Comandante en Jefe de la Armada Miguel Angel Vergara

 

Ex marino nombró a almirante Vergara en su testimonio ante la Comisión Valech
 
Fuente :La Segunda Internet

El nombre del comandante en jefe de la Armada, Miguel Angel Vergara, aparecería consignado en el informe elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

Santiago.- Aunque no pueden afirmar que el hoy comandante en jefe de la Armada supiera de las torturas, los exonerados de la Marina creen que podría haber preguntado por el destino de su subalterno, según informó Radio Cooperativa.

El nombre del comandante en jefe de la Armada, Miguel Angel Vergara, aparecería consignado en el informe elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Según el testimonio de un miembro de la coordinadora de exonerados de la Marina, fue la actual máxima autoridad de esa rama quien lo entregó a sus torturadores en agosto de 1973.

La entidad que representa a quienes fueron destituidos de la Armada tras el golpe de Estado informó que la comisión encabezada por monseñor Sergio Valech incluyó el testimonio de Oscar Héctor Carvajal Gallardo, quien actualmente reside en Estocolmo, Suecia. En su declaración afirmó que el entonces jefe del departamento de electrónica del destructor “Cochrane”, el teniente primero Miguel Angel Vergara Villalobos, lo envió en comisión de servicio ante los efectivos que lo torturaron.

El presidente de la coordinadora, Víctor López, quien entregó a la prensa un escrito con el testimonio de Carvajal, dijo que no podría aseverar que el actual almirante supiera el destino que tendría Gallardo al enviarlo en comisión de servicio, aunque podría haberse preguntado por su destino.

“Yo no puede asegurar que él estaba en conocimiento de que cuando él lo mandó en comisión de servicio lo iban a torturar. No lo puedo aseverar. Pero si él tiene interés, puede preguntar: qué pasó con el marino que yo mandé en comisión de servicio”, señaló.

“Tiene elementos para conocer que efectivamente se torturó a sus subordinados en la instrucción. Y si no los tiene es muy fácil que pregunte qué pasó con mis marineros cuando yo lo mande en comisión de servicio en agosto de 1973”, agregar.

ARMADA DE CHILE               COMUNICADO DE PRENSA  

 COMANDANCIA EN JEFE

SERVICIO DE RELACIONES PUBLICAS

COMUNICADO DE PRENSA

En relación con la declaración enviada desde el exterior por el señor Oscar Carvajal Gallardo, ex miembro de la Armada, donde  reproduce lo señalado a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, la Armada de Chile cumple con señalar lo siguiente:

1. De acuerdo a los registros institucionales, el actual Comandante en Jefe de la Armada se desempeñó en ese período como dotación del Destructor “Almirante Cochrane”, cumpliendo entre otras funciones la de Oficial de División del entonces Marinero 1º Oscar Carvajal Gallardo.

2. El 10 de Agosto de 1973, el ex Marinero Carvajal fue desembarcado del Buque para prestar declaraciones en una causa instruida por el Juzgado Naval, quedando posteriormente detenido y a disposición de ese Juzgado, cesando a partir de ese momento todo vínculo con el Destructor “Almirante Cochrane”.

3. Dado lo expuesto, tratar de involucrar al señor Comandante en Jefe de la Armada en temas relacionados con violaciones a los Derechos Humanos, corresponde a acusaciones apartadas de toda realidad.

Santiago, 25 de Noviembre de 2004.

      

Referencia:   Diario “Ultimas Noticias”

Fecha:           07.11.2002

Pagina:          13.

ALMIRANTE VERGARA PIDE APLICAR LEY DE AMNISTIA.

 Marianela Cisternas.

Valparaíso.

El comandante en Jefe de la Armada, Miguel Angel Vergara, hizo un llamado a los políticos,

Fuerzas Armadas y Poder Judicial, a alcanzar un “acuerdo político” para que terminen lo antes posible los procesos judiciales de violaciones de los derechos humanos.

El uniformado- que ayer asistió a la Comisión de DD HH de la Cámara de Diputados que investiga la rearticulación del Comando Conjunto- agregó que “ un camino de solución” también puede ser la aplicación de “la ley de amnistía en su sentido original”.

Agrego que se podía conseguir acelerar los procesos judiciales para que estos cesen lo antes posible, logrando un acuerdo político que contemple, por ejemplo- disponer de mayor numero de jueces especiales.

Busca una ley de punto final?

 No me gusta hablar de punto final porque no corresponde,  prefiere decir horizonte temporal, de modo que esto no se eternice año a año, llevamos 25 años y no se ve una solución.

Explicó que de los más de mil casos que aún están pendientes, el 94% de ellos se remonta a antes de 1978

“Por lo tanto es muy difícil recolectar información”, dijo.

El planteamiento de Vergara generó polémica en la Concertación.  Los Diputados Juan Pablo Letelier. Isabel Allende, Juan Bustos del P. Socialista, Antonio Leal del PPD y Sergio Ojeda de la DC rechazaron la eventual aplicación de una ley de amnistía, “Una ley de amnistía es renunciar a la justicia. Un acuerdo sobre esa base es absolutamente inviable”, dijo Letelier a lo Bustos agregó que eso es sinónimo de “renunciar a porciones de verdad, significa impunidad”.

En tanto  el Diputado Leal  anunció que ya esta en contacto con sus abogados para determinar si procede una acción judicial en contra de Vergara, pues estima que una ley de amnistía contradice los principios de los pactos internacionales suscritos por Chile.

Comandante en jefe de la Armada Jorge Arancibia Reyes

La Hora de Decir Adiós. El Juez Guzmán Debiera Cerrar el Proceso a Mi General Pinochet

El jefe de la Armada se retira en noviembre y ya empezó a despedirse. Y lo hace en su estilo: diciendo lo que piensa de temas que otros prefieren callar o toman con pinzas. Más que su proyecto “Tridente” le inquieta el tema pendiente de los derechos humanos, las reformas constitucionales concernientes a las FF.AA. y el juicio a Pinochet.
Por RAQUEL CORREA

LE apena alejarse de la Armada. En “mi Marina” – como él dice- ha pasado prácticamente toda su vida. Desde que tenía 15 años y casi vio frustrados sus sueños por medir unos centímetros menos que los reglamentarios. Quien se empeñó en que lo admitieran, a pesar de la estatura, no pudo imaginar que ese chiquillo llegaría no sólo al puesto más alto dentro de la Armada sino a convertirse, de hecho, en el líder de los Comandantes en Jefes en tiempos harto complicados. Inteligente, afable, culto, reflexivo y con don de mando sin gritos, Jorge Patricio Arancibia Reyes (61 años, casado con Mónica Salomón, tres hijos y tres nietos) se apresta al retiro en noviembre. Pero como si no quisiera ni pensar en eso, no se ha puesto a proyectar qué hará entonces.

– Cuando llegué a la comandancia en jefe, hace tres años y medio, pensaba que tenía que subir un cerro gigantesco. Ahora me doy vuelta y veo el cerro a mis espaldas. Es un sentimiento de pena y de pérdida. Entré a los 15 años; una vida entera he pasado con los buques, con mi gente, con mis oficiales. Seguiré formando parte de la familia naval, pero ahora desde la periferia. Me alejo de algo que quiero mucho….

– ¿Qué siente más: dejar los camaradas, el poder…?

– Sin ninguna duda, cambiar la relación que tengo con la gente con que trabajo. Lo más rico es la oportunidad de estar con, trabajar para y llevar adelante proyectos con un grupo de gente ¡fantástica!

– ¿Está consciente de que cuando su nombre vaya seguido de una (R) perderá todo poder?

– Desde luego, pero no miro el poder con la perspectivaegoísta. Cuando uno aplica el poder en llevar adelante proyectos, en realizar sueños, no por el poder per se, entonces vale. Tengo un montón de privilegios. Por ejemplo, podría tener horario libre, tengo vehículos para moverme, aviones para volar, lanchas para navegar, casas para vivir en Santiago y Valparaíso, un staff que se ocupa de que a donde llegue tenga los apoyos necesarios, sin embargo no tengo tiempo para darme ni siquiera cuenta de eso que tengo. Hay piscina en las casas de los Comandantes en Jefe – en Santiago y Valparaíso- ; no he nadado nunca, en ninguna de las dos. Lo que más voy a sentir, y no tenga ninguna duda, es no poder seguir trabajando como lo estoy haciendo, con mi gente, verlos todos los días…

Con padre y hermano general de Ejército, a él lo cautivó el mar. Su único hijo varón, José Antonio, es subteniente de Marina; el marido de su hija mayor, Lorena, es capitán de fragata; la menor, María Verónica, es arquitecta casada con arquitecto, y ese único yerno civil que tenía se recibirá en septiembre de… guardiamarina de reserva. Todo un ejemplo de lo que llaman la “familia militar”.

Con más de 14 años de navegación, este especialista en guerra submarina sólo tiene claro que a partir de noviembre vivirá en su parcela en Limache, conservando su departamento en Viña. Pero nadie que lo conozca bien podrá figurárselo llevando para siempre una vida bucólica.

– Si no se modifica la Constitución, ¿sería senador designado?

– Pero eso sería en cuatro años más, después del almirante Martínez. Cuando uno llega a estas alturas y ha demostrado vocación de servicio, si se siente con fuerza y creen que uno tiene capacidades, no me podría negar.

La sucesión

Convencido de que cuatro años es período suficiente para ejecer la comandancia en jefe, detalla:

– En el primer año uno aprende, en el segundo y tercero está en la plenitud de sus capacidades, llevando adelante proyectos en la forma más intensa; en el último, tengo que considerar que mis decisiones deben conllevar el respaldo de quienes pueden relevarme.

– ¿Ya está acordado con el Gobierno el nombre de su sucesor?

– Nooo.

– ¿Quién le gustaría que lo sucediera?

– Ahhh! Uno de los vicealmirantes que están en la quina. Excelentes profesionales, cada uno de ellos con una larga preparación.

– ¿Cuál está hoy en las condiciones en que estaba usted el 97?

– Dos. El almirante Andrés Swett, que es el director general del personal y mi segundo hombre en la línea de mando, y el vicealmirante Jorge Swett que es jefe del Estado Mayor y tercero en la línea de mando.

– ¿Habrá tiraje a la chimenea esta vez como cuando usted asumió? Entonces fueron a retiro tres almirantes …

– No quise entrar en un proceso de cambios continuos. Eso me hizo prescindir del muy buen servicio que me podían prestar tres queridos amigos: al año siguiente tenían que irse por imperio de la ley. Este año podría haberlo: si se llegara a elegir al quinto – el vicealmirante Waghorn- , se le daría un tiraje enorme porque él está recién ascendido a vicealmirante.

Y detalla:

– Tenemos dos almirantes antiguos: los primos Swett, luego vienen Arancibia y Vergara que son de dos años después. Luego vienen Waghorn y Marchant, que no está en la quina, y que son tres años después de los Swett. Entonces, si se nombrase de comandante en jefe a la segunda o tercera antigüedad podría contar con ellos por lo menos por dos años. Pero esa es una decisión del comandante que asuma.

– ¿No cree que a Arancibia Clavel lo perjudican los apellidos…?

– No debiera ser. A mí el apellido Arancibia no me ha perjudicado…

– Pero usted no es Arancibia Clavel…

– Los apellidos nos tienen que llenar de orgullo. Y estoy convencido de que el almirante Arancibia siente eso en lo profundo de su corazón y yo respeto ese sentimiento. Que circunstancias especiales – que tienen una connotación muy intensa de carácter político- hagan que un hermano suyo esté viviendo una situación delicada, es algo que debiéramos manejar con mucho cuidado.

– ¿Una situación de “carácter político” o delictual, almirante?

– Según mi punto de vista, eminentemente política.

El liderazgo de Arancibia

– Almirante, ¿por qué en este período usted ha sido el más explícito en temas contingentes de carácter político y judicial?

– Esa es una pregunta compleja… Es una evaluación que usted está haciendo de mí.

– Es cosa de escuchar y leer. ¿Ha sido una forma de asumir cierto liderazgo…?

– Yo no llevo ese ranking ni pretendo ocupar ningún espacio en ninguna estadística. He tratado de ser consecuente con mis convicciones, mi pensamiento, mis lealtades, con lo que yo creo que es lo mejor para mi país y con las responsabilidades que mi cargo conlleva. Ser Comandante en Jefe de la Armada, aparte de las responsabilidades administrativas y de conducción de la gente que eso significa, lo transforma a uno en una persona que tiene que operar al interior del sistema político nacional. Forma parte del Consejo de Seguridad, en el Consejo de Defensa Nacional, en el Consejo Superior de Seguridad, en el Consejo Superior de Relaciones Internacionales. Es un hombre público, con un accionar muy intenso. Y además de todas las obligaciones y reponsabilidades que tengo, me toca pronunciarme sobre distintos temas. La pesca, temas jurídicos, me acusan de cosas variadas. Recientemente alguien estaba retomando un tema por el que nosotros estamos llevando un proceso judicial perfectamente…

– ¿Se refiere al diputado Avila y sus denuncias sobre el supuesto cobro indebido de beneficios por parte de funcionarios de la Armada al acogerse a retiro?

– Sí. El diputado Avila sacó ahora, igual que el año pasado, un tema que él sabe que se está investigando. Y soy sensible ante el hecho de que el mensaje que empieza a transmitir sugiere que nuestras investigaciones apuntan a señalar que hay gente de mar involucrada y no oficiales. Y a mí, como Comandante en Jefe, se me hace inaceptable que se suponga que hacemos una diferenciación de ese tipo.

Y al Almirante no sólo se le cambia ese tono de voz amable que tiene. Hasta el rostro se le endurece.

– Si hay alguien que es responsable de algo en mi Marina – enfatiza- , independiente del grado, rango o puesto que tenga, asumirá sus responsabilidades y será sancionado. Mientras no sea demostrada su culpabilidad, son inocentes. Esa ha sido mi postura invariable. Así que alguien, sea quien fuese, se permita hacer una alusión a que las investigaciones nuestras apuntan a encontrar culpables en un sector subalterno de mi institución y no en oficiales… ¡esa es una maldad incalificable! Y además, peligrosa para la seguridad nacional.

“Mi general” Pinochet

– ¿Qué van a hacer ustedes si fichan a Pinochet?

