfasis en la condición de Sitio de Memoria.” Más adelante agregan respecto de esta solicitud:      “Creemos que, de ser aceptada la petición de su parte, allanaría el camino en el fin de potenciar la existencia de Sitio de Memoria Cuartel Silva Palma, en una sinergia con otras organizaciones culturales territoriales, además de universidades de la zona.”

En la parte final del Documento puntualizan que: “Estamos ciertos que, en esta tercera década del siglo XXI, son otros los aires que circulan, y una respuesta positiva de su parte sería un gesto inmensamente valorado por la comunidad porteña y en todo el país, señalando un nuevo camino en la relación de vuestra institución con la civilidad.”

Guillermo Correa Camiroaga, Valparaíso 13 de julio 2021.

¿Quién tiene la preminencia, la orden de un superior o la ley? Reflexión sobre las Fuerzas Armadas en la nueva Constitución

¿Quién tiene la preminencia, la orden de un superior o la ley? Reflexión sobre las Fuerzas Armadas en la nueva Constitución

By Jorge Magasich  4 Julio, 2021

Esta pregunta fundamental planteada hace casi 50 años por los militares que, de diferentes maneras, se negaron a participar en el golpe de Estado, sigue pendiente. Por una parte, muchos de ellos fueron condenados por haber vulnerado la disciplina militar que postula la ejecución irreflexiva de toda orden; y por otra, explican su comportamiento señalando que acataron les leyes vigentes. Este conflicto pendiente entre la obediencia a la orden o la ley, podría ser resuelto en el marco de la nueva Constitución.

El alcance de la disciplina militar ha variado a lo largo de la historia, en función de las hipótesis de conflicto y del posible enemigo. Antes de la guerra fría la disciplina militar otorga importancia al respeto de la ley, en cambio durante ella prevalecen “las ordenes de mis superiores”. Esta diferencia se ve claramente simbolizada en los textos del juramento que debe pronunciar todo militar.

En 1939 –bajo el Gobierno de Pedro Aguirre Cerda– el juramento incluía la fidelidad a la Constitución, leyes y autoridades; la bandera es considerada expresión de libertad, justicia y democracia:

“Orgulloso de ser chileno, prometo por mi honor de (soldado, marino, aviador) acatar la Constitución, las leyes y las autoridades de la República; juro además amar y defender con mi vida la Bandera de mi patria, símbolo de esta tierra nuestra y expresión de libertad, justicia y democracia”.

En cambio, con la guerra fría y el advenimiento de las doctrinas que preparan a los militares a combatir una parte de la población de su país etiquetada de “enemigo interno”, en 1952 –bajo González Videla–, se impone otro juramento:

“Yo juro por Dios y por esta Bandera servir fielmente a mi Patria ya sea en mar, en tierra o en cualquier lugar hasta rendir la vida si fuese necesario. Cumplir con mis deberes y obligaciones militares conforme a las leyes y reglamentos vigentes. Obedecer con prontitud y puntualidad las órdenes de mis superiores y poner todo empeño en ser un soldado valiente, honrado y amante de mi patria”.

Así, con el texto de guerra fría –aún vigente– se jura obligatoriamente “por Dios” (el “prometo” laico desaparece); también desaparece la referencia a la “libertad, justicia y democracia”, y la noción de sumisión a la ley es disminuida para destacar la de “obedecer con prontitud y puntualidad las órdenes de mis superiores”.

Esto no es casual. El acatamiento ciego forma parte de la doctrina militar para combatir al “enemigo interno”. Va mucho más allá de la disciplina necesaria para defender al país contra una agresión externa. La ideología que otorga supremacía a “la orden” busca fabricar, en efecto, el reflejo de obedecerla con “prontitud y puntualidad” en cualquier circunstancia, aunque sean las peores, como disparar contra civiles, maltratar ciudadanos, tomar por asalto las instituciones de la República, o mentir para encubrir.

