El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, condenó a ocho miembros en retiro de la Armada, por su responsabilidad en el delito consumado de secuestro con grave daño de Morelia del Rosario Fernández Montenegro, crímen perpetrado en el cuartel Silva Palma a partir de febrero de 1974, cuando la víctima solo tenía 17 años de edad.
En el fallo el ministro Arancibia Pinto condenó en costas a Ricardo Alejandro Riesco Cornejo, Juan de Dios Reyes Basaur, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, Alejo Esparza Martínez, Eduardo Mauricio Núñez Contreras, Héctor Vicente Santibáñez Obreque, Jaime Segundo Lazo Pérez y Sergio Hevia Febres, a 6 años de presidio efectivo, más accesorias legales, en calidad de autores del delito de secuestro con grave daño.
Con los antecedentes recopilados durante la etapa de investigación de la causa, el ministro en instructor logró establecer los siguientes hechos:
«Morelia del Rosario Fernández Montenegro fue tomada detenida una noche del mes de febrero de 1974 por efectivos de la Armada de Chile, en su domicilio ubicado en el cerro Florida de la comuna de Valparaíso. La víctima, que al momento su detención tenía 17 años de edad, es subida al vehículo en que se movilizaban los efectivos navales y es llevada en primer lugar, a la casa de su primo Patricio Fernández Avilés, quien también fue sacado de su casa y subido a la misma camioneta de la víctima, siendo ambos trasladados al Cuartel Silva Palma, ubicado en la misma ciudad. En dicho recinto permaneció alrededor de 2 semanas detenida, sin alimentación ni medidas de higiene, sometida a interrogatorios, malos tratos físicos como golpes y aplicación de corriente eléctrica, malos tratos psicológicos como privación del sueño y amenazas tanto a su integridad física como a la de su familia, y malos tratos verbales. Luego es trasladada a la cárcel de mujeres ‘Buen Pastor’, lugar en el que permanece recluida por aproximadamente 2 semanas más, siendo dejada en libertad durante la segunda semana de marzo de 1974. Durante el mes de mayo de 1974, fue nuevamente detenida en dos oportunidades por efectivos de la Armada de Chile, quienes la vuelven a conducir al cuartel Silva Palma, siendo sometida a interrogatorios. En dichas oportunidades, las detenciones fueron de aproximadamente dos días cada una».
En 2004, 6.070 exmilitares y carabineros solicitaron que se reconociera su despido por motivos políticos; 1.319 lo obtuvieron, lo que representa un 7.2% y un 1.64% del total. Estas cifras muestran que hubo un número significativo de uniformados en desacuerdo con el golpe de Estado y con las atrocidades perpetradas en sus instituciones. Esta visión es presentada en las 55 entrevistas que se incluyen en este volumen. Fueron efectuadas en el marco de una investigación sobre el movimiento de la marinería opuesto al golpe de Estado de 1973, publicada como Los que dijeron “No”. Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973 (2008, del mismo autor). Restituye la historia de los militares antigolpistas, particularmente de los marinos, así como de militantes, abogados y oficiales relacionados con ellos, dos de estos últimos favorables al golpe. Estos testimonios, además de reconstituir el movimiento opositor al Golpe, describen la vida en la Marina a principios de la década de 1970, abordando aspectos como la disciplina, castigos, promociones, la memoria de los conflictos anteriores, la repartición de opiniones políticas, e interesantes reflexiones sobre la democratización de la institución, entre otras. Este libro se encuentra disponible para su venta en la librería de la Biblioteca Nacional a $15.000.
La Marinería Constitucionalista que
se opusiera al golpe de Estado en 1973, declara:
Que en la violencia desatada por parte de las FFAA y aparatos policiales en contra de sus propios conciudadanos, vemos una vez más los horrores de la política en lanzar a los militares apertrechados con armas de guerra en contra del pueblo que representan y desatar una violencia desenfrenada en contra de chilenos a quienes se dá el trato de enemigo interno, aplicando el uso de la fuerza que nuevamente ha significado muerte, tortura y vejación de nuestros compatriotas demostrando una vez más la vigencia de la Doctrina de Seguridad Nacional que impusiera la dictadura de Pinochet.