– Yo espero que no lo fichen. Hay una serie de recursos que se están interponiendo. He estado con mi general Pinochet y me ha impresionado mucho su condición. Es una persona que ha sido muy trabajada, que tiene sus años y que ha sido muy golpeada incluso emocionalmente. Yo veo en mi general Pinochet – no sólo en lo físico, en lo que tiene una serie de limitaciones- una suerte de desgaste en su siquis, en sus capacidades.

– ¿Un deterioro de su salud mental como para no ser juzgado?

– Es una dificultad adicional para poder defenderse. Yo creo que sería absolutamente ¡inconveniente!, se apartaría de la lógica del debido proceso. Viéndolo usted se da cuenta que no está en condiciones de emplearse ciento por ciento en defenderse. ¿Para qué lo van a fichar?

– Forma parte del trámite procesal…

– Pero, ¿para qué? ¿Hay alguien que no conozca al general Pinochet? Si lo que pretenden es un acto en que va a salir publicado en todos los diarios del mundo, para hacerle un agravio más a un ex Presidente, a uno de los grandes ex Presidentes de la República y lo digo con énfasis, si va a ser para hacerle una agravio a una persona como él, a mí me dolería el alma que en este país nuestro fuésemos capaces de tamaña barbaridad.

– ¿Qué haría si lo fichan como a un delincuente?

– ¡Me indignaría!

– ¿Se indignaría aquí, en su casa?

– Tengo distintas maneras de indignarme… Pero me indignaría, ¡me dolería el alma! Sería un acto del cual no nos podemos sentir honrados.

– ¿No decían ustedes que respetaban los fallos judiciales?

– Estamos dispuestos a ¡todo! aquello que sea lógico, humano y natural. Pero usted me está llevando al extremo de si es fichado como un delincuente. Yo la quiero llevar a mi lógica humana que es someter a proceso a un hombre que no se puede defender, digan lo que digan los médicos. Eso es un hecho de la causa.

– ¿El juez Guzmán debiera cerrar el proceso?

– Yo pienso, y me van a decir que no soy experto siquiatra ni jurídico, pero soy un ser humano que está viendo su deterioro y su incapacidad de defenderse. Y una persona que no está en condiciones de defenderse – como estaría yo en este momento- , creo que sería un crimen llevarlo a completar un proceso que sería una charada.

– ¿Los abogados no están para defenderlo?

– Para eso están. Pero como yo lo veo, no está en condiciones de enfrentar un juicio. Y a cualquier chileno que se lo muestre, independiente de los odios profundos que algunos grupos pueden tener… Si yo estuve tres años detrás de él. Un hombre de una potencia, una capacidad y una voluntad ¡salvaje! Ahora estoy al lado de él igual y voy a morir al lado de él. Pero está desgastado y no está en condiciones de enfrentar un juicio justo.

– ¿Pediría clemencia?

– ¡No! Que se le aplique la norma lógica del debido proceso. Y que se sobresea. Y el país va a descansar. Puede que haya detractores de él, pero hasta en las últimas encuestas al menos la mitad del país reconoce lo que hizo el general Pinochet por Chile.

– ¿Usted piensa, almirante, que Pinochet no tuvo ninguna responsabilidad en los crímenes que se cometieron en su gobierno?

– Independiente de lo que él haya dicho o no, yo creo – y lo digo con absoluta certeza- que mi general Pinochet, Presidente de la República durante un período importante de nuestra historia es responsable político de lo que pasó en el país durante ese tiempo. Y él, en sus mensajes, lo ha transmitido – de una manera quizás no tan enfática- , pero está claramente establecido que siente lo que pasó y hace expresión de ese pensamiento. Mi general Pinochet es responsable político de lo que pasó, por omisión o acción. Yo no soy juez para determinarlo.

– ¿Quiere decir que tiene responsabilidad política, no judicial?

– Exactamente.

– ¿Y responsabilidad moral?

– Yo sería mucho más cauto en emplear esa expresión. Implica tener conciencia de algo y yo no estoy seguro de que él la haya tenido.

– ¿El no sabía lo que pasaba..?

– No digo que no sabía nada. Puede haber sabido muchas o pocas cosas, pero sabiendo o no, lo que haya hecho él lo hizo bajo la responsabilidad de una conducción de Estado. Y esa es la responsabilidad política que tiene que asumir. Haber tomado incluso malas resoluciones. Bajo el criterio del interés superior del Estado se puede ver forzado a actuar de una u otra manera. Por eso es responsabilidad política.

Mesa de diálogo

– Ud. que fue quien tuvo la idea que cuajó en la “Mesa de Diálogo”, a la luz de lo ocurrido ¿piensa que fue un fracaso?

– No, no. Soy el más ferviente adherente a la mesa de diálogo y sus resultados. Nació y tomó cuerpo como una necesidad de romper un diálogo de sordos. Había que dar una serie de respuestas y, desde el punto de vista militar, la más seria y profunda era asumir nuestra historia. Hasta el 70 hablábamos de toda nuestra historia y, del 73 hasta el 90, no, eso no se habla, porque la mitad del país está de un lado y la otra mitad del otro. Y el 90 el país partía fantástico, con una dinámica espectacular y con un desarrollo económico salvaje. Y la mesa de diálogo es el comienzo de abordar un tema que por doloroso que sea para unos y para otros, nos pone frente a nuestra historia y la asumimos, lo bueno y lo malo. Su primer objetivo fundamental era cómo resolver un problema social pendiente: que se produjo un enfrentamiento en que murieron tres mil y tantas personas y hay mil y tantos desaparecidos.. Por los muertos, lamentablemente, no podemos hacer nada. Pero hagamos lo posible por tratar de aproximarnos a la verdad de los mil y tantos desaparecidos.

– Pero el resultado cuantitativo fue pobre.

– ¡Lo que quiera!, pero fue lo que logramos recuperar como información después de 27 años de transcurridos los hechos. Me moriré diciendo que no tuve más información y habrá gente que no me creerá nunca, pero estoy tranquilo con mi conciencia y diré una y mil veces que busqué información y la que obtuve la entregué ¡entera! Una vez que se hace eso y se empiezan a resolver algunos casos…

– ¿Cuántos?

– Los pocos de la Cuesta Barriga; el que se encontró en el Fuerte Arteaga… Entonces se descalifica el informe porque dijo que había caído al mar y apareció en tierra. ¿Por qué no califican el acto del Ejército de buscar la información, haberla encontrado y haber puesto todos los medios a su disposición?

– Pero es que se dieron datos falsos, almirante.

– Esa era la información que recibimos; quiere decir que se nos transmitió una mentira. Pero no es una mentira de la Marina, del Ejército, ni de la Fuerza Aérea. El Ejército prestó helicópteros; apoyó a la jueza, con oficiales, con un enorme despliegue. Una persona que está mintiendo, que dice que fulano de tal cayó al mar,¿usted cree que ayuda como lo hicieron para que se llegara a encontrar ese cuerpo en tierra? ¡Es ilógico!

– ¿Hubo gente que “se cayó” al mar…?

– ¡Ah, no! Hubo gente que fue lanzada al mar.

– ¿Desde buques o aviones?

– No tengo ninguna información de que haya sido desde buques.

– ¿Los lanzaron vivos o muertos?

– No sé. Lo que yo supe es hora, fecha, lugar y destino.

– Cuando canta la Canción Nacional, ¿puede decir con paz en el corazón “Ese mar que tranquilo te baña”?

– ¡Uyy! Desde que me hice marino me di cuenta de que esa es una expresión romántica de un poeta que había visto el mar desde la cordillera. Este mar nuestro de tranquilo, ¡nada!

– A sabiendas de que compatriotas fueron lanzados al mar…

– Ahí hay cuerpos de compatriotas que han sido testigos de nuestra historia, mártires de nuestra historia y tenemos que respetarlos por eso.

– ¿Mártires dijo?

– Claro. Arturo Prat, por ejemplo.

– Estábamos hablando de desaparecidos lanzados al mar…

– Es que yo tengo a Prat en el alma…Todos los que están en ese ámbito, que yo quiero tanto, merecen nuestro más profundo respeto porque entregaron la vida por una causa que creyeron justa.

– ¿Se refiere a ellos como héroes y no como terroristas?

– ¡No, pues! Después de un enfrentamiento como el que tuvimos, con la intensidad que tuvo, hay algo que va más allá de una simple expresión de terrorismo. Hay una convicción profunda de las dos partes de que aquello por lo cual estaban luchando es lo justo y lo otro es el mal. Eso es lo que lleva a estos extremos. Estos muertos son héroes de esa causa.

– Ud. dijo que no habría información cuando la Corte determinó que para amnistiar se debía identificar a los autores.

– Sí. Lo que se llamaba “la doctrina Guzmán” decía que si aparecía el cuerpo se terminaba el secuestro y el proceso se podía sobreseer. Y esa doctrina, que era un tremendo incentivo para que la gente que supiera dónde estaban los cuerpos proveyera la información, de la noche a la mañana la Corte Suprema la eliminó. Y se dijo esto se investiga hasta el final. A partir de ese momento se nos cortó la información.

La no amnistía

– Refiriéndose a la amnistía, ha dicho que “la institucionalidad ha sido soslayada por una presión tremenda” y que se dieron “maña” para reinterpretar la ley. ¿Quiénes se dieron maña?

– La ley siempre permite la interpretación. La potestad interpretativa está en manos del juez. Pero percibimos que tiene intensidades, estilos o efectos distintos. De hecho, la amnistía se ha aplicado en distintas formas.

– Y Uds. quieren que se aplique en “su sentido original”.

– En su sentido tradicional. En justicia criminal la investigación tiene por objeto determinar el delito y sancionar. Si a priori sabe que no podrá sancionar porque existe amnistía, no debe hacer el esfuerzo que sólo malgasta tiempo. Una cantidad de gente piensa así; yo entre ellos.

– En suma, que se aplique la amnistía sin investigar.

– Sin duda. Tal como se hizo durante años.

– ¿Qué solución ve en definitiva? ¿Verdad, justicia o perdón?

– No creo que la verdad lleve a la reconciliación. Hay verdades que rompen las relaciones. Justicia, sí, en la medida de lo posible. Si se puede reparar mediante una justicia sana, ayuda al cuerpo social. Pero lo que cura las heridas es el perdón. Y eso lo regala uno.

– ¿Y el perdón institucional?

– Creo que no existe.

– El General Balza pidió perdón en Argentina…

– Y mire donde está mi amigo Balza… (sonríe).

– ¿Una Ley de Punto Final?

– No creo que sea la solución.

– ¿Y amnistiar a todos los uniformados hallados culpables?

– Que a aquellos que sean encontrados culpables se les dé el mismo trato que a los que se consideró culpables en el pasado. Extrañamiento, expulsión, una sanción de ese tipo. Porque han pagado una larga cuenta. Aquí se ve que los militares van a la cárcel y los otros son desterrados. Llegó el momento de la grandeza. A los terroristas en Perú se les reabre el proceso y está toda la Cancillería encima para traérselos; los ladrones en Brasil concitan una acción política gigantesca y a Arancibia Clavel en Argentina lo tienen botado y solo. Cuando hablo de justicia justa, es un sentimiento que duele el alma.

– En la Armada, respecto a los juicios contra militares ¿nunca le han dicho “hasta cuándo almirante”?

– No. Nunca. He recibido la expresión de sus inquietudes pero el hasta cuándo, nunca. Yo soy la expresión de la inquietud de mi institución y si no la expresara me merecería un ¡hasta cuándo!

DEFINICIONES

Juez Guzmán, ¿el Garzón chileno?:

– No. Le tengo mucho respeto al juez Guzmán. Garzón no me merece el más mínimo comentario. Tengo muy mala idea de él.

¿Que se dedique a eliminar a la ETA, como dijo el general Ríos?:

– No ha afrontado esa responsabilidad gigantesca que tiene en su casa y no ha resuelto los problemas que seguramente deben haber quedado después del período de Franco y que esté dedicado a ser el defensor del mundo es algo que no logro entender. Lo encuentro un personaje pintoresco que ha superado sus traumas internos para lanzarse en una cruzada internacional que le está dando muy buenos resultados.

General Brady:

– Lo conozco desde hace mucho tiempo y no me lo imagino responsable de las cosas en que lo involucran. No tienen ningún fundamento. El general Brady me merece todo el respeto del mundo y se lo mantendré mientras no me demuestren que es culpable. Pero no el juez Garzón.

¿A Contreras le tiene el mismo respeto?:

– … El hombre está convencido que hizo lo que tenía que hacer y producto de eso ha tenido que enfrentar su destino como lo está haciendo.

Justicia con clemencia:

– La clemencia no me gusta. Me gusta la justicia. Pero justicia justa, no cambiante.

“CAMBIOS CONSTITUCIONALES, SÍ, PERO MANTENIENDO LOS EQUILIBRIOS DE PODERES”

-¿QUE opina de la idea de restituir al Presidente la facultad de llamar a retiro a los Comandantes en Jefe?

– Sobre cualquier cosa que se emprenda o se logre, y que sea llevada por las vías que la misma institucionalidad ofrece, no tengo ninguna expresión. Pero con la misma intensidad creo que aquellos que estén llamados a analizar esta situación – que no son las FF.AA.- debieran ser particularmente sensibles al tema de los equilibrios que se producen en una sociedad. Si ese sistema de equilibrios está dado por un sistema determinado – Constitución del año 80 modificada el 89 o el que sea- , si ha demostrado a lo largo del tiempo que esos equilibrios son beneficiosos, está bien. Y si quieren modificarlos, yo les rogaría que sean particularmente cuidadosos en que se mantengan los equilibrios y no se tenga un súper poder y dos más débiles incapaces de contrarrestarlo.

– Usted dijo que se producían rotativas de Comandantes.

– Claro. Cuando esto existió en forma indiscriminada, hubo períodos en que un Presidente cambió hasta seis veces comandantes en Jefe. Si vamos a volver a eso, me parece absolutamente inconveniente para el país.

– En suma, ¿está contra de esa modificación constitucional?

– Que se hagan los cambios, pero manteniendo el equilibrio entre los Poderes. Podría haber un sistema en que, frente a una remoción y a requerimiento del Presidente, se pronunciara el Senado de la República.

– ¿Eso no es politizar a las FF.AA.?