En una entrevista concedida en 2002, el cabo José Jara recuerda cómo se introdujo en la Armada la instrucción “antidisturbios” y, más grave, cómo les enseñan a montar ametralladoras y apuntar a la gente que estaba en las playas viñamarinas. Los instructores vociferan: “Si yo te digo que tienes que matar a aquella vieja que va pasando allí, tú le disparas”. Los estudiantes-marinos protestan, pero los instructores insisten: “¿Ves aquella vieja que viene ahí? Si yo te digo ¡dispárale! tú tienes que dispararle”. “¿Pero cómo si no me está haciendo nada…?”. “Yo soy el que ordeno aquí”.

Sin embargo, el poder omnímodo de “la orden” se vio contradicho por los militares que, con ética y valentía, permanecieron fieles a la Constitución en 1973. Por ese motivo casi una centena de aviadores fueron condenados por un consejo de guerra, y una cantidad similar de marinos fueron condenados en las causas 3941 y 3926, por citar los casos más conocidos.

 Un debate notable

Uno de los 10 volúmenes de la causa 3926 de la Armada titulada “contra el sargento Juan Cárdenas y otros” contiene un esclarecedor debate jurídico efectuado en 1975 y 1976, donde se discutió si un militar debe obedecer toda orden o, al contrario, regirse por las leyes vigentes.

Los marinos antigolpistas, detenidos poco antes del golpe y acusados de “sedición y motín”, fueron defendidos los últimos días de democracia por abogados militantes de izquierda, como Pedro Enríquez, Olga Morris y Emilio Contardo. Después del “pronunciamiento” el Servicio de Asistencia Judicial les asigna abogados que tenían, quizá, buenas intenciones, y sin duda bastante miedo. No osan contradecir la acusación y se limitan a pedir reducciones penas. Raúl Barraza, por ejemplo, lanza una aberración jurídica: “Mis defendidos, aprensivamente o equivocadamente, creyeron que como miembros de las FFAA tenían que estar al lado del gobierno constituido” y pide circunstancias atenuantes. Eugenio Neira afirma que sus 21 marinos defendidos cometieron sólo sedición, pero no motín, ya que fueron seducidos por personas que no pudieron ser habidas…

Con una excepción notable: Lidia Hogtert, abogada del sargento Juan Cárdenas y del cabo Teodosio Cifuentes, fue la única que osa plantear –brillantemente– los elementos fundamentales del caso: la invalidez de las “confesiones” arrancadas bajo tortura y la legalidad de la actuación de los marinos que se proponían evitar un levantamiento ya que “el deber de todo militar es defender al gobierno legítimo”.

Se trata de una jurista de cierta edad, reconocida en Valparaíso por la calidad de sus escritos; no tenía ideas políticas de izquierda, era muy católica, con vocación de defender a los sin defensa, y tía de Emilio Contardo, el primer abogado de los marinos. Y también era valiente, porque defender la legalidad del gesto de los marinos antigolpistas en 1975 podía tener consecuencias.

Argumentos de Lidia Hogtert y de Iris González

Comienza argumentando que hubo tortura y pide a la corte marcial naval que se añada al proceso un ejemplar de la revista “Chile Hoy” N°62, de agosto 1973, que describe las torturas y flagelaciones de los marinos detenidos.

Luego analiza el fondo del caso. Sus defendidos, dice, “Han entendido que el deber de ‘obediencia’, ‘respeto’, ‘disciplina’, acatamiento a la autoridad legítimamente constituida, y al orden establecido, les obliga a defender su permanencia, considerando que, desde el momento en que tales autoridades habían llegado al gobierno por vías constitucionales y legales, era esa autoridad la que debían defender y a la cual estaban obligados a servir”. Concluye que “Es deber de todo miembro de un cuerpo armado defender en primer término al Gobierno legalmente constituido”.

Sin sorpresa, la corte marcial rechaza sus argumentos arguyendo que es “temerario y aventurado” afirmar que hubo tortura. Y en el proceso se lee un gran “no ha lugar” al pedido de anexar la revista Chile Hoy.

La abogada apela. La jueza Iris González redacta el fallo de respuesta, fechado el 16 de septiembre de 1976. Apoyándose en varios autores y en el Código de justicia militar de la España franquista, afirma que “no puede aceptarse como excusa absolutoria o como causal de justificación el subterfugio más que disculpa de defender al Estado Político ante otras posibles agrupaciones militares símiles, pues se arribaría a un total caos en la disciplina y orden militar”. En resumen, los subordinados están para obedecer y siempre que intenten oponerse a una acción de sus superiores, aunque ésta sea ilegal, están infringiendo el orden y merecen castigos.