Hacemos
un llamado a los futuros personajes ó comisiones que asuman los cambios sociales
y reformas profundas en Chile a: de una
vez por todas anclar en la nueva Carta Magna que las FFAA no deben ser
utilizadas para roles represivos en contra de chilenos. ESE NO ES SU ROL.
Eliminar a la vez la obediencia debida que
obliga al militar ejecutar órdenes inhumanas sin derecho a oponerse a ellas.
También,
eliminar dentro de los institutos armados toda huella presente de la dictadura
y que rinde honores a militares incluso condenados por violaciones a DDHH. Ya
sea retratos que cuelguen en academias, recintos militares o monumentos como el
de Merino en las cercanías de donde estuviera la Academia de Guerra Naval usada
como centro de tortura. Además, actuar en dirección a la democratización de las
FFAA.
Reestructurar
y adecuar el aparato policial, eliminando la militarización y exigir a la nueva
policía educación obligatoria en el respeto a los DDHH de acuerdo a los
estándares internacionales. Siendo la defensa de la dignidad y de la integridad
física del ser humano, en todo momento y situación intocables.
Es un
deber moral nuestro hacer este llamado por la paz de nuestra patria y de ver
que nuestra triste historia se repite una y otra vez en contra de nuestro
pueblo.
Nos
hacemos eco de las demandas ciudadanas. Apoyamos la creación de una nueva
constitución redactada por una asamblea constituyente, un nuevo modelo
económico y la desmonopolización de los medios de comunicación.
En
fallo dividido, el tribunal de alzada castrense, integrado por los ministros
Carlos Gajardo, Jorge Zepeda, Alex Gluzman, Francisco Costa y Jaime Elgueta,
rechazó la acción cautelar en favor de David Veloso Codocedo, soldado que se
negó a participar del estado de emergencia en Santiago.
Los ministros consideraron que la detención ordenada
en contra del soldado fue dictada por una autoridad competente: “Que del mérito
de los antecedentes aparece que desde un punto de vista estrictamente
formal el recurso debe ser desestimado, toda vez que la privación de libertad
del amparado ha sido dispuesta por la autoridad competente y en el ámbito de
sus facultades”.
“Sin perjuicio de lo anterior, es dable tener en
consideración que el amparado se encuentra actualmente sometido a proceso, lo
que permite que tanto respecto de esta resolución, como de su libertad personal
puede ejercer los recursos que correspondan y por la vía pertinente. Cabe
agregar que también designó abogado para su defensa, lo que lleva a concluir
que su derecho a defensa se encuentra debidamente resguardado”, agregó el
fallo.
No obstante lo anterior, el fiscal militar adoptará
las medidas pertinentes para resguardar la integridad física y psíquica del
amparado, “como asimismo para que su defensa letrada pueda ejercer debidamente
su labor”, concluye el dictamen, que fue despachado con el voto en contra del
ministro Zepeda.
Recordemos que, según consignó La Tercera, en
base a los antecedentes entregados por el fiscal Militar Cristián Ramírez
Sepúlveda, el soldado de tropa profesional David Veloso Codocedo (21), la
madrugada del pasado domingo, cuando estaba a punto de embarcarse a Santiago
desde Antofagasta, botó su fusil al suelo y dijo que no cumpliría con el
servicio dispuesto, retirándose.
A consecuencia de esto, su superior lo denunció al fiscal Ramírez, quien ordenó la detención de Veloso. Ese mismo domingo, antes del mediodía, el soldado ya estaba detenido. Y cinco días después fue procesado por el artículo 337, inciso tres, del Código de Justicia Militar: “El militar que se negare abiertamente a cumplir una orden del servicio que le fuere impartida por un superior, será castigado (…), con la pena de reclusión militar menor en su grado mínimo a reclusión militar mayor en su grado mínimo”.
Fue un No a la
impunidad y la corrupción. Mañana Chile todavía será el mismo Estado, pero no
el mismo país. La cultura de la paz y la dignidad ha abierto un nuevo proceso
político. Septiembre es el mes de la Patria, octubre el mes del pueblo, aunque
lo manifieste cada 30 años.