– Si la designación pasara por el Congreso sería politizarla: le quitaríamos ese sentido técnico que nosotros tenemos. En la remoción, es tan potente el accionar de las FF.AA., tan definitorio, es tanto el poder que tiene – el monopolio de las armas- que es fundamental establecer un sistema en que este poder militar esté al servicio del país en una posición central, subordinado a la institucionaliad vigente, entre otras cosas a la figura del Presidente de la República. Subordinado, eso es fundamental.

– Pero – continúa- no una subordinación tal que en un momento determinado ese jefe, que representa a un sector de la sociedad, pueda emplear a estas FF.AA. contra el otro sector por cualquiera sea la coyuntura que se está viviendo. Entonces, la posición de un Comandante en Jefe es algo que la sociedad debiera preocuparse de que se mantuviera. Que pueda ser removido, pero con una consideración muy especial y con un gran respaldo de la sociedad misma, como sería una participación importante en ella del Senado. Eso es vital.

– En suma, ¿acepta o no que el Presidente los pueda remover?

– No le niego la capacidad para removerlos, pero que no sea un acto de voluntad sin una consideración social nacional, como sería el Senado.

– ¿Por qué no el Consejo de Seguridad Nacional?

– Que en el Consejo haya cuatro miembros de las FF.AA., lo hace un juicio inter pares… Pero no estoy proponiendo un sistema, sino diciendo que es fundamental que exista un mecanismo que garantice que las FF.AA. quedan al centro del espectro social y que no por la subordinación a un actor político transitorio pueda ser empleada contra el otro sector. Eso se garantiza si su remoción tiene una consideración política más amplia. Lo importante es que esa remoción no sea percibida como un peligro para la sociedad.

– ¿Aceptan dejar de ser los “garantes de la institucionalidad”?

– Hay muchas estructuras que son garantes de la institucionalidad, como el Tribunal Constitucional, por ejemplo. Que no esté explícitamente establecido como tal en la Constitución, ¿lo hace menos garante? Que las FF.AA. no lo estuvieran, ¿las haría menos garantes?

– El ministro de Defensa dijo que “hay una mención innecesaria en la Constitución sobre esa materia”.

– Es algo que a mí me tiene sin cuidado, pero creo que no varía la esencia del asunto que diga o no que es garante. Al ser garante tengo dos responsabilidades: someterme a la letra teniendo el patrimonio de la fuerza y garantizar que esa letra se cumpla.

– ¿Y está por modificar el Consejo de Seguridad?

– Lo he visto funcionar en las situaciones más variadas. Está bien así.

– ¿Que baste que dos miembros se pongan de acuerdo para citarlo, aún sin la voluntad del Jefe de Estado, le parece correcto?

– Ese es un elemento fundamental: esa capacidad permite tratar un tema que alguien pudiera querer soslayar. Es la esencia del Consejo.

– ¿No debiera ser sólo asesor?

– Creo que no. Es una institución que tiene la potestad de aconsejar.

– En cuanto a la integración, ¿le parece adecuado que haya un empate entre civiles y militares?

– No existe empate entre civiles y militares. En ocasiones las propuestas se han concretado en una ecuación que no es militares versus civiles, sino consejeros que están en una posición y otros en otra.

– ¿Que sigan votando?

– No necesariamente. Pero se debiera buscar alguna fórmula para que esa potestad de designar miembros del Tribunal Constitucional fuera asumida por un organismo que dé garantías a la sociedad. ¿A quién se la dan? Dejo planteada la pregunta. Y reitero: no es esencial que nosotros votemos, pero que se mantengan los equilibrios.

GASTOS EN DEFENSA

-ENTRE una bala y un pan, ¿qué prefiere?

– Ah, yo, el pan. No hay ninguna duda.

– Habiendo más de medio millón de chilenos cesante, ¿es ético gastar plata en “jugar a la guerra”?

– En los últimos 10 años el presupusto de las FF.AA. se ha reducido del 4 a 1,9%. Y hemos empleado tan bien los recursos, que con menos plata hemos logrado unas fuerzas que se están modernizando. Lo que me parece ético es diseñar un sistema en el cual, a través de un gasto que estoy haciendo en este momento, logre transformarlo en una energía vital que traerá empleo para estos chilenos cesantes e inversión extranjera para que el resto de los cesantes tengan trabajo.

– ¿Gracias al Proyecto “Tridente”?

– Eso es lo fantástico de “Tridente”. En un momento en que no fluyen capitales extranjeros hacia el país y nadie invierte nada, yo – con las mismas platas que tengo y gracias a la modernización que significaría para mí “Tridente”- voy a tener los recursos para dar trabajo y traer capital extranjero. Si eso es jugar a la guerra o prepararme para, lo encuentro con un impacto social que no sólo es ético sino indispensable.

– El presidente del Colegio Médico pidió que se reduzcan los gastos en defensa en un 20%.

– El doctor Accorsi suele hablar de temas que no domina. Yo, cuando veo los números en salud – de cómo han ido aumentando los recursos y eso no se traduce en mayor eficiencia- , pienso que eso es algo en que la sociedad debería pedir explicaciones. Yo le puedo garantizar que puedo rendir cuenta de las inversiones y gastos que ha hecho la Marina que, ojalá, sirviera de modelo.

Comandante en Jefe de la Armada Martínez Bush

 

Intervención en el Senado del Sr. Martínez Bush, ex comandante de La Papudo donde fuera detenido en 1973 el marinero constitucionalista Mr. 1° Orlando Diaz Diaz.

LEGISLATURA 343ª, EXTRAORDINARIA

 

Sesión 16ª, en martes 12 de diciembre de 2000

Ordinaria
(De 16:22 a 19:13)

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES MARIO RÍOS, VICEPRESIDENTE, Y ANTONIO HORVATH, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR, Y SERGIO SEPÚLVEDA GUMUCIO, SUBROGANTE
____________________

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

 

  1. ASISTENCIA

Asistieron los señores:

–Aburto Ochoa, Marcos
–Bitar Chacra, Sergio
–Boeninger Kausel, Edgardo
–Bombal Otaegui, Carlos
–Canessa Robert, Julio
–Cariola Barroilhet, Marco
–Cordero Rusque, Fernando
–Chadwick Piñera, Andrés
–Díez Urzúa, Sergio
–Fernández Fernández, Sergio
–Foxley Rioseco, Alejandro
–Frei Ruiz-Tagle, Carmen
–Gazmuri Mujica, Jaime
–Hamilton Depassier, Juan
–Horvath Kiss, Antonio
–Lagos Cosgrove, Julio
–Larraín Fernández, Hernán
–Lavandero Illanes, Jorge
–Martínez Busch, Jorge
–Matta Aragay, Manuel Antonio
–Matthei Fornet, Evelyn
–Moreno Rojas, Rafael
–Novoa Vásquez, Jovino
–Núñez Muñoz, Ricardo
–Ominami Pascual, Carlos
–Páez Verdugo, Sergio
–Parra Muñoz, Augusto
–Pérez Walker, Ignacio
–Pizarro Soto, Jorge
–Prat Alemparte, Francisco
–Ríos Santander, Mario
–Romero Pizarro, Sergio
–Ruiz De Giorgio, José
–Ruiz-Esquide Jara, Mariano
–Sabag Castillo, Hosaín
–Silva Cimma, Enrique
–Stange Oelckers, Rodolfo
–Urenda Zegers, Beltrán
–Valdés Subercaseaux, Gabriel
–Vega Hidalgo, Ramón
–Viera-Gallo Quesney, José Antonio
–Zaldívar Larraín, Adolfo
–Zurita Camps, Enrique

Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior; Secretario General de la Presidencia; Secretario General de Gobierno; de Justicia y de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, y el señor Subsecretario de Obras Públicas.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.

 

  1. APERTURA DE LA SESIÓN (Extracto)

–Se abrió la sesión a las 16:22, en presencia de 18 señores Senadores.
El señor RÍOS (Vicepresidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.