Lidia Hogtert replica con un recurso de casación: el sargento Cárdenas –dice– no ha tenido otro propósito que el de tratar de mantener el orden establecido, prestar su cooperación al Gobierno constituido y fomentar entre sus compañeros iguales propósitos. La finalidad no es promover desórdenes, insubordinación, sublevación de la tropa, sino que, por la inversa, ha tenido la finalidad exclusiva de mantener el orden, que es la finalidad de toda institución armada.

El sargento –continua la abogada– buscaba evitar que se produjera un levantamiento armado, “que se cometiera delito de sedición”; el objeto de las reuniones de los marinos antigolpistas era estudiar “qué conducta debía adoptarse en caso de que la oficialidad la cometiera”. Y concluye que los temores de Cárdenas no eran ilusorios ni imaginarios. El golpe fue el resultado de un prolijo estudio de quienes lo realizaron. Y no es delito celebrar reuniones para mantener la legalidad. La reacción de Juan Cárdenas fue por lo tanto enteramente lícita, concluye Lidia Hogtert. El recurso de casación fue declarado inadmisible en una hoja manuscrita casi ilegible, con cuatro firmas y la mención “Preveído por la Iltma Corte Marcial”.

 Los subordinados tienen derechos

Allí se detuvo aquel debate, poco conocido, pero quedó pendiente su interrogante esencial: ¿quién tiene la preminencia en las instituciones armadas, la orden de un superior o las leyes de la República? Dicho de otra manera: ¿un militar debe someterse a toda orden, aunque esta implique violar los derechos humanos o asaltar la sede de las autoridades legítimas?

La Historia del siglo XX, particularmente la de Chile y América Latina, registra numerosos ejemplos donde la obediencia ciega, sin límites, ha sido parte del engranaje que permitió perpetrar crímenes gravísimos. Más que contribuir a la eficacia de una operación militar, es una pieza clave del dispositivo que hizo posible la perpetración de las peores atrocidades que registra la historia de Chile.

La Historia indica también que el indispensable sometimiento de los militares a las autoridades del país no puede depender solamente de la fidelidad y del buen criterio de los mandos. Hay demasiados ejemplos de traiciones y de abuso de poder de quienes detentan el monopolio del uso de las armas. Se requieren mecanismos que aseguren el sometimiento de los cuerpos armados a la ley.

Una sociedad democrática, donde las Fuerzas Armadas estén al servicio de todos, necesita dotarse de dispositivos explícitos que impidan dar –y obedecer– órdenes que transgredan la ley o los derechos humanos. Por eso resulta necesario que los subordinados dispongan de derechos. Primero, la consagración constitucional de preminencia de la ley sobre la orden. Luego, el derecho de los militares de recibir una explicación sobre el objetivo de la orden, sobre todo cuando esta concierne operaciones militares dentro del país, afectando a una parte de la ciudadanía. Y finalmente el derecho a incumplirla si implica crímenes o golpes de Estado. Para eso es necesario una ley que consigne estos derechos de los militares y precise procedimientos expeditos que permitan denunciar eficazmente órdenes ilegales.

La enunciación de estos principios en la nueva Constitución, contribuirá a alejar la amenaza de golpes o matanzas perpetradas por militares sometidos a la obediencia ciega. Lo que hará de Chile un país más democrático.

Por Jorge Magasich

(Las informaciones han sido tomadas del libro “Los que dijeron ‘No’”, 2008, LOM)

https://www.lemondediplomatique.cl/quien-tiene-la-preminencia-la-orden-de-un-superior-o-la-ley-por-jorge-magasich.html

El legado de los militares constitucionalistas podría ser considerado en la nueva Constitución

El legado de los militares constitucionalistas podría ser considerado en la nueva Constitución

By Jorge Magasich  11 Junio, 2021

El legado de los militares que se negaron a participar en el golpe de Estado de 1973 en nombre de la legalidad, no ha sido, hasta hoy, suficientemente reconocido. Y su visión de las Fuerzas Armadas aún no se ha incorporado a las instituciones del país. Sin embargo, muchos de ellos, cuya postura constitucionalista –o antigolpista–, implicó arriesgar mucho más que una situación y una carrera, tienen propuestas sobre la necesaria democratización de las Fuerzas Armadas, que podrían concretarse en la nueva Constitución.