Con una claridad meridiana, el
pueblo le dijo al gobierno, al Congreso, y a la política general que viven
sordos y de espaldas a la realidad. Que desea cambios importantes en la
conducción del país y que las reglas del juego económico no pueden ofender de
manera permanente los derechos y la dignidad de la gente. Y que el crecimiento
económico que exhibe el país, sin desarrollo ni equidad social, sin paz social
ni seguridad, y que tiene a medio país enfermo de estrés es solo música, y que
la responsabilidad de lo que ocurre tiñe todas las banderas políticas que han
gobernado al país en estas tres décadas de democracia.
Una lección de democracia es lo
que el pueblo soberano, licenciado y enviado a sus casas a descansar del
agotamiento psicosocial que le provocaron 17 años de dictadura el año 1988,
volvió 30 años después, espontáneamente, a reclamarle su dignidad ahora a una
democracia, y a dejar sentada su voluntad de cambios de manera pacífica. A
enrostrarle a sus representantes que el agotamiento social que hoy tiene es
similar al de entonces, y que el país está enfermo si la mayoría de su gente
debe endeudarse para tener comida el fin de mes.
Lo de este viernes 25 de octubre
fue una lección de democracia para el gobierno que, de manera indiscriminada,
los tildó de delincuentes, que ensució el lenguaje político con la palabra
guerra y advertir a aquellos que instrumentalizan sus movilizaciones, cada vez
que pueden y a veces de manera inexplicable, la voluntad de paz, trabajo y
equidad que manifiesta el país.
Es una voz con la potencia de
plebiscito, en paz y dentro de la legalidad y el orden, para conmover la oreja
sorda de gobernantes y representantes políticos. Para que piensen de manera
urgente en la gestión microsocial de esta crisis. Que vayan allí donde están
las familias, niños, ancianos y trabajadores, que llenaron las calles de la
ciudades del país, experimentando los efectos socialmente perversos de un
crecimiento sin rostro humano y lleno y privilegios, y atinen sobre lo que
deben hacer.
Fue un No a la impunidad y la corrupción. Mañana Chile todavía será el mismo Estado, pero no el mismo país. La cultura de la paz y la dignidad ha abierto un nuevo proceso político. Septiembre es el mes de la Patria, octubre el mes del pueblo, aunque lo manifieste cada 30 años.
David Veloso Codocedo, de 21 años, se negó a
embarcarse desde Antofagasta a Santiago. Cuando estaba a punto de salir, botó
su fusil al suelo, manifestando que no cumpliría con el servicio dispuesto.
Ayer fue procesado y hoy la Corte Marcial revisará un recurso de amparo
interpuesto a su favor.
Fue el sábado en la noche cuando el Ejército anunció
el toque de queda para la Región Metropolitana, en
medio de los desórdenes que ese día afectaban a la capital. Sin embargo, con el
correr de las horas, las manifestaciones se agudizaron y se requería el apoyo
de las tropas militares del norte y el sur del país.
De esta manera, el sábado la Tercera Brigada Acorazada
“La Concepción” de Antofagasta citó a todos sus integrantes a formarse para ser
trasladados a Santiago para cumplir con las labores de orden a Santiago,
requeridas por el mando de la institución. Pero, cuando la jefa de la brigada,
la oficial Javiera Gómez Rodríguez tenía enfrente a su tropa, hubo uno de los
uniformados que dijo, “no”.
Se trata del soldado de tropa profesional, David
Veloso Codocedo, de 21 años, quien, según los antecedentes que levantó el
fiscal Militar Cristián Ramírez Sepúlveda, la madrugada del domingo, cuando el
militar estaba a punto de embarcarse a Santiago, botó su fusil al suelo,
manifestando que no cumpliría con el servicio dispuesto, y se retiró.
La oficial Gómez llamó de inmediato, a eso de las
03.00 de la mañana, al fiscal Ramírez, quien ordenó la detención del soldado
Veloso. Ese mismo día domingo, a las 11.00, quedó detenido y ayer fue procesado
por el artículo 337, inciso tres, del Código de Justicia Militar.
“El militar que se negare abiertamente a cumplir una
orden del servicio que le fuere impartida por un superior, será castigado (…),
con la pena de reclusión militar menor en su grado mínimo a reclusión militar
mayor en su grado mínimo”, dice la legislación castrense. La Tercera intentó
contactarse con la familia del militar, pero no se pudo obtener una
respuesta.
Amparo
Aunque el caso está radicado en Antofagasta, hoy será
discutido en Santiago. El abogado penalista Cristián Cruz presentó ayer un
recurso de amparo ante la Corte Marcial, para que la Fiscalía Militar informe
sobre las razones de la detención del militar.