 PARTE DE VERDAD HISTÓRICA: SEDICIÓN EN ESCUADRA NACIONAL

El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, señores Senadores, en la edición del vespertino “La Segunda” del jueves 7 de diciembre del presente año, aparece una entrevista al señor Carlos Altamirano Orrego, donde, entre otras cosas, dice: “Cometí errores y no horrores”.
Me parece oportuno entregar en el Senado algunos antecedentes -tanto para la historia como para el conocimiento de los señores Senadores- que existen detrás de esa frase, los que me permiten sostener que el señor Altamirano puede ser definido como autor de “genocidio frustrado”. Repito: en este momento voy a acusar a don Carlos Altamirano Orrego de “genocidio frustrado” y, para justificar mi planteamiento daré lectura al extracto del sumario que realizó la Armada de Chile a raíz de la penetración de este caballero en el personal de suboficiales, tendiente a fomentar la subversión en la Institución.
I.- INTRODUCCIÓN.
Dentro de los múltiples sucesos trágicos acaecidos durante el Gobierno de la Unidad Popular y que, como otros, hunden sus raíces en la década de los años 60, se pueden contar los intentos por controlar, dividir o neutralizar a las Fuerzas Armadas por parte de diversos grupos o movimientos que integraban la coalición de izquierda que gobernó entre 1970 y 1973.
Resulta conveniente traer a la memoria de las generaciones presentes la intensa labor de penetración desplegada por el marxismo para infiltrar las instituciones fundamentales del Estado, a fin de que se conozca en forma amplia y específica lo que se hizo en los Institutos de la Defensa Nacional, a sabiendas de que éstos, por su férrea cohesión y claridad de sus objetivos de velar por la integridad del Estado, eran piezas básicas, cuyo desmantelamiento, aun a costa del asesinato masivo, aparecía como esencial para el marxismo.
Cabe aclarar que rechazo cualquier forma de violencia, venga de donde venga. Estoy explicando el ambiente y los antecedentes que me llevan a sostener que el señor Altamirano es una de las personas a quien puedo acusar de “genocidio frustrado”.
En tal sentido, en Chile se cumplieron las previsiones teóricas de la doctrina marxista de infiltrar las Instituciones de la Defensa para lograr su destrucción y permitir así el control total del Estado, accediendo al poder total.
Todo cuanto a continuación se relata es el testimonio extraído de documentos públicos, especialmente de los respectivos procesos.
El proceso judicial ordenado instruir por el Juez Naval de Valparaíso por el delito de sedición en la Armada, comprometió a una pequeña parte del personal de la Institución y civiles, fundamentalmente pertenecientes a los partidos y movimientos políticos marxistas.
Los individuos involucrados en este delito crearon una organización clandestina estructurada conforme al sistema celular. Pretendían la captura de los buques de guerra fondeados en el puerto de Valparaíso, mediante una acción sorpresiva que permitiría apresar a los oficiales, o bien darles muerte si oponían resistencia. Se dispondría entonces el zarpe de los buques con el objeto de proceder al bombardeo de las reparticiones de tierra que podrían hacer peligrar el éxito del movimiento, entre otras, la Infantería de Marina y la Población Naval, ubicadas en las Salinas, de Viña del Mar, y la Escuela Naval “Arturo Prat”, en Valparaíso. Simultáneamente, se tomaría el control de algunas radioemisoras que servirían para transmitir a la ciudadanía en general los fundamentos de este proceder y, al mismo tiempo, lograr que el Gobierno proclamara el apoyo a sus aspiraciones, entre las cuales figuraba el establecimiento de las “Fuerzas Armadas Revolucionarias”.
Por su parte, el MIR actuaría desde tierra evitando la posible reacción del mando naval, al eliminar a los oficiales en sus hogares ubicados en las poblaciones navales, y, por otra, se encargaría de preparar sicológicamente a la ciudadanía frente a la acción que sería llevada a cabo por el personal de la Armada implicado en el movimiento. Junto con las acciones del MIR, los altos dirigentes políticos darían su apoyo público a través de los medios de difusión.
Constituyeron cabecillas del complot, entre otros, dirigentes políticos de alta jerarquía como el ex Senador señor Carlos Altamirano Orrego, Secretario General del Partido Socialista; el ex Diputado señor Oscar Garretón Purcell, Secretario General del MAPU, y el ex dirigente máximo del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), señor Miguel Enríquez Espinoza.
El planteamiento de la organización se llevó a efecto entre personal de dotación de diferentes unidades y reparticiones, dentro de las cuales se destacan algunos buques de la Armada, tales como el destructor “Blanco Encalada”; los cruceros “Latorre”, “Prat” y “O’Higgins”, y la planta de Astilleros y Maestranzas de la Armada, de Talcahuano. Para ello, los complotados se unieron en pequeños grupos, entre los cuales existían nexos comunes de acuerdo con el tradicional esquema marxista. Se realizaron distintas reuniones destinadas al adoctrinamiento político, al análisis de la situación política del país y al estudio de problemas internos de la Armada, que se formulaban como mejoras remuneracionales o de bienestar, la mayoría de ellas destinadas a preparar las acciones a ejecutar.
Las conversaciones y reuniones iniciales se efectuaron en enero de 1973, tanto en buques como en reparticiones en tierra. Su finalidad era lograr los primeros contactos de la organización que se formaría dentro del personal de la Armada orientados a preparar un autogolpe de Estado. De las declaraciones de los inculpados se desprende que en las reuniones clandestinas se trataban temas relacionados con el pensamiento de Lenín, Marx y otros ideólogos políticos. Además, se hablaba de las luchas populares y sus victorias y también de la Revolución Cubana y la Rusia Soviética.
De los integrantes de la Armada que participaron en estas reuniones, hubo algunos que se percataron que los marxistas querían usarlos con una finalidad política, por lo cual manifestaron su disconformidad y no siguieron asistiendo a ellas. Sin embargo, no dieron cuenta de esto a sus oficiales, ya que se les amenazó con tomar represalias contra ellos y sus familias por parte del servicio de inteligencia del MIR, en el caso de que pusieran los antecedentes en conocimiento de sus respectivos mandos.
Cabe hacer notar que las acciones para involucrar al personal de la Armada fueron iniciadas por el sargento de un buque de la Escuadra, Juan Cárdenas Villablanca, cuya esposa trabajaba como secretaria de un ex político marxista que ocupaba un alto cargo en el Gobierno de la Unidad Popular. Éste fue el que reclutó a los primeros integrantes de la organización clandestina haciéndolos creer inicialmente que el movimiento sólo estaba destinado a obtener mejoras económicas y a corregir presuntos problemas internos que existían en la Institución. A medida que lograba reclutar a personal de bajos grados -marineros y cabos-, iban cambiando los objetivos, apareciendo las verdaderas metas y confirmando que el movimiento era de carácter netamente político.
Posteriormente, a raíz de lo sucedido en el Regimiento Blindado Nº 2, en Santiago, el sargento que encabezaba el grupo sedicioso inició una acción destinada a acelerar el movimiento. Comunicó al resto de los implicados que se reunirían con Carlos Altamirano, Oscar Guillermo Garretón y Miguel Enríquez, con el propósito de que éstos dieran al plan el apoyo armado con sus brigadas de choque. Junto con lo anterior, se confeccionó una lista de personal que ocuparía determinados puestos tanto para zarpar con los buques como para bombardear las reparticiones terrestres.
II.- DESARROLLO DE LA ACCIÓN SEDICIOSA.
En el período comprendido entre enero y junio de 1973, se llevaron a cabo diversas conversaciones y reuniones en unidades navales, en reparticiones en tierra, locales y restaurantes, cuya finalidad era obtener los primeros contactos para dar forma a una organización integrada por personal de la Armada, bajo el pretexto de parar un supuesto “Golpe de los Oficiales”. Específicamente, en el crucero “Prat” se gestaron las primeras reuniones en torno al marinero José Arturo Maldonado Alvear y al sargento Cárdenas antes mencionado. Por ese tiempo, en Concepción, ambos participaron en reuniones con civiles tratando temas de política e ideología marxista, señalando, por ejemplo, que ellos, por ser personal de Gente de Mar pertenecían a la “clase obrera” y debían luchar contra los patrones que, en el caso de la Institución, lo constituían “los oficiales”. Las reuniones entre personal naval involucrado en esta primera fase giraban en torno al plan de apoderarse de los buques.
Posteriormente, en febrero de 1973 se celebró una reunión en el restaurante “Los Pingüinos”, de Valparaíso, donde se trataron temas relacionados con la situación política del país y la adhesión del grupo al Gobierno marxista de la época. Se insistía en el inminente “golpe de los oficiales” que justificaría la acción de la organización clandestina, por lo que había que adelantarse a los “sediciosos”.
Por otra parte, entre marzo y junio de 1973 se sucedieron diversas reuniones en Talcahuano, en las que participaban operarios de la planta de ASMAR de dicho puerto con civiles pertenecientes al MIR. En ellas, se trató la necesidad de organizarse con el fin de recibir instrucción política, organización y sobre prácticas de sabotaje en la Institución.
Durante los meses de junio y julio de 1973 se llevaron a cabo en ciertos buques y en tierra diversas reuniones y conversaciones orientadas a reclutar personal naval y organizarlo en la estructura clandestina izquierdista naciente. Dichas reuniones se hicieron a bordo del crucero O´Higgins, en Concepción y Talcahuano, en dos oportunidades, con participación de miembros del MIR, y en Valparaíso, con asistencia de integrantes del MAPU, todo ello para captar personal naval.
La primera reunión con políticos del Gobierno de la época se efectuó el 31 de julio de 1973, en un departamento ubicado en Recreo Alto, en Viña del Mar, a la cual asistió Oscar Guillermo Garretón Purcell, Secretario General del MAPU, tres integrantes de dicho partido, el jefe del grupo naval, el sargento Juan Cárdenas Villablanca, y diez marineros de diversos buques.
En esa oportunidad, el sargento Cárdenas expuso sus planes a Garretón, diciéndole que, de ser necesario, se tomarían las Salas de Armas de los buques, se daría muerte a los oficiales y al personal que opusieran resistencia, bombardeándose al mismo tiempo las reparticiones de tierra. También le informó que tenía contactos con Miguel Enríquez del MIR y que deseaba además reunirse con Carlos Altamirano, Secretario General del Partido Socialista. Garretón contestó que la infraestructura del MAPU era muy pequeña, por lo cual conversaría con personeros de otros partidos para los efectos de obtener un apoyo a los planes de los marinos de este movimiento clandestino.
Por lo declarado por uno de los asistentes a dicho reunión, era evidente que el sargento y Garretón se conocían y que incluso Cárdenas había tenido conversaciones con anterioridad con Altamirano.
El 3 de agosto de 1973, se realizó una segunda reunión con políticos de Gobierno y dirigentes del MIR. Esta vez en una casa quinta grande ubicada en Pirque, en Santiago, y asistieron el ex Senador Altamirano, Miguel Enríquez con cinco militantes del MIR, el sargento Cárdenas, que instigaba a los sediciosos, y siete marineros. Nuevamente en esta reunión el sargento explicó su plan, ante el cual Altamirano respondió que estaba de acuerdo y que cooperaría, comprometiendo el apoyo popular. Por su parte, Miguel Enríquez manifestó que era necesario bombardear el Fuerte Vergara y que contaba con 15 mil militantes paramilitares para ayudar a los sediciosos desde tierra. Una vez terminado el bombardeo, la Escuadra entraría al puerto de Valparaíso. En ese momento se presentaría el ex Senador Carlos Altamirano a bordo para hablar al personal de tripulaciones y le sería entregado por parte de los sediciosos un pliego de peticiones para que lo hiciese llegar a manos de Salvador Allende. En él se contemplaba establecer en definitiva las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Además, en esta reunión se fijaron las frecuencias y claves que se usarían para mantener el enlace entre los buques amotinados y las fuerzas del MIR, MAPU y Partido Socialista. El día anterior, Cárdenas se había reunido con Miguel Enríquez. Por su parte, dos participantes de la reunión del 3 de agosto de 1973 fueron enviados en automóvil a Talcahuano, una vez terminada, a fin de informar de lo tratado a dirigentes del MIR de esa zona.
Descubiertos a tiempo los planes y objetivos de esta organización clandestina sediciosa, no pudieron materializarse debido a la acción oportuna de un testigo presencial a una de las últimas reuniones, quien dio cuenta de todo lo conversado y acordado al mando de su buque, precisamente dos días antes de la fecha programada -el 9 de agosto- para la ejecución de los planes ya mencionados. De no haber ocurrido ello, la obtención de los objetivos programados pudo haber traído fatales consecuencias tanto para los oficiales como para personal de gente de mar y sus familiares.
Por último, cabe destacar el bajo número de implicados en el movimiento sedicioso en comparación con el total del personal con que contaba la Institución, ya que el grupo implicado lo conformaban un sargento 2º, 12 cabos, 28 marineros y 10 operarios de la planta de ASMAR en Talcahuano.
En el proceso judicial seguido ante el Juzgado Naval de Valparaíso, se llegó a determinar la responsabilidad que les cupo a los dirigentes políticos antes señalados en fomentar y preparar alzamientos armados al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden, siendo declarados reos, con fecha 2 de octubre de 1973, Carlos Altamirano Orrego, Oscar Guillermo Garretón Purcell, Miguel Enríquez Espinoza y Luis Guillermo Vergara Díaz, por delito previsto en el artículo 274 del Código de Justicia Militar y, además, por el delito señalado en el artículo 278 del mismo cuerpo legal, siendo declarados rebeldes los tres primeros, sobreseyéndose la causa a su respecto.
El dictamen acusatorio dejó constancia de que, no obstante la rebeldía de los citados dirigentes de izquierda, les cabía participación de autores en el delito frustrado de sedición, consignado en los artículos 274 y 272 del Código de Justicia Militar, siendo sobreseídos por rebeldía.
Más allá de los alcances penales de las actuaciones antes reseñadas, cabe considerar que Chile se encontraba frente al desenvolvimiento de una estrategia destinada a la conquista del poder total, estrategia que encontraba un serio obstáculo en Fuerzas Armadas como las chilenas, profesionales y dotadas de una tradición histórica de prestigio y sostenedoras de valores contrarios a los que el régimen de Allende pretendió imponer en nuestra patria.
Ya hemos señalado que en otras ramas de las Fuerzas Armadas hubo intentos similares de infiltración y subversión. Pero, más que eso, el país se deslizaba a un autogolpe del gobierno marxista o a una guerra civil resultante del mismo. La politóloga francesa Suzane Labin, en su esclarecedora obra “Chile, el crimen de resistir” señala que “El pronunciamiento militar permitió descubrir una multitud de documentos secretos que sacaron a la luz y aportaron pruebas irrefutables sobre los verdaderos actos, planes y móviles de los dirigentes marxistas”, concluyendo más adelante que “daban cuenta de los preparativos de la Unidad Popular para realizar a corto plazo un “autogolpe” del que la evocación de Yakarta resumía la atrocidad y que daría a los marxistas la solución final”. El propio ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva señalaba en una entrevista dada al periódico ABC, de Madrid, el 10 de octubre de 1973, que “El mundo ignora que los marxistas chilenos disponían de un armamento oculto en escondites, superior en cantidad y a veces en calidad al del Ejército nacional…los militares han salvado a Chile”. Y agrega más adelante lo siguiente: “Las armas incautadas gracias a la Ley Carmona probaron que Allende preparaba la guerra civil desde la presidencia misma. Estas armas eran rusas…¿Desde cuando Chile había poseído oficialmente armas rusas?”
El propósito de esta intervención es dejar constancia de dos cosas. Primero, que rechazo terminantemente el uso de la violencia como elemento político. Con esto no pretendo justificar ningún hecho cometido, sino explicar el ambiente que existía en ese entonces. Y segundo, que a quienes hay que acusar hoy día oficialmente de genocidio frustrado son el señor Altamirano y otros más, los que, con su prédica permanente, produjeron un clima sicológico de temor y de amenaza. Y hay que recordar que los integrantes del MIR gritaban en las calles “Los momios al paredón y las momias al colchón” para darse cuenta de esta situación. Por eso, rechazo categóricamente las imputaciones hechas por el señor Carlos Altamirano en la entrevista efectuada el 7 de diciembre, y en la que aludió al Almirante Merino (Q.E.P.D.), al Almirante Carvajal (Q.E.P.D.), al ex Presidente Augusto Pinochet Ugarte, y a otras personalidades, como que estaban al tanto de esa situación. Rechazo terminantemente sus afirmaciones y mi planteamiento es el de que él, entre otros, fue el verdadero responsable porque el genocidio que planeaban fue frustrado oportunamente por las Fuerzas Armadas y de Orden de nuestro país.
He dicho.
El señor HORVATH (Presidente accidental).- El turno siguiente corresponde al Comité Socialista.
El señor BITAR.- Señor Presidente, el Comité Socialista me ha cedido su tiempo, el que, además del correspondiente al Partido Por la Democracia, destinaré al análisis de un tema muy importante para la economía chilena.

RÉPLICA A INTERVENCIÓN DE SENADOR SEÑOR MARTÍNEZ EN SESIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2000

  LEGISLATURA 343ª, EXTRAORDINARIA

 

Sesión 26ª, en martes 6 de marzo de 2001

Ordinaria
(De 16:24 a 18:53)

PRESIDENCIA DEL SEÑOR ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y SERGIO SEPÚLVEDA GUMUCIO, SUBROGANTE

 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

 

  1. ASISTENCIA

Asistieron los señores:

–Aburto Ochoa, Marcos
–Bitar Chacra, Sergio
–Boeninger Kausel, Edgardo
–Bombal Otaegui, Carlos
–Canessa Robert, Julio
–Cantero Ojeda, Carlos
–Cariola Barroilhet, Marco
–Cordero Rusque, Fernando
–Chadwick Piñera, Andrés
–Díez Urzúa, Sergio
–Fernández Fernández, Sergio
–Foxley Rioseco, Alejandro
–Frei Ruiz-Tagle, Carmen
–Frei Ruiz-Tagle, Eduardo
–Gazmuri Mujica, Jaime
–Hamilton Depassier, Juan
–Horvath Kiss, Antonio
–Lagos Cosgrove, Julio
–Larraín Fernández, Hernán
–Lavandero Illanes, Jorge
–Martínez Busch, Jorge
–Matta Aragay, Manuel Antonio
–Matthei Fornet, Evelyn
–Moreno Rojas, Rafael
–Muñoz Barra, Roberto
–Novoa Vásquez, Jovino
–Núñez Muñoz, Ricardo
–Ominami Pascual, Carlos
–Páez Verdugo, Sergio
–Parra Muñoz, Augusto
–Pérez Walker, Ignacio
–Prat Alemparte, Francisco
–Ríos Santander, Mario
–Ruiz De Giorgio, José
–Ruiz-Esquide Jara, Mariano
–Sabag Castillo, Hosaín
–Silva Cimma, Enrique
–Stange Oelckers, Rodolfo
–Urenda Zegers, Beltrán
–Valdés Subercaseaux, Gabriel
–Vega Hidalgo, Ramón
–Viera-Gallo Quesney, José Antonio
–Zaldívar Larraín, Adolfo
–Zaldívar Larraín, Andrés
–Zurita Camps, Enrique

Concurrió, además, el señor Ministro del Interior.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario, el señor Sergio Sepúlveda Gumucio.

 

  1. APERTURA DE LA SESIÓN

–Se abrió la sesión a las 16:24, en presencia de 27 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.

III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 23ª y 24ª, ordinarias, en 16 y 17 de enero del presente año, respectivamente, que no han sido observada.
El acta de la sesión 25ª, ordinaria, en 23 de enero del año en curso, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.

 

  1. CUENTA

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor SEPÚLVEDA (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

              El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el Senador señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, reconstruir la historia de nuestro país hace posible que ella sea analizada con la máxima objetividad, a fin de lograr el reencuentro nacional al cual nos convocaron ayer el Presidente de la República y el nuevo Cardenal don Francisco Javier Errázuriz. Son cuestiones muy fundamentales, sobre todo cuando se trata de que esa verdad histórica sea capaz de florecer aquí, en una de las instituciones fundamentales del Estado, como es el Senado de la República.
En ese sentido, las palabras del señor Senador que me antecedió me mueven una vez más -como lo haré a propósito de la intervención a que me abocaré en seguida- a tratar de buscar toda la verdad de lo ocurrido en nuestro país y a conocer todos aquellos elementos que efectivamente estuvieron presentes en el acontecer nacional de aquella época tan particularmente dramática que vivió Chile.
Por eso, he escuchado con bastante atención la intervención de Su Señoría, y espero, en alguna otra oportunidad, poder referirme a ella desde el punto de vista de lo que el Senador que habla y su sector representan.
Como usted sabe, señor Presidente, la intervención que realizaré a continuación quise efectuarla durante el mes de enero, pues está referida a las palabras vertidas precisamente por el Senador señor Martínez Busch en sesión de 12 de diciembre pasado. Deseo contestar a Su Señoría no sólo porque un deber moral así me lo señala, sino porque tengo gran apego a la verdad histórica y porque quiero expresar nuestro pensamiento respecto de las materias a que se refirió en aquella oportunidad.