La historia oficial del golpe de Estado cultiva el mito que fue perpetrado por la “unanimidad” de las Fuerzas Armadas. El Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile, por ejemplo, publicado por la Secretaría General de Gobierno en octubre 1973, afirma que “Las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de la República de Chile –cumpliendo una decisión previa y absolutamente unánime– depusieron al Presidente Salvador Allende.

La realidad es diferente. Cuando Gonzalo Vial Correa redactó esas líneas ya se sabía que, si bien muchos militares adhirieron al “pronunciamiento” y otros se plegaron a él por una mezcla de inercia y miedo, hubo una cantidad significativa de militares que se negaron a participar en el asalto armado a las instituciones republicanas. Medio siglo después, el comportamiento de los militares constitucionalistas se ha hecho un lugar en la historia, pero aún existen zonas obscuras en este episodio.

Los militares constitucionalistas

En el Ejército hubo, al menos, 36 oficiales exonerados. El día del golpe renuncia el coronel José Ramos, jefe del Estado Mayor de Inteligencia y el mayor Osvaldo Zavala, edecán del general Prats y luego de Pinochet. En Talca, el capitán Jaque se niega a participar en el golpe. Años más tarde, en 2001, varios de ellos iniciaron acciones jurídicas contra los golpistas, por secuestro, asociación ilícita y torturas. Entre otros, los coroneles Efraín Jaña comandante del regimiento de montaña, y Fernando Reveco comandante del regimiento de Calama; el capitán Carlos Vergara, detenido el día del Golpe en el regimiento Rancagua en Arica; los oficiales Florencio Fuentealba, Héctor González, Rudy Alvarado, Jaime Mires (representado por su hijo), Patricio Carmona y Manuel Fernández. Tampoco debe olvidarse que el Ejército excluyó a varios oficiales por negarse a ejecutar prisioneros, como es el caso del general Joaquín Lagos, comandante de la primera división, y del mayor Iván Lavanderos, cuyo cuerpo fue encontrado asesinado.

En la Armada, el comandante en Jefe, almirante Raúl Montero, opuesto al putsch, fue secuestrado en su domicilio. Los almirantes Daniel Arellano, Hugo Poblete Mery y el capitán René Durandot, fueron excluidos, igual que el teniente Horacio Larraín. El capitán Gerardo Hiriart, quien se encontraba en el extranjero, envía su dimisión lo cual le vale una condena en ausencia. Los días anteriores y posteriores al golpe, la Armada arresta unos 250 marinos –tal vez más– quienes serán los primeros torturados en ese período; 92 de ellos serán condenados a diferentes penas.

En la FACH, un consejo de guerra condenó a penas diversas, por “traición”, a 16 oficiales, entre ellos al general Sergio Poblete, 18 suboficiales y sargentos; 36 cabos (dos de ellos fueron asesinados en prisión); dos conscriptos y 13 civiles. El general Alberto Bachelet fue acusado de “traición” pero murió a causa de las torturas antes que fuera dictada la sentencia.

El director general de Carabineros José María Sepúlveda acompañó al Presidente en el palacio asediado; el subdirector, Jorge Urrutia, acompañado por los generales Rubén Álvarez y Orestes Salinas, intenta imponer la lealtad al gobierno. Horas antes los generales Alfonso Yáñez y Martín Cádiz se habían negado a adherir al golpe. Se conoce el caso del carabinero Guillermo Schmidt quien, en Antofagasta, tornó su arma contra los jefes que le ordenaron matar a tres trabajadores detenidos.

Estos son algunos de los casos conocidos de militares que asumieron un comportamiento democrático y humanista; hay sin duda otros que desconocemos. Y hay también otros que soportaron en silencio, seguramente paralizados por el miedo, intentando evitar misiones inhumanas y ayudando a las víctimas, cuando les era posible.