Cruz señaló que “nos llegó una información que un
militar habría representado la posibilidad de negarse a participar de las
labores de toque de queda en Santiago, por lo que quedó detenido en un recinto
militar. Tomamos la decisión de interponer este amparo preventivo, porque lo
consideramos un deber ético, pues ha quedado de manifiesto que las tropas solo
salen a cumplir órdenes de sus superiores, sin ningún resguardo”.
El fiscal militar ya evacuó su informe a la Corte
Marcial, el cual será revisado hoy a las 13.00 por los integrantes del tribunal
castrense.
La Armada confirmó
que dos funcionarios participaron en saqueos en zonas que estaban
bajo su resguardo.
“Se vieron involucrados en
sustracción de bienes mientras realizaban tareas de seguridad en el área de
Hualpén y Caldera”, indicaron desde la institución.
El organismo detalló que ambas
personas fueron puestas a disposición de los Tribunales de Justicia Militar y Civil.
“Como Armada de Chile lamentamos
profundamente estos hechos y rechazamos de forma categórica cualquier tipo de
conducta que desprestigien a la Institución, apoyando y poniendo a disposición
de la justicia toda la información que le sea solicitada”, añadió la Armada.
Finalmente, agregaron que los involucrados fueron
separados de sus funciones de seguridad interior.
Estudiantes y
académicos de la Facultad de Derecho, junto con organizaciones sociales,
presentaron este jueves una Defensoría Jurídica para ayudar a víctimas de la
violencia policial y militar ocurrida durante las manifestaciones.
Estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho
presentaron este jueves la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, que
desde el pasado fin de semana ha trabajado para resguardar los Derechos Humanos
de las personas que participan de las manifestaciones ocurridas en distintos
lugares de Chile.
La instancia cuenta además con el trabajo de
organizaciones como la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), la
Corporación 4 de Agosto, Londres 38 y la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
Según explicaron, los integrantes de la Defensoría
Jurídica han trabajado desde el pasado sábado en comisarías, hospitales y
centros de detención en diferentes zonas de Santiago, donde han constatado torturas, detenciones ilegales y otros
atropellos a los DD.HH.
“Creemos importante visibilizar lo que está ocurriendo
en el país, en las calles y hospitales. No hemos detenido nuestro trabajo
durante estos días y no pretendemos hacerlo”, advirtió Vicente Bustos,
presidente del Centro de Estudiantes de Derecho.
Por su parte, el académico Tomás Ramírez subrayó que han observado “situaciones especialmente graves, que se derivan precisamente del uso no proporcional y progresivo de la fuerza, que va en contra del supuesto objetivo de mantener el orden público”.
En ese sentido, detalló que ha habido “un número importante” de detenciones ilegales a personas que no habían cometido delitos, sino
que solo se manifestaban. “Tenemos casos especialmente graves, donde se ha
detenido personas dentro de sus domicilios o personas que, entrando a sus
domicilios, son víctimas de la violencia policial, que es física y sicológica”,
especificó.
Asimismo, dijo, la instancia ha detectado
vulneraciones al debido proceso, con limitaciones en comisarías y centros de
detención al trabajo de abogados y observadores de DD.HH., “con información
dada por personal de Carabineros donde se indica que existe una instrucción de
no dejar ingresar a los centros de detención”.
Tomás Ramírez dio cuenta además de problemas en centros
de salud y de casos que involucran a menores de edad, personas en situación de
calle y migrantes. “Tenemos el caso de menores de edad con el cuerpo lleno de
perdigones, que han sido disparados de manera indiscriminada. Por lo tanto,
también hay vulneraciones específicas a grupos especialmente vulnerables”,
afirmó.
“También tenemos casos donde personas no identificadas, vestidas de civil pero con balizas en al auto, han disparado de manera indiscriminada a un grupo de periodistas que se encontraba en la comuna de Ñuñoa”, agregó.