RÉPLICA A INTERVENCIÓN DE SENADOR SEÑOR MARTÍNEZ EN SESIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2000

El 12 de diciembre pasado, el Senador señor Martínez, ex Comandante en Jefe de la Armada Nacional, realizó una larga exposición motivada por las declaraciones que hizo Carlos Altamirano a un vespertino de la Capital. En dicha entrevista, el ex Secretario General del Partido Socialista señaló que “en la Unidad Popular se cometieron errores pero no horrores”.
Esta afirmación, al parecer, irritó al señor Senador, ya que expresó que Carlos Altamirano “puede ser definido como autor de “genocidio frustrado” -figura que, entiendo, no existe en nuestro ordenamiento penal-, a propósito de los acontecimientos que se vivieron al interior de la Armada Nacional en los meses previos al Golpe de Estado de 1973.
Señor Presidente, soy un convencido de que nuestro país requiere abordar su propia historia con la máxima objetividad. No hacerlo significa que por largos años tendremos relatos muy distintos con relación a sucesos concretos ocurridos entre nosotros, lo que hará más difícil el acercamiento de Chile con la verdad, que todos supuestamente buscamos, y más dificultoso el reencuentro nacional con su memoria colectiva.
Por ello, me pareció un deber político e intelectual conocer más sobre las situaciones que estuvieron detrás de los sucesos que relata el ex Comandante en Jefe de la Armada.
Para estos efectos, conversé tanto con Carlos Altamirano como con Oscar Guillermo Garretón, otro de los acusados por el supuesto delito de sedición. Al tercer acusado, señor Miguel Enríquez, Secretario General del MIR, obviamente no pude contactarlo debido a que, como todos sabemos, fue ultimado en un enfrentamiento con agentes de la DINA. Me di el tiempo, además, para leer documentos y diarios de la época, a fin de formarme una visión más cabal y objetiva respecto de aquellos episodios.
Quisiera extraer de la intervención del Senador señor Martínez algunos párrafos que me parecen dignos de mencionar, por la enorme subjetividad e interpretación falaz de los hechos que hay detrás de ellos.
En los primeros párrafos de su intervención, Su Señoría señala que “Dentro de los múltiples sucesos trágicos acaecidos durante el Gobierno de la Unidad Popular y que, como otros, hunden sus raíces en la década de los años 60, se pueden contar los intentos por controlar, dividir o neutralizar a las Fuerzas Armadas.”. Agrega más adelante: “Resulta conveniente traer a la memoria de las generaciones presentes la intensa labor de penetración desplegada por el marxismo para infiltrar las instituciones fundamentales del Estado, a fin de que se conozca en forma amplia y específica lo que se hizo en los Institutos de la Defensa Nacional.”.
Señor Presidente, considero absurdo que se distorsione de manera tan increíble nuestra propia historia, y se oculten deliberadamente hechos cuando éstos contradicen en lo esencial una afirmación como la señalada. Se tiene el legítimo derecho de interpretar los acontecimientos desde distintos puntos de vista. Pero no se tiene derecho, en mi opinión, a distorsionar los hechos mismos. La falta de ecuanimidad y el intento por ocultar la verdad son mecanismos que se revierten siempre en contra de todos aquellos que la practican.
En efecto, el señor Senador olvida, intencionalmente a mi juicio, que la Derecha política de nuestro país fue la que logró involucrar a personal de las Fuerzas Armadas en todos y cada uno de los hechos más lamentables y violentos que afectaron a nuestra nación desde el momento mismo en que fue elegido Salvador Allende. Existen suficientes testimonios, informaciones y documentaciones clasificadas, etcétera, que dan cuenta de esta verdad irrebatible.
Pruebas al canto.
En el asesinato del ex Comandante en Jefe del Ejército de Chile General René Schneider participaron como autores, cómplices o encubridores -según lo señaló el Fiscal Militar Fernando Lyon, quien fue nombrado para investigar estos luctuosos sucesos- no solamente el General Roberto Viaux Marambio, el General Camilo Valenzuela y otros militares, sino que junto a ellos cinco o seis personas, todos vinculados a organizaciones derechistas que intentaron subvertir el proceso democrático de nuestro país. Los nombres de estos civiles no se olvidan. Entre ellos figuran el abogado Guillermo Carey, Luis Enrique Arancibia Clavel, Jaime Melgoza, por nombrar sólo algunos.
En el vil asesinato del edecán presidencial, oficial de la Armada, Comandante Arturo Araya, quedó absolutamente establecida la participación de sujetos directamente relacionados con organizaciones de Derecha, y más específicamente con miembros de Patria y Libertad, organización que todos conocemos como de índole terrorista. Sus nombres están registrados en todos los medios de comunicación de la época. No pudieron ser juzgados debido al manto protector que cayó sobre ellos luego del Golpe de Estado.
En la sublevación del Regimiento Blindado Nº 2, conocida como “Tanquetazo”, que significó la muerte de 82 personas, dirigida por el Coronel Roberto Souper en julio de 1973, está absolutamente comprobada la participación de Patria y Libertad, organización -como ya señalé- terrorista de ideología fascista, liderada por personajes cuyos nombres se mantienen hasta hoy en la agenda pública, como es el caso de don Pablo Rodríguez, el señor Roberto Thieme y otros que, a propósito de tal alzamiento, en una acción que manifiestamente los comprometía con este intento subversivo, se asilaron en la Embajada de Ecuador.
Por último, está absolutamente comprobado en documentaciones cuya objetividad está fuera de duda, que los altos mandos de nuestras Fuerzas Armadas no solamente complotaron entre ellos para realizar la acción que culminaría el 11 de septiembre, sino que está claro que durante todo este período connotados personajes vinculados a la Derecha y a los grupos económicos nacionales más poderosos golpearon las puertas de los cuarteles de las Fuerzas Armadas para sacarlas de su rol profesional y constitucional.
Hernán Cubillos Sallato, en entrevista a la revista Qué Pasa el 1º de septiembre de 1996, reseñada en el libro de Mónica González “Chile La Conjura”, declaró lo siguiente: “La Cofradía” -se refiere a la Cofradía Náutica del Pacífico Austral- “nace como una inquietud que teníamos fundamentalmente Roberto Kelly, Agustín Edwards y yo de crear una especie de punto de encuentro de los civiles a los que nos interesaban las cosas del mar con los marinos profesionales. La evolución hacia los temas políticos fue un proceso natural a medida que se agravaba la situación del país. De ese club fue naciendo una relación que nos permitió ir pasando información a las Fuerzas Armadas e ir recibiendo nosotros sus inquietudes. Más que nada yo” -me refiero a Hernán Cubillos- “me dediqué a conversar con la Marina. El que tenía muchos contactos con el Ejército y la Fuerza Aérea era el entonces director de El Mercurio don René Silva Espejo. Él jugó un papel muy importante en la coordinación del Golpe.”.
No era tan distinta la situación que se vivía entre los oficiales de Valparaíso, una zona bajo el control de la Armada.
El General Arturo Yovane -también citado en el libro de Mónica González- aporta antecedentes al hacer una reconstrucción de su ingreso al plan de conspiración en una entrevista publicada por la revista “Cosas” el 15 de junio de 1996, en la cual dice: “Los primeros encuentros, casi inocentes, se iniciaron a mediados de 1972, en Valparaíso. Primero fueron reuniones sociales y de camaradería entre oficiales, a los que poco a poco se fueron sumando algunos empresarios y políticos de derecha. Así fue como entablé relación con los almirantes José Toribio Merino, Patricio Carvajal e Ismael Huerta, y con otros altos oficiales de la Armada y el Ejército, contrarios al gobierno de la Unidad Popular. Entre estos últimos destacaba el coronel Sergio Arellano Stark, comandante del Regimiento Maipo…”. Y, a continuación, señala: “A medida que la situación en el país se hizo más crítica, estas reuniones de camaradería dieron paso a la acción. Reunidos en secreto en casa de amigos o parientes comenzamos a planificar el derrocamiento de Salvador Allende.”.
No conozco en detalle el ordenamiento jurídico que rige la vida institucional de las Fuerzas Armadas; pero entiendo que éste no hace distingo alguno respecto del origen político de las acciones destinadas a alterar la jerarquía y la disciplina interna de los institutos armados. Salvo que lo realizado por las personas antes mencionadas no sea considerado por el señor Senador como “infiltración” o “instigación a la insubordinación”, lo cierto es que estos hechos suficientemente acreditados contradicen la afirmación comentada más arriba.
Deseo, sin embargo, hacer un reconocimiento público a lo que expresara en esa oportunidad el señor Senador Martínez en un acápite de su intervención. Me parece positivo que Su Señoría haya afirmado que “rechazo cualquier forma de violencia, venga de donde venga”.
Opino que tal aseveración es importante y podría llegar a ser incluso trascendente si, junto con condenar la violencia de los supuestos “genocidas frustrados” -como él calificó tanto a Carlos Altamirano como a Oscar Guillermo Garretón-, hubiese extendido tal condena a la tortura a la que fueron sometidos los marinos acusados de los delitos relatados por el señor Senador y hubiese rechazado la violencia del propio golpe de Estado. A no ser que no considere como tal el bombardeo a La Moneda; los actos de sangre de la “Caravana de la Muerte”; el asesinato de miles de chilenos; la tortura, la exoneración y el exilio a que se sometió a otros, además de la desaparición de tantos compatriotas por el sólo hecho de no concordar con las ideas de los golpistas.
Los planteamientos anteriormente expuestos revelan que la intervención que comentamos contiene afirmaciones atentatorias al mínimo entendimiento y al sentido común.
Resulta incomprensible e inverosímil que este grupo que “comprometió a una pequeña parte del personal de la Institución” (según las propias palabras del Senador Martínez), haya pretendido “la captura de los buques de guerra fondeados en el puerto de Valparaíso”; “apresar a los oficiales”; “proceder al bombardeo de las reparticiones de tierra… entre otras, la Infantería de Marina y la Población Naval”; además, “simultáneamente, tomar el control de radioemisoras”.
Del mismo modo, resulta increíble la afirmación del señor Senador -que en varios pasajes de su intervención señala que dichos marinos preparaban un “autogolpe”- sin precisar qué autogolpe. ¿Uno contra el Almirante Montero? ¿Uno contra el Gobierno de Allende? ¿Un autogolpe contra quien?
Para una persona alejada de la lógica militar, es difícil comprender cómo este pequeño grupo de la Armada Nacional -compuesto por suboficiales y marineros- haya estado en condiciones de una acción de tal envergadura.
El Senador señor Martínez señala más adelante que en una reunión en la que habrían participado Oscar Guillermo Garretón, Carlos Altamirano y Miguel Enríquez, “el sargento Cárdenas expuso sus planes”. Desde luego, conviene señalar que tal reunión conjunta de los tres inculpados jamás existió, de acuerdo a lo establecido en el juicio seguido a Garretón. Sin embargo, lo importante es que, como consecuencia lógica de tal afirmación, quienes tenían planes -según sus propias palabras- eran los que habían invitado a conversar a los mencionados dirigentes y no estos últimos. Por lo tanto, a buen entendedor, pocas palabras. Él mismo es quien desvirtúa la acusación que intenta endilgar a los políticos a los cuales alude.
En otra parte de su intervención, el Honorable señor Martínez recuerda que la sedición se habría iniciado en el mes de enero de 1973. Para luego añadir: “La primera reunión con políticos del Gobierno de la época se efectuó el 31 de julio de 1973”. Curiosos estos “cabecillas” -como los denomina el señor Senador-, pues recién siete meses después de iniciados los preparativos de la supuesta sedición, pudieron reunirse con quienes encabezarían el plan e informarlos sobre las acciones que ellos mismos debían ejecutar.
El señor Senador Martínez omite una información clave para entender la situación en la que se vieron envueltos los suboficiales y los marinos acusados. En ninguna parte de su intervención señala que las declaraciones de los involucrados fueron obtenidas bajo apremios ilegítimos y por medio de la tortura.
Diarios de la época, como “La Prensa” (muy alejada por cierto de la Unidad Popular) y el propio “Puro Chile” -que sí estaba vinculado a la alianza de Gobierno-, informaron profusamente tales hechos. Es más, los propios involucrados, poco tiempo después de su detención, enviaron una carta al Presidente Salvador Allende en la que sostenían lo siguiente: “Se nos ha ofrecido no flagelarnos más, inclusive dejarnos en libertad, con tal de que nosotros cooperemos y digamos que los señores Altamirano, Garretón y Enríquez nos dirigían y que nos habían ordenado bombardear Valparaíso, Viña, la Escuela Naval y otras cosas por el estilo.”.
El Cardenal Raúl Silva Henríquez y el propio Presidente del Senado de la época don Eduardo Frei Montalva, intervinieron para actuar como mediadores y colaborar en la aclaración de los hechos. Radomiro Tomic junto con el Cardenal hicieron gestiones destinadas a evitar que se siguiera torturando a estos marinos. El propio Presidente Allende en declaración pública señaló: “el gobierno, de acuerdo con su conducta invariable de respeto al Estado de Derecho, no puede ni debe emitir juicio alguno sobre los hechos que se investigan y que se encuentran en estado de tramitación.”, agregando más adelante: “En relación con las denuncias públicas sobre flagelaciones a miembros de la marina sometidos a proceso (el gobierno) ha sido informado que algunos de estos han ejercitado las acciones legales ante los tribunales respectivos.”.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señor Senador, el Comité Mixto me ha informado que le cede su tiempo.
El señor NÚÑEZ.- Muchas gracias.
Debo señalar, señor Presidente, que tales declaraciones se encuentran en una publicación del Centro de Estudios Públicos, que obviamente se encuentra muy alejado del pensamiento que sostenemos los Senadores de esta bancada.
Es bueno consignar también que el sargento Cárdenas salió de la cárcel cuatro años después de su detención con rumbo a Suecia (país en el cual reside actualmente) en silla de ruedas y paralítico, producto de las torturas y apremios ilegítimos de que fue víctima.
Todos sabemos, y los últimos hechos vinculados al tema de derechos humanos conocidos así lo confirman, que la tortura fue lamentablemente un medio privilegiado por los golpistas para obtener información. Hubiéramos esperado, en especial de personas tan imbuidas de los valores y enseñanzas de la Iglesia, una condena más concreta, práctica, para tan aberrante situación como la que viviéramos en aquella oportunidad.
En otra manifestación de la falta de objetividad con que analiza los hechos ocurridos al interior de la Armada -desde nuestro punto de vista-, el Senador Martínez omite entregar antecedentes de la sentencia de la Corte Suprema que absolvió a Oscar Guillermo Garretón. Dicha sentencia adoptada por seis votos a cero y suscrita entre otros por Ministros como don Servando Jordán, don Enrique Zurita y el Auditor General del Ejército don Fernando Torres Silva, exculpó a Oscar Guillermo Garretón. Y no sólo eso, sino que además, producto de un recurso de queja, la máxima autoridad judicial de la nación llamó la atención a la Corte Naval, en aquel entonces presidida por el Almirante Martínez Busch, pues como el texto señala “han cometido falta que es necesario enmendar…”. Dicho de otro modo, fallaron mal.
Señor Presidente, tengo en mi poder la copia de la referida sentencia, la cual solicito sea incorporada a esta intervención.
Debo recordar además que en 1988 Oscar Guillermo Garretón, no obstante saber la injusticia del proceso llevado en su contra, decidió entregarse a las autoridades, lo que le significó estar seis meses preso.
En relación con Carlos Altamirano, debo hacer presente que éste reconoció haberse contactado con los marinos “sediciosos” el 3 de agosto de 1973, con el sólo afán de tener información referida a los planes golpistas que un grupo de oficiales conjurados estaba planeando para derrocar al Gobierno de Salvador Allende.
Por su parte, Altamirano estuvo impedido de defenderse ante la justicia militar por haber recaído sobre él por mucho años una prohibición de ingresar a Chile, tal como ocurrió a miles de compatriotas que vivieron el exilio y la lejanía.
En la misma carta que enviaran a Salvador Allende, los marinos señalan expresamente: “es falso que los señores Altamirano, Garretón y Enríquez nos dirigieran. Es distinto. Nosotros acudimos a distintas personalidades para dar cuenta del golpe de Estado que preparaba la oficialidad golpista coludida con los reaccionarios de otras ramas de las Fuerzas Armadas y partidos políticos de derecha.”. Sin embargo, y ante la prueba fehaciente de estos testimonios que los desvinculan de cualquier responsabilidad, Altamirano, Garretón y Enríquez fueron condenados por el tribunal naval el 2 de octubre de 1973, época en la que -como todos sabemos-, no existía en el país Estado de Derecho alguno, lo que no aseguraba, por razones obvias, las garantías procesales mínimas para los inculpados.
Señor Presidente, entiendo que cuando se sale triunfador de un acto de sedición, sus actores e instigadores lo califiquen de positivo. La historia ha confirmado mil veces, desgraciadamente, esta afirmación. Constituye sedición toda aquella que es descubierta, reprimida y juzgada; no lo es aquella que culmina exitosamente con un golpe de Estado. De otra manera, resulta difícil entender cómo el señor Senador no hace mención siquiera a que para perpetrar el golpe de Estado no solamente se recurrió a la violencia física, sino también al desmantelamiento jerárquico de algunas de las ramas de las Fuerzas Armadas. Tampoco aclara por qué para comprometer a la Armada de Chile fue necesario destituir a quien en ese momento ejercía el mando como Comandante en Jefe: el Almirante Raúl Montero.
Como todos sabemos, la sedición denunciada por los marineros ocurrió efectivamente. No se hallaban en un error. Ella culminó con un golpe de Estado que destruyó nuestra democracia por 17 años, tiempo en el cual Chile vivió páginas negras, como aquellas recién divulgadas luego de la decisión de las Fuerzas Armadas de reconocer que se violaron los derechos humanos más elementales, entre ellos el derecho a la vida.
La historia ha demostrado, además, que la sedición y la preparación del golpe de Estado ya se encontraban en curso incluso desde el día mismo en que Salvador Allende ganó la elección presidencial. El Informe Church, del Senado de Estados Unidos, y las sucesivas desclasificaciones de documentos de la CIA así lo ratifican. Pero ello no sólo lo hace ese material, sino también los propios protagonistas del plan de derrocamiento. Las citas de los señores Cubillos y Yovane transcritas anteriormente son más que elocuentes.
Y no sólo en el país se conocían los movimientos de los oficiales que participaron en la conjura. La CIA se hallaba al tanto de los pasos de la planificación, incluso minuto a minuto. En un informe enviado por ese organismo a Estados Unidos el 25 de julio de 1973, extractado también del libro “Chile La Conjura”, se consigna que “Los complotados de la Armada y la FACH continúan trabajando juntos en los preparativos de un Golpe de Estado y nadie está planteando una acción unilateral”. Sólo quedaba que llegaran el 11 de septiembre y la hora, las 6, momento fijado para asaltar la democracia.
Señor Presidente, esos testimonios permiten de alguna forma rehacer la trama secreta del golpe militar y demostrar que la historia no puede ser reconstituida unilateral y sesgadamente, como ha pretendido, a mi juicio, el Senador señor Martínez, quien incluso, so pretexto de justificar lo injustificable, ha señalado que en Chile se cometió lo que él denomina “genocidio frustrado”.
El verdadero genocidio, lamentablemente, no fue frustrado: es el que se cometió a partir del 11 de septiembre de 1973. Las pruebas las conoce el país y se encuentran a la vista. Y aún duelen.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Sin el acuerdo de los Comités, no puedo acceder a la petición de Su Señoría en el sentido de incluir en el texto de su intervención la sentencia judicial a que aludió. El asunto será sometido a la consideración de ellos.