Una idea de la importancia de las diferentes formas de oposición al golpe en las Fuerzas Armadas la proporciona la cantidad de demandas introducidas por militares en el marco del “Programa de reconocimiento de la exoneración política”, entre 1998 y 2004. Hay 6.070 pedidos y 1.319 casos calificados, lo que representa respectivamente 7,52% y 1,64% de los militares.

Todo esto confirma la existencia irrefutable de un número significativo de militares opuestos al golpe de Estado. Y permite concluir que éste no fue perpetrado por las Fuerzas Armadas, sino por una fracción de ellas.

Un legado democrático

Si existe una diversidad de motivaciones y comportamientos entre los militares antigolpistas, no hay duda que en 1973 tuvieron la ley de su parte. El punto de encuentro entre ellos es la defensa de la legalidad violada por la fracción golpista. Los militares constitucionalistas tuvieron –y tienen– un profundo conocimiento de las instituciones militares, particularmente de lo que en ellas falló, y probablemente estén en posición, mejor que otros, de inspirar la renovación de las Fuerzas Armadas.

Sería sin duda benéfico para el futuro democrático del país, que la Convención Constitucional recoja la visión y el legado ético de los militares que respetaron la Constitución en 1973. Existen organizaciones de militares constitucionalistas. La de los marinos ha difundido un documento con propuestas para las Fuerzas Armadas, y muchos de ellos tienen una visión de las características democráticas que deben tener las futuras Fuerzas Armadas.

Existen también libros que registran su enfoque, incluyendo a los que ya no están entre nosotros, como las “Memorias” del general Carlos Prats; “Las cartas del coronel” del coronel José Ramos; “La desconocida batalla de los oficiales constitucionalistas de las FFAA. 1973” de Miguel Prieto y “Testimonios de militares antigolpistas” que ofrece varias decenas de entrevistas, principalmente a marinos, realizadas por el autor de este artículo.

Sus propuestas contienen tal vez la fórmula para avanzar hacia las Fuerzas Armadas efectivamente democráticas que el país necesita. Merecen ser escuchados.

(Las informaciones han sido tomadas del libro “Los que dijeron ‘No’”, 2008, LOM)

Por Jorge Magasich

Un imperativo democrático: la subordinación y no deliberación de las instituciones armadas

CIPER ACADÉMICO / OPINIÓN

24.04.2021

Por Claudio Fuentes S.

TEMAS: CarabinerosCIIRCIPER/AcadémicoConstituciónEjércitoEspionajeFuerzas ArmadasMilicogate

  • ¿Cuán obedientes y no deliberantes son las Fuerzas Armadas y de Carabineros? Este detallado análisis de la Constitución chilena muestra que hay artículos que contradicen esas aspiraciones democráticas; también destaca el poco control que las autoridades civiles tienen sobre las operaciones de inteligencia de esas instituciones y sus programas de formación, entre otros aspectos. La Constitución consagra una “cultura organizacional de autonomía”, donde se considera que las instituciones armadas están sobre la política democrática, “pues defienden ciertos valores aparentemente superiores”, explica el autor.

El autor es cientista político, profesor de la Universidad Diego Portales, y ha desarrollado una larga investigación académica en el área constitucional. Es investigador responsable del proyecto FONDECYT Nº 1170025 sobre ideas y cambio constitucional en Chile e investigador asociado del el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR).


La gran mayoría de las sociedades contemporáneas han establecido instituciones armadas para proteger el territorio respecto de eventuales amenazas externas (fuerzas armadas), y para controlar el orden público interno (policías). El pacto social democrático transfiere el monopolio de la fuerza a un conjunto limitado de instituciones que serán las encargadas de proteger a la ciudadanía.

Pero transferirles el control de las armas a tales instituciones (policías y militares) implica un serio dilema para cualquier sociedad democrática. Y esto por el simple hecho que dicho traspaso de confianza implica una concentración de poder que pone en riesgo a la propia convivencia democrática. Los creadores originales de la Constitución de Estados Unidos tenían conciencia de aquella amenaza por lo que sugieren un modelo mixto de control, entregándole al poder ejecutivo la potestad de la comandancia en jefe de las fuerzas armadas y reservando para el Congreso la declaración de guerra y el control presupuestario.