En esa línea, dijo que han ocurrido casos donde la
violencia policial busca castigar a las personas por participar de las
manifestaciones: “Esos son casos de torturas. Carabineros y la fuerza militar están
autorizados para ejercer de manera progresiva y proporcional la fuerza, a fin
de que se resguarde el orden público. Cuando una persona es desnudada en una
comisaría, cuando es golpeada a pesar de estar en el piso, sin oponer
resistencia, cuando es quemada para castigarla, eso es tortura. Hemos
encontrado una serie de casos donde, además de la detención ilegal y las
lesiones, se han practicado acciones contra el cuerpo, para que la persona
sienta dolor y sea castigado por participar de manifestaciones”, explicó.
Finalmente, la abogada Natalia Bravo dijo que Abofem
ha constatado “vulneraciones a las
garantías sexuales de las mujeres, humillaciones,
vejaciones y desnudamiento forzado de mujeres; hacen que se pongan en cuclillas
como si estuviesen buscando drogas, ciudadanas simples y corrientes que están
en la calle con una cacerola”.
Bravo dijo que cuentan con al menos 15 denuncias que
están siendo procesadas para presentar querellas y alertó que la violencia de
Estado ha ido “en alzada” durante las protestas.
“Lo que hacemos es un llamado al Gobierno a entregar
información que hasta este minuto se nos niega: listas de detenidos, cómo y
dónde están, si recibieron asistencia médica, si recibieron asistencia
hospitalaria. Estamos en un Estado de Derecho, no hay guerra. La situación en
la que nos encontramos debe acabar y esperamos que haya respuestas claras
respecto de las mujeres y la ciudadanía completa”, concluyó.
EL MIEDO CONFUNDE LOS SENTIDOS , EL MIEDO ENCEGUECE CON PAVOR, EL MIEDO NO DEJA AVANZAR, PARALIZANDO LA RAZÓN. EL MIEDO SE TRANSFORMA EN COBARDÍA, RECELO Y DESCONFIANZA, EL MIEDO, ES DECIR :NO PASA NADA. EL MIEDO PRODUCE PUSILANIMIDAD. EL MIEDO GENERA TIMIDEZ , RETRAIMIENTO , VERGÜENZA , SI, ASÍ, ESTABA MI PUEBLO… Y NOSOTROS, CIEGOS Y ALZANDO NUESTROS GRITOS AL VIENTO HACIÉNDOSE ECO EN LOS TIRANOS…
Ayer 11
de octubre de 2019 se realizó la funa N°73 a la estatua de José Toribio
Merino, la que se encuentra ubicada en los jardines del Museo Naval de
Valparaíso. Como cada día 11, desde hace ya setenta y tres meses, un grupo de
manifestantes, ex prisioneros políticos, se congregó en el Paseo 21 de Mayo, en
la puerta de entrada al Museo Naval, para realizar una acción de memoria y de
denuncia, manifestando a las y los transeúntes que se desplazan por este concurrido
lugar, que dicho recinto naval fue uno de los numerosos lugares que la Armada
de Chile utilizó para la detención y tortura de chilenas y chilenos después del
golpe de Estado de 1973.
Luis, uno de los participantes de esta acción expresó que “Este monumento constituye una apología del negacionismo y atenta en contra de uno de los derechos elementales del ser humano como es el derecho a la salud, ya que esta comprende el bienestar físico, mental y social, y en este caso, a nosotros como sobrevivientes de la prisión política y tortura, su presencia nos golpea y violenta, ya que es un brutal “homenaje” a quien fue el principal instigador e impulsor del sangriento golpe militar del 11 de septiembre de 1973”.
En esta
oportunidad conversé con Nelson Cabrera, integrante de Cine Forum, agrupación
cultural y de derechos humanos impulsora de la iniciativa de desmonumentar los
símbolos de la dictadura, para que hiciera un balance de lo que ha significado
este permanente accionar en contra del olvido y, además, relatara que se ha
logrado concretamente hasta este momento.
¿Nelson,
cuántos años llevan realizando esta acción?
“Seis años y un mes. Esta acción de desmonumentación todos los días 11 de
cada mes no solamente tiene que ver con que este fue un lugar de tortura, sino
que también fue un lugar importante en la planificación del golpe de
Estado.
Existe una Mesa de Sitios de Memoria que ha colocado unas placas de la Enredadera de la Memoria en muchos sitios por donde no pasa mucha gente, en cambio este lugar fue obviado y acá, frente al Museo Naval, la afluencia de público es altísima. Esa es una tarea que nosotros debiéramos exigir a la Municipalidad, la de colocar una placa que diga que este fue un centro de tortura y un centro de acopio de prisioneros para el golpe de Estado.”