–El documento cuya inserción acuerdan los Comités en 13 de marzo del año en curso es el siguiente:
“Santiago, dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y uno.-
Vistos y teniendo presente:
Que del mérito del proceso rol 3926 del Juzgado Naval de la Primera Zona Naval (Valparaíso) que se tiene a la vista se desprende que con los nuevos antecedentes reunidos en esos autos no se acreditan en la especie los requisitos establecidos en el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal para someter a proceso a Oscar Guillermo Garretón Purcell como autor, cómplice o encubridor de la figura penal por la cual se le sometió a proceso y al no decidirlo así, los Ministros recurridos han cometido falta que es necesario enmendar por esta vía.
“Y de conformidad, además, con lo que disponen los artículos 540 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, se acoge el recurso de queja interpuesto en lo principal de fojas 2 por el mencionado Garretón, sólo en cuanto se deja sin efecto la resolución de siete de marzo del año pasado, escrita a fojas 2590 de los autos a la vista y se decide que acogiéndose el recurso de apelación deducido a fojas 2390 de tales autos se revoca el auto de procesamiento que como autor del delito contemplado en el artículo 274 del Código de Justicia militar lo afectaba, por lo que el aludido Garretón no es reo en esta causa.
“Agréguese copia autorizada de esta resolución en los autos traídos a la vista, y hecho, devuélvanse.
“De conformidad a lo que dispone el artículo 549 del Código Orgánico de Tribunales, hágase devolución al recurrente de la suma consignada para interponer este recurso por ser innecesario su depósito. Gírese cheque oportunamente.”.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ha terminado la intervención del Comité Socialista.
El Comité Institucionales 2 no hará uso de la palabra.
Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.

–Se levantó a las 18:53.

Manuel Ocaña Vergara,
Jefe de la Redacción

Maurice Poisson Eastman el Vice de Merino

Vice almirante y jefe del Estado Mayor de la marina, miembro de la Junta Militar en ausencia del autodenominado Almirante José Toribio Merino. El día del golpe comanda el buque insignia de la marina, el crucero “Prat”, que apunta sus cañones contra la ciudad de Valparaíso.

Agregado Naval en Londres en 1977. En 1988 Maurice Poisson Eastman, en retiro pasa al grupo de su familia Edwards Eastman y se dempeña como redactor del diario  “EL Mercurio”, Agustín Edwards Eastman, propietario de “El Mercurio”, oficial naval de reserva activo, conocido partícipe del Golpe de estado en Chile.

Artículo de Poisson Eastman como redactor de  El Mercurio

Lunes 12 de Marzo de 2001/ EL Mercurio
Gobierno Militar

Un sentimiento mínimo de decencia y una enorme gratitud hacia aquellos que hicieran posible el pronunciamiento militar de 1973 me han incitado a escribir estas líneas.

En septiembre de ese año el marxismo chileno se aprontaba para perpetuarse en el poder. Los militares, exigidos por buena parte de la población activa del país, se opusieron a ello. Tomándoles la delantera, los cogieron por sorpresa y los neutralizaron por completo a las pocas semanas de iniciado el movimiento. Hubo oposición de voluntades y luchas, algunas violentas, hasta que las Fuerzas Armadas lograron pacificar al país. Luego vino un gobierno militar, que posiblemente para algunos se prolongó demasiado, durante el cual los militares trajeron progresos y modernizaciones que hoy nadie pone en duda. Más tarde, para sorpresa de sus detractores, el gobierno militar entregó el poder a su sucesor, elegido en una votación cuya corrección y libertad nadie ha puesto en duda.

Los militares sólo se contentaron con haber cumplido su misión. Pero el adversario acechaba. La campaña mundial montada por el marxismo para denigrar a los militares chilenos, en particular a su cabeza visible, el general Augusto Pinochet, ha sido gigantesca y se ha hecho en forma masiva, repetitiva y continuada. El odio hacia el régimen militar engendrado por el marxismo está opacando las realizaciones hechas por éste en los más variados terrenos. Comunistas y socialistas pretenden que sólo quede la imagen del insaciable dictador que se alimenta con la sangre de sus víctimas y que nadie recuerde a los militares como buenos y eficaces gobernantes.

Sería largo enumerar las múltiples modernizaciones y adelantos hechos durante el gobierno militar. Desde luego es preciso hacer olvidar los esfuerzos del general Canessa para modernizar la administración pública, dividiendo al país en 12 regiones y una región metropolitana, en lugar de las 25 provincias de antaño. Debe ignorarse a Sergio de Castro y su magna obra de establecer precios reales en una economía plagada de subsidios, tasas y aranceles diferenciados. Logró abrir el país al mundo, lo que se vio reflejado en un fabuloso incremento del comercio exterior chileno. Es preciso desprestigiar la reforma previsional de José Piñera, posiblemente el mayor legado del gobierno militar a las generaciones venideras. Ella está permitiendo que las personas administren sus propios ahorros y que no sea el gobierno de turno el que los malverse, como ocurría con anterioridad. También es preciso hacer olvidar la sensibilidad social de un Miguel Kast, quien liberó a los trabajadores de la dictadura de un sindicato único y les dio la libertad de optar al trabajo que estimasen más conveniente y provechoso para cada cual. Hay que olvidar a Jaime Guzmán, quien en resguardo de la defensa de los derechos humanos, estableció los contrapesos necesarios en la Constitución vigente, para que ellos quedaran efectivamente protegidos. Hay que olvidar a los cancilleres que contribuyeron a firmar el tratado de paz con Argentina. Por desgracia una visión política sesgada, aún mantiene empantanado al país y está frenando su desarrollo.

Los ejemplos de realizaciones del gobierno militar enumerados constituyen sólo una muestra de las tantas hechas durante el período 1973-1990, pero que el marxismo desea relegar al olvido. No le conviene que se vaya imponiendo la noción de que fue un gobierno exitoso, que pudo haber caído en algunos errores, es humano equivocarse, pero que si los cometió, no lo hizo en forma intencional. Ello hay que destacarlo, porque los crímenes y vejaciones que no alcanzó a cometer el marxismo, esos sí que eran intencionales.

El odio sembrado por el marxismo internacional se ha volcado íntegro en el intento de destruir la imagen del ex Presidente general Augusto Pinochet Ugarte, blanco de cuanta querella resulta imaginable. Se le desea destruir tanto a él como al régimen que personifica. Pero tarde o temprano la verdad se impondrá. El general siempre se ha batido por causas justas.

Maurice Poisson Eastman
Vicealmirante (r)

Los Mandos y los Represores

El futuro que les deparó a los oficiales con mando después del golpe de Estado.

 

 

 

 

 

 

 

El Juicio a los marinos de la escuadra

El fiscal Víctor Villegas toma la causa 3926 *

El fiscal Villegas reinicia los interrogatorios. Partidario del golpe de Estado y sin duda consciente del rol mayor que juega este proceso en la conspiración, el fiscal intenta, sin embargo, mantener una cierta legalidad; pero su secretario, el teniente Pedro Benavides Manzoni, será uno de los torturadores de la región.

Villegas llama a los marinos a declarar, uno a uno, primero a los que vienen de regresar de Talcahuano, con signos aún visibles de maltrato, como “ los ojos rojos con sangre y los párpados hinchados ” [E] Salazar, 2003. Como hemos visto, los marinos rectifican seriamente las primeras declaraciones. El fiscal dispone seguramente de la información enviada por su colega Jiménez de Talcahuano, pues hace preguntas precisas sobre lo que han dicho ante él. “ A mí me pregunta sobre las dos personas que yo nombré en Talcahuano ”, recuerda Sergio Fuentes. Y agrega: “ Ahí es donde yo le digo que no tienen nada que ver y que yo di los dos nombres porque me estaban pidiendo nombres y para que no me siguieran torturando, pero que ellos no tenían nada que ver. Y él los dejó libre” [E] Fuentes 2003. A Velásquez le pregunta qué participación tiene, a quíen conoce, y hace muchas pregunatas sobre el sargento Cárdenas.

Villegas piensa que tuvo suerte, ya que el primer interrogado le dijo la                     “ la verdad ”. No obstante, a la lectura del proceso, resulta evidente que éste repite lo que días antes había “ confesado ” bajo torturas. Poco después, cuando J. Salazar entra a declarar, ve que han anotado en la pared los nombres de los marinos que consideran parte del movimiento; Benavides le pide los confirme, que digan cuántos eran y que le entregue otros, sobretodo “ cubanos o extranjeros en nuestro grupo, eso les interesaba ”. Salazar responde  que sólo conoce a los que están ahí.