Esto nos lleva a la ya clásica afirmación que la democracia debe protegerse de sus propios protectores.  “¿Quién vigilará a nuestros vigilantes?” se preguntaba irónicamente el romano Juvenal en sus poemas. Platón, en La República, enfrentado a esta misma pregunta sostenía que sería absurdo establecer algún tipo de control respecto de los guardianes de la ciudad. Los guardianes se protegerán así mismos por aquel sentido de valor y honor que tiene un guerrero.

La historia contemporánea ha demostrado que la democracia requiere controlar a sus guardianes. La tentación de aquellos guardianes de transformarse en gobernantes, el uso de sus poderes para obtener prebendas, y/o el uso político que muchas veces se les da a las instituciones armadas —policías y militares—, llevó a establecer algunos principios que hoy parecen básicos en una democracia: la supremacía civil, la obediencia y la no deliberación.

Las Constituciones democráticas suelen establecer una nítida y explícita superioridad de mando de la máxima autoridad política en tiempos de paz y de guerra. No pueden dejarse espacios de autonomía a las instituciones policiales y militares pues aquello podría eventualmente erosionar a la propia institucionalidad democrática. Particular atención se debe poner a las decisiones de mando en tiempos de paz y de crisis, respecto de los servicios de inteligencia y en relación con el uso de los recursos públicos. Así, en muchas constituciones se establece que el comandante en jefe será la máxima autoridad política. Se establece el poder de remoción de los comandantes en jefe y se establecen mecanismos permanentes de control legislativo sobre los procedimientos castrenses y policiales.

La obediencia es la otra cara de la moneda. Las instituciones armadas deben aceptar y acatar las decisiones emanadas del poder político. En este sentido la jerarquía institucional no alcanza su límite en el comandante en jefe o director de Carabineros sino que se transfiere hasta el poder político representado por el o la presidenta de la República. La democracia debe evitar crear un Estado dentro del Estado, esto es, burocracias que se mandan solas y que funcionan al margen de cualquier control político democrático.

Finalmente, la no deliberación alude a no interferir en asuntos políticos precisamente por el poder que estas instituciones concentran. Si las instituciones armadas entregasen opiniones sobre el curso de los acontecimientos políticos, lo que sucede en los programas de televisión, lo que aprueba o rechaza el Congreso Nacional o el modo en que se conducen las políticas públicas, se vería afectada seriamente la convivencia democrática. Ya dijimos que por el solo hecho de controlar el monopolio de las armas, la opinión de una institución armada es cualitativamente distinta a la de cualquier otra institución del Estado o de la sociedad civil por lo que se establece este requisito democrático.

¿CUMPLE LA CONSTITUCIÓN ACTUAL CON ESTOS PRINCIPIOS?

El actual estándar constitucional en esta materia es claramente insuficiente. Esto se ha venido sosteniendo desde hace ya bastante tiempo (García y Montes 1994, Hunter 1996, Fuentes 1997, Agüero 1998, Fuentes 2000, Weeks 2003, Fuentes 2006) y ha sido reiterado recientemente (Contreras y Salazar 2020, Varas 2021). Analicemos brevemente el modo en que se aborda los principios de la supremacía civil, la obediencia y la no deliberación en la Constitución.

El actual texto establece, efectivamente, que las instituciones armadas y de Carabineros son “esencialmente obedientes y no deliberantes” (artículo 101). Se establece también que el presidente de la República “puede disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas” (art. 32 Nº17) y se define que la máxima autoridad de la República nombra a los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y de Carabineros, así como puede llamarlos a retiro.

Sin embargo, la propia Constitución vigente contiene una serie de artículos que contradicen estos principios de mando, obediencia y no deliberación estableciendo lo que se ha denominado un poder de seguridad (Contreras y Salazar 2020).

En relación con la supremacía civil, en ninguna parte del texto se establece una clara supremacía respecto de las instituciones armadas. Por ejemplo, en el artículo 32 Nº 18 se indica que el presidente tendrá la función de “asumir, en caso de guerra, la jefatura suprema de las fuerzas armadas”. ¿Quiere decir esto que en tiempos de paz tal jefatura suprema no es ejercida por el presidente?