¿Después
de todos estos años, que se ha logrado con estas acciones para exigir que
se retire la estatua de Merino?
“En primer lugar considero que el solo hecho que nosotros vengamos mes a
mes a manifestarnos a los pies de la estatua de Merino, en ocasiones en mayor número
y en otras con menor presencia, constituye en sí una acción de memoria y de
protesta necesaria en esta lucha en contra del olvido. Si fuera por las
instituciones del Estado y los gobiernos de turno esto debería ser “parte del
pasado y dar vuelta la hoja”, como ellos dicen. Además, este último tiempo la
derecha pinochetista está llevando adelante una feroz campaña comunicacional
por el negacionismo y nosotros, con nuestra activa presencia estamos luchando
contra ello. Por este lugar circula mucha gente, muchos turistas, colegios
también, y cada vez que nos ven acá con los lienzos y nuestra denuncia, se
acercan a sacar fotos, preguntar e interiorizarse de por qué hacemos esto.
Entonces nuestra praxis ha sido muy educativa en ese sentido.”
¿Pero,
más allá de estas acciones de difusión pública directa, en cuanto a la
exigencia de retiro de la estatua, en qué aspectos se ha avanzado
concretamente?
“El año pasado hubo una sugerencia, una iniciativa, que presentó el
Diputado Brito a la Cámara de Diputados para que se aprobara un Proyecto de
Acuerdo solicitando al Ejecutivo que, teniendo las facultades para hacerlo,
diera la orden para retirar la estatua. En agosto del 2018 se votó dicha
iniciativa y la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Acuerdo, entonces
el Ejecutivo solicitó antecedentes al Ministerio de Defensa y a la
Armada, y la Armada respondió que ellos tenían la autonomía de mantener esta
estatua, esa fue su respuesta.
Ahora, tomando en cuenta esta situación, en relación a la desmonumentación
de la estatua, el abogado Luis Mariano Rendón, integrante de “Ciudadanos por la
Memoria”, quienes lograron cambiar el nombre en Santiago de la calle 11 de
septiembre por Nueva Providencia, presentó un Recurso de Protección contra el
Ministro de Defensa y el Comandante en Jefe de la Armada por el hecho de
mantener la estatua de Merino en este lugar, Recurso que fue acogido y
declarado admisible por la Corte de Apelaciones. Ese Recurso se fundamenta
esencialmente en lo que es el agravio que hace a la salud física y mental de
las víctimas de la represión la estatua del golpista que lleva varios años acá
en el Museo Naval.
Ellos se comunicaron con nosotros, con la gente del Cine Forum
-reconociendo que había nacido de la gente de Valparaíso la idea de
desmonumentar- para solicitarnos que nos incorporáramos en el Recurso de
Protección. Inmediatamente decidimos hacernos parte y conversamos con Karina
Fernández, que es abogada de Derechos Humanos, quien aceptó acompañarnos en
esta acción. Nos pidió que ubicáramos a gente procesada por la Armada en
Valparaíso y conseguimos nueve
personas.
Así lo hicimos y junto a integrantes de la Agrupación de Ex Menores
víctimas de prisión política y tortura, de la Comisión de Memoria Histórica de
marineros Antigolpistas, Sobrevivientes de la Resistencia antidictatorial y
Cine Forum, hicimos el viaje a Santiago el día martes 24 de septiembre recién
pasado, donde solicitamos ser incorporados a ese Recurso de Protección. Ahora
estamos esperando la respuesta de los Tribunales, o sea de la Corte de
Apelaciones, para ver si nuestra solicitud es declarada admisible. Eso implica
una serie de expectativas, ya que empiezan los alegatos en relación a la
respuesta que tiene que dar el Ministerio de Defensa y la Comandancia en Jefe
de la Armada. Si esto fuera rechazado, se apela y se va a la otra instancia
superior.
GuiPero este paso que se ha dado es un elemento concreto, un fruto que se
ha cosechado en esta larga y perseverante lucha por la memoria y los derechos
humanos, que nos impulsa a seguir adelante con esta praxis de memoria viva y
activa, como la definimos nosotros.”
Guillermo
Correa Camiroaga, Valparaíso 11 octubre 2019