El marino percibe el rol del secretario Benavides; “ las decisiones, todos los interrogatorios, las palabras , las interrogaciones más fuertes, las hacía Benavides ” y concluye: “ Villegas, me doy cuenta que era un tipo pegado a la legalidad, pero el ayudante era un hijo de puta, era un tal Benavides, que era realmente el tipo que tenía el sartén por el mango  […] nos golpeaba cuando quería ” da golpes o palizas o codazos, no eran golpes así tan evidentes, no era una pateadura tan evidente, pero de repente pegaba, y ello en presencia de Villegas. Jaime Salazar es nuevamente incomunicado, siendo uno de los últimos en recuperar la libre plática, junto a Cárdenas, A. Salazar y Zúñiga.

cuando Jaime Salazar es llamado a declarar, consigue hablar con uno de sus compañeros que le sugiere: “ Jaime, hazte una carta para tu familia ” y le ofrece papel y lápiz que de alguna menera había conseguido. Salazar redacta una vibrante nota denunciando que han  “ sido torturados, ultrajados y maltratados ” y clamando por sus vidas que están en peligro. Logra comunicarla al exterior e incluso será difundida en la prensa:

 Carta del marino Jaime Salazar, dirigida a sus padres, escrita el 18 de agosto en el cuatel Silva Palma

Queridos padres,

encontrándome en una situación bastante difícil, me dirijo a ustedes para ponerlos en conocimiento de mi situación. Por tener ideas afines con muchos compañeros de la tripulación que bajo presiones, amenazas, fomento del caos y golpismo por parte de un gran sector de oficiales, vimos la necesidad de reunirnos para intercambiar ideas, para evitar un golpe de estado y una guerra civil. Actualmente me encuentro arrestado junto a un grupo de compañeros que apoyaron nuestras ideas.

Hemos sido torturados, ultrajados y maltratados de hecho, continuamente, tanto física como mentalmente, que nuestras vidas peligran y no tenemos seguridad de ellas. Quisiera, si es necesario, ver a mi padre, a Margarita, a Benjamín y a Claus para que comprueben, de hecho, mi estado. Si es necesario pido la intervención de un abogado civil, el cual lo pueden conseguir por medio del alcalde Palestro y muéstrenle esta carta y que en lo posible el mismo alcalde envíe una persona de confianza para que vea mi estado.

Saludos a todos.

Publicada en Punto Final del 11-9-73, día del golpe 

El 23 de agosto, el sargento Cárdenas debe firmar la séptima declaración explicando el contenido de papeles que estaban en su poder. Afirma allí que un número de teléfono era el contacto directo con Miguel Enríquez; la clave para comunicarle la fecha del golpe era: “ el doctor llega el… hora…”

Causa 3926,foja 225.

 

   *Extracto del Libro, Los que dijeron “ NO “, Editorial LOM, del Historiador Jorge Magasich Tomo II, 180 – 182.

La persecución a los abogados de los marinos

La persecución a los abogados de los marinos*

La suerte que los golpistas triunfantes reservan a los abogados que habían osado defender a los marinos es reveladora. Pedro Henríquez es detenido, torturado y casi asesinado. El 5 de noviembre de 1973 lo interrogan sobre la defensa de los marinos, ya no como abogado sino como prisionero. El abogado “confiesa” lo conocido: desde 1966 es miembro del MIR, entre 67-68 fue secretario regional de Concepción. [Ricardo] Ruz le pidió que asumiera la defensa de los marinos Causa 3926, foja 614. Por su parte, Hernán Mege es detenido y llevado a la cárcel de Concepción.

A partir del 12 de septiembre, algunos de los detenidos en Concepción revocan a los abogados detenidos. En la mayor parte de los casos, la defensa – muy relativa – será asumida por el Servicio de Asistencia Judicial Causa 3926, fojas 683-684, entonces asociaciones de abogados que brindan alguna defensa gratuita.

En Valparaíso, el abogado Emilio Contardo figura en una lista de 20 “dirigentes y activistas que deben ser juzgados por actividades antipatria” difundida en un afiche presentado como una “Cooperación de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso a la campaña de depuración nacional de la Junta de Gobierno” La Estrella, 8-10-73

    Graciela Kischinevzky es amenazada y detenida una jornada en el cuartel Silva Palma. Renuncia al patrocinio de Lagos y Roldán el 2 de Octubre Causa 3926, foja 329, y poco más tarde consigue asilarse en la embajada de Bélgica con su marido y sus dos hijos menores. Tres día después, hernán Vallejos renuncia al patrocinio de Sebastián Ibarra Causa 3926, foja 340.

Zorka Kovacich será detenida y torturada en el Lebu; Rodrigo Fernández es detenido en el Estadio Nacional y en otros campos donde es torturado, mientras que su hermano Gonzalo consigue asilarse [E] Morris, 2005.

Eliana Ceriani permanece en Chile, donde será detenida en octubre-noviembre de 1973. Su marido, Carlos Gajardo, profesor de la Escuela de Arquitectura, es detenido y desaparece en septiembre de 1974, su nombre figura en la lista de 119 desaparecidos víctimas de la “Operación colombo”. Carmen Villanueva y casi todos los demás parten al exilio.

El caso de Olga Morris y su familia es particularmente estremecedor. El día del golpe, su casa en el cerro Esperanza es literalmente saqueada; como no encuentran a nadie (su madre estaba hospitalizada) “sacaron todo”. La Marina se apropia de la residencia para instalar un puesto de vigilancia, hasta que su madre consigue que se la devuelvan. Su hermano Eduardo, jefe de Aduana, aparece en los diarios acusado de toda clase de robos absurdos, pero consigue asilarse. Su hermano Sergio es detenido y lanzado por el hoyo de un ascensor de la Empresa Portuaria, pero sobrevive porque cae sobre otros cuerpos; más tarde es torturado en el Lebu, y cuando lo liberan intenta quedarse en Chile pero le hacen la vida imposible y finalmente se asila. Su hermana Silvia es torturada en el Lebu y en la Esmeralda. Su hermano Fernando es detenido mientras da clases en el Liceo Eduardo de la Barra y sus captores casi abren fuego contra los alumnos que intentan defenderlo; es torturado en la Academia de Guerra. Su hermano Oscar es detenido y torturado…su hermano Mario, quien es detenido en Iquique y llevado a Pisagua donde es fusilado por orden del general Carlos Forestier. Olga Morris se asila.

En 1973, cuando todos los hermanos Morris están exiliados, detenidos o fusilado, el hijo de Olga, Francisco José, entonces de nueve años, continúa su vida al lado de su abuela, entonces la única persona que puede ocuparse de él.

También el menor es detenido y conducido a la comisaría Barón. Allí lo interrogan durante horas para que diga dónde están las armas. El niño parte al exilio, pero ese trauma se graba en su alma. Catorce añoa después, Francisco José, con 25 años, regresa a Chile a filmar un documental, como estudiante de la Universidad Libre de Berlín. En el Chile gobernado por las fuerzas armadas, el joven es seguido y se oculta en casa de unos jóvenes democratacristianos.

Poco después abandona el país con su abuela, asilado por segunda vez. De vuelta en Alemania, lo fustiga con obsesión el recuerdo de su detención en 1973. Al poco tiempo su abuela muere en Hamburgo y tres días después Francisco José se quita la vida. Todo esto lo relata la periodista Mónica González en la revista análisis [E] Morris, 2005

. *  Extracto del Libro, Los que dijeron “ NO “, Editorial LOM, del Historiador Jorge Magasich  Tomo II, 289-292

 

La ocultación de prisioneros a los abogados defensores

La ocultación de prisioneros a los abogados defensores*

Pedro Henríquez Barra, el primer abogado que asume la defensa de los marinos, había sido de 1965 a 1967, secretario regional del MIR en Concepción y primer director del Sindicato Provincial de Abogados y Procuradores. Conocido en la zona como especialista en cuestiones sociales, había defendido, en 1969, a la Federación de Estudiantes cuando la policía allanó la universidad.

Henríquez organiza el primer equipo de defensores de los marinos con Hernán Mege y Marcelo Burgos. Entrevistado en 2005 por el historiador Danny Monsalvez, Pedro Henríquez recuerda que atiende a los marinos como abogado, aunque sabe que Juan Cárdenas es “un hombre próximo al MIR”. El abogado no conoce a sus defendidos: “me atenía a sus versiones, yo asumía la defensa como abogado”. No tiene relaciones políticas con los otros dos abogados y sólo los conoce como colegas. Henríquez recuerda cómo se le impedió ver a los detenidos, sin darle ningún argumento, y que cuando consigue entrevistarse con ellos aún conservan marcas de las torturas (Monsalvez,2005).

A partir del viernes 10, los abogados Pedro Henríquez y Hernán Mege se presentan en las puertas de la base naval de Talcahuano “a las más diversas horas” explica el primero y piden entrevistarse con los detenidos. La guardia les niega la entrada. Insisten el sábado 11, el lunes 13 y el martes 14, con igual resultado. Un oficial le responde que tiene órdenes de no dejar entrar a nadie y la guardia les dice que el fiscal naval está con su tribunal en la isla Quiriquina. Los abogados concurren cinco veces al domicilio del fiscal Jiménez y cinco veces les responden que no está.

La trasgresión de los derechos de la defensa resulta evidente. Por primera vez un mando militar, a cargo del almirante Jorge Paredes, jefe de la II Zona naval, ejecuta una operación de ocultación de prisioneros para mantenerlos fuera del derecho y encubrir así las torturas.

Mientras asisten a la agonía del estado de derecho, los abogados multiplican las declaraciones públicas y recurren al Colegio de Abogados. Mege y Burgos presentan entonces un recurso de amparo ante la corte marcial de Valparaíso y un recurso de protección ante el Colegio de Abogados de Concepción por el impedimento al ejercicio de la profesión.

Sólo el jueves 16 los abogados son recibidos por el fiscal Fernando Jiménez, quien se lava las manos afirmando que los ingresos al recinto militar dependen de las autoridades de la base. Le piden entonces entrevistarse con Juan Cárdenas de urgencia, ya que hay evidencias de que ha sido bárbaramente torturado. El fiscal se compromete a permitir la entrevista al día siguiente y le comunica su decisión al capitán René Gajardo, encargado de los detenidos, en realidad un torturador. Ambos oficiales faltarán a su palabra. Cuando los abogados se presentan el viernes 17 a las 16 horas, el mismo capitán Gajardo les informa burlonamente que “ lamentablemente esas personas ya no están en la zona ”, pues van navegando a Valparaíso. Chile Hoy 63, 24-8-73; EL Diario color, 15-8-73: Punto Final, suplemento, 28-8-73

Recién el sábado 18, los abogados Pedro Henríquez y Hernán Mege consiguen entrevistarse con cuatro marinos detenidos en Talcahuano. El capitán Gajardo niega el contacto con los otros arguyendo que no han solicitado su defensa, lo que es falso. Al día siguiente, cuando los abogados finalmente consiguen verlos, los marinos explican que sí han pedido la asesoría Chile Hoy 63, 24-8-73, pero las autoridades del Apostadero naval les habían aconsejado de no hacerse defender por “abogados políticos”, ya que la propia Armada les proporcionaría “defensores” . Chile Hoy 63, 24-8-73. Durante las entrevistas, los abogados confirman la magnitud de las torturas. Más adelante, los detenidos tienen derecho a visitas restringidas de la familia directa. Durante esos días, la Infantería de Marina allan casas de los detenidos, donde no encuentran sino algunos libros sobre cuestiones sociales Chile Hoy 63, 24-8-73.

*Extracto del Libro, Los que dijeron “NO”, Editorial LOM, del Historiador Jorge Magasich Tomo II, 148-149

 

El Rol del Gobierno

El Gobierno modifica la calidad jurídica del caso.*

La situación juríca de los detenidos es ambigua. El fiscal naval sólo está facultado para encargar reos a los detenidos por “incumplimiento de deberes militares” es decir, una simple falta, sancionada con la baja del servicio o, como máximo, con 541 de cárcel. Así lo hace.

Para iniciar un proceso por sedición o motín, se requiere el acuerdo del Gobierno. En efecto, según la Ley de Seguridad del Estado esta acusación es desición privativa del Poder Ejecutivo y sólo puede iniciarse a pedido del Presidente, del Ministro del Interior o del intendente competente (Ley 19.927). En resumen, el juez naval no puede acusar a los marinos de sedición – ni a los dirigentes políticos que se reunieron con ellos – sin el acuerdo del Gobierno de Allende.

por ese motivo, el fiscal Jiménez que instruye el proceso en Talcahuano, no puede configurar otro delito que el de “incumplimiento de deberes militares” y enviar enviar a los detenidos de vuelta a Valparaíso. Existe el antecedente de 1961, cuando se había iniciado un proceso por sedición contra los estudiantes – marinos de la Escuela de Ingeniería Naval sin demanda de la autoridad política. El abogado Emilio Contardo había explotado esta irregularidad y ganado un recurso de amparo.

El intendente de Valparaíso inicia la acción por sedición

Por esos días, la mayoría parlamentaria de derecha utiliza a destajo su facultad de acusar constitucionalmente a ministros y a altos funcionarios, suspendiéndolos de sus funciones. Uno de los suspendidos es el intendente de Valparaíso, el radical  (y popular locutor deportivo) Carlos González Márquez, quien debe dejar su cargo el 14 de junio. Lo sustituye Juan Orella como intendente interino, hasta que el presidente designa intendente, también subrogante, al auditor militar Hernán Concha Salas, un abogado jubilado del Ejército con el grado de coronel y asesor del Ministerio de Defensa.Éste entra en funciones el 20 de julio. El nuevo intendente había sido recomendado desde el Ministerio de Defensa, probablemente por el general Prats. Allende conversa con él sólo unos 10 minutos y le confía la Intendendencia (Vega 1983, 216-217).

La nominación de Hernán Concha, con un perfil político más bien neutro y sin tradición en la izquierda, se explica porque Allende busca aplacar el aluvión de acusaciones contra sus funcionarios, designando a personas vinculadas con las fuerzas armadas, más difíciles de atacar por la mayoría parlamentaria. Pero el nuevo intendente carece del temple que requieren las circunstancias y su debilidad abrirá una grieta decisiva en las últimas líneas de defensa del Gobierno.

Para el juez naval, el propio almirante Merino, es indispensable que el Gobierno se constituya parte en el proceso contra los marinos, acusándolos de sedición y motín.

Se concreta entonces un trámite surrealista: el almirante Merino, quien está perpetrando el delito de sedición desde hace meses, si no años, corre detrás de las autoridades para que firmen un documento que le permita acusar de sedición a los marinos que quieren defender la legalidad. Y lo increíble es que va a conseguirlo.