Varias constituciones en el mundo establecen explícitamente que el mando superior de las instituciones armadas—policías y militares—le corresponde al presidente de la República. En Estados Unidos se explicita que el presidente es el comandante en jefe de las fuerzas armadas. Lo mismo ocurre en casos como Finlandia, Francia, Argentina o SudáfricaY este rol lo cumple el presidente en tiempos de paz y de guerra.

Otro aspecto crítico se refiere a los sistemas de inteligencia, en la que un estado democrático debe procurar establecer una línea de responsabilidad y mando sujeto al control civil. La Constitución chilena actual no define las prerrogativas de las autoridades civiles en este ámbito. Por ejemplo, en Alemania la Constitución señala que el Parlamento Federal deberá definir un panel para monitorear las actividades del sistema de inteligencia del país. La Constitución portuguesa le confiere la atribución exclusiva al Parlamento de definir las reglas que regularán los sistemas de inteligencia. La Constitución de Sudáfrica le entrega la potestad a la máxima autoridad civil de organizar el sistema de inteligencia y de designar a quienes la conducirán. Los déficit de control democrático sobre el sistema de inteligencia hacen imperativo abordar el tema en una perspectiva constitucional.

Otra dimensión de supremacía se da con los estados de excepción constitucional, donde el presidente designa a un jefe de la defensa para la zona declarada bajo excepción. Aquí el problema se da entre la superioridad jerárquica y política de un Intendente (o un Gobernador, como será en el futuro), respecto de un oficial castrense que es designado para gobernar un territorio en tiempos de excepción. La Constitución no resuelve este problema y, de hecho, varias catástrofes naturales nos han mostrado las dificultades e incluso tensiones que se producen entre la autoridad civil y militar, enfrentados a este tipo de circunstancias.

En Chile, se les entregan a las fuerzas armadas además, una serie de atribuciones en la ley orgánica que las organiza. Entre otros, los nombramientos, ascensos y retiros dependen de propuestas emanadas por los comandantes en jefe respectivos; las instituciones armadas pueden definir sus propios planes y programas de estudio sin pasar por la aprobación de ninguna institución externa a ellas mismas; dichas ramas pueden otorgar títulos técnicos, profesionales y grados académicos; se establece un régimen especial de previsión y seguridad social del personal de planta y se indica que es autónomo; y se establece un presupuesto militar particular que incluye un fondo plurianual de capacidades estratégicas y un fondo de contingencia estratégico entre otros.

En otras palabras, la autoridad civil ve limitada su acción en áreas relevantes al desarrollo de las instituciones de la Defensa toda vez que o no tiene las atribuciones o son aspectos de la gestión que han sido concebidos como espacios reservados para la acción de las propias instituciones armadas (mando, educación, sistema de seguridad social, financiamiento, justicia militar).

¿…Y LA NO DELIBERACIÓN?

Ya dijimos que la Constitución explicita que ni las fuerzas armadas ni Carabineros pueden deliberar. Sin embargo, el texto vigente deja entreabiertas opciones para que los institutos castrenses deliberen. Por ejemplo, en el artículo 107 se indica que cualquiera de los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional, en el marco de sus sesiones, “podrá expresar su opinión frente a algún hecho, acto o materia que diga relación con las bases de la institucionalidad o la seguridad nacional”.  O sea, si el Presidente decide convocar a dicho Consejo, cualquiera de los comandantes en jefe o el Director de Carabineros podrá aludir a tales materias.

¿A qué materias aluden las “bases de la Institucionalidad”?  Ello nos remite al capítulo Primero de la Constitución que aborda dichas bases. Allí se mencionan temas como la relevancia de la familia, grupos intermedios, el rol del Estado, los emblemas nacionales, la estructura del Estado, la regionalización, el carácter democrático de la república, la soberanía de la nación, el ejercicio de la soberanía por medio de elecciones, la probidad y el terrorismo. Es decir, perfectamente las fuerzas armadas podrían hacerle ver al presidente en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional cualquier preocupación sobre alguno de estos temas. Si eso no es deliberar, ¿de qué estamos hablando?