Ya en Junio, cuando el único marino detenido es Julio Gajardo, de El Belloto, Merino presiona con regularidad al abogado de la intendencia, Luis Vega, para que presente una denuncia en nombre del Gobierno. Después del arresto de los marinos de la escuadra el almirante pide al abogado una acción por “golpe contra la Armada” y “asesinato de oficiales”, afirmando que hay numerosos detenidos confesos. Como esos delitos no están tipificados, Vega consulta al subsecretario del Interior, Daniel Vergara, quien exige antecedentes y le instruye que no haga nada mientras estudia el caso. Vega responde al almirante: “Deme los antecedentes y procederé”, a lo que el almirante replica que son reservados (Vega, 1983, 215-216).

Al mediodía del viernes 20 de julio, se organiza un cóctel de bienvenida del nuevo intendente Hernán Concha, al que asiste el ministro del Interior Carlos Briones                 (El Mercurio de Valparaíso, 20-7-73) y el propio almirante Merino. Éste último pide un apartado con el ministro y con Luis Vega para reprocharles que durante 40 días no se haya presentado la denuncia contra los “marinos sediciosos”. Vega responde que no se pueden presentar denuncias contra personas innominadas y basadas en hechos desconocidos. El abogado Emilio Contardo, también presente en el cóctel, recuerda cómo el almirante aborda insistentemente al Ministro para que el Gobierno introduzca el requerimiento. Pero Contardo y Vega advierten la maniobra y explican al ministro que, de aceptar el pedido, colocaría un arma poderosa en manos de un golpista; “le abrimos los ojos, le pedimos que ni por nada Allende, él o el Intendente accedieran a formular el requerimiento”. El ministro comprende y se niega  ( [E] Contardo, 2001; Vega, 1893, 217).

Pero Merino vuelve a la carga, sin duda porque la acusación es de suma importancia para justificar el golpe, y presiona a fondo al nuevo intendente. Emilio Contardo recuerda cómo Hernán Concha, muy exigido por Merino,, no tine el reflejo de consultar a su superior directo, el ministro del Interior Orlando Letelier, sino que llama a su antiguo superior, el general Prats, entonces ministro de Defensa, conforme a las rutinas propias de un ex auditor del Ejército. El general le habría respondido algo como “bueno, si insiste tanto, hágalo y veremos lo que pasa” [E] Contardo, 2001. Ni el intendente ni el general captan el verdadero alcance del arma que ponen en manos de Merino.

El almirante informa entonces a Luis Vega que acepta transmitir los antecedentes en poder de la justicia naval (las “confesiones”) conviniendo que el abogado trabajará solo. Le entrega un sobre “con toda clase de timbres y siglas secretas”, pero, de su contenido “no emanan pruebas para fundamentar acción legal alguna”, concluye el abogado. se trata sólo de “confesiones”, y ese mismo día se entera de cómo han sido arrancadas, a través del testimonio de una madre. Luis Vega afirma que decide iniciar una “dudosa acción por ‘desobediencia militar’ ” en contra de 46 marinos ( Vega, 1893, 217 ).

En realidad, el abogado hace más que eso. Cuando el lunes 13 de agosto, Julián Bilbao, el fiscal del caso en Valparaíso, se declara incompetente para continuar el sumario y, considerando que los hechos son constitutivos de delito, transmite el expediente al juez naval ( Causa 3926, foja 40 ), es decir a Merino, éste vuelve a presionar al intendente, arguyendo que la insubordinación en la Armada estaba destinada a atacar poblaciones de Valparaíso [E] Moris, 2005. Finalmente, el intendente cede, llama al abogado Luis Vega y le ordena redactar el requerimiento.

Este documento clave modifica la calidad jurídica del caso, al permitir la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado contra los marinos. Es redactado el martes 14 por Luis Vega, y lleva su firma y la del intendente Hernán Concha. Dice así:

“ Los hechos según expresa el oficio en cuestión constituirían los cuerpos de delitos que prescriben los artículos 274,275 y siguientes del Código de Justicia Militar, Libro ɪɪɪ, T. ɪv y v. En consecuencia, con mérito del Oficio confidencial de mi referencia, ejerzo el derecho que me confiere el art. 26 inciso 1 de la Ley 19.927 sobre Seguridad del Estado y a nombre del gobierno requiero la intervención de VS., Otrosí: sírvase SS tener por designado abogado defensor del gobierno a Luis Vega Contreras” . ( Causa 3926, foja 43 ).

Emilio Contardo recuerda que acaba de regresar de Santiago cuando Vega se lo anuncia hacia el mediodía: – “ Desgraciadamente tuve que hacer el requerimiento ”.  “ ¡No puede ser! ” ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué?.- “me lo exigió el Intendente”.- “ Y por qué no te negaste ”.- “ No, me lo exigió ahí, parado al lado mío, que lo redactara”   [E] Contardo, 2003. “ Y entonces nos dimos cuenta de que iba a provocar el desafuero de Altamirano”  [E] Contardo, 2001.

Quizá sin percatarse, el intendente viene a poner en manos de los oficiales conspiradores un poderoso instrumento jurídico que les permite atacar por sedición no sólo al diputado Oscar garretón, sino sobre todo al senador Carlos Altamirano, jefe del partido del Presidente. Estos cargos serán pronto la principal justificación del golpe y del “ Plan Z ”.

Altamirano recuerda que el gobierno, que ya ha perdido la iniciativa, ni siquiera intenta investigar las denuncias de los marinos, “ simplemente se aceptó las presiones de Merino y se aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado ”  [E] Altamirano, 2003.

El Gobierno, representado por el intendente de Valparaíso, volverá a introducir una acción jurídica similar 10 días más tarde, el 24 de agosto, esta vez contra los marinos de las escuelas. La persistencia indica que se trata de una política, más allá de un eventual error del intendente.

La continuación de los procesos, ahora por sedición 

Uan vez que la Armada ha obtenido del Gobierno la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del estado contra los marinos, el contraalmirante Daniel Arellano (opuesto al golpe, será ministro de Hacienda entre el 28-8 y el 11- 9) designa, el 16 de agosto, a Victor Villegas fiscal adhoc, es decir con dedicación exclusiva ( Causa 3926, foja 44). Éste abogado capitán de corbeta opera en Valparaíso y tiene ahora prerrogativas para procesar a los detenidos por sedición y motín.

Reglamentariamente, el caso se rige por la justicia militar en tiempo de paz: un fiscal se encarga de la instrucción del sumario con más celeridad que en un procedimiento ordinario. La sentencia en primera instancia es dictada por el juez naval – el oficial de más alto grado de la Fiscalía – y en segunda instancia por la corte marcial de Valparaíso, compuesta de dos ministros de la Corte de Apelaciones, de un almirante o capitán de navío activo o en retiro, y del auditor general de la Marina. Código de Justicia Militar, art. 48, 29.

La nominación del juez naval es precedida de un conflicto de competencia entre los almirantes Weber (jefe de la escuadra) y Merino (jefe de la Primera Zona Naval), quien se muestra reticente a hacerse cargo del proceso. “ A lo mejor ya estaba conspirando ”, comenta Víctor Villegas con cierto sarcasmo, y el proceso le resulta una “ papa caliente ” que lo expone. Finalmente, Villegas sugiere que, como la reunión con Altamirano y Enríquez tuvo lugar en Santiago y la capital forma parte de la Primera zona, el caso le correspondería a Merino, aunque el proceso está caratulado “ Sedición en la escuadra ”. Así se hace. [E] Villegas, 2000.

Una vez que los equipos de torturadores y los fiscalers Bilbao y Jiménez han arrancado las “ confesiones ”, el proceso entra en una fase más legal, aunque siempre pende la amenaza de nuevas torturas.

   *Extracto del Libro, Los que dijeron “ NO “, Editorial LOM, del Historiador Jorge Magasich Tomo II,176 – 180.

Procesos y Justicia

El debate jurídico: ¿la Ley o las órdenes del superior?*

El fundamento de la acusación por sedición en contra de los marinos –y pronto contra Altamirano, Enríquez y Garretón- se basa en los artículos 274 y siguientes del título V del Código de Justicia Militar, que en síntesis, sanciona a quien induzca a las tropas a “promover por cualquier acto directo la insubordinación en sus filas”.

Código de Justicia Militar Título v. delitos contra el orden y seguridad del Ejército, §1. Sedición o motín. Art. 272. Los militares que, en número de cuatro o más, rehúsen obedecer a sus superiores, hagan reclamaciones o peticiones irrespetuosas o en tumulto, o se resistan a cumplir con sus deberes militares, serán castigados como responsables de sedición o motín. El que lleve la voz o se ponga al frente de la sedición, los promotores y el de mayor graduación, o el más antiguo si hubiera varios del mismo empleo, a la pena de presidio militar mayor en su grado máximo a muerte cuando el delito tenga lugar frente al enemigo, o de rebeldes u otros sediciosos, o si el motín ocasionare la muerte de alguna persona. A la de presidio o reclusión militares mayores, en cualquiera de sus grados, o en los demás casos.                                                                                                                                                                     Los meros ejecutores del delito, si concurrieren en él las circuntancias agravantes indicadas en el inciso anterior, a la pena de presidio o reclusión militares mayores en sus grados mínimos a medios; y a la de presidio o reclusión militares menores en sus grados medio a máximo en los demás casos.

Art. 274. Todo individuo, militar o no, que sedujere o auxiliare tropas de las instituciones armadas para promover por cualquier acto directo la insubordinación en las filas, será reputado como culpable de sedición y tenido como promotor de ella.

Art. 275. Será considerado siempre como promotor del delito de sedición, el que, estando la tropa sobre las armas, o reunida para tomarlas, levante la voz en sentido subersivo, o de otro modo excite a cometer  este delito.

Art.278. La conspiración para el delito de sedición o motín, se castigará con la pena inferior en un grado a la que corresponda al delito, y la proposición con la inferior en dos grados.

En agosto de 1973 se inicia un álgido debate de fondo que aún es de actualidad.

¿Quién tiene la preeminencia: la Ley o las órdenes de un superior ? La misma interrogante se puede formular de otra manera: ¿Un subordinado tiene derecho a negarse a ejecutar una orden ilegal y apelar contra ella?

Las bases jurídicas del debate están en el Código de Justicia Militar, que en su título VII, prevé el derecho a suspender el cumplimiento de una orden y dar cuenta al superior cuando ésta tienda notoriamente a la perpetración de un delito, pero si el superior insiste debe cumplirse.

Código de Justicia Militar Título VII. Delitos de insubordinación

Art. 334. Todo militar está obligado a obedecer, salvo fuerza mayor, una orden relativa al servicio que, en uso de atribuciones legítimas, le fuere impartida por un superior.                                                                                                                                              El derecho a reclamar de los actos de un superior que conceden las leyes o reglamentos, no dispensa de la obediencia ni suspende el cumplimiento de una orden de servicio.

Art 335. No obstante lo prescrito en el artículo anterior, si el inferior que ha recibido la orden sabe que el superior, al dictarla, no ha podido apreciar sufucientemente la situación, o cuando los acontecimientos se hayan anticipado a la orden, o aparezca que ésta se ha obtenido por engaño, o se tema con razón que de su ejecución resulten graves males que el superior no pudo preveer, o la orden tienda notoriamente a la perpetración de un delito, podrá el inferior suspender el cumplimiento de tal orden, y en casos urgentes, modificarla, dando inmediatamente cuenta al superior. Si éste insistiere en su orden, deberá cumplirse en los términos del artículo anterior.

Y sin ninguna duda, ordenar a la tropa participar en un golpe de Estado constituye un delito. En efecto el mismo Código (§ 265) explica que son reos de rebelión o sublevación militar los militares que incurrieren en cualquiera de los delitos contemplados en el título ɪɪ  libro ɪɪ del Código Penal, que es muy claro: alzarse a mano armada contra el Gobierno es un crímen.

Código Penal. Titulo  ɪɪ. Crímenes y simples delitos contra la seguridad interio del Estado.

Art. 121. Los que se alzaren a mano armada contra el Gobierno legalmente constituído con el objeto de promover la guerra civil, de cambiar la Constitución del Estado o su forma de gobierno, de privar de sus funciones o impedir que entren en el ejercicio de ellas al Presidente de la República o al que haga sus veces, a los miembros del Congreso Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia, sufrirán la pena de reclusión mayor, o bien la de confinamiento mayor o la de extrañamiento mayor, en cualquiera de sus grados.

El Código de Justicia Militar (§ 269), sanciona también al militar “que no empleare todos los medios que estuviesen a su alcance para contener la rebelión o sublevación en las fuerzas a su mando”. En otras palabras, la ley sanciona al militar que no se oponga a un golpe. No obstante, la ley contempla un rebaja de pena a los meros ejecutores de una rebelión que se sometan a las autoridades (§ 268) y exime de responsabilidad a “cabos y soldados que actuaron bajo el mando de sus superiores directos” (§ 271).

Finalmente, la Constitución Política de 1925 es categórica: nadie puede arrogarse la representación del pueblo y ninguna autoridad puede atribuirse otros derechos que los conferidos por las leyes, ni aun pretextando circunstancias extraordinarias.

Constitución Política de 1925. Art. 3. Ninguna persona o reunión de personas pueden tomar el título o representación del pueblo, arrogarse sus derechos, ni hacer peticiones en su nombre. La infracción de este artículo es sedición.

Art. 4. Ninguna magistratura, ninguna persona, ni reunión de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido por las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo. www.bcn.cl/lc/cpolitica/1925.pdf, pc 12-8-07

    En el fondo, el único argumento de la acusación son los proyectos de los marinos de desobedecer y arrestar a sus superiores. Los marinos detenidos, en efecto, se aprestaban a insubordinarse contra ellos porque tenían evidencias de que preparaban un alzamiento armado contra la autoridad legítima. El gran argumento de la defensa es que los marinos buscan mantener el imperio de la Ley contra la insubordinación de gran parte de sus jefes.

   *Extracto del Libro, Los que dijeron “ NO “, Editorial LOM, del Historiador Jorge Magasich Tomo II, 193 – 194.

Documento desclasificado sobre las irregularidades procesales publicado por el Dpto. de Estado, de  Los Estados Unidos

Villa Grimaldi

http://villagrimaldi.cl/noticias/marinos-antigolpistas-la-justicia-se-acerca/ 

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