Otro artículo problemático es el Nº6, que indica que “los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República”.  Como las instituciones armadas y de orden público son órganos del estado, entonces les corresponde también a ellas garantizar el orden institucional de la República. Esto último es altamente problemático por cuanto perfectamente en una situación de crisis estas instituciones podrían señalar que la propia Constitución les indica que deben garantizar el orden institucional. El principio de obediencia y no deliberación perfectamente se podría poner en jaque si se procediera a dar este tipo de argumentación contraria a cualquier sistema democrático en forma.

AUTONOMÍA SIN SUBORDINACIÓN

Luego del golpe de Estado las fuerzas armadas y Carabineros se autoasignaron un rol particular dentro del proceso político chileno. La Constitución original de 1980 cristalizó una autonomía legal pero también una de tipo organizacional y corporativa que se proyecta hasta el día de hoy. No cabe duda de que se han hecho relevantes cambios legales a la Constitución que han reducido significativamente los espacios de autonomía formal. Pero tanto los militares como Carabineros continúan viviendo en una “cultura organizacional de autonomía”.

En años recientes hemos sido testigos de varios episodios de este tipo: generales que se niegan a renunciar; uso de recursos institucionales para cometer ilegalidades bajo la premisa que no serán castigadas; defensas corporativas; intervenciones públicas para pronunciarse sobre la contingencia. Esta cultura organizacional se nutre del autoconvencimiento que sus instituciones están por sobre la política democrática, que defienden ciertos valores aparentemente superiores. Pero además, al existir un blindaje corporativo y legal (justicia propia, mando jerárquico autónomo), se genera un ambiente propicio para actuar autónomamente.

No es casualidad que en los últimos años se hayan demostrado montajes en el sistema de inteligencia de Carabineros, engaños del Ejército respecto del espionaje a periodistas que han investigado casos de corrupción de dicha institución, o la negación de Carabineros a presentar su renuncia ante la petición del mismo Presidente de la República como sucedió en diciembre de 2018 con Hermes Soto. La carta pública de esta semana de las tres ramas de las fuerzas armadas a un canal de Televisión demuestra, una vez más, el dominio de esta cultura organizacional autónoma que permea sus acciones.

El proceso constituyente será una gran oportunidad para revisar el mandato constitucional en relación con las fuerzas armadas y de orden. Esperemos que los principios de supremacía civil, obediencia y no deliberación permeen las discusiones y nos conduzcan hacia una nueva concepción de defensa y orden público que debiese plasmarse en ese texto Constitucional.

NOTAS Y REFERENCIAS

Agüero, Felipe. 1998. «Legacies of Transitions: Institutionalization, the Military, and Democracy in South America». Mershon International Studies Review 42 (2): 383-404

Contreras, Pablo y Sebastián Salazar. 2020. Desconstitucionalizar para democratizar: las fuerzas armadas y las policías en la nueva Constitución. Política. Revista de ciencia política. Vol 58: 1: 11-34.

Fuentes, Claudio. 1997. «Militares en Chile: ni completa autonomía ni total subordinación» En Chile 96: Análisis y Opiniones. Santiago: Nueva Serie Flacso, 165-180.

Fuentes, Claudio. 2000. «After Pinochet: Civilian Policies Toward the Military in the 1990s Chilean Democracy». Journal of Interamerican Studies and World Affairs 42 (3): 111-144.

Fuentes, Claudio. 2006. La Transición de los militares. Santiago: LOM.

García P., Gonzalo y Juan Esteban Montes I. 1994. Subordinación Democrática de los Militares: Éxitos y Fracasos en Chile. Santiago: Centro de Estudios del Desarrollo

Hunter, Wendy. 1997. Eroding Military Influence in Brazil: Politicians Against Soldiers. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Weeks, Gregory. 2003. The Military and Politics in Post-authoritarian Chile. Tuscaloosa: University of Alabama Press.

Varas, Augusto. 2021. Las fuerzas armadas en la nueva Constitución. Minuta experta, plataforma Contexto. Ver el siguiente enlace.

